http://www.rebelion.org/noticia.php?id=99094

Franck Gaudichaud

www.monde-diplomatique.fr

Traducido para Rebelión por Caty R.

Chile acaba de experimentar un viraje histórico tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo 17 de enero. La derecha ha conquistado el gobierno a través de las urnas por primera vez desde hace más de cincuenta años: el último presidente de la derecha elegido fue Jorge Alessandri en… 1958. En referencia a la transición democrática que puso fin a la dictadura del general Pinochet (1973-1989), algunos analistas no dudan en hablar de una «segunda transición». Según ellos, esta primera alternancia desde el fin de la dictadura incluso daría prueba de una buena salud democrática. Después de 17 años de un terrorismo de Estado que acabó con la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende y dos decenios de una democracia bajo tutela nacida de una «transición pactada», conducida por la «Concertación de los Partidos para la Democracia» (coalición de circunstancias entre el centro izquierda socialista y la democracia cristiana), ahora el pueblo chileno conocerá las alegrías de la alternancia…
Un nuevo ciclo político
«Después de 20 años de gobierno de la Concertación, esta noche nos brinda la maravillosa responsabilidad de conducir los destinos de la patria»: de esta forma el empresario multimillonario Sebastián Piñera saboreó su victoria ante los miles de simpatizantes reunidos en Santiago, la capital. En su primer discurso, ha llamado a «la unidad nacional» y ha reiterado sus temas de campaña favoritos, de corte populista, entre ellos la lucha contra «la delincuencia y el narcotráfico», la gestión de un «Estado eficaz» con «mucho músculo y poca grasa», a la vez que se declaraba preocupado «por los más débiles y la clase media» (después de prometer durante la campaña que crearía un millón de puestos de trabajo…).
De los casi siete millones de votos emitidos, el candidato electo ganó la segunda vuelta con el 51,6% de los sufragios en nombre de la «Coalición por el cambio» que agrupa a la derecha liberal (Renovación Nacional, de donde procede) y los sectores católicos y conservadores de la UDI (Unión Democrática Independiente), herederos directos de la dictadura. Frente a él, el ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei, obtuvo el 48,4%. Frei defendía los colores de la Concertación, la cual ha estado al frente del gobierno desde 1990, y de la que Michelle Bachelet (socialista) pasará el relevo el próximo mes de marzo. Así, esta alternancia acaba con un ciclo de cuatro gobiernos consecutivos de la Concertación: un personal político instalado de forma duradera en el aparato del Estado que se adaptó ampliamente al modelo económico heredado de la dictadura, así como a la Constitución autoritaria de 1980, enmendada varias veces pero nunca cuestionada. Además de la falta de carisma de Frei y la ausencia de renovación generacional, la Concertación, en la actualidad, aparece agotada. Incluso a pesar de la gran popularidad de Michelle Bachelet (80% de apoyo según las encuestas) y un balance defendido por la mayoría de las élites del país, donde la apertura económica a las multinacionales y la mercantilización de los servicios públicos se ha combinado, desde el año 2000, con una política social dirigida a los más pobres (1). Por otra parte, Piñera se apresuró a anunciar que no hará «tabla rasa» del período anterior y que permanecerá abierto a la «democracia de los acuerdos», como se ha hecho hasta ahora. Las elecciones del 17 de enero, ciertamente, marcan el fin de la Concertación tal como ha conseguido existir y acelerarán sus tensiones internas entre el polo demócrata cristiano y el Partido Socialista (PS)
¿Crisis terminal de la Concertación?
La dicotomía democracia/autoritarismo, que estructuraba el sistema político de la «transición pactada» y permitía a la Concertación apelar al «mal menor» en caso de balotaje o justificar las reformas «en la medida de lo posible», ya no funciona. La coalición nació en 1988 con la función esencial de negociar una salida de la dictadura con los militares y las clases dominantes. Así lo pudo demostrar el sociólogo Felipe Portales, ese pacto significó la aceptación del modelo neoliberal de los «Chicago boys», de numerosos acuerdos parlamentarios con la derecha, el mantenimiento de una buena parte de la herencia institucional autoritaria (Constitución, sistema electoral binomial, código laboral, ley de amnistía) y la garantía de una amplia impunidad para los responsables de violaciones de los derechos humanos (2).
Esta elección es la primera desde la muerte del general Pinochet en 2006 y se inscribe en un terreno político cuya fluidez creciente, acentuada por la renovación de las luchas sociales, se ha acelerado en el curso de los últimos meses. La crisis de los partidos gubernamentales se concretó en la primera vuelta, especialmente con la candidatura disidente de Marco Enríquez Ominami (MEO) (3), también procedente de la Concertación y que desestabilizó las fuerzas políticas tradicionales con un discurso crítico en el que alternaba algunas medidas progresistas con un programa económico liberal de fondo. MEO supo atraer los votos de una parte de la juventud escolarizada y de las clases medias urbanas y recogió no menos del 20% de los votos en la primera vuelta para, finalmente, –poco antes de la segunda vuelta- apoyar públicamente a Eduardo Frei. Aprisionados en el oleaje de un inmenso show político televisado, el Partido Comunista y sus aliados (dentro de «Juntos Podemos») intentaron defender la candidatura de Jorge Arrate (también procedente del PS y ex ministro) con un programa que proponía reformas sociales, la recuperación de los servicios públicos y un cambio de la Constitución combinado con una alianza «instrumental» con la Concertación, en el ámbito de las elecciones legislativas, destinada a romper la «exclusión institucional» de este sector de la izquierda extraparlamentaria (4). Dentro de la izquierda radical sigue dominando la fragmentación, pero existen experiencias interesantes, como el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT) que intenta reagrupar a varias pequeñas organizaciones anticapitalistas, y que hicieron campaña para «anular la votación» (al lado de otros sectores como Clase contra Clase – trotskista), denunciando la ausencia de candidatos «independientes del sistema», del Estado, y por lo tanto, una ausencia de alternativa popular, de clase, en estas elecciones (5). A pesar de todo, una parte importante del movimiento sindical, como la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), se adhirió a la candidatura centrista frente a una derecha considerada «peligrosa» para los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la campaña de Frei no propuso ningunas perspectivas reales frente a la inmensidad de las desigualdades sociales en las que Chile es uno de los campeones de América Latina… Todo lo contrario. A diferencia de una derecha que ha modernizado su imagen con gran refuerzo de la comunicación, Eduardo Frei recordaba a numerosos electores la continuidad de un gobierno (1994-2000) caracterizado por nuevas privatizaciones, el cierre de la mayoría de los medios de comunicación independientes e, incluso, la negativa frente a la extradición de Pinochet a España por el juez Garzón.
En cuanto a los jóvenes, más de dos millones no están inscritos en los censos electorales porque no se reconocen en una representación nacional nacida de la transición pactada y a la que ven alejada de sus preocupaciones cotidianas. En total, cada vez son menos ciudadanos los que participan en las elecciones desde 1998, y el 31% de los chilenos en edad de votar, es decir, 3,8 millones de personas, ni siquiera están inscritas en los censos electorales (el voto es obligatorio en Chile). Este hastío es también el de ciertos intelectuales de renombre, como el historiador Sergio Grez, que afirmaba: «Cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales, los habitantes del país seguirán padeciendo el modelo neoliberal que los dos aspirantes a la presidencia de la República –con matices- pretenden consolidar».
El «Berlusconi»de Sudamérica
Algunos días antes de la segunda vuelta, uno de los escasos periódicos todavía independientes, El Ciudadano, efectuó una encuesta callejera para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las elecciones presidenciales. Uno de ellos declaraba en resumen: «Actualmente, Chile es como una gran empresa, entonces tendrá al frente a un empresario de éxito…». En este país que ha conocido en el curso de los últimos treinta años una auténtica «revolución capitalista», retomando la expresión del sociólogo Tomás Moulian, la ciudadanía, en efecto, a menudo se posiciona en una fuerte despolitización. La constatación del periodista Mauricio Becerra es amarga: «El fin del guión era obvio: de tanto dar poder al gran capital, el empresariado terminó por tomar el Estado. (…) Muy pocas empresas públicas quedan por privatizar, la subjetividad neoliberal individualista arrecia en los prototipos identitarios y la concentración del temor social en los delitos contra la propiedad antes que en la desprotección social o en la falta de participación están instalados en el imaginario colectivo» (5). A partir de marzo, será uno de los de la burguesía financiera quien dirija el país.
Sebastián Piñera, a veces apodado «El Berlusconi chileno», es uno de los hombres más ricos de la nación, con una fortuna valorada en 1.200 millones de dólares (en el puesto 701 del mundo según la clasificación Forbes 2009). Se enriqueció durante la dictadura –en gran parte de forma fraudulenta según las revelaciones de los diarios La Nación y El Siglo- y controla una de las principales cadenas de televisión (Chilevisión), la compañía de aviación Lan Chile y un importante club de fútbol (Colo Colo). Los inversores no se equivocaron: al día siguiente de las elecciones, las acciones de sus empresas experimentaron una subida del 13,8% en la bolsa... Por otra parte se benefició del apoyo directo de los medios de comunicación dominantes, lo que le permitió llevar a cabo una campaña mediática ofensiva y alejarse de la sombra de la dictadura que sigue planeando sobre el conjunto de la derecha chilena.
Por otra parte Piñera, que siempre que tiene ocasión recuerda que votó «no» en el referéndum de 1989 contra el general Pinochet, no ha dudado en afirmar que contará con la colaboración de ex miembros del régimen militar si sus cualidades pudieran servir al país... Los parlamentarios ultraconservadores y reaccionarios de la UDI también esperan su parte en el nuevo ejecutivo: mientras que la derecha controla la mitad de las dos Cámaras, la UDI posee, ella sola, 40 diputados (un tercio de los escaños) y 8 senadores (igual que Renovación Nacional). Sobre esta base, sin duda esperan cuatro años difíciles a las familias de detenidos desaparecidos de la dictadura, al pueblo Mapuche movilizado en el sur del país, a los ciudadanos que reclaman una asamblea constituyente y, más ampliamente, al movimiento social, sindical y anticapitalista, verdaderas bestias negras de Piñera (7).
Pero este giro político también incidirá en el ámbito regional. Será detrás de la estrategia imperialista de Estados Unidos, junto a Perú, Honduras, Panamá y Colombia (el presidente Uribe es un ejemplo a seguir según Piñera) y frente al eje «bolivariano» (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba) donde se situará Chile, en el plano geopolítico, a partir de marzo. Esta llegada de una derecha sin complejos a la Moneda, el palacio presidencial que vio la muerte del presidente Allende el 11 de septiembre de 1973, tendrá pues un impacto mucho más allá de la cordillera de los Andes en el momento en que los pueblos de América Latina intentan afirmar su independencia frente a los gigantes del norte.
(1) Libio Pérez «Una Bachelet no hace verano» Le Monde diplomatique, diciembre 2009.
(2) Felipe Portales, Chile, una democracia tutelada, Editorial Sudamericana, 2000.
(3) Enríquez-Ominami es hijo del revolucionario Miguel Enríquez, asesinado por los militares en 1974.
(4) El PC y su coalición «Juntos podemos», que obtuvieron el 6,2% de los votos en la primera vuelta y 3 diputados, pidieron el voto para Eduardo Frei a cambio de «12 puntos de compromiso» del candidato de la Concertación. El PC ya deja entrever una alianza a largo plazo con el PS y ciertos sectores progresistas de la Concertación en el Parlamento.
(5) Ver: MPT, “El triunfó de la Alianza por Chile es sólo un cambio de rostro de la desigualdad”, Rebelión.org, www.rebelion.org/noticia.php?id=98913
(6) www.elciudadano.cl/2010/01/18/se-van-los-capataces-y-vuelve-el-patron/
(7) Mario Amorós, «La derecha reconquista La Moneda con Sebastián Piñera», Rebelión.org, www.rebelion.org/noticia.php?id=98891
Franck Gaudichaud es profesor de Civilización Hispanoamericana en la Universidad Grenoble 3 (Francia) y miembro del colectivo editorial de Rebelión ( www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=59&inicio=0). Dirigió la edición del libro : Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine, Textuel, 2008 (versión en español por publicar).
Fuente: www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-01-19-Chili

Una Bachelet no hace verano

Vie, 12/18/2009

por Libio Pérez*

Pese a las iniciativas sociales, subsiste la inequidad

Libio Pérez*

La actual mandataria chilena, la socialista Michelle Bachelet, goza de gran popularidad y ha realizado una gestión con no pocos aciertos. Sin embargo, las elecciones presidenciales que se celebran el domingo 13 de este mes se presentan muy reñidas, y en ellas la derecha, encarnada en el candidato Sebastián Piñera, puede easumir un papel protagónico.

“Soy mujer, socialista, separada y agnóstica. Reúno en mí cuatro pecados capitales. Pero vamos a trabajar bien”. Así fue como Michelle Bachelet saludó a los jefes militares cuando a comienzos de 2002 asumió sus funciones de ministra de Defensa, nombrada por el presidente chileno Ricardo Lagos. Un puesto que nunca hasta entonces había sido confiado a una mujer y que ningún socialista había ocupado desde el gobierno de Salvador Allende. En marzo de 2006 llegó al poder presidencial con el mismo espíritu, de la mano de la Concertación de Partidos por la Democracia (la “Concertación”). Esta coalición –que reunía a demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas y socialistas– gobierna el país desde la transición democrática en 1989. Los presidentes anteriores Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos también pertenecían a la Concertación.
Durante su mandato, “la Michelle”, como la llaman muchos en Chile, implementó una serie de programas y de reformas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, atenuando los efectos del modelo económico neoliberal introducido bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989): ampliación de la cobertura de salud; “pensión solidaria” otorgada a más de un millón de personas; creación de una red nacional de jardines maternales (3.500 programados para 2010), lo que tuvo el efecto de estimular la participación de las mujeres en el mercado de trabajo…
Sin embargo, cuando se celebre el Bicentenario de la Independencia en septiembre de 2010, Chile no será el país “desarrollado” que había prometido el entonces presidente Lagos. Esa profecía se apoyaba en los indicadores económicos de los años 80, y particularmente en el crecimiento promedio del Producto Bruto Interno (PBI), que era entonces del 7,6%. Pero la crisis asiática frenó bruscamente esta expansión económica y, durante los seis años del mandato de Lagos, el PBI sólo creció a un promedio del 4,3% (1).
Así es la situación que heredó Bachelet a su llegada al Palacio de La Moneda. Durante los tres primeros años de su presidencia el PBI cayó el 4,2%; y la tendencia se mantiene a la baja, ya que la crisis económica mundial repercutió sobre la demanda y los precios del cobre, principal producto chileno en los mercados internacionales, que cubre alrededor del 50% de sus exportaciones.
Por suerte, el gobierno había tomado medidas preventivas. Cuando los precios de exportación del cobre llegaron a valores máximos inéditos –principalmente como consecuencia de la demanda china–, destinó esos ingresos al ahorro y acumuló más de 25.500 millones de dólares. A comienzos de 2008, cuando se hicieron sentir los primeros síntomas de debilidad económica, la Presidenta abrió la caja de los ahorros fiscales. Es una de las razones de su gran popularidad.
Una vez instalada la crisis global, a comienzos de 2009 Bachelet anunció un plan de estímulo al empleo (el desempleo supera el 10%), un paquete de nuevos subsidios, un programa reforzado de inversiones destinadas a infraestructuras, así como una capitalización de la empresa nacional del cobre –la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)– de hasta 4.000 millones de dólares. A lo largo de los meses se fueron sucediendo las medidas tomadas para “limitar los daños”: aprobación de nuevos subsidios, planes de estímulo a la construcción y programas focalizados en el empleo de los jóvenes.
El paquete de medidas comprometió apenas el 20% de las reservas acumuladas durante la época de los altos precios del cobre. Así, Bachelet pudo llevar adelante los proyectos de “protección social” –destinados al 40% de la población más vulnerable– y de reducción de la pobreza (que bajó del 38,6% en 1989 a menos del 13% hoy en día) (2). Estos esfuerzos también se realizaron en el ámbito de la educación preescolar, con lo cual la tasa de escolarización pasó del 16% al 36%.
Como Presidenta, “la Michelle” goza de una popularidad excepcional entre la población, al menos en los sectores urbanos (3). Al observar ese apoyo, que no es posible desmentir, “la Michelle” señala aquello que, en su opinión, constituye el rasgo distintivo de su administración: “Ser progresista quiere decir garantizar derechos sociales permanentes, con el fin de que la corrección de las desigualdades sea efectiva en el tiempo. No se trata de dar asistencia hoy para quitarla mañana” (4).

Carrera esforzada

Nada ha sido fácil para esta mujer que se incorporó al Partido Socialista a inicios de los años 70 y que acompañó con entusiasmo a la Unidad Popular de Salvador Allende. Sus estudios de Medicina se interrumpieron con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Su padre, el general de Aviación Alberto Bachelet, fue encarcelado y murió algunos meses después a consecuencia de las torturas sufridas (5). Ella misma –en compañía de su madre Ángela Jeria– fue secuestrada por los servicios de seguridad y conducida a una prisión clandestina donde sufrió violencia física. Después de haber participado activamente en la resistencia clandestina, tuvo que exilarse en la República Democrática Alemana (RDA).
A su regreso a Chile, en los años 80, se unió a la lucha en favor de la restauración de la democracia y se relacionó con los organismos de defensa de los derechos humanos. Pero el “fenómeno Bachelet” nació en el invierno de 2002, cuando era ministra de Defensa. Cuando fuertes lluvias inundaron los barrios de la capital, puso militares al servicio de los siniestrados y supervisó personalmente los trabajos, encaramada sobre un carro blindado. Esa imagen resultó impresionante.
Como candidata a la Presidencia por la Concertación, en las elecciones de diciembre de 2005 enfrentó a dos candidatos de derecha –el hombre de negocios conservador Sebastián Piñera y el pinochetista Joaquín Lavín– así como al representante de la izquierda extra parlamentaria Tomás Hirsch, apoyado por los miembros del Partido Humanista y los comunistas. Ganó en segunda vuelta con el 53,5% de los votos, mientras Piñera obtuvo el 46,5%.
Sin embargo, Bachelet nunca fue favorita de las elites políticas de la Concertación: su candidatura se basó en el apoyo popular. Consciente de este hecho, propuso gobernar otorgando un lugar importante a la participación y a las consultas en materia de políticas públicas; implementó un equipo ministerial respetuoso de la paridad hombres-mujeres y promovió “nuevas caras” en sus equipos, en un esfuerzo por renovar los cuadros dirigentes.
Este enfoque generó escepticismo y resistencias. Incluso dentro de la Concertación se expresaron dudas en cuanto a su capacidad para gobernar, dudas reiteradas a diario por la oposición de derecha. Varios factores contribuyeron a esta percepción.
Al comienzo de su mandato, y según los criterios de la clase política chilena, la designación de su gobierno tomó demasiado tiempo. Dos meses más tarde estalló un conflicto violento: más de un millón de estudiantes secundarios se lanzaron a las calles para protestar contra el bajo nivel de la educación pública. Estudiantes universitarios, profesores y padres de alumnos se unieron a la protesta. Durante un mes mantuvieron al gobierno al borde del fracaso. Bachelet aceptó la parte principal de las reivindicaciones de un conflicto que no formaba parte de su agenda y que provocó los primeros cambios ministeriales. Los titulares del Ministerio del Interior y de Educación fueron reemplazados.
Aún más problemático resultó el plan del transporte público de la capital. Concebido por el gobierno de Lagos y bautizado Transantiago, entró en vigencia el 9 de febrero de 2007. Este nuevo sistema modificó el recorrido de los ómnibus, su frecuencia, las empresas encargadas del servicio e impuso el boleto electrónico (6). Durante meses miles de personas debieron esperar largas horas antes de poder subirse a ómnibus abarrotados, ya que la cantidad era muy limitada considerando el flujo de pasajeros. En los barrios periféricos, y en particular en las villas miseria, dejaron de pasar, obligando a los habitantes a largos trayectos a pie para llegar a la parada más próxima. Más allá del descontento general, de manifestaciones y enfrentamientos a veces violentos con la policía, las inversiones (en infraestructura, máquinas, nuevo personal y subsidios) necesarias para superar ese caos constituyeron para el Estado chileno un gasto extra de más de 1.000 millones de dólares.

Problemas estructurales

Las reivindicaciones territoriales de los indios mapuches, en la Araucanía, en el sur del país, tampoco habían sido tomadas en consideración. En esta región empobrecida, el auge de los proyectos pesqueros y de explotación forestal transformó a los autóctonos, pequeños propietarios agrícolas, en obreros asalariados precarios, con lo que aumentó la conflictividad social. Además de numerosos arrestos arbitrarios, dos jóvenes militantes indígenas (comuneros) fueron muertos en movilizaciones llevadas a cabo bajo el actual gobierno, que no dudó en utilizar la legislación antiterrorista de la época de Pinochet.
Finalmente, y a pesar de los progresos logrados, Chile sigue registrando récords en materia de desigualdades. Un informe de 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (7), donde se incluía el coeficiente de Gini –que mide el grado de disparidad en la distribución de los ingresos– colocaba a Chile en el lugar 110 entre 124 países. El mismo informe indica que los ingresos del decil chileno más rico son 31,1 veces superiores a los ingresos del decil más pobre. La encuesta sobre presupuestos de los hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizada entre octubre de 2006 y noviembre de 2007 reveló que en el 80% de los hogares de Santiago y sus alrededores los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos, lo que explica que deban recurrir al crédito formal o informal. En los sectores más desfavorecidos, el ingreso per cápita es apenas superior a 3 dólares diarios, la mitad de los cuales se destina a transporte.
Los problemas sociales que Bachelet debió enfrentar no eran una simple herencia de las administraciones anteriores. Se trata de problemas estructurales, que tienen su origen en la Constitución heredada de la dictadura, que consagró a la ganancia como motor del sistema. Así, la reforma de la educación exigida por los estudiantes chocaba con una administración de las escuelas en manos del mercado y con un sector público precario y desprovisto de fondos.
Sin embargo, la popularidad personal de la Presidenta, niña mimada de los medios extranjeros –al igual que el jefe de Estado brasileño Luiz Inacio Lula da Silva– cuando se trata de evaluar a la izquierda latinoamericana, no necesariamente habrá de salvar a la Concertación. Ésta sufrió su primera derrota electoral en las elecciones municipales del 26 de octubre de 2008. Eduardo Frei Ruiz-Tagle –ex jefe de Estado (1994-2000) y demócrata cristiano–, su candidato para la elección presidencial del 13 de diciembre, parece incapaz de capitalizar el apoyo que le brindan Bachelet y el Partido Socialista (PS). Está cuestionado desde la izquierda por Jorge Arrate (Juntos Podemos Más) y por Marco Enríquez Ominami (independiente) (8), quienes se fueron del PS.
Es posible que el conservador Piñera obtenga la mayor cantidad de votos el 13 de diciembre, sin por eso alcanzar la mayoría. Y Frei, aunque durante mucho tiempo considerado como su más seguro adversario, podría verse desplazado de la segunda vuelta del 13 de enero por Ominami quien, en nombre de un “centro izquierda independiente” ha experimentado un avance espectacular en los últimos meses. Pero el resultado final sigue siendo muy incierto. ♦

REFERENCIAS

(1) Véase Fundación para la Superación de la Pobreza: www.fundacionpobreza.cl
(2) En valores promedios, según el Banco Central de Chile.
(3) Véase la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), de agosto de 2009: “Evolución de aprobación de gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet”.
(4) Informes del Ministerio de Planificación: www.mideplan.cl
(5) Véase Carlos Gutiérrez, Militares contra Pinochet, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009.
(6) Los centenares de microempresas de transporte que garantizaban el servicio público, cubriendo toda la periferia, fueron reemplazados por diez concesiones.
(7) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Human Development Report 2005”, Nueva York, 2005.
(8) Hijo de Miguel Enríquez, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), asesinado en 1974 por los militares.

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*Periodista.

Pintura

ROBERTO MATTA, (1911-2002, Chile). Flash de carne, óleo sobre lienzo, 134.62 cm x 124.46 cm (1971)

Foto

MICHELLE BACHELET, presidenta de Chile y su escolta militar.

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes procesados

Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.

Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587. Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro. También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro. Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar. De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete. OFICIALES Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista). A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia. La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen. En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén.

Lista de oficiales (R)

1.- César Manríquez Bravo (coronel Ejército) 2.- Ciro Torré Sáez (crl. Carabineros) 3.- Fernando Lauriani Maturana (brigadier Ej.) 4.- Gerardo Godoy García (tte.crl. Carab.) 5.- Gerardo Urrich González (crl. Ej.) 6.- Jaime Paris Ramos (crl. Ej.) 7.- José Fuentes Torres (crl. Ej.) 8.- Manuel Contreras Sepúlveda (gral. Ej.) 9.- Manuel Carevic Cubillos (crl. Ej.) 10.- Marcelo Moren Brito (crl. Ej.) 11.- Miguel Krassnoff (brig. Ej.) 12.- Orlando Manzo Durán (crl. Gendarmería) 13.- Pedro Espinoza Bravo (brig. Ej.) 14.- Raúl Iturriaga Neumann (gral. Ej.) 15.- Ricardo Lawrence Mires (crl. Carab.) 16.- Sergio Castillo González (crl. Ej.) 17.- Víctor Molina Astete (crl. Ej.) 18.- Víctor San Martín Jiménez (crl. Ej.) 19.- Gladys Calderón Carreño (cap. Ej.) 20.- Federico Chaigneau Sepúlveda (tte. crl. Ej.) 21.- Juan Morales Salgado (crl. Ej.)

El caso de Asel Luzarraga y la práctica sobre DD.HH. del Estado chileno

escrito por José Venturelli Barón

sábado, 09 de enero de 2010

El breve artículo de ayer en Clarín indica que "La solidaridad con Asel Luzarraga se hace sentir en Argentina". La prensa controlada en Chile poco y nada dice. Nos permite también discutir la nueva herencia que deja cada gobierno en DDHH’s. El primer presidente de la Concertación entró haciendo un rayado de la cancha que ha permanecido: "Se hará justicia en la medida de lo posible"... El Presidente Frei: nada, salvo que se negó a recibir a los familiares de los detenidos desparecidos y gobernó sin preocuparse por los DDHH’s ni por la Constitución actual, la de Pinochet. De Lagos quedó una pretendida reforma constitucional que le aplaudió la derecha. Él armó, detalladamente, la militarización de la Araucanía y criminalizó las demandas del pueblo Mapuche, dejando la herencia adicional de una guerra que ya se esbozaba como a largo plazo. De Michelle Bachelet tenemos: un muy bien orquestado sistema de "beneficencia" pero que no altera para nada la inequidad del país ni las condiciones de tener una de las peores legislaciones contra los trabajadores y sus derechos fundamentales. Se ha inaugurado tanta cosa antes de estas elecciones... Incluso está la entrada apurada, antes de la elección, de Chile a la OCDE. En esa pretensión "tan chilena" de siempre ponernos entre los poderosos de las grandes economías y para la que no tenemos la ropa que se necesitaría. También ha sido tremendamente servicial para el sector privado que domina la minería y en la que el Cobre sigue controlado por extranjeros y privados y de lo que el pueblo chileno no saca casi nada. Dado que la repartición de la torta presupuestaria se hace en el barrio alto y se discute con la Alianza y su gente, harto poco pasa para que los chilenos tengan sus derechos fundamentales realmente respetados. "Los chilenos siguen teniendo la economía con la mayor flexibilidad laboral del mundo", nos dicen... pero es esa "flexibilidad" la que permite que los trabajadores chilenos hayan perdido todos su derechos laborales. Además, queda una bien instalada Guerra Sucia contra el pueblo Mapuche. Ésta sirve a las grandes fortunas de la madera, hidroeléctricas, celulosa, bancos. Apoya la destrucción del medio ambiente. Luego, nos deja un Instituto de Derechos Humanos, hecho entre cuatro paredes, con presupuesto controlado políticamente y sin independencia y, además, con un Director designado que es el Subsecretario del Interior... de un ministerio que en Chile ha sido históricamente más parte del problema de los DDHH’s y no de su solución. Lo mismo sucede con un Ministerio de Asuntos Indígenas gestado sin respetar el Convenio 169 de la OIT que ella misma firmó. Su organización no respetó a los pueblos originarios, especialmente al Mapuche, a quienes han caracterizado como enemigo y no como hermano. Con el estilo y soberbia tradicional se olvidaron de son una fuerte base cultural y humana de todo Chile y de cada uno de nosotros. El gobierno actual, como los anteriores, ha sido consistente en haber mantenido a los Mapuche confinados a la exclusión y a seguir siendo el sector más pobre del país. Y, si miramos en estos mismos temas al presidenciable Piñera, recordemos que cuando Pinochet estaba preso en Londres, él lloraba lágrimas de cocodrilo –como lo han mostrado los vídeos de sus discursos de la época- para que se lo soltaran. Fue el gobierno de su contrincante de la elección del domingo 17 de enero, el que se lo trajo a casa. Piñera no muestra nada para tranquilizar a nadie en lo que a DDHH’s se refiere. Él mismo "candidato del cambio", para recordar, es quien se escondía de la ley, -bajo una dictadura que lo protegió-, por sus fraudes financieros que lo llevaron a ser una de las mayores fortunas del país. Nada allí, tampoco, para predecir una verdadera corrección de la inequidad... este producto tan "chileno" de estas últimas décadas. El caso de este escritor, periodista y cineasta vasco, Asel Luzarraga, detenido con montajes que tienen la marca dictatorial ya tan conocida en estas tierras, vuelve a reflejar como en Chile el Estado (nuevamente, Poder Judicial, Gobierno, Ministerio del Interior, Fuerzas policiales) habla con la boca chueca: Hoy ponen al Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, (y cualquier subsecretario del Interior que venga) como Director del Instituto de Derechos Humanos. Es decir, en Chile, el estado, que es un claro infractor de los DDHH's es, al mismo tiempo, el que determina lo que ese Instituto haré, pese a haber sido hecho a puertas cerradas y sin que participen los más interesados. Incomprensible y un contrasentido. El actual subsecretario del interior, ha sido la punta de lanza en la guerra sucia contra el pueblo Mapuche y en perseguir a quien solidarice con él y sus justas luchas. Luchas que, además de ser respetadas por Naciones Unidas, nunca han podido configurarse como terroristas salvo en la cabeza de Rosende, de su jefe Edmundo Yoma o de otros frenéticos del gobierno, o de voceros de las "justicias" de marras que la Constitución ilegítima actual protege. Curiosamente, justo antes de la elección del 17 de enero próximo, a Rosende lo hacen aparecer mostrando cara de cordero bueno... Habla de 24 casos de presos políticos que fueron asesinados en la dictadura y por los que la dicta-blanda nada hizo en 20 años!... Casos reales y que hay que verlos como un sentir legítimo para los DDHH’s. Pero, ¿por qué justo antes de la elección? Apurado el hombre y el gobierno para presentar una nueva cara... Hmmm, suena como llamado a la centro derecha para que voten por la Concertación... Sin embargo, nada se hace sobre crímenes que incumben a este gobierno por haber ocurrido bajo su autoridad. Me refiero a la desaparición de José Huenante en el 2005, ese niño que Carabineros detiene, golpea en público y luego hace desaparecer: caso cuyos autores son conocidos. Tampoco sobre Alex Lemún, joven que recibió un balín disparado a quemarropa por un oficial que está feliz y sigue haciendo carrera en carabineros. Tampoco el de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO cuyo asesinato por la espalda es conocido o el de Jaime Mendoza Collío. Todos ellos con asesinos identificados. Y el estado, con un aparato de Justicia Civil inmoral, se permite pasar todos los casos, -aunque sus autores sean ya conocidos- nada menos que a la Justicia Militar, verdadera e infalible agencia para la impunidad de los crímenes perpetrados por los cuerpos represivos del país. Esta colusión del ESTADO, dirigido por el gobierno, es algo que un legítimo Instituto de DDHH's debería poder impedir. Pero, ¿con un jefe como el subsecretario del interior –Rosende hoy o el que venga de turno- cómo vamos a asegurar imparcialidad alguna? Los que no han respetado los DDHH’s no van a cambiar aunque se pongan ropaje de inocentes. ¿COMO? La libertad para Asel Luzarraga (1) es importante y debe permitir quebrar el brazo ya rutinario del Estado chileno que a extranjero que se preocupa por el pueblo Mapuche se le monta una acusación, se le roba, humilla y luego, "como favor, aceptan expulsarlo" del país. Junto a su liberación debemos exigir que no sea expulsado. Sería bueno saber que dirían al respecto hoy y luego pasada la elección, ambos candidatos... ¡Bravo, Clarín! por saber y expresar que la solidaridad es fundamental! José Venturelli Barón 8 de Enero de 2010 (1) Al cerrar, debo decir que mi carta al Embajador de España solicitando su intervención para liberarlo y rechazar una probable expulsión como es el estilo abusivo del Estado chileno, enviada al día siguiente de la detención de Asel, no ha tenido respuesta alguna. Italianos, franceses y españoles, entre otros, han sufrido del mismo trato. Incluso los hay que han sufrido graves daños físicos y materiales por "las fuerzas del orden".

Juica: “Poder Judicial no se comportó a la altura” en dictadura

Recién nombrado nuevo presidente de la Corte Suprema admitió que tiene un juicio crítico sobre la actuación de magistrados durante el régimen de Augusto Pinochet.

Viernes 18 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:50 | País

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Foto: Poder Judicial

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    Milton Juica elegido nuevo presidente de la Suprema
Bajo la premisa de que la “justicia no estuvo a la altura” de las circunstancias durante la dictadura, el recién electo presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, admitió las debilidades en ese período del Poder Judicial.
Tras ser aclamado por unanimidad por los integrantes del máximo tribunal, Juica no dudo en afirmar que “en la época de la dictadura el Poder Judicial no se comportó a la altura, especialmente la Corte Suprema” al tiempo en que añadió que esta frase corresponde a su visión personal de los hechos.
El magistrado que reemplazará a Urbano Marín, quien deja el puesto el próximo 6 de enero, detalló los magistrados de ese período “han tenido sus razones para haber actuado como lo hicieron y yo tengo, por supuesto y siempre lo he dicho, un juicio crítico respecto de la gestión que se hizo en ese momento respecto del tema de los derechos humanos”.
 Juica tuvo en sus manos investigaciones como la Operación Albania en que logró confesiones claves para develar este crimen.
El magistrado que se desempeña en la actualidad como ministro en la Tercera Sala, que ve temas civiles, se refirió superficialmente al caso del magistrado Alejandro Madrid suspendido momentáneamente del proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Al respecto dijo “no quisiera entrar en hacer una apreciación respecto de un juicio que incluso se encuentra bajo el conocimiento de la Corte Suprema y nosotros somos muy respetuosos de no anticipar ningún juicio respecto de un proceso pendiente”.
 El ex vocero del máximo tribunal analizó también la independencia económica que ansía el Poder Judicial, panorama que dijo conversará con los representantes del Ejecutivo y Legislativo para analizar proyectos "emblemáticos" que otorgarán este beneficio y ayudarán al proceso de modernización de la justicia.