Avanza en democracias "de baja intensidad" en las que la participación popular es inferior al nivel institucional
JOSÉ RAMÓN Villanueva, Fundación Bernardo Aladrén - UGT Aragón
18/03/2013
18/03/2013
En la renacentista ciudad italiana de Ferrara, la cuna de Savonarola y de Ariosto, en cuya universidad estudiaron Paracelso y Copérnico, se dice que era tanto su nivel cultural que, en las batallas contra las ciudades vecinas, las bombardas de Ferrara no arrojaban vulgares piedras sobre sus enemigos, sino pulidos bloques de mármol: eran igual de mortales, pero más propia de la que fue considerada la primera ciudad moderna de Europa. Así son también los efectos sociales de las medidas de ajuste neoliberal implantadas por Rajoy: impecablemente democráticas gracias al peso de su mayoría absoluta parlamentaria, pero tan letales para la cohesión y la justicia social como las bombardas de Ferrara.
Ante esta situación, Iñaki Gabilondo recordaba hace unos días que, tras la hecatombe financiera, los ciudadanos, convertidos en "súbditos de los mercados", vivimos en un régimen que no duda en calificar como "una dictadura muy particular disfrazada con los ropajes de la democracia". Puede parecer muy dura esta expresión pero no por ello menos cierta.
En esta línea, el prestigioso sociólogo Boaventura de Sousa Santos emplea el término de "fascismo social", el cual avanza en las "democracias de baja intensidad", en aquellas que, según Huntington, el nivel de participación popular es inferior al del nivel de institucionalidad, lo cual produce graves deficits democráticos y genera lo que Lechner define como "minorías consistentes" que, cual nuevas oligarquías, usurpan el espacio de la ciudadanía. En consecuencia, se trata de sociedades formalmente democráticas, pero "socialmente fascistas" que, aunque no tienen los mismos rasgos, suponen un peligro real para la democracia.
Por ello, Sousa Santos define al fascismo social como "un régimen que combina la democracia de muy baja intensidad con dictaduras plurales en las relaciones sociales, económicas y culturales". Tal es así que los ciudadanos somos formalmente libres, pero la realidad nos ha convertido en siervos, hasta el punto de que algunos autores hablan de un "neofeudalismo", tanto en cuanto los grupos sociales dominantes adquieren un creciente poder sobre la vida, las expectativas (personales y laborales) de los ciudadanos y de los grupos sociales oprimidos.
EN ESTE SENTIDO, Sousa Santos habla de un "fascismo de la inseguridad", entendiendo por tal la "manipulación discrecional de las seguridad de las personas y los grupos sociales debilitados por la precariedad del trabajo" que generan en los trabajadores elevados niveles de ansiedad e incertidumbre hacia el futuro, o el "fascismo contractual", el que afecta a los contratos de trabajo, derivado de la creciente disparidad entre las partes que hace que la parte débil (el trabajador) acepte, "por onerosas y despóticas que sean, las condiciones impuestas por la parte poderosa" (el empresario)": constantes rebajas salariales, creciente incumplimiento de los convenios y, también, las consecuencias derivadas de los procesos de privatización de servicios públicos.
Pero de los diversos ámbitos en que opera el fascismo social, el más peligroso, virulento y global es el "fascismo financiero", cuyo exponente es la economía de casino y el ilimitado poder alcanzado por los sectores financieros y que, como señalaba Juan Carlos Monedero, puede destruir las economías y las expectativas sociales de países enteros. Para ello cuenta con la ayuda inestimable de las agencias de rating, empresas internacionalmente reconocidas para evaluar la situación financiera de los estados y los riesgos y oportunidades que ofrecen a los inversores extranjeros. Estas agencias manejan criterios arbitrarios para cuantificar el nivel de riesgo y, sin embargo, en las democracias de baja intensidad, como es el caso de España, se obedecen sus dictados "con más fidelidad que a una sentencia de la Corte Constitucional".
La punta de lanza del fascismo financiero está enarbolada por estas agencias (Moody's, Standard & Poors, Fitch), con un poder que puede provocar el estrangulamiento de países como Grecia, o serias dificultades para salir de la sima de la crisis, como Portugal o España. Es por ello que, de nuevo, Sousa nos advierte de que, mientras el capitalismo financiero siga "resolviendo" la crisis que él mismo genera, "las agencias de rating seguirán siendo sus armas de destrucción masiva".
A todo lo dicho, una nueva amenaza se cierne en el horizonte. Se trata del proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) que supone el programa de máximos del fascismo financiero. De este modo, en el ámbito de la OCDE y promovido por EEUU y la UE, el AMI pretende que los países concedan idéntico trato a los inversores extranjeros y a los nacionales. En consecuencia, ello supondría la prohibición de las medidas estatales contrarias a las multinacionales con prácticas comerciales ilegales, además de prohibir las políticas nacionales que pretendan restringir la fuga de capitales hacia zonas con menores costes laborales.
Ante semejante espectro, solo hay dos alternativas: aceptar sin reparos esta sutil dictadura, o emprender la ardua labor de refundar los valores y los cimientos de nuestra democracia y del Estado social. Una tarea larga y dura, pero imprescindible e inaplazable.
