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lunes, 20 de mayo de 2013

Churchill, Roosevelt y Juan XXIII


La Gran Recesión ha cuestionado uno a uno los postulados ideológicos que la revolución conservadora, defendida por Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hizo hegemónicos durante más de un cuarto de siglo

A José Luis Sampedro
El objetivo de la revolución conservadora que nació a principios de los años ochenta era sustituir a Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Juan XIII como iconos del siglo XX, por Thatcher, Reagan y Juan Pablo II. Roosevelt era el vencedor de la Gran Depresión con una política de regulación de la economía y de protección social a los que se quedaban por el camino, molidos por el sufrimiento, y tanto Churchill como él representaban los valores de los aliados, triunfadores de la II Guerra Mundial. Juan XXIII había comenzado el aggiornamientode la Iglesia católica y puesto en funcionamiento ese oxímoron denominado “cristianismo de rostro humano”.
La revolución conservadora que lideran Thatcher y Reagan tenía dos fases ideológicas: primera, acabar con el Estado de bienestar nacido del miedo al poder de atracción del comunismo (una especie de revolución pasiva dentro del sistema); y segunda, liquidar los contenidos educativos y culturales permisivos de Mayo del 68. Era pues una acción doble, compuesta por intereses económicos liberales y valores políticos conservadores, que dos décadas después retoman y actualizan losneocons de todo el mundo y que tiene su cénit en los EE UU de George W. Bush, con los Rumsfeld, Cheney, Kagan, Kristol… Y prende por necesidad: el fracaso del anterior paradigma dominante, el keynesianismo, para hacer frente a un fenómeno nuevo, la estanflación, mezcla de precios altos y economía paralizada, consecuencia en buena parte de las dos crisis del petróleo de los años setenta. El keynesianismo había domeñado el desempleo pero no la inflación. A este reto se enfrentan los conservadores.
Durante más de un cuarto de siglo la revolución conservadora ha sido hegemónica en el terreno del pensamiento, las ideas y las políticas económicas. Los atentados terroristas de principio de siglo acentuaron sus rasgos más duros, pero entonces ya se vio, aunque en dosis homeopáticas para lo que sucedió después, que la fórmula para salir de la recesión consistía en introducir paladas de dinero público en el sistema. La Gran Recesión que comienza en el verano del año 2007 pone en cuestión sus postulados centrales, mucho más teorizados por Thatcher y sus think tanks que por Reagan y sus muchachos (que se convirtieron en representantes de un keynesianismo de derechas —“keynesianismo bastardo”, lo denominó Joan Robinson— al dejar a sus herederos un gigantesco déficit público motivado por las inversiones públicas en la guerra de las galaxias y en el aparato militar, con el objeto de acabar con un comunismo exhausto). Entre esos postulados destacan los siguientes:
Se trataba de acabar con el Estado de bienestar y con la cultura que estalló en Mayo del 68
El Estado es el problema, el mercado la solución. Pero hoy sabemos que las principales dificultades derivadas de un sector financiero con pies de barro y de economías reales con paro y empobrecimiento de las clases medias son propias de Estados débiles, demediados, no del Ogro Filantrópico de Octavio Paz ni de leviatanes. Para arreglar esos problemas de mercados que no funcionan y tienden al oligopolio se precisa de Estados y supervisores fuertes. La solución al sistema financiero ha pasado por la continua intervención en el mismo del sector público, con el dinero de los contribuyentes en juego, hasta el punto de que ha vuelto a conjugarse el verbo nacionalizar. El único momento en que la revolución conservadora, orgullosa, se activa y deja quebrar Lehman Brothers bajo el principio de que cada palo aguante su vela, es cuando todo el tinglado está a punto de desmoronarse. Los planes de estabilización son mecanismos administrativos, y por tanto al margen del mercado, que buscan reequilibrar las posiciones de poder en el seno de la economía. Así como la socialización de pérdidas.
La desregulación como meta. En 1986, Margaret Thatcher lidera el bigbang en la Bolsa de Londres. La City londinense deviene en el paraíso de la desregulación y la innovación financieras, hasta cotas verdaderamente difíciles de entender incluso para los expertos. Desde entonces se ha hecho mucho dinero en esos mercados, pero la titulización de hipotecas y otros créditos, los productos derivados, los fondos de alto riesgo, o los instrumentos opacos que han estado en el origen de la Gran Recesión que arranca de EE UU, tienen en la City su patria y su versión más sofisticada.
El capitalismo popular. La adquisición de acciones en empresas de las que no se conocía ni siquiera su actividad, por el mero hecho emulador y gregario de que el vecino está ganando mucho más dinero que tú, formó parte de la nueva economía, ese paradigma efímero, con fuerte presencia mediática, que decía que se habían acabado los ciclos económicos simplemente por la aplicación conjunta de las entonces nuevas tecnologías de la comunicación y la información, y la flexibilidad empresarial. Ello acabó con los primeros efectos nefastos en la economía real de las hipotecas de alto riesgo. Ya sabemos lo que ocurrió: la sociedad de propietarios, que pretendía hacer de cada individuo un poseedor de vivienda propia, generó la burbuja inmobiliaria que ha estado en el origen de nuestros problemas actuales. Los desahucios se explican precisamente por lo anterior.
Entre las ideas, las ideologías y los intereses suele haber una interacción compleja. Los mercados financieros estaban interesados en defender la desregulación; la ideología del libre mercado de Thatcher y Reagan les hizo un gran servicio. Pero si la economía es una ciencia social, sus postulados tienen que ser probados. Esta crisis ha cuestionado esos supuestos ampliamente difundidos por la revolución conservadora. Esta, que es poliédrica en sus efectos, generó mucha riqueza pero la repartió muy regresivamente: hasta hoy, Gran Bretaña y EE UU han sido las sociedades más desiguales y con más falta de cohesión del mundo desarrollado. En estos momentos en que se hace balance de un mito, conviene recordar a sus perdedores. Que son realidad tangible.
El thatcherismo generó mucha riqueza y la sociedad más desigual del mundo desarrollado
Posdata. Hay un aspecto poco recordado, pero muy siniestro, en la biografía de Margaret Thatcher: la protección y el cariño dados al general Pinochet cuando este tuvo que aguardar en Londres a la petición de extradición, por delitos contra la humanidad, hecha por el juez Garzón. Thatcher, que multiplicó los tactos de codos públicos y las tazas de té con el dictador chileno, declaró en el congreso del Partido Conservador, en octubre de 1989, que la persecución a Pinochet se debía a “una venganza de la izquierda internacional por la derrota del comunismo, por el hecho de que Pinochet salvara a Chile y salvara a Latinoamérica”. Thatcher y Pinochet no solo estaban unidos por sus intereses (el apoyo de Chile a Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas), sino por sus simpatías por un sistema económico, el neoliberalismo, que ha tenido hasta ahora sus momentos más puros bajo la dictadura militar chilena, con la hegemonía de los Chicago Boys y su apóstol, Milton Friedman, en la misma.
El periódico El Mercurio, de Santiago contiene en su hemeroteca la fantástica historia con la que Pinochet cuenta su caída del caballo y su conversión a la religión liberal… en la economía: “Este es un viaje sin retorno del modelo económico. (…) Agradezco al destino la oportunidad que me dio de entender con mayor claridad la economía libre o liberal”. En el Chile de Pinochet la fórmula fue una férrea dictadura política acompañada de una privatización casi absoluta de la economía y la desaparición de cualquier síntoma de protección social. Lo que los economistas de la Escuela de Chicago soñaron, pero no pudieron experimentar ni siquiera en la Gran Bretaña de Thacher o en los EE UU de Reagan (por las resistencias que los ciudadanos imponían a las consecuencias socialmente más dolorosas de sus políticas), lo hicieron en el Chile militar, sin sindicatos libres ni sociedad civil organizada. Sobre todo ello no hay ni una palabra de condena de Thatcher

miércoles, 4 de abril de 2012


Este artículo fue publicado por Le Monde el día de la huelga. Es de lectura obligatoria para todo aquél que necesite tener más información sobre la acción y opinión de los sindicatos españoles.



29/03/2012
Si muere el modelo Social, muere Europa
IGNACIO FERNÁNDEZ TOXO
El 29 de marzo los sindicatos españoles han convocado una huelga general de 24 horas para rechazar una
reforma laboral muy regresiva y para defender los servicios públicos fundamentales. La reforma laboral fue aprobada por Decreto Ley el pasado 10 de febrero, sin negociación ni consulta con los interlocutores
sociales. Así, el Gobierno del Partido Popular ha asestado un duro golpe no sólo al Derecho del Trabajo
sino a un modelo de diálogo social que ha sido puesto muchas veces como modelo. 

Quince días antes, las dos principales centrales sindicales, CC OO y UGT, habían suscrito un acuerdo con
la patronal sobre negociación colectiva para hacer del empleo su prioridad y promover la “flexibilidad interna negociada”. La “contrarreforma” gubernamental incumple este acuerdo y desequilibra decisivamente el poder contractual a favor del empresario: establece la primacía absoluta del convenio de empresa, individualiza las relaciones laborales y permite que los empresarios modifiquen unilateralmente salarios y demás condiciones de trabajo pactadas. 

Además, la reforma facilita y abarata el despido. Habiendo entrado la economía española en recesión, está generando ya un aumento de trabajadores despedidos que se suman a la insoportable cifra de 5,3 millones de parados, el 23% de la población activa. 

Al mismo tiempo, las exigencias de las instituciones de la UE para la reducción del déficit público obligan al
Gobierno de España a realizar, en 2012, un ajuste presupuestario de 35.000 millones de euros que hay que sumar a los 15.000 millones que realizó el Gobierno de Zapatero en 2010. Todavía no concretados, los nuevos recortes afectarán a la calidad y las prestaciones de los servicios públicos fundamentales, en
particular la educación y la salud, profundizando un deterioro que ya ha producido protestas sociales muy
importantes.

Nunca ha habido tantos motivos para una huelga general, que concebimos como un paso más en un
proceso de movilizaciones sindicales y sociales de largo alcance. La convocamos, emplazando al Gobierno
de España a la negociación, porque todavía existe un cierto margen de autonomía en el modo de concretar las políticas de austeridad y reformas estructurales impuestas por las instituciones europeas desde mayo de 2010. Pero somos conscientes de que estamos sufriendo las consecuencias de unas malas políticas definidas en Berlín y aplicadas por Bruselas, bajo el imperio de la ideología económica neoliberal
conservadora imperante en Alemania. 

El Pacto por el euro plus, el “six-pack” de la gobernanza económica y el nuevo Tratado o Pacto fiscal son,
por el momento, los instrumentos legislativos de unas políticas que está poniendo en cuestión los
fundamentos políticos y sociales de la UE. Lo peor del caso es que esas políticas están fracasando. Sus
objetivos explícitos eran alcanzar, en 2013, los objetivos de déficit público y deuda del Pacto de Estabilidad
y así lograr que los mercados prestasen a los Estados a tasas de interés razonables. Los severos recortes
presupuestarios, no acompañados de ninguna otra política impulsora del crecimiento y promotora del
empleo, han provocado una nueva recesión. Y con recesión no pueden cumplirse los objetivos de déficit. 

Por otro lado, la crisis de las deudas soberanas se ha extendido y agravado con respecto a la situación de
comienzos de 2010. El caso español es sólo un ejemplo: antes de mayo de 2010 la prima de riesgo de la
deuda española era de unos 160 puntos básicos. Hoy nuestro gobierno parece darse por satisfecho si se
mantiene en el doble, porque ha llegado a situarse en el triple de dicha cifra. La cuestión es que lo que da
más confianza son las perspectivas de crecimiento y un gobierno fuerte y coherente lo que no existe en la
UE. Los daños colaterales de estas políticas –desempleo, pobreza, desigualdad, erosión de la cohesión
social- son de una gran magnitud, en particular en los países del Sur y el Este de Europa. La situación es
tan grave que ha llevado a la Confederación Europea de Sindicatos (CES) a declarar que el Pacto social
sobre el que se edificaron, después de la 2ª Guerra mundial, los Estados de bienestar y la propia UE está
en serio peligro. 

¿Cómo es posible tanta obcecación en el mantenimiento de unas políticas tan injustas como fracasadas?
Porque no lo decimos sólo los sindicalistas europeos o el Nóbel de economía, Paul Krugman, acuñador de
la expresión “economía del dolor” para describir la doctrina de quienes aparecen unidos sobre todo por su feroz antikeynesianismo. También critican esta obcecación desde columnistas de la prensa liberal
anglosajona hasta personalidades como Jacques Delors, Helmut Schmidt o Helmut Kohl. Es posible porque
algunos sí tienen un plan para ganar competitividad en la economía globalizada: una fuerte reducción de los costes laborales y sociales para lo que es necesario debilitar la negociación colectiva y los sindicatos. 

Es un plan que afectaría en mayor medida a los países del Sur y el este de Europa. No me cabe duda que
está en la cabeza del presidente del BCE, Mario Draghi, cuando declara que “el modelo social europeo está 
muerto. Cabría preguntarse cómo es posible que el que fuera vicepresidente de Goldman Sachs para 
Europa, en la época en que este banco inundaba el sistema financiero europeo con los peores productos
tóxicos que provocaron esta crisis, al tiempo que ayudaba al Gobierno de Grecia a falsificar sus cuentas
públicas con artimañas de ingeniería financiera, sea quien ahora quiera marcar la línea del futuro de
Europa. Pero sería lo mismo que preguntarse cómo es posible que una persona con esos antecedentes
fuera nombrada guardián de la ortodoxia monetaria de la Zona euro. Todo un ejemplo del estado político y moral de la UE. 

Sin el modelo social, cuyos principios y valores están en los Tratados, y con una democracia degradada –
como la que establece el Pacto Fiscal en materia de decisiones presupuestarias-, la UE caminaría hacia su
destrucción. Esto deberían tenerlo muy presente los políticos europeos. El sindicalismo europeo, la CES,
con un gran sentido de la responsabilidad está respondiendo tanto con movilizaciones como con propuestas para el diálogo social, europeo y nacional, y alternativas para salir de la crisis: eurobonos, impuesto a las transacciones financieras, regulación de los mercados, plan de inversiones para la reactivación y la economía sostenible, etc. 

Y quiere un gobierno económico, con más contenidos como la fiscalidad y las políticas de crecimiento e
industriales entre otras, y mucho más democrático (bajo el control del Parlamento Europeo y abierto a la
participación de los interlocutores sociales). Y acaba de formular, ante la degradación del pacto histórico y
fundacional, una propuesta de largo alcance: un nuevo Contrato Social Europeo con la que también
deberían implicarse las fuerzas políticas y sociales que consideran que sin un modelo social avanzado y sin
un funcionamiento mucho más democrático la UE no tiene futuro.

www.lemonde.fr
Le président de la Confédération Européenne des Syndicats (CES), Ignacio Fernández Toxo estime que la journée de grève du 29 mars en Espagne doit être l'occasion de montrer qu'il existe une autre politique de celle de l'austérité.

Le 29 mars les syndicats espagnols ont convoqué une grève générale de 24h pour répudier une réforme du code du travail très régressive et pour défendre lesservices publics fondamentaux. La réforme du code du travail a été approuvée par un décret-loi le 10 février dernier, sans négociation ni consultation des partenaires sociaux. Ce faisant, le gouvernement du Parti Populaire a asséné un sérieux coup non seulement au code du travail espagnol mais aussi a un modèle social souvent donné en exemple.
Quinze jours plus tôt les principales centrales syndicales, les CC.OO et l'UGT avaient souscrit un accord avec l'organisation patronale sur la négociation collective pour faire  de l'emploi une priorité et promouvoir  "la flexibilité interne négociée". La "Contre-Réforme" du gouvernement viole les termes de ces accords et déséquilibre définitivement le système contractuel en faveur des patrons : elle établit la primauté absolue des accords d'entreprises, individualise les relations du travail et permet aux patrons de modifier  unilatéralement les salaires et autres conditions de travail préalablement accordées.
De plus, la réforme simplifie et diminue le coût des licenciements. L'économie de l'Espagne étant entrée en récession, la réforme augmente encore le nombre de travailleurs licenciés qui viennent gonfler  le chiffre insupportable des 5 millions 300 000 chômeurs, soit 23% de la population active.
Parallèlement, les exigences des institutions de l'UE en matière de réduction du déficit public obligent l'Espagne à réaliser un ajustement budgétaire de 35 milliards d'euros auxquels il faut rajouter  les 15 milliards d'euros d'économies déjà réalisés par le gouvernement Zapatero en 2010. Les nouvelles coupes, qui n'ont pas encore été déterminées, affecteront la qualité et les prestations des services publics, en particulier l'éducation et la santé. Ce qui aggravera la situation source de nombreuses protestations sociales.
Jamais il n'y a eu autant de motifs pour une grève générale. C'est un pas de plus dans un processus de mobilisations syndicales et sociales. Nous enjoignons au gouvernement de l'Espagne de négocier, car il existe encore une certaine marge d'autonomie dans la façon de mettre  en place les politiques d'austérité et les politiques structurelles imposées par les institutions européennes depuis le mois de mai 2010. Nous sommes néanmoins conscients d'essuyer  les revers d'une mauvaise politique définie par Berlin et appliquée depuis Bruxelles sous l'empire de l'idéologie économique néolibérale conservatrice dominante en Allemagne.
Le pacte pour l'euro-plus, le "six-pack" de la gouvernance économique et le nouveau Traité ou Pacte Fiscal sont, pour le moment, les instruments législatifs de politiques qui sont en train de remettre  en question les fondations politiques et sociales européennes. Le plus grave, c'est que ces politiques sont en échec. Leurs objectifs explicites étaient d'atteindre  en 2013 des objectifs de déficit public et d'endettement du pacte de stabilité et permettre  ainsi aux États d'obtenir  des marchés des prêts à des taux d'intérêt raisonnables. Les graves coupes budgétaires, qu'aucune mesure favorisant la croissance et l'emploi n'accompagnent ont provoqué une nouvelle récession. Or, en pleine récession il est impossible d'atteindre  les objectifs de déficit.
Par ailleurs, la crise des dettes souveraines s'est élargie et aggravée par rapport à 2010. Le cas de l'Espagne n'en est qu'un exemple : avant mai 2010 la prime de risque de la dette espagnole était de 160 points de base. Aujourd'hui notre gouvernement semble heureux si elle s'en tient au double, car elle a parfois atteint le triple de chiffre. Or, le fait est que, ce qui est le plus à même de redonner confiance, ce sont les perspectives de croissance et un gouvernement fort et cohérent, aujourd'hui inexistant dans l'UE. Les dommages collatéraux de ces politiques - chômage, pauvreté, inégalité, érosion de la cohésion sociale - sont d'une grande ampleur, tout particulièrement dans les pays du Sud et de l'Est de l'Europe. La situation est si grave qu'elle a amené la Confédération Européenne des syndicats (la CES) à déclarer que le pacte social sur lequel se sont édifiés, après la Seconde guerre mondiale, les États de bien-être et l'UE elle-même, est sérieusement en danger.
Comment un tel aveuglement dans la poursuite de politiques aussi injustes que discréditées est-il possible ? Car les syndicalistes européens ne sont pas les seuls à le dire . Le Nobel d'économie, Paul Krugman parle d' "économie de la douleur" pour décrire la doctrine de ceux qu'unit surtout leur féroce anti-keynésianisme. Cet aveuglement est aussi critiqué dans les colonnes de la presse libérale anglo-saxonne et par des personnalités comme Jacques Delors, Helmut Schmidt ou Helmut Khol. Si c'est possible, c'est que certains ont bien un plan pour être plus compétitifs dans l'économie mondialisée : réduire fortement les coûts du travail et les coûts sociaux. Il leur faut donc affaiblir  la négociation collective et les syndicats.
C'est un plan qui affecterait davantage les pays du Sud et de l'Est de l'Europe. Et c'est, sans aucun doute pour moi, ce que le président de la BCE, Mario Draghi, a en tête quand il déclare que le modèle social européen est mort. Ne pourrait-on pas se demander  comment il se peut que cet homme qui fut vice-président de Goldman Sachs pour l'Europe, à l'époque où cette banque inondait le système financier européen des pires produits toxiques, cause de la crise que nous vivons, en même temps qu'il aidait le gouvernement de la Grèce à falsifier  ses comptes publics par des stratagèmes d'ingénierie financière, soit maintenant l'homme qui prétend marquer  la voie à suivre  pour l'avenir  de l'Europe. Cela reviendrait à sedemander  comment il est possible que quelqu'un avec un tel casier puisse être nommé gardien de l'orthodoxie monétaire de la zone euro. Bon exemple de la situation politique et morale de l'UE.
Sans le modèle social, dont les principes et les valeurs sont inscrits dans les traités, et avec une démocratie détériorée - comme celle qu'établit le pacte fiscal en matière de décisions budgétaires - l'UE irait à sa perte. Les politiciens européens ne devraient pas l'oublier . Le syndicalisme européen, la CES très consciente de ses responsabilités, répond tant par des mobilisations que par des propositions pour un dialogue social, européen et national et des solutions alternatives pour sortir  de la crise : euro-obligations, impôt sur les transactions financières, régulation des marchés, plan d'investissements pour la relance et en vue d'une économie durable, etc.
La CES veut un gouvernement de l'économie, plus riche de mesures fiscales et de politique de croissance - industrielle entre autres - et beaucoup plus démocratique (sous le contrôle du Parlement Européen et ouvert à la participation des partenaires sociaux). Face à la dégradation du pacte historique et institutionnel, elle vient de formuler  une proposition de longue portée : un Nouveau Contrat Social. Les forces politiques et sociales, qui considèrent que sans un modèle social avancé et sans un fonctionnement beaucoup plus démocratique l'UE n'a pas d'avenir , devraient s'engager ;