¿Es esto, todavía, democracia?

¿Es esto, todavía, democracia? El Partido de La Izquierda, frente al sistema alemán de partido único

Oskar Lafontaine · · · · ·

31/03/13

“Mientras los grandes patrimonios –y la estructura social de poder de ellos resultante— sigan formándose de modo que la minoría ‘explote’ el trabajo de la mayoría; mientras eso ocurra, no podrán, lógicamente, imponerse los intereses de la mayoría. En otras palabras: la democracia, que significa un orden social en el que los intereses de la mayoría se imponen, naufraga en el rocallar de las estructuras de poder armadas por el partido único alemán.” En los próximos meses se representará en Alemania una comedia. La pieza se titula: “El campo de la contienda electoral”. Los papeles principales corresponden a Angela Merkel y Peer Steinbrück. Entre los actores secundarios vemos a Horst Seehofer, Sigmar Gabriel, Philipp Rösler, Jürgen Trittin y el resto del personal dirigente de la CDU/CSU, SPD, FDP y Verdes. Para la Izquierda no está previsto en esta representación papel alguno. Con ayuda de la policía política, de los medios de comunicación en manos de grandes corporaciones privadas y de la radiotelevisión de titularidad pública se hará todo lo posible para echar de la pasarela del capitalismo al incómodo partido. El lenguaraz escritor norteamericano Gore Vidal lo dejó dicho hace ya unos cuantos años: “La democracia es manifiestamente un lugar en el que se da un sinnúmero de elecciones con inmensos costes sin asuntos programáticos de por medio y con candidatos intercambiables”. Para él no había ya en los EEUU varios partidos, sino “un sistema de partido único con dos alas derechas” trabajando a favor de los intereses de las grandes empresas privadas. Y no veía en los medios de comunicación sino instrumentos de propaganda para la conservación de las relaciones sociales de poder. Se podrá descontar la opinión de Gore Vidal como exageración literaria de un escritor, pero lo cierto es que Heribert Prantl acaba de ofrecernos en la Süddeutschen Zeitung una traslación del juicio de Gore Vidal sobre la política en EEUU a las elecciones alemanas en curso para el Parlamento Federal: “El campo de la contienda electoral es una disputa electoral que propiamente no existe ya… El campo de la contienda electoral es un término malhadado, por mucho que lo acuñara Heiner Geißler. Lo que Geißler quiso significar en su día, existía en su día como tal. Había posiciones encontradas, opuestas, en todas las cuestiones fundamentales de la política: política exterior, política económica, política energética, política migratoria… Las diferencias fundamentales entre los partidos (exceptuada la Izquierda) han desaparecido.” Americanización La cosa no ofrece duda: la americanización de la política alemana ha llevado a que hoy, también en Alemania, haya un sistema de partido único con cuatro alas, para seguir con la imagen de Gore Vidal. Las alas se llaman CDU/CSU, SPD, FDP y Verdes, y actúan todas, unas veces más, otras veces menos, a favor de los intereses de los bancos y de las grandes empresas, como lo prueban la política fiscal de los últimos años y el sinnúmero de rescates bancarios aprobados. Afirman todos sin reservas un orden económico en el que la desigual distribución del ingreso, del patrimonio y del poder lleva a que una minoría haga trabajar en su propio beneficio a una mayoría, dando a esa mayoría salarios y participaciones subalternas muy por debajo de lo que corresponde al pleno rendimiento de su trabajo. En oposición al partido único federal alemán, la Izquierda dice: la propiedad debería dimanar sólo del propio hacer, del propio trabajo, y no de lograr que otros trabajen para uno. Mientras los grandes patrimonios –y la estructura social de poder de ellos resultante— sigan formándose de modo que la minoría “explote” el trabajo de la mayoría; mientras eso ocurra, no podrán, lógicamente, imponerse los intereses de la mayoría. En otras palabras: la democracia, que significa un orden social en el que los intereses de la mayoría se imponen, naufraga en el rocallar de las estructuras de poder armadas por el partido único alemán. Mientras no se ataquen esas estructuras, asistiremos a los sumo a pugnas de cara a la galería y a crispadas disputas en torno a objetivos secundarios de batallitas menores. Cuanto menos se diferencian las posiciones políticas fundamentales unas de otras, tanto más ruidosa debe ser la grita, a fin de dar la impresión de que el campo de la contienda electoral se mantiene vivo. De aquí el juicio de Heribert Prantl: “Es lo más probable que, pese a toda la faramalla organizada en torno a la política de rentas, no haya en toda Alemania más de mil personas capaces de poder deletrear las diferencias entre la CDU y la SPD. Y lo mismo ocurre con otras políticas”. También el diario [conservador] Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de un campo de contienda electoral “impropio”. Tampoco hay que dejarse cegar por los “casos de plagio” roji-verde. Con gran diligencia socialdemócratas y Verdes han venido haciendo suyas, con modificaciones y desnaturalizaciones varias, tradicionales propuestas políticas de la Izquierda, a fin de hacer olvidar los desastres sociales causados por las políticas que desarrollaron durante sus años de gobierno en coalición: relaciones laborales precarizadas, salarios ínfimos, pauperización de la vejez, destrucción de los sistemas sociales de seguridad. Plagian, desde luego, la idea del salario mínimo, y lo mismo puede decirse respecto de las timoratas propuestas con que ahora pretenden: * mejorar las jubilaciones y elevar un tanto el bajo nivel de las prestaciones ofrecidas desde su contrarreforma del Hartz-IV; * rebajar el copago sanitario y las matrículas universitarias; * poner coto al trabajo temporal y a los contratos externalizados de obra; * aumentar los tipos fiscales marginales altos, gravar fiscalmente el patrimonio, las rentas de capital y las transacciones financieras; * limitar los alquileres, los precios de la energía y los intereses por descubiertos bancarios; * introducir eurobonos; * retirar licencias a los bancos que facilitan la evasión fiscal; * promover la separación entre banca comercial y banca de inversión; * limitar las remuneraciones de los ejecutivos; * exigir responsabilidad a los acreedores y proceder a quitas de deuda. Eso, por limitarnos a unos cuantos ejemplos. El robo de ideas no puede confundir a nadie: la SPD y los Verdes, lo mismo que CDU/CSU y FDP, son y serán, llegado el caso, secciones leales al sistema del partido alemán federal único. Han votado todos de consuno a favor de modificar la Constitución para imponer un tope de deuda; de consuno han votado todos a favor del Pacto Fiscal europeo, así como por los distintos rescates. Lo que muestra que el “campo de la izquierda”, SPD y Verdes, no ha roto amarras con sus viejas y catastróficas políticas del Hartz-IV y de la Agenda-2010. El Pacto Fiscal significa el afianzamiento de esta brutal política de recortes para toda Europa. Sólo por eso se avilantan la SPD y los Verdes a llamarse a sí mismos partidos europeos: porque han interiorizado y hecho suya con descaro la idea de una Europa de mercados libres y grandes empresas como la única Europa posible. Minas sin estallar sembradas por toda Europa De medirse la realidad social conforme a la intención política declarada, no resultaría un juicio demasiado duro decir que ambos protagonistas “de izquierda” del actual “campo de contienda electoral” son como artefactos explosivos sin detonar abandonados por toda Europa. El Consejo Europeo resolvió en Lisboa, en diciembre de 2010, con la colaboración del Canciller roji-verde Schröder, “hacer de la UE el espacio económico basado en el conocimiento más competitivo y dinámico del mundo: un espacio económico capaz de crecimiento duradero, con más y mejores puestos de trabajo y una mayor cohesión social”. Esa era la intención declarada. ¿Cómo es la realidad? Los jóvenes europeos de hoy que, crecientemente azotados por el paro, lean esto estarán plenamente justificados para dudar de la capacidad de juicio y aun del equilibrio mental de esos estadistas. ¿Cuándo comprenderán los políticos del partido alemán único que un sistema económico que tiene como fin la maximización de los beneficios y del patrimonio de la minoría necesariamente ha de traer consigo situaciones como las que estamos observando hoy en Europa? En ese contexto resulta un chiste de pésimo gusto oír decir de consuno a CDU/CSU, SPD, FDP y Verdes que quieren poner la justicia social en el centro del “campo de contienda electoral”. Es lógico también –porque está en la naturaleza del sistema— que ambos “campos” coincidan en convertir las guerras por los derechos humanos en el instrumento esencial de su política exterior. De manera inigualable ha estampado el Príncipe Harry la quintaesencia de esta nueva era de la política exterior alemana en la primera plana del diario sensacionalista Bild: “Resulta sin duda notable en este contexto que políticos de la SPD y de los Verdes criticaran con tal acritud a Merkel y a Westerwelle, acusándoles de que el gobierno federal no colaborara en la guerra de Libia.” El rasgo que hace único al Partido de la Izquierda La Izquierda, y eso lo sabe la gran mayoría de sus partidarios y de sus miembros, sólo puede justificar su existencia y sólo puede sostenerse con éxito en las contiendas electorales, si no se convierte en un ala más del partido único. El rasgo que la hace única es abogar por un orden económico en el que todos reciban el pleno importe del trabajo realizado. Esa constitución económica lleva a empresas democráticas cooperativas, y no a estructuras económicas autoritarias con trabajo temporal, contratos de obra, sueldos paupérrimos y minijobs. Lleva a una política exterior pacífica, que busca asegurarse las materias primas con el comercio, y no con guerras de derechos humanos. Con ese transfondo resulta claro porqué SPD y Verdes vienen rechazando tajantemente desde hace años las repetidas ofertas de colaboración de la Izquierda. Los políticos del partido único alemán quieren arreglarse entre sí. Rechazan las reformas estructurales que podrían cambiar la constantemente creciente desigualdad en la distribución del bienestar y de las oportunidades en Alemania. Los programas electorales de la SPD y de los Verdes, que incorporan, más o menos desleídas, propuestas del Partido de la Izquierda, sirven sólo para enmascarar la realidad. Las electoras y los electores no deben percatarse de que detrás de esas proclamas no hay la menor intención de ponerlas por obra. Como dijo el otrora Gran Maestro de las campañas electorales socialdemócratas Franz Münterfering: “Es injusto valorar a los partidos, después de las elecciones, conforme a sus promesas electorales”. El susodicho campo de contienda electoral es una farsa. Las electoras y los electores tendrán la experiencia de un dejà-vu. Luego de las elecciones, todo será en Alemania como antes de las elecciones, cualesquiera que sean los políticos y las fracciones del partido único que formen el gobierno federal. Asombrosamente, los representantes de la economía alemana manifiestan a hurtadillas su preferencia por un gobierno federal roji-verde. El antiguo jefe de la BDI [la organización de la patronal industrial alemana], Keitel, lo resumió así: “Cuando un país necesita hacer reformas político-económicas, lo mejor es que el gobierno que las lleve a cabo no tenga un color político demasiado sospechoso de favorecer a los empresarios.” Oskar Lafontaine es Presidente del grupo de La Izquierda en el Parlamento del Sarre. Entre 2007 y 2010 fue el Presidente del Partido de La Izquierda. Traducción para www.sinpermiso.info: Miguel de Puñoenrostro sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores. Si le ha interesado este artículo, considere la posibilidad de contribuir al desarrollo de este proyecto político-cultural realizando una DONACIÓNo haciendo una SUSCRIPCIÓNa la REVISTA SEMESTRAL impresa. Junge Welt, 28 marzo 2013

Los errores legislativos que el próximo Gobierno no puede volver a cometer El entramado legal que está detrás del desastre

El entramado legal que está detrás del desastre

Los ciudadanos que vayan a votar, el próximo 20-N, tendrán que elegir un Gobierno que ayude a España a salir del atolladero demográfico, educativo, económico y social en el que nos encontramos. Por eso, los ciudadanos deben saber cuáles son las leyes que se han aprobado en estos 30 años de democracia y que han causado los males que padecemos. Males, por cierto, que van más allá de los cinco millones de parados y que no son fruto de la mala gestión de un solo Ejecutivo. Así, los españoles podrán exigir que nadie siga gobernando por las mismas sendas. Porque, como recuerda la Nota de la Conferencia Episcopal ante las elecciones, «no es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos». Ahora, a cada uno le toca «sopesar, en conciencia, a quién debe votar, para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento»

Imagine el lector que va al médico porque sufre una enfermedad grave, y el facultativo se limita a recetarle una medicina, sin buscar qué enfermedad le aflige y sin decirle qué hábitos debe evitar porque agravan su situación. Ridículo, ¿verdad? Pues hágase cargo de que España es el enfermo; el próximo Gobierno es el médico; la receta son los programas electorales; y la enfermedad, el conjunto de leyes que han llevado al país a una crisis con cinco millones de parados, el doble de fracaso escolar que el promedio europeo, la mitad de los nacimientos necesarios para garantizar el reemplazo generacional, y a ser uno de los países de Europa con más familias rotas y menos ayudas del Estado a los hogares.

No es flor de un día

Eso sí: la situación que atraviesa España no es flor de un día, ni fruto en exclusiva de la mala gestión de un Gobierno. Es, como revelan los datos y señalan los expertos, la consecuencia de haber aprobado unas leyes erráticas -que, a pesar de haberse probado sus nefastas consecuencias, nadie se ha atrevido a modificar después-, de unos votantes que votan como votan y, en definitiva, de una sociedad que ha permanecido adormecida mientras algunos desarrollaban su proyecto de reingeniería social. Ante las elecciones del 20-N, en las que los españoles han de elegir, en conciencia, un Gobierno responsable y que busque el bien común, Alfa y Omega ofrece a sus lectores una primera entrega del repaso por la legislación más perniciosa desde el inicio de la democracia, en materia de educación, familia y vida, que urge modificar en la siguiente legislatura.

La familia, desdibujada

Cuando, tras las elecciones de 1982, don Alfonso Guerra dijo su famoso: «Cuando nos marchemos, a España no la va a reconocer ni la madre que la parió», probablemente no podría imaginar que el alcance de sus palabras era tan largo, que unas décadas después incluso la palabra madre habría desaparecido del Código Civil. Porque la institución familiar ha sido una de las más perjudicadas en la legislación de las últimas décadas.
Una premisa de partida: que el número de matrimonios y de hijos baje está estrechamente relacionado con que el número de divorcios aumente. Basta un vistazo a las cifras para comprobarlo.
A pesar de que, en los últimos 30 años, la población española se ha incrementado en casi 10 millones de personas, en el año 2010 se celebraron 170.815 matrimonios, frente a los 201.024 que se celebraron en 1980, cuando el Gobierno de la UCD aprobó la Ley del divorcio. Es decir, más de 30.000 matrimonios menos, aunque hay 10 millones más de personas.

La pescadilla divorcista

Si el descenso en la nupcialidad es abrumador en los últimos 30 años, las cifras son escandalosas si se comparan desde la última reforma divorcista, la Ley del Divorcio Express, de 2005. Según denuncia el Instituto de Política Familiar (IPF), en España, hoy, de cada 10 matrimonios se rompen 8, y desde que se aprobó la nueva ley, los divorcios se incrementaron en un 115%. Con un agravante: mientras el divorcio representaba el 38% de las rupturas en 2004 (un año antes de la ley), y muchos separados volvían a reconciliarse, en 2008, el 93% fueron divorcios definitivos, de los cuales, el 40% fueron conflictivos y en el 54% afectaron a hijos menores.
Como explica el Presidente del Foro Español de la Familia, don Benigno Blanco, «la legalización del divorcio y su facilitación progresiva por la Ley, lleva a la banalización de la ruptura matrimonial en la conciencia colectiva, y crea la mentalidad divorcista que hace que se acuda al divorcio como la manera ordinaria de resolver dificultades matrimoniales». Así, como una pescadilla que se muerde la cola, «la normalización del divorcio provoca la pérdida de valor del matrimonio, en la opinión general, pues lo que se puede romper con facilidad no es apreciado como valioso», y, por tanto, «las leyes del divorcio generan cada vez más divorcios y menos matrimonios, y se convierten en uno de los mayores enemigos de la familia, y en uno de los problemas estructurales de nuestra sociedad».
A esto hay que añadir que, como denuncia el IPF, España está a la cola de Europa en ayudas a las familias, tanto económicas directas como en la implantación de una legislación familiar que facilite la conciliación laboral, el asesoramiento para reconciliaciones matrimoniales, etc.

Una inversión de futuro

Ahora bien. Si el Gobierno que salga de las elecciones del 20-N tiene la tentación de pensar que las rupturas familiares no guardan relación con la crisis que atraviesa España, más allá de los dramas que se viven en la intimidad de los hogares, conviene recordar que, en mayo de 2010, el Consejo de Europa aprobó el documento Invertir en la cohesión de la familia como factor de desarrollo en tiempos de crisis, en el que se reconoce que «la cohesión familiar produce beneficios materiales y virtudes espirituales como paz, estabilidad, bienestar, estabilidad económica y ahorro», y animaba a los Estados a facilitar la conciliación laboral y familiar para salir antes y mejor de la crisis. Además, el último barómetro del CIS, de octubre de este mismo año, revela que la familia es, para los españoles (los mismos que acudirán a las urnas), la institución mejor valorada, con una nota de 9,6 sobre 10.

Lo que dijo el lobby gay...

A pesar de eso, y por si la mentalidad divorcista instalada en España -con la connivencia de todos los Gobiernos elegidos en democracia- no fuese suficiente ataque a la familia, la ley del divorcio express, de 2005, se pergeño en paralelo a la ley de matrimonios homosexuales, que equipara las uniones entre personas del mismo sexo al matrimonio, o sea, a la unión entre un hombre y una mujer. Ley que vino acompañada de una reforma del Código Civil, en la que se sustituían las palabras esposo y esposa por cónyuge A y cónyuge B, y madre y padre por progenitor A y progenitor B. Con esa argucia se facilitaban los trámites para que dos homosexuales pudieran adoptar niños, esgrimiendo un presunto derecho a la paternidad y obviando el derecho de los niños a tener un padre y una madre. Cuando fue cuestionado por la necesidad de esa reforma, el Presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, dijo que trataba de dar respuesta una demanda social, y cifró en 200.000 las bodas entre gays que se celebrarían en los dos años siguientes.

... y lo que pasó en realidad

Lo cierto es que, al término de esa primera legislatura (en 2008), sólo se habían celebrado poco más de 12.000 uniones entre gays y lesbianas. No obstante, la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo sí que ha tenido gran repercusión social. Como explica Blanco, «la reingeniería social promovida por las leyes para cambiar el concepto de familia, ha sido especialmente relevante en las que han suprimido el matrimonio como institución específica para hombre y mujer; las que han banalizado el contrato matrimonial, haciéndolo divorciable sin necesidad de alegar causa ninguna y a petición unilateral de cualquiera de los cónyuges; las que han restringido la libertad de los padres de familia para educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y antropológicas; y las que han pasado de considerar la vida un bien digno de apoyo y protección a algo susceptible de ser eliminado».

El abismo demográfico

Precisamente estas últimas leyes, las relativas al aborto, son las que más han contribuido a que España esté hoy al filo del abismo demográfico. Con datos del Instituto Nacional de Estadística, hoy nacen en España 87.000 niños menos, al año, que hace tres décadas (a pesar, insistimos, de que la población ha crecido en casi 10 millones de personas). Así, como denuncia el Instituto de Política Familiar en el libro La familia, desafío para una nueva política, «el déficit de natalidad actual es de tal magnitud que el número de nacimientos no es suficiente para reponer la población, y son necesarios, al menos, unos 250.000 nacimientos más cada año para alcanzar un nivel que asegure, a medio o largo plazo, el mantenimiento de la población actual». De este modo, mientras el índice de reemplazo generacional es del 2,1%, en España apenas superamos el 1%.
La conclusión es evidente: que el futuro Gobierno incentive o no la maternidad no es algo opcional, sino que se trata de una clave indispensable para mantener el Estado del bienestar. Juzgue el lector: mientras, en 1981, había poco más de 4 millones de mayores de 65 años, y casi 10 millones de menores de 14, en 2011, la tendencia es la inversa y la población mayor de 65 años supera, en más de un millón, a los menores de 14. Con esta progresión, y siguiendo los datos del Eurostat, en la España del año 2050, 1 de cada 3 españoles tendrá más de 65 años, y 1 de cada 9, más de 80. Si no hay quien trabaje y quien cotice, ¿cómo se pagarán las pensiones, la sanidad, la educación, etc.?

Una mentira asesina

Contra toda lógica, pese a que necesitamos más nacimientos, en España se han perpetrado 111.482 abortos en el último año. Por eso, el IPF alerta de que, «al margen de la posición subjetiva que se tenga sobre el aborto, el hecho objetivo es que destruye capital humano, en una proporción creciente en el caso de España -ha representado un crecimiento del 265% en los últimos 20 años (1989-2009)-, y es una de las causas claras del descenso en la natalidad española».
Como en el caso de las uniones entre homosexuales, la inclusión del aborto en nuestro entramado legislativo fue presentada, en su momento, como la respuesta a una demanda social. Sus promotores decían que, en España, se producían 300.000 abortos clandestinos al año. Ahora, los datos muestran que tal demanda no existía, sino que ha sido generada por la propia mentalidad abortista.

Una perspectiva iluminadora

La retrospectiva legal es iluminadora. El año en que el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la ley del aborto, en 1985, se produjeron 9 abortos en España. Al año siguiente, 467; y en 1995, el último de González en el Gobierno, 49.367. Con datos de la Subdirección General de Promoción de la Salud, durante las cuatro legislaturas socialistas, se produjeron 359.624 abortos. Es decir, se tardó una década  y cuatro legislaturas hasta alcanzar la cifra que los proabortistas vendían para un año.
Diez años después de aprobarse la ley, y coincidiendo con la salida de González de la Moncloa, en 1996, se perpetraron 51.002 abortos. La norma de 1985 no fue modificada, ni derogada durante las dos legislaturas del Gobierno de José María Aznar, en las que, en total, se cometieron 511.429 abortos en España. O sea, un promedio de casi 64.000 niños abortados cada año. Y, con el Ejecutivo de Zapatero -que ha modificado la ley en 2010 para convertir (sobre el papel) el aborto en derecho-, el genocidio abortista se ha disparado hasta los 115.812 abortos, en 2008.
Por desgracia para las madres que han abortado y, sobre todo, para los niños que han sido eliminados, en España se ha superado el millón trescientos mil abortos, desde 1985. O sea, el equivalente a la población actual de Navarra y Cantabria juntas.
Según explica don Benigno Blanco, «ni la Ley de 1985, ni la de 2010 respondían a una demanda social, sino a intereses ideológicos y económicos de una minoría. Sin embargo, una vez aprobadas las leyes, poco a poco y por el efecto pedagógico de toda norma legal, su contenido va conformando el pensamiento de la ciudadanía, sobre todo de los jóvenes, que son educados bajo la influencia de esas leyes».
Con este panorama, resultan más que lógicas las palabras de la Nota que la Conferencia Episcopal ha elaborado ante las elecciones del 20-N, en la que alerta del «peligro que suponen determinadas opciones legislativas, que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que llegan a tratar como un derecho lo que constituye un atentado contra el derecho a la vida». Y añade: «Son también peligrosos, y nocivos para el bien común, los ordenamientos legales que no reconocen al matrimonio en su ser propio y específico, en cuanto unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos. Es necesario promover nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley como esposo y esposa, en un matrimonio estable, que no quede a disposición de la voluntad de las partes ni, menos aún, de una sola de las partes».

La educación doblegada

Uno de los puntos calientes de la campaña electoral está siendo la educación. Pero, a pesar de lo que insisten en este ámbito, ninguno de los más destacados aspirantes a gobernarnos parece querer cambiar el modelo de enseñanza, que no es sinónimo de cambiar de ley. Porque España ha tenido cinco leyes educativas en 30 años, y aun así doblamos la tasa de fracaso escolar de la Unión Europea.
La primera ley educativa de la democracia, la LOECE, se aprobó en 1980 y aún está vigente, por ser la reguladora de las reglamentaciones básicas de la enseñanza. Entonces, el porcentaje de alumnos que no lograban el graduado en educación obligatoria (o sea, el fracaso escolar) era del 34%. En 1985, se aprobó la segunda norma, la LODE, y, en el curso 85/86, el fracaso escolar estaba en el 27%. La reforma más polémica llegó con la LOGSE, en 1990, cuyo modelo y principios ideológicos se mantienen en la actual LOE, de 2006. En el año 2000, con la llegada a la Educación Secundaria de los primeros alumnos íntegramente formados en la LOGSE, el fracaso escolar estaba en el 28,9%. Desde entonces, ha ido subiendo cada año, hasta llegar al 31,2% actual, frente al 15% de la UE.

Clases de manipulación social

Todas estas leyes han tenido cuño socialista, porque el PP sólo propuso la LOCE en 2003, tan al final de su segunda legislatura, que no se llegó a aplicar, porque el Ejecutivo de Zapatero la derogó antes de que entrara en vigor, en 2004. Doña Isabel Bazo, ex Presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), explica que, aprovechándose de la aparente dejación de los populares en educación, «el objetivo de estas leyes socialistas ha sido eliminar los valores tradicionales de nuestra cultura y religión, y cambiar el papel formativo de la escuela y de los educadores, para imponer su concepto manipulador de progresismo». Por eso, «en estos años, se ha dado una interpretación sesgada de la gratuidad de la enseñanza, de la libertad de educación, y de los derechos de los padres que dieron origen al sistema de conciertos, que siempre han estado dotados de forma precaria para producir una asfixia económica a los centros no gubernamentales, por ser el sector eficaz en lo educativo e independiente de los poderes públicos».
De estos polvos legislativos -y de otros, que Alfa y Omega analizará, D.m., la próxima semana- viene el lodo social que habrá de gestionar el futuro Gobierno de España. Por eso, conviene pensarse mucho qué modelo de sociedad se quiere apoyar, en conciencia, el próximo 20-N.

José Antonio Méndez

Alfa y Omega