CRISIS El Banco de España estimó 61.366 millones
El Tribunal de Cuentas eleva las ayudas a la banca a 107.914 millones
Sostiene que la CAM ha sido más ayudada que Bankia
Incluye los 37 millones del informe de Oliver Wyman y las líneas de crédito concedidas
Suma los Esquemas de Protección de Activos en la venta de entidades rescatadas
El Tribunal de Cuentas estima el rescate de la CAM en 24.861 millones, frente a los 22.426 de Bankia. DIEGO SINOVA
El Tribunal de Cuentas ha elevado a 107.914 millones de euros "los recursos públicos empleados o comprometidos en la reestructuración de entidades financieras, como consecuencia de las actuaciones realizadas entre 2009 y 2012". Así lo señala en un informe remitido al Congreso de los Diputados.
Esta cifra es superior en un 75% a la de los 61.366 millones anunciada el pasado año por el Banco de España, porque el Tribunal de Cuentas ha decidido contabilizar otras partidas adicionales como son los Esquemas de Protección de Activos(EPA) concedidos al Banco Sabadell por la absorción de Caja de Ahorros del Mediterráneo o a CaixaBank por el Banco de Valencia, entre otros. Los EPA suma 28.666 millones.
También contabiliza por ejemplo líneas de crédito comprometidas por valor de 16.300 millones o el coste del informe de Oliver Wyman que alcanzó los 37,9 millones de euros.
La aportación directa de capital al sector financiero fue de 57.004 millones de euros a lo que hay que añadir "conceptos de naturaleza diversa" y que alcanzan prácticamente el doble.
Fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) señalaron a este diario que no comparten las cifras del Tribunal y pusieron como ejemplo que contabiliza más de 1.000 millones de euros de línea de crédito a CajaSur que no llegaron a estar dispuestos. Sin embargo, el informe deja fuera el posible coste público de la Sareb, el banco malo creado para dar salida a activos inmobiliarios de la banca.
El Tribunal de Cuentas señala también en su informe que el principal receptor de recursos públicos no ha sido Bankia, sino la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que totaliza 24.861 millones, frente a los 22.426 del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri. El tercero es el Banco de Valencia con 17.868 millones.
El informe del Tribunal de Cuentas concluye que el Frob ha actuado a lo largo de estos años "conforme a la normativa vigente en cada momento", incluidas actuaciones polémicas como la venta de Banco de Valencia o el Banco Gallego.
Sin embargo, el órgano fiscalizador del Estado es duro con su presunta negligencia en Catalunya Caixa. "El Frob, en su condición de accionista mayoritario de Catalunya Caixa, no actuó con la debida diligencia en la adopción de las medidas que como tal le permitía la normativa específica de reestructuración y la general reguladora de las sociedades de capital". A juicio del Tribunal de Cuentas, "desde octubre de 2011, fecha en que el Frob se incorporó al Consejo de Administración de Catalunya Caixa, debió ejercer plenamente los derechos que le atribuía la normativa".
En su opinión, el Frob, el instrumento del Ministerio de Economía para la reestructuración bancaria, debió destituir antes al ya ex presidente de la entidad catalana, Adolf Todó, y al director general, Jaume Massana, puesto que, según la propia Comisión Rectora del Frob ambos actuaron con deslealtad para la entidad que ha recibido 12.054 millones de ayudas públicas. Ambos fueron destituidos en mayo de 2013 cuando, según el Tribunal, la salida debió producirse al menos en noviembre de 2012 para evitar "perjuicio para la gestión ordinaria de dicha entidad". El Frob ha alegado al Tribunal de Cuentas que con Catalunya Caixa ha seguido la misma política que con otras entidades y que fue precisamente cuando tomó el control cuando detectó la mala conducta de Todó y Massana procediendo a su destitución.
El Tribunal de Cuentas asegura también que el Frob permitió al menos entre junio de 2011 y julio de 2012 que las entidades financieras con ayudas públicas libraran una "política comercial agresiva" vulnerando restricciones legales. El Frob lo niega y alega que de haber sido así, la Comisión Europea que tutela la libre competencia, habría intervenido.
