Arranca aquí una serie mensual en la que nos reuniremos con grandes líderes de un mundo globalizado para conocer de primera mano su trabajo. Hoy, el presidente de la Corte Penal Internacional, tribunal que intenta prevenir las atrocidades y castigar a quienes cometen crímenes contra la humanidad, y que ahora apunta a Gadafi.
Tenía menos de cinco años cuando su abuelo, un luchador contra el régimen colonial británico en Corea, fue encarcelado y torturado por los ingleses hasta dejarle impotente. A la edad de nueve, tuvo que vivir con su familia en un búnker subterráneo en Seúl, tras la invasión de su país por sus vecinos comunistas de Corea del Norte. Los recuerdos de esos días de sufrimiento llevaron a Sang-Hyun Song a buscar justicia y emprender la carrera de derecho. Hoy, con 69 años, es el presidente de la Corte Penal Internacional, una institución creada en 2002, de la que forman parte 114 países de todo el mundo y que tiene como principal objetivo "luchar contra la impunidad de los genocidios, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra", según explica el juez Song en su despacho de La Haya. Al frente de un equipo de 18 jueces y cerca de 700 funcionarios de 90 países, el juez de los tiranos confía en que la corte dicte su primera sentencia el próximo año.
Sang-Hyun Song irradia paz y tranquilidad. Es un hombre paciente que habla despacio, pensando cada palabra. No cambia el tono de su voz ni cuando el periodista le recuerda la actitud hostil que ha tenido Estados Unidos ante la corte, ni cuando habla de las cinco investigaciones en curso contra genocidios en África (Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán y Kenia).
Sí se emociona, aunque intenta contenerse, cuando recuerda su infancia en Corea o cuando cuenta cómo abrazó a las víctimas en un reciente viaje a Uganda: "Cuando me bajé del helicóptero de Naciones Unidas y me encontré con las familias de las personas asesinadas o violadas, me emocioné tanto que no sabía qué hacer; así que fui abrazando, uno a uno, a todos los que me esperaban en el poblado, intentando contener las lágrimas y darles un poco de esperanza. Recuerdo que les decía al oído que no perdieran la esperanza, que podemos trabajar juntos para hacer justicia y recuperar la dignidad perdida".
El juez Song cree en lo que hace. Entró en la Corte Penal Internacional (CPI) el 11 de marzo de 2003, junto con otros 17 magistrados de otros tantos países, rigurosamente seleccionados, para ocuparse de la Sala de Apelaciones. Seis años después era elegido presidente de la corte.
¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de la CPI? Los objetivos están claramente enunciados en los propios estatutos de la corte, fijados en Roma en 1998. Se trata de luchar contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y contribuir a la prevención de atrocidades. Para ello, estamos desarrollando el Estatuto de Roma, intentando el mayor grado de profesionalidad y eficacia, además de asegurar que se cumplan escrupulosamente los derechos de todas las partes, incluidas las víctimas.
¿Y cuál es el papel del presidente? Además de cumplir esos objetivos generales, mis funciones están muy vinculadas a tres áreas de actuación muy definidas: administrar la corte, desarrollar las materias jurídicas y judiciales y representar a la CPI. Aunque, además de esas funciones sigo siendo juez de la corte, dentro de la Sala de Apelaciones y tengo que actuar en determinadas vistas.
La CPI cumple en julio nueve años de actividad efectiva y sus dirigentes quieren olvidar lo duros que fueron los primeros años, con una hostilidad abierta por parte de algunas de las grandes superpotencias mundiales; especialmente Estados Unidos, que se opuso frontalmente a su creación e intentó boicotearlo. En la actualidad, el Gobierno norteamericano sigue sin haber ratificado el Estatuto de Roma, igual que Rusia, China, India, Israel, Cuba, Irak y otras decenas de países del mundo.
En la corte intentan quitarle hierro al asunto y aseguran que funcionan y seguirán funcionando con o sin Estados Unidos y otras potencias. "El Estatuto de Roma", afirma Sang-Hyun Song, "ha sido ratificado hasta la fecha por 114 Estados de todo el mundo y espero que pronto tenga más adhesiones. Esto es un logro increíble y la demostración de que la CPI está ganando prestigio e importancia. La corte necesita la cooperación de los países para poder desarrollar su mandato y para luchar contra la impunidad de los criminales del mundo. Este es el objetivo común de toda la comunidad internacional".
Si se le insiste un poco, el juez Song reconoce que los primeros años fueron muy difíciles y que la Administración de Bush les hizo la vida imposible (aunque no lo diga con esas palabras). "Es verdad que Estados Unidos y otras potencias nos acogieron con hostilidad", asegura. "Pero desde que el presidente Obama llegó a la Casa Blanca las cosas han cambiado de forma radical y Estados Unidos colabora con nosotros en ciertos asuntos. Espero que, algún día, las grandes potencias que todavía están fuera se unan a nuestro proyecto".
En el fondo, esas potencias no quieren renunciar a parte de su soberanía y, sobre todo, se niegan a que una corte internacional pueda juzgar a sus mandos militares por posibles actuaciones ilegales.
El presidente de la corte es un hombre luchador y no tiene intención de rendirse en sus relaciones con Estados Unidos o con Naciones Unidas, con quien también ha tenido algunos conflictos. Song se muestra contemporizador ante las preguntas.
¿Qué pediría a Naciones Unidas, Estados Unidos y a otros países 'no amigos' para mejorar la eficacia de la CPI? En primer lugar, me gustaría dejar claro que la CPI y Naciones Unidas comparten los mismos valores: paz, justicia y legalidad. Naciones Unidas tiene una gran potencia y capacidad para luchar contra la impunidad de las grandes violaciones de los derechos humanos en el mundo, especialmente ayudando a fortalecer las jurisdicciones nacionales para que luchen contra esos crímenes. Yo he pedido a la ONU que focalice sus esfuerzos en hacer que se cumplan las leyes y en sus programas de desarrollo. Cuando visité sus oficinas en Nueva York a finales de 2010, me quedé muy satisfecho al escuchar que se habían dado pasos muy importantes en esa vía, bajo el liderazgo de Ban Ki-moon.
¿Y respecto a Estados Unidos? No puedo negar que, hasta la fecha, Estados Unidos y otras potencias no han querido ratificar el Estatuto de Roma. Pero insisto en que en los últimos años, desde que el presidente Obama llegó al poder, la actitud estadounidense hacia la corte ha cambiado de forma considerable. Ahora reconocen la importancia de nuestro trabajo y no se muestran hostiles. Espero que en algún momento cambien de opinión y se adhieran a la CPI. Nosotros seguimos trabajando sin esas potencias. No nos queda más remedio.
Mientras tanto, los 18 jueces de los tiranos, junto al fiscal, Luis Moreno-Ocampo, la secretaria, Silvana Arbia, y los casi 700 jóvenes funcionarios de 90 países trabajan con ilusión en la ciudad holandesa de La Haya, intentando que no se convierta en una torre de Babel. Aunque los idiomas oficiales sean inglés, francés, árabe, chino, ruso y español, se trabaja en inglés y francés. En las vistas, los acusados y sus abogados pueden hablar en sus lenguas maternas, todas ellas africanas.
También han abierto oficinas sobre el terreno en Kinshasa y Bunia (República Democrática del Congo), Kampala (Uganda), Bangui (República Centroafricana), N'Djamena y Abache (Chad) y quieren hacerlo en Darfur (Sudán), aunque las condiciones de seguridad se lo han impedido hasta ahora.
¿Cuál es el balance de los primeros años de vida de la corte? La corte se creó hace casi nueve años y cuando los 18 jueces nos incorporamos al trabajo en 2003 no sabíamos si este nuevo bebé llamado Corte Penal Internacional iba a sobrevivir, teniendo en cuenta la dura oposición que recibimos de esas potencias mundiales a las que hemos aludido. Pero estábamos decididos a sacar adelante al bebé y hacerlo crecer. Así que, los primeros años, mientras esperábamos que llegaran los primeros casos para juzgar, estuvimos muy ocupados desarrollando la administración y el funcionamiento de la corte, promulgando reglamentaciones y formando equipos.
Fueron años difíciles. ¿Pensó alguna vez en dimitir por los problemas surgidos? Por supuesto que no. Eso es totalmente impensable. Para mí es un inmenso honor hacer una pequeña contribución a la justicia internacional sirviendo a la corte penal. Como en cualquier otro puesto de responsabilidad en instituciones, hay retos y dificultades, pero eso forma parte de la responsabilidad que uno tiene que aceptar cuando asume el cargo.
Y, al final, lo sacaron adelante... Sin duda. Como creíamos en el proyecto, la institución se fue desarrollando muy rápidamente y ahora estamos empezando a ver los frutos de la actividad judicial. Tenemos cinco investigaciones en marcha, todas ellas en África, el fiscal está monitorizando otros muchos casos en todo el mundo y hay tres juicios avanzando a un ritmo rápido. Desde mi punto de vista, todo ello refleja una credibilidad creciente en nuestra habilidad y eficacia en la lucha contra la injusticia. Creo que eso nos hace confirmar nuestro compromiso con el proyecto.
El balance de la actividad de la CPI empieza a arrojar resultados positivos, con un presupuesto bastante limitado para el nivel de actividad: 103,6 millones de euros para 2011. La fiscalía está realizando investigaciones sobre situaciones en cinco países: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Darfur (Sudán) y Kenia. Además, se han iniciado análisis preliminares en situaciones ocurridas en Afganistán, Colombia, Costa de Marfil, Georgia, Guinea, Palestina, Honduras, Nigeria y la República de Corea. A lo que hay que añadir los pasos dados en las últimas semanas en Libia. Al cierre de este número, se informó de que Dolores Delgado, fiscal de la Audiencia Nacional de España, participará en la CPI para preparar la orden de arresto contra el líder libio, Muamar el Gadafi, por posibles crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
Hasta la fecha se han dictado 15 órdenes de detención y tres órdenes de comparecencia. Se encuentran detenidos en una prisión cercana a La Haya, custodiados por la policía holandesa, Thomas Lubanga Dyilo, Germain Katanga, Mathieu Ngudjolo y Callixte Mbarushimana, en relación con los sucesos de la República Democrática del Congo que se están juzgando; además de Jean-Pierre Bemba Gombo, respecto a las matanzas en la República Centroafricana.
Precisamente, el día en que se produjo la entrevista con el juez Song, había vista por el juicio de Jean-Pierre Bemba, exvicepresidente congoleño y presunto comandante en jefe del Movimiento de Liberación del Congo (MLC), imputado de dos cargos de crímenes de lesa humanidad (violación y asesinato) y tres crímenes de guerra (violación, asesinato y saqueo). Bemba prestó entonces ayuda al presidente de la vecina República Centroafricana, Ange-Félix Patassé, que le pidió ayuda para sofocar un golpe liderado por el rebelde François Bozizé, que finalmente se hizo con el poder en el país.
Este caso fue remitido a la corte por el Gobierno de la República Centroafricana en diciembre de 2004, la fiscalía abrió una investigación en mayo de 2007 y el juicio se inició el 22 de noviembre de 2010. Bemba fue detenido en Bruselas el 24 de mayo de 2008. El juicio está presidido por la jueza brasileña Sylvia Steine, que ha llamado a declarar a 40 testigos. Hubo 779 víctimas de asesinatos, violaciones y saqueos perpetrados supuestamente por el MLC que comandaba Bemba.
El exlíder congoleño, de 48 años, comparecía en la vista, junto a cuatro de sus abogados, con una cierta desidia. Sentado, rodeado por dos policías holandeses y vestido con un traje beige brillante, camisa azul y corbata de dibujos africanos, miraba al infinito mientras prestaba declaración una testigo protegida por cortinas para no ser identificada. De vez en cuando cruzaba una mirada desafiante con el escaso público que asistíamos a la vista o se ponía sus gafas con montura de oro para leer documentos que guardaba en una enorme carpeta de anillas blanca.
"El juicio avanza a buen ritmo", explica el juez Song, "y es posible que tengamos la primera sentencia de la corte a lo largo de 2012". Parece satisfecho con su trabajo.
¿Cuáles son los nuevos retos de la CPI? La corte sigue avanzando en su trabajo ordinario y se plantea cambios para adaptarse a los nuevos tiempos. El Estatuto de Roma debe desarrollarse en algunos aspectos y fija los procedimientos para posibles enmiendas. De hecho, en la reunión de Kampala, celebrada la pasada primavera, ya hemos planteado modificaciones.
¿En qué sentido? El próximo paso importante que deberíamos dar, desde mi punto de vista, es que los países miembros decidan lo que debe hacer la corte respecto al crimen de agresión. Lo hemos empezado a hablar en Kampala y vamos a fijar una hoja de ruta. Además, hay que seguir con el trabajo judicial y seguir adaptando la corte a los nuevos tiempos, porque nadie sabe cómo deberá actuar dentro de varias décadas.
¿Qué aspectos le gustaría desarrollar durante su mandato? Me gustaría avanzar en los temas que concretamos en Kampala. Además del asunto del crimen de agresión, se fijaron tres líneas de actuación preferentes: la universalización del Estatuto de Roma, la colaboración de los Estados con la CPI y la complementariedad de la justicia.
¿Está feliz en su puesto? Sí, estoy muy feliz porque creo que se van cumpliendo nuestros objetivos. Vamos madurando día a día. Cada año se van dando pasos importantes y en 2010, por primera vez, se han detenido a varias personas por crímenes de genocidio, lo que supone un paso significativo en el cumplimiento de nuestras funciones. Además, el fiscal ha abierto, por primera vez, una investigación por iniciativa propia que es uno de los mecanismos más sugerentes previstos en el Estatuto de Roma. Hasta ahora, las investigaciones se habían iniciado por petición de gobiernos de países miembro o por solicitud de Naciones Unidas.
A pesar de su aspecto tranquilo, Sang-Hyun Song vive su trabajo con pasión. Una pasión que se refleja en las respuestas que daba en su solicitud para formar parte del equipo de jueces de la CPI en 2003. El cuestionario tipo preguntaba: "¿Por qué quiere ser juez de la CPI?". Y su respuesta era clara. Tras explicar que la solicitud no era personal, sino que había sido realizada por el Gobierno de Corea del Sur, afirmaba rotundamente: "Es un gran honor ser candidato".
A continuación explicaba con detalle las razones de su candidatura: "La impunidad siempre me ha puesto furioso. Cuando era un niño pequeño fui testigo de la opresión del colonialismo sobre mi país, así como de la tragedia de la guerra de Corea. Sufrí el
shock de la muerte de amigos y conocidos durante la guerra y la tortura sin piedad del periodo colonial. Mi abuelo, que era un líder de la independencia de Corea en esos tiempos, fue torturado. Le desnudaron y fue atacado y mordido por un perro bien entrenado para la crueldad, que le hizo perder la posibilidad de reproducirse cuando el perro le mordió los genitales. Esta experiencia fue una de las razones por las que estudié leyes y empecé a soñar en la paz mundial a través de la justicia".
Mientras el periodista lee este párrafo del cuestionario, el juez abre sus ojos rasgados y escucha con tristeza, como si sus pensamientos volvieran a esos días. Después de unos segundos de silencio, que se hacen eternos, el juez Song completa la descripción: "Mi familia participó muy activamente en la resistencia contra la ocupación de Corea durante la colonización. Cuando mi abuelo era líder independentista, vivíamos con miedo por las detenciones y violaciones de nuestros derechos".
Otro silencio antes de seguir con su narración: "Cuando Corea consiguió la independencia, en 1945, en menos de cinco años Corea del Norte invadió Corea del Sur y mi familia no pudo huir, así que tuvimos que escondernos en un búnker bajo tierra. Yo tenía nueve años, así que era muy joven para luchar, pero lo suficientemente mayor para entender los horrores de la guerra y tener que ayudar a sobrevivir a mi familia. Yo era el único responsable de alimentar a una familia de nueve personas, así que tenía que salir cada día en busca de comida para todos. No se podía encontrar arroz, pero tenía que buscar vegetales. Andaba ocho kilómetros de ida y otros tantos de vuelta al búnker para buscar alimentos; cuando los aviones norteamericanos o soviéticos lanzaban sus bombas, yo tenía que tirarme al suelo y muchas veces perdía la comida que llevaba".
Los recuerdos siguen llegando a su cabeza y la mirada se hace más triste en cada frase: "Recuerdo uno de esos viajes a por comida, en los que me encontré con cientos de cadáveres en el campo, con un olor terrorífico, que me impactó profundamente y que todavía me impacta. Todos estos recuerdos me acompañarán toda mi vida y fueron muy importantes a la hora de elegir la carrera de derecho y mi trabajo contra la injusticia en la Corte Penal Internacional".
Así que su camino jurídico ha estado marcado por los horrores de su infancia... Bueno, todas esas vivencias me animaron a emprender el camino de las leyes y avanzar hasta el puesto que tengo. He estado enseñando derecho durante más de 30 años y he participado en reformas judiciales en Corea, mientras seguía aprendiendo otros sistemas judiciales para aplicarlos en mi país. Y, finalmente, decidí dar el paso de participar en la creación de la Corte Penal Internacional.
En su candidatura a la corte también decía que quería "convertir mis sueños de justicia en realidad". ¿Se están convirtiendo esos sueños en realidad? Sí, por supuesto. Yo elegí derecho porque creo que es una actividad polifacética que puede ser muy útil para cualquier actividad y es la única vía para asegurar la paz, la justicia y la democracia. De alguna manera, en mi propia familia yo crecí con ese concepto de justicia. Y la Corte Penal Internacional está luchando muy activamente contra la impunidad y la injusticia.
En otras declaraciones suyas, usted insistía en que un tribunal como la CPI debe conseguir la armonía en la diversidad y la independencia de la influencia política. ¿Es la CPI independiente y diversa? Sí. La corte es una institución totalmente independiente que ni siquiera forma parte del sistema de trabajo de Naciones Unidas. La independencia es crucial e imprescindible para nuestra propia integridad. También podemos decir que mantenemos la diversidad como característica propia. En la CPI trabajamos cerca de 700 personas de 90 nacionalidades diferentes de todas las partes del mundo y eso es fascinante, aunque requiere paciencia, entendimiento, generosidad e iniciativa para lograr una armonía institucional que haga posible el trabajo común de personas de distintos países y culturas.
El juez Song tiene una amplia experiencia internacional, que le facilita la gestión de la diversidad. Tras estudiar derecho en Seúl, realizó estudios de posgrado en tres continentes: Cambridge (Reino Unido), Harvard y Nueva York (EE UU) y Melbourne (Australia). De todos sus viajes guarda recuerdos interesantes, aunque hay uno que le marcó especialmente durante su etapa de estudiante. Sang-Hyun Song vivió la revolución de mayo de 1968 en París, y cuenta que le supuso un trauma: "La verdad es que yo estaba muy desconcertado cuando empezaron las revueltas en París. Aunque yo había participado en 1960 en las protestas estudiantiles en Seúl, como uno de los líderes del movimiento de estudiantes y estaba acostumbrado a las manifestaciones, los enfrentamientos con la policía y los gases lacrimógenos, estaba muy extrañado de que en un país desarrollado como Francia tuviera que acudir a este tipo de acciones. Pero la infelicidad y la insatisfacción hicieron que los estudiantes salieran a la calle a expresar su enfado".
Cuenta el juez coreano que un día, tras la entrada de una bomba de gas en la habitación de su residencia, decidió que no quería pasar más tiempo en París. "Pero no era fácil moverse", añade. "Llegó la huelga general y el país se paralizó por completo. Para un estudiante coreano era muy difícil intentar salir de la ciudad, así que tras varios días sin conseguir ni tren, ni autobús, ni ningún otro medio de transporte, decidí salir andando de París, hacia el norte. Y seguí andando dos o tres días, sin rumbo fijo, hasta que llegué a la frontera con Bélgica, donde alguien me recogió en su coche y me llevó a Bruselas. Allí tomé un avión de vuelta a la casa".
Así ha sido su vida. Una larga caminata desde una infancia marcada por el terror y el sufrimiento hasta liderar la corte que pretende juzgar a los tiranos en todo el mundo. El juez Song no quiere que su nieto, de tres años, tenga que sufrir lo que él sufrió de pequeño. Por eso, probablemente, no da tregua a los tiranos.
El País
El proyecto ya está en marcha. Tal y como anunció nuevatribuna.es, distintas asociaciones de memoria histórica y derechos humanos han impulsado una