Publicado el Oct 21, 2010 | 1 Comentario
Escrito por Raúl Auth Caviedes.*/
La exhumación se considera una profanación inaceptable en la mayoría de las culturas y solo se admite al ser dispuesta legalmente Se valora como un derecho básico dar una sepultura digna a los muertos. El caso chileno de remoción masiva de los restos de los detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos de la dictadura fue un acto brutal y despiadado. Constituyó una demostración máxima de ultraje a las víctimas y a sus familiares ejecutado por agentes del Estado, fríamente planificada. No parece existir en la historia un acontecimiento semejante, solo podría equipararse a la sistemática incineración de los cuerpos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Primó en la mente del dictador el asegurar la impunidad para él y sus subalternos, “mis hombres”, como él solía decir. Su racionamiento fue que no se podía configurar un delito si desaparecían definitivamente los cuerpos. Sus frustrados estudios de abogacía y su restringido criterio lo llevaron a proceder de esa forma. Al actuar en esta tenebrosa manera, acentuó su desprestigio internacional, lo cual influiría en su contra cuando fue detenido en Inglaterra en octubre de 1988. En cierto modo, Augusto Pinochet fue un “revolucionario” de la práctica de las exhumaciones, así como Heinrich Himmler en la “solución final” para exterminar a los judíos.. Esta carencia total de conmiseración hacia sus víctimas lo hizo adjudicarse un lugar privilegiado entre los más crueles dictadores, a la altura de Hitler, Stalin o Pol Pot, superando por lejos a sus similares latinoamericanos. Por ello su recuerdo continúa siendo traumático.
Casos de exhumación masiva en la historia actual se han realizado para desvelar escenarios de masacres condenadas internacionalmente. En 1943, los alemanes efectuaron una exhumación masiva en el bosque de Katyn. Allí habían sido enterrados en fosas comunes más de 4.000 oficiales e intelectuales polacos masacrados por los soviéticos por orden de Stalin. Los germanos propiciaron un estudio internacional forense para demostrar la autoría de la URSS y producir un quiebre en los aliados en un momento en que Alemania veía perdida la guerra. La maniobra no resultó al considerar Inglaterra y Estados Unidos que era mejor ignorar el repudiable crimen masivo realizado por su aliado. En 1944, los soviéticos volvieron a exhumar los restos para intentar demostrar que estos polacos habían sido asesinados por los alemanes. Sólo al desaparecer la URSS, las nuevas autoridades rusas dieron a conocer la realidad de lo sucedido.
Otro caso de exhumación masiva se ha hecho en Bosnia-Herzegovina durante 2004 y 2005, producto de la masacre de bosnios musulmanes de Srebrenica en 1995. Allí han sido removidos miles de cadáveres enterrados por los serbios en múltiples fosas. Más de 2500 víctimas han sido identificadas y enterradas formalmente. El penoso trabajo de identificación continúa aún en la actualidad y se estima que demorará varios años.
Barbarie en Lonquén.
A escasos días después del golpe militar se desató una oleada de violencia y muerte sobre los campesinos a lo largo del país. Los afectados por la reforma agraria vieron en la caída del gobierno de la Unidad Popular la ocasión propicia de venganza al constatar el estado de indefensión absoluta de los campesinos. Las nuevas autoridades, en vez de cautelar su integridad, instaba a su asesinato y participaban en ello. Mayor confianza aún les daba la abstención de los tribunales de justicia para impedir su criminal acción. Entró a regir el terrorismo de Estado violando el derecho fundamental a la vida de los partidarios del gobierno depuesto. Las fuerzas armadas y carabineros, en vez de cumplir su rol de garantes de la seguridad pública, ejercieron el papel de sádicos verdugos. La vida humana fue depreciada a un grado inverosímil La extrema derecha quiso dar una lección para que “nunca más” los campesinos pretendieran arrebatarles las tierras a los hacendados. Un ejemplo de este desamparo ocurrió en Osorno, el 18 de septiembre de 1973, cuando trece personas, durante el toque de queda, fueron aprehendidas por carabineros quienes las entregaron a un grupo de civiles que ocultaban su identidad utilizando gorros pasamontañas. Éstos las trasportaron en un camión hasta el río Pilmaiquén, en donde se les obligó a formarse contra la barrera del puente y se procedió a ultimarlas fríamente, disparándoles a quemarropa. Como cada verdugo se encargaba de una de las víctimas, al que le correspondía la alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Ester Valderas, le falló el arma, circunstancia que ella aprovechó para lanzarse al río y tuvo la fortuna de no recibir ningún impacto de la lluvia de balas disparada por los victimarios cuando se encontraba en el agua. La bienaventurada Blanca se escondería prudentemente por largo tiempo, entregando después irrefutable testimonio como testigo presencial del múltiple asesinato. Otro representativo ejemplo de conducta criminal de carabineros fue la actuación del capitán Adrián Fernández y del sargento Eliseo Águila, de la Comisaría de Rahue, que ejecutaron sin miramiento alguno a varios campesinos y a dirigentes de la Unidad Popular en las semanas siguientes al golpe militar.
En este nefasto contexto, el 7 de octubre de 1973, once obreros agrícolas fueron arrestados por una patrulla de carabineros de la tenencia de Isla de Maipo, a cargo del teniente Lautaro Castro Mendoza, y transportados en una camioneta perteneciente al dueño del fundo donde se encontraban las casas de los detenidos. Inicialmente se detuvo a cinco miembros de la familia de Sergio Maureira Muñoz (el padre y sus cuatro hijos), después a Enrique Astudillo Rojas y sus dos hijos y, ya en la noche, a Oscar Hernández Flores y sus dos hermanos. En la detención, los carabineros actuaron con inusitada brutalidad, registrando las habitaciones y aterrando a las familias. Además, en la plaza del pueblo, fueron detenidos cuatro jóvenes, Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Los detenidos fueron paseados por las calles del pueblo amarrados y tendidos sobre el piso de la camioneta y parados sobre ellos los carabineros, con el evidente propósito de amedrentar a la población. A la una de la mañana del día 8, fueron conducidos a Lonquén, al predio de la Cooperativa Agrícola El Triunfador, a 14 kilómetros de Talagante, en donde se hallaban dos hornos de unas minas de cal abandonadas. Allí se les hizo bajar del vehículo y, en un frenesí desbocado de odio y salvajismo, golpeados hasta morir, según se confirmaría en un análisis de los restos hechos varios años después en Estados Unidos, que aseguraría que la muerte había sido producto de “lesiones traumáticas contundentes”. Posteriormente sus cuerpos fueron introducidos en uno de los hornos, procediendo luego a tapiar su entrada. Se presume que algunas de las víctimas aún se encontraban con vida. Tenían entre 17 y 51 años. Al día siguiente los familiares fueron informados en la tenencia que los aprehendidos habían sido llevados al Estadio Nacional para ser interrogados. Concurrieron a ese recinto deportivo, pero allí se les dijo que no existía registro de su ingreso. En el SENDET les comunicaron que la entidad “no tenía ni había tenido nunca información sobre ellos” Desde ese día pasaron a la condición de detenidos-desaparecidos. La brutal actuación de estos carabineros aparece tan insensata e inútil dado que aquellos modestos campesinos no eran una amenaza para nadie. El gobierno militar había controlado la situación en muy pocos días y esta abominable matanza ocurrió casi un mes después del golpe de estado
Pasaron cinco años sin tener datos sobre estos infortunados trabajadores agrícolas, pese a los denodados esfuerzos de sus familiares para encontrarlos. El ministro del Interior, Sergio Fernández, en mayo de 1978 había declarado deshonestamente sobre las denuncias de los familiares de los detenidos desaparecidos, incluidos los de Isla de Maipo “Es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización”. Seis meses después su cínica posición quedaría implacablemente desvirtuada por la realidad. A mediados de noviembre de 1978, un anciano cuyo hijo había desaparecido después de ser capturado por agentes no identificados, lo buscaba incesantemente en la zona de Talagante. Acogiendo rumores que circulaban entre la gente del lugar, encontró los cuerpos en descomposición de varias personas en los hornos abandonados de la antigua mina de cal en Lonquén. Después de meditarlo mucho, valerosamente llevó la espeluznante información de su hallazgo a la Vicaría de la Solidaridad. El sacerdote Cristián Precht y el abogado Javier Luis Egaña comprobaron en el terreno el aterrador descubrimiento, pero postergaron la denuncia hasta después de terminado el Simposio Internacional sobre Derechos Humanos que se desarrollaba esos días en Santiago. No se atrevieron a hacerlo durante el curso reunión internacional, por temor a que el gobierno calificara la revelación como una traidora maquinación en contra del gobierno militar. Consecuentemente, el 30 de noviembre, cinco días después de finalizado el Simposio, la plana mayor de la Vicaría, encabezada por el obispo Enrique Alvear, acompañada del abogado Máximo Pacheco y de los periodistas Jaime Martínez y Abraham Santibáñez de las revistas Qué Pasa y Hoy visitaron el lugar de la masacre. Encontraron los restos de los 15 detenidos en Isla de Maipo en uno de los hornos abandonados, cuya chimenea se encontraba se encontraba bloqueada por una masa de hierros y enrejados que ocultaban una mezcla de osamentas humanas, ropa, cal y piedras La cal no había alcanzado a ejercer la acción destructora que esperaban los verdugos.
El 1° de diciembre de 1978 se efectuó la denuncia formal ante el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, quien nombró a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, quien, el 6 de ese mes, por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema sería reemplazada por el juez en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra,
La versión del entonces capitán Castro ante el juez Bañados fue de caracteres tan absurdos e inconsistentes que el magistrado la declaró “intrínsicamente inverosímil”. Relató Castro al juez: “Carabineros el 8 de octubre de 1973, alrededor de las 01.00 horas, trasladaban a los detenidos al Estadio Nacional. Deteniéndose en Lonquén, porque uno de los detenidos habría comunicado que en esa mina abandonada del área existía armamento oculto. En ese lugar bajaron los detenidos y mientras caminaban en dirección a los hornos, se produjo un ataque con armas de fuego desde los cerros cercanos contra la totalidad del grupo. Como resultado de dicha acción habían resultado muertos la totalidad de los detenidos, sin producirse bajas en los uniformados. Ante el temor de represalias por parte de los familiares de las víctimas, el oficial a cargo decidió ocultar los cadáveres en los hornos abandonados”. El juez Bañados fue lapidario en desvirtuar lo dicho por el capitán Castro, expresando en su dictamen: “La versión para tratar de explicar la muerte de los prisioneros no sólo se contrapone al mérito de los autos en múltiples aspectos y detalles, en particular, al número, desde luego, al número de víctimas, sino que resulta intrínsicamente inverosímil (…) en ninguno de los restos se comprobó señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de armas de fuego impactando en un organismo vivo, por lo que la causa de muerte de las quince personas hay que atribuirla a otra causas” “En ninguno de los quince restos esqueléticos estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirlas a otras causas”. Bañados, luego de precisado lo ocurrido, el 4 de abril, se declaró incompetente, pasando el caso a la Justicia Militar.
El fiscal militar, Gonzalo Salazar, encargó reos a los funcionarios de carabineros en calidad de “autores de delito de violencia innecesaria, causando la muerte”. El proceso fue inusualmente breve sobreseyéndose el 16 de agosto de 1979 mediante la aplicación de la ley de amnistía 2.191 de 1978 a la cual habían recurrido los reos. La Corte Marcial confirmó la resolución absolutoria el 22 de octubre de 1979
El director del Instituto Médico Legal, Claudio Molina Fraga, hizo todo lo posible para minimizar lo ocurrido a los campesinos de Isla de Maipo cuando fueron llevados al IML. Este psiquiatra, enfrentado a la disyuntiva de cumplir cabalmente con las obligaciones de su cargo o encubrir la acción genocida de la dictadura, optó por esto último. No precisó que las víctimas habían fallecido a causa de lesiones traumáticas contundentes, lo que sería demostrado en nuevas autopsias realizadas en Texas. Además, contravino la orden del fiscal militar, en orden a entregar los restos a los familiares que los esperaban en la iglesia Recoleta Franciscana el 12 de septiembre de 1979. En horas de la madrugada, personal del IML, obedeciendo sus instrucciones, los llevó al cementerio de la Isla de Maipo para ser sepultados en una fosa común.
En 1980, el nuevo propietario del fundo Lonquén, partidario de la dictadura, hizo dinamitar los hornos para evitar que el lugar continuara siendo lugar de peregrinaje de parientes y amigos de los 15 asesinados
En el 2006, los restos fueron exhumados y enviados al Health Science Center de la Universidad de Texas. Este laboratorio, en febrero de 2010, entregó la identificación de 13 de los 15 detenidos a los abogados de los familiares de los asesinados en Lonquén. El 28 de marzo del 2010 se celebró el funeral solemne en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo Así se cerró este horrendo episodio de la dictadura.
Exhumación masiva. Operación retiro de televisores.
El descubrimiento de cadáveres en los hornos de Lonquén produjo espanto mundial, pero fue bastante acallada por los medios en Chile. Ante la indesmentible ocurrencia de la masacre, Pinochet tuvo la opción de dar a conocer dónde se encontraban los cuerpos de los asesinados en otros sitios del país, como lo pedía la Iglesia, o persistir en su negación de los crímenes y que, con el inexorable paso del tiempo, todo fuese olvidado. Aún cuando confiaba en permanecer en el poder hasta su muerte, como Francisco Franco, quiso tomar precauciones para garantizar su impunidad. Si algo salía mal, podría atribuir la responsabilidad a los diferentes comandantes jurisdiccionales como lo había hecho en el caso de la “caravana de la muerte”. Consiguientemente, optó por hacer desaparecer definitivamente todos los restos de las víctimas de su régimen. Según su creencia, sin existencia de cuerpos no podría acreditarse delito alguno y los eventuales procesos deberían ser sobreseídos. A fines de 1975, había ya ordenado la exhumación masiva de los 26 ejecutados en Calama de la comitiva de Arellano Stark ante la eventualidad que sus familiares los encontraran. Esto era altamente probable dado que los buscaban incansablemente en el desierto debido a la información de un minero de haberlos casualmente ubicado. Mediante un criptograma había mandado desenterrarlos y, envueltos en sacos, ser lanzados al océano desde un C 47 de la FACH Esta exhumación fue como un modelo previo de lo que iba a ocurrir a lo largo del país con los restos de los desaparecidos. Pinochet, en las postrimerías de 1978 se encontraba ensoberbecido debido a que durante ese año había logrado imponer su criterio en varios importantes conflictos. Pese a la oposición de Leigh, Merino, Alessandri, el contralor Humeres, González Videla y la mayoría de la Conferencia Episcopal, había impuesto la realización de la consulta de enero para descalificar la condena de la ONU por violación a los derechos humanos y darse cierta legitimidad en el poder en un seudo acto eleccionario En abril había promulgado la ley de amnistía que aseguraba impunidad a los crímenes cometidos desde 1973. El otro éxito fue el desembarazarse del general Gustavo Leigh, destituyéndolo de la Junta de Gobierno. No le temía a la posibilidad de guerra con Argentina dada su gran afinidad con el general Videla y su acción conjunta en la operación Cóndor. Su megalomanía, aflorada en 1973, iba en creciente aumento Así, un endiosado Pinochet, considerándose omnipotente (te crees Dios le increpaba Leigh), a finales de 1978, envió a todas las unidades militares del país el criptograma categoría A-1 – máxima urgencia- bajo su nombre, ordenando desenterrar los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento respectivo y hacerlos desaparecer. La disposición amenazaba con “pasar a retiro” a cualquier comandante de regimiento si, después de la orden de limpieza, en su jurisdicción, se descubrían cuerpos de desaparecidos. Se denominó “operación de retiro de televisores” Con esta despiadada acción, Pinochet desaprovechó la oportunidad de atenuar el pesar de los familiares al permitir darle sepultura a sus deudos. Si hubiese actuado con humanidad habría facilitado la reconciliación, pero primó el intento quedar como inocente de los crímenes que eran de su directa responsabilidad. Se insistió en la versión que habían muerto en enfrentamientos y retirados por sus compañeros para sepultarlos o bien que habían abandonado clandestinamente el país. Inverosímil subterfugio que ahondaba el sufrimiento y resentimiento de los familiares. Pinochet y sus asesores creían que, si se encontraban algunos pequeños restos dispersos y mezclados, iba a ser imposible la identificación debido al paso de los años y la consiguiente degradación. Sin embargo, el rápido avance tecnológico mediante el ADN mitocondrial, nuclear y del cromosoma sexual masculino (Y) en dientes y huesos haría posible tal identificación en laboratorios internacionales altamente especializados.
Pese a que todos los antecedentes acreditaban sin lugar a dudas la autoría de las fuerzas armadas y carabineros de la acción genocida agravada por la exhumación masiva, éstos negaron recalcitrantemente su participación. El pacto de silencio no se quebrantó hasta la celebración de la Mesa de Diálogo en 1999. Paradojalmente, quien precipitó este reconocimiento fue el propio Pinochet. Los uniformados se vieron forzados a participar en dicha Mesa para apoyar su retorno desde Londres. Era preciso demostrar al mundo que los uniformados chilenos estaban llanos a colaborar para que en Chile hubiese verdad y justicia. Lo difícil e ingrato para los militares fue el reconocer su conducta criminal que habían calificado como calumnias de los marxistas y que cientos de veces habían rotundamente negado El general ® Jorge Ballerino, estrecho asesor de Pinochet, graficaría la situación diciendo “caímos en una trampa” . Es evidente que esto nunca hubiera ocurrido si Pinochet no hubiese sido detenido en Londres. Esto explica las descalificaciones y manifestaciones de odio hacia el juez Garzón por parte de los generales® Garín, Villarroel, Cortéz-Villa y del coronel ® Labbé y las acusaciones que el gobierno de Frei Ruiz-Tagle no defendió apropiadamente el honor de la patria tan gravemente agraviado.
Ejemplos emblemáticos de exhumaciones ilegales.
Los mártires de La Moneda.
El 11 de septiembre acudieron al palacio presidencial los asesores, funcionarios, varios médicos y algunos miembros del GAP que lograron arribar a la Moneda El grupo estaba conformado por miembros del GAP y por destacados profesionales, asesores del presidente Allende, cuyo anhelo era proporcionar a los más desvalidos una vida digna en un mundo más igualitario, solidario y justo. Ese fatídico 11 de septiembre, los sobrevivientes de La Moneda abandonaron el palacio embargados de desgarrador dolor por la muerte del presidente Allende, pero con admiración acrecentada por su heroica conducta Al salir a la calle Morandé, se vieron enfrentados a la amenaza de un oficial que pretendía pasar su tanque sobre sus cuerpos, lo cual fue evitado por el general Javier Palacios. Por orden de este oficial fueron liberados varios médicos. En la tarde fueron llevados al regimiento Tacna los GAP y los asesores Jaime Barrios, gerente del Banco Central, Eduardo Paredes, Enrique París, Sergio Contreras, Enrique Huerta, Daniel Escobar, Claudio Jimeno, Georges Klein, Héctor Pincheira y Arsenio Pupin . Allí serían víctimas del trato más vil y degradante posible de imaginar por parte de miembros del Ejército, cuyo comportamiento mancillaría a la Institución Fueron cruelmente torturados, pisoteados, permanentemente golpeados y reiteradamente avisados que iban a ser ejecutados. Incluso un sacerdote les ofrecía la extremaunción, que consta fue categóricamente rechazada por el doctor Enrique París, destacado miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile Los responsables fueron el comandante del Tacna, coronel Joaquín Ramírez Pineda y su superior el general Herman Brady. Al mediodía del 13, 21 de ellos, amarrados con alambres fueron conducidos en un camión militar al fuerte Arteaga en Colina. Allí colocados al borde de un profundo pozo fueron ejecutados mediante disparos de ametralladora que los hacía caer en el socavón. Al momento de ser ajusticiados, ante la ira de sus verdugos, valientemente, profirieron vivas a Allende y a la revolución socialista. Terminada la brutal matanza, los militares lanzaron granadas para destruir sus cuerpos y comenzar a tapar el foso. Esta horrenda matanza se hizo violando flagrantemente los Convenios de Ginebra que los militares debían respetar, especialmente al declarar el día anterior “Estado o tiempo de guerra”, mediante el DL N°5.
Las gestiones de los familiares para conocer el destino de los detenidos en La Moneda, no dieron resultado alguno. El regimiento Tacna negó reiteradamente que hubiesen estado en ese lugar, pese a muchos testimonios que atestiguaban lo contrario. El Mercurio aportó a la desinformación publicando la falsa noticia que Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, había muerto en un enfrentamiento el 16 de septiembre de |973.
Mediante una retroexcavadora, los cuerpos fueron exhumados el 23 de diciembre de 1978. Según un subteniente que ayudó a localizar el sitio de la matanza, la orden fue dada por el general Enrique Morel Donoso y la operación comandada por el coronel Hernán Canales. Luego, de extraídos los cadáveres, el personal de inteligencia a cargo del capitán Luis Fuenzalida los introdujo en sacos. Posteriormente fueron subidos a un helicóptero que los lanzó al mar a la altura del balneario de Quintero
La ministra en visita, Amanda Valdovinos, a cargo de la verificación de la información obtenida de la Mesa de Diálogo, ubicó el sitio de ejecución a fines de 2001. En enero de 2002 se encontraron en el lugar más de 400 fragmentos de cráneos, mandíbulas, vértebras y dientes. En 1995. los restos de los médicos Eduardo Paredes y Enrique París fueron erróneamente identificados entre los sepultados como NN en el patio 29 del Cementerio General. Se les realizó la correspondiente ceremonia fúnebre. Después se supo que habían sido mal determinados. Solamente en octubre del 2010, los restos de Enrique París y Héctor Pincheira fueron identificados en Innsbruck, Austria, entre los encontrados en Peldehue y por fin pudieron ser sepultados acertadamente.
Las acciones legales para castigar a los culpables de las exhumaciones llegaron a un punto muerto en 2007, al declarar los jueces “La acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo, debiéndose aplicar el beneficio de la prescripción. El delito de inhumación y exhumación ilegal de los cuerpos de estos prisioneros, sólo constituyó una violación del Código Sanitario, según el Código Penal y está lejos de configurar un delito de lesa humanidad”
La masacre del 16 de octubre de 1973.-
La localidad de Paine posee el trágico privilegio de contar con el mayor número de detenidos desaparecidos en el país, en relación a su población. Se contabilizan alrededor de 100 casos. Una de las matanzas ocurrió el 16 de octubre de 1973. Ese día fueron detenidos 22 personas por una patrulla militar con caras pintadas o rostros cubiertos con pasamontañas, comandada por el teniente Andrés Magaña Bau. Este oficial atestigua que recibió la orden de ejecutarlos del coronel director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Leonel König Altermann, quien le entregó una lista de las víctimas. -este oficial se suicidaría en su oficina en junio de 1979, al ser citado a declarar-. La mayoría eran campesinos, pero entre ellos se encontraba el industrial Andrés Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira Los condujeron a la quebrada de Los Arrayanes, localizada en Litueche, sector del lago Rapel Allí fueron fusilados y enterrados . A fines de 1978, Magaña, a petición de inteligencia militar, entregó un plano del lugar de ejecución para la exhumación de los cuerpos. Este mismo oficial, en octubre del 2005, confesó que los restos habían sido arrojados al mar.
En octubre 2007 se encontró el lugar de la masacre, después de un intento frustrado por información incorrecta de Magaña, gracias a que otro integrante de la patrulla proporcionó el sitio exacto. Allí, en el fundo Cerro Alto, durante 3 meses trabajaron 25 peritos del SML, Carabineros e Investigaciones Se hallaron 2 cráneos, 295 fragmentos óseos, incluidas 76 piezas dentales, pedazos de vidrios ópticos, un trozo de un marco de lentes, zapatos, ropa, 3 anillos, 100 vainas de fusil y revólver y 150 proyectiles percutados.
En junio 2009, el juez Héctor Solís, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, exhibió los restos culturales a los familiares y les comunicó que los restos óseos habían sido enviados a un laboratorio especializado de Innsbruck, Austria, para su identificación. El 11 de junio 2010, este magistrado dio a conocer la identificación de 9 de los ejecutados, entre ellos, Andrés Pereira. Se encuentran enjuiciados actualmente por la masacre Andrés Magaña, José Vásquez y el civil Juan Quintanilla.
Matanza en Chihuío.
El 9 de octubre de 1973, una caravana de 7 vehículos militares del regimiento de Caballería Cazadores de Valdivia y del Maturana de La Unión, se dirigió al complejo maderero Panguipulli. El grupo, que se componía de alrededor de 90 efectivos, iba a cargo del comandante de escuadrón capitán Luis Osorio. En los pueblos de Curriñe, Chabranco, Llifén y Futrono fue deteniendo a obreros forestales, dirigentes sindicales y a campesinos, completando 17 individuos, según una lista que portaban. La mayoría eran miembros del sindicato “Esperanza del Obrero”. Uno de los detenidos, Fernando Mora, era menor de edad. Todos eran gente humilde que se encontraba en su lugar de trabajo, confiando en las promesas del régimen militar que sus vidas y sus derechos iban a ser respetados. Américo González Torres, dueño del fundo Chihuío, quien había formulado denuncias sobre estos trabajadores, calificándolos de “agitadores”, asesoró las detenciones Esa misma noche, la comitiva los condujo al sector Termas de Chihuío, cercano a Neltume, en donde se procedió a masacrarlos con corvos en sector próximo a la Hostería de las termas. Al día siguiente, un habitante del lugar, que conocía a muchas de las víctimas, encontró un macabro escenario de inconcebible ensañamiento. Había grandes charcos de sangre, la mayoría presentaba cortes en las manos y abdomen con exposición de vísceras, algunos habían sido degollados, a otros se les había cercenado sus testículos, no observó heridas de bala, pese a que esa noche se habían escuchado disparos. Permanecieron cubiertos solo por algunos troncos y ramas durante varios días y finalmente sepultados en varias fosas cavadas por efectivos del Ejército. Esta demora fue una forma de intimidación a la población de la zona. Por orden de un juzgado militar de Valdivia se emitieron certificados de defunción, acreditándose el fallecimiento mediante el testimonio de dos soldados con domicilio en el Regimiento Cazadores, forzados a servir de testigos. En todos estos documentos figuran muertos a las 22.30 del 9 de octubre de 1973 en Liquiñe, consignándose por causa no precisada. Las asistentes sociales del Ejército les hicieron ver a las cónyuges que en esta forma se les ayudaba para que cobraran pensiones de viudez. Consultado el general Héctor Bravo por un hermana de uno de los fallecidos, respondió que “se habían enfrentado con los militares, por lo cual resultaron muertos”. Este general hizo investigar lo acontecido por un fiscal militar, quien llegó a la conclusión que la patrulla había sido atacada con disparos de fusil, ataque que repelieron, resultando muertos todos los detenidos, sin que se produjeran heridos ni muertos dentro de la comitiva militar. Destaca la similitud con la inverosímil versión dada en el caso Lonquén, apareciendo como una copia de ella. Por su parte, el entonces coronel Sinclair, jefe del regimiento Cazadores, recordó que ese día de octubre recibió una llamada telefónica de Santiago para enviar camiones a Lanco para una operación reservada, que no supo en que consistió.
A fines de 1978, personal de inteligencia del Ejército, vestido de civil, requirió la colaboración del terrateniente Américo González para ubicar el sitio de las tumbas. Localizado el lugar, se procedió a la remoción de los cadáveres, sin que los autores hayan revelado adonde fueron llevados. El ministro en visita, Nibaldo Segura, el 17 de junio de 1990 encontró 3 fosas de donde hizo exhumar los restos que quedaron después de su remoción por los militares. Eran tan escasos que se consideró inútil ser sometidos a proceso de identificación. Así, el 26 de agosto de 1990 fueron velados en un solo féretro y luego sepultados en el cementerio de Valdivia. Ese mismo año 1990, se encontraron en dicho camposanto varios esqueletos que presuntamente correspondían a las víctimas, que fueron enviados al IML
En marzo del 2003, el juez Alejandro Solís procesó por secuestro en el caso Chihuío al capitán Luis Osorio, al teniente de Carabineros Luis Osses, al general /R) Jerónimo Pantoja, ex comandante del regimiento Maturana y al general ® Héctor Bravo, jefe de la IV División del Ejército, con sede en Valdivia, a la fecha de los hechos . Ofició al SML en mayo del 2005 para que informara sobre los peritajes realizados. Al no tener respuesta, emitió su sentencia en 2006 condenando a los dos primeros a 10 años de prisión. En junio de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó el fallo por la inexistencia de informe del IML que avalara la identidad de las víctimas, entregando el caso al juez Jorge Zepeda. El 15 de noviembre de 2007 informó el IML “no es posible establecer la identificación personal a los restos óseos en los exámenes médico legales hasta ahora realizados” A mediados del 2008, el IML, remitió muestras de Chihuío, Paine y Calama a laboratorios internacionales especializados en identificación en base a remanentes óseos, dada la imposibilidad de hacerla en el país.. El magistrado Zepeda falló en julio del 2009, sin aplicar la amnistía ni la prescripción que invocaban los acusados, al considerarlos delitos de lesa humanidad reconocidos por el Derecho Internacional. Sin embargo, rebajó la condena de Osorio a 7 años y a Osses a 3 años con el beneficio de libertad vigilada.
Remoción incompleta en Pisagua.
Existen antecedentes que indican que en Pisagua fue asesinado un elevado número de prisioneros, se calcula alrededor de 150.. En diciembre de 1978 se hizo la remoción de cadáveres ordenada por Pinochet. Sin embargo, es obvio que se pasó por alto una de las fosas. El hallazgo de ella provocaría uno de los mayores episodios de furia de Pinochet. Su perentoria orden de exhumación no había sido cumplida. Ocurría este descubrimiento cuando él estaba cuestionando la formación de la comisión Rettig al considerarla una afrenta a su gobierno, una maniobra marxista contraria al olvido y a la reconciliación. No había quedado satisfecho con la inclusión en ella de dos de sus fervorosos partidarios, Gonzalo Vial y Ricardo Martín. La indignación de Pinochet tenía fundamentos, pues los casos del hallazgo de esta fosa intacta mostrarían fehacientemente que los militares habían violado el derecho humano fundamental: la vida de los occisos, ante lo cual la Comisión no podía callar. Con nombres y apellidos se demostrarían aberraciones inimaginables. Casos de personas fríamente ejecutadas, aduciendo después aplicación de ley de la fuga. Consejos de guerra hechos con posterioridad a la ejecución. Individuos juzgados sin su comparecencia en lugares distintos adonde estaban prisioneros. Abogados defensores a los cuales se les negó el acceso a la acusación. Prácticamente, en ningún caso hubo un debido proceso.
El 31 de mayo de 1990, la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión de Derechos Humanos presentaron en el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal. Se basaba en el testimonio entregado por Alberto Neumann, quien guardaba indeleblemente en su memoria las ejecuciones y la inhumación allí realizadas, pese al paso de los años. Este médico de Valparaíso había sido obligado por el teniente coronel Ramón Larraín a presenciar al salvaje episodio y comprobar si los fusilados se encontraban aún con vida, para darles el tiro de gracia. Recordaba con detalle el sitio del suceso y lo comunicó en 1989 a la Vicaría que decidió esperar hasta el término del gobierno militar. Después de marzo de 1990, debió retardarse la comunicación un tiempo más, porque el acceso se encontraba obstaculizado por una barrera militar Finalmente, el 2 de junio, en el lugar cercano al cementerio de Pisagua indicado por Neumann, fueron encontrados 19 cadáveres. Pese a haber estado cubiertos solo por arpillera, la sal había permitido que los cuerpos se conservaran intactos junto con sus vestimentas, amarras, vendas, las marcas de impactos de bala e incluso sus expresiones de sufrimiento. Se procedió a la correspondiente investigación judicial por el ministro en visita Hernán Sánchez Marré de la Corte de Apelaciones de Arica, quien citó a declarar a testigos y familiares e identificó a los exhumados. Según la autoridad militar, algunos habían sido dejados en libertad, a otros se les había aplicado la ley de la fuga y la mayoría condenados en consejos de guerra. Destacaba entre los ajusticiados el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas, sometido a juicio por el siniestro fiscal militar Mario Acuña Riquelme, quien anteriormente había sido sometido a proceso por el CDE por tráfico de estupefacientes. Se encontraba entre los muertos Manuel Sanhueza sobre el cual se había informado a su familia que, en su traslado desde Valparaíso, se había fugado y ahogado al lanzarse al mar La investigación fue interrumpida por petición de incompetencia hecha por la Justicia Militar y la causa pasó al Séptimo Juzgado Militar de Arica, que aplicó la ley de amnistía en 1992. Este fallo fue apelado por los abogados de la Vicaría, pero la Corte Suprema confirmó la amnistía, pese a que era evidente la vulneración de los Convenios de Ginebra que hacía improcedente su aplicación. Esta ratificación fue reflejo de la composición del Tribunal Supremo, integrado por magistrados nombrados por el ministro de Justicia, Hugo Rosende, quien tuvo la precaución que solo ascendieran a ella jueces probadamente obsecuentes con la dictadura.
Exhumaciones en la colonia Dignidad
Cuando se realizó la exhumación masiva, la resolución de Pinochet también llegó a la colonia Dignidad que había sido centro de torturas y exterminio. Existió allí un subterráneo de pequeñas celdas, herméticamente cerradas y a prueba de ruidos para obtener información de los prisioneros, sin que los residentes tomaran conocimiento de esta actividad. En la práctica, villa Baviera fue una dependencia de la DINA, acogiendo detenidos de toda la zona central del país. Los alemanes demostraron su eficiencia en hacer desaparecer los restos de los detenidos-desaparecidos en el enclave germano que, conservadoramente, se estima que fueron alrededor de 100. Paul Schäffer, al enterarse de la orden de remoción de los cadáveres dada por Pinochet, dispuso: “Hay que limpiar el fundo. ¡Sáquenlos y desháganse de ellos! Luego, bajo su directa supervisión, Rudi Collen y Willy Malessa, los mismos colonos que habían efectuado las inhumaciones, realizaron el desentierro de los cuerpos. Utilizaron un método más científico y efectivo que el empleado por los militares chilenos. Con la misma retroexcavadora con que habían sido cavadas las fosas y sepultados los asesinados, desenterraron sus cadáveres ya putrefactos, cuidando que no quedara ningún resto de ellos. Enseguida, introdujeron cada cuerpo en un saco bien atado y luego lo insertaron dentro de otro que contenía fósforo, elemento que actúa sobre la materia orgánica, destruyéndola hasta reducirla a cenizas. Una vez que la sustancia química desintegró íntegramente los restos humanos, las cenizas fueron llevadas al río Perquilauquén, que cruza el predio, en donde se arrojaron para hacer desaparecer definitivamente todo vestigio. Varios intentos posteriores de excavaciones para ubicar restos dentro del recinto de la colonia han resultado infructuosos.
Patética justificación de las exhumaciones.
Sólo a lo largo de los años se fueron conociendo datos acerca de esta masiva y tenebrosa maniobra de remoción de cadáveres que tuvo el cobarde propósito el borrar las huellas de los crímenes de la dictadura, para garantizar impunidad. Los partidarios incondicionales de Pinochet, en un intento por justificar tan abominable acción del dictador, aducen que fue necesaria para fortalecer el espíritu patriótico de la ciudadanía ante la amenaza de guerra con Argentina. Así, en el 2000 el general ® Odlanier Mena, ex director de la CNI, declaró “El hallazgo de los cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía razón para ir a la guerra y que apoyara a sus fuerzas armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos “lonquenes”, el frente interno se iba a dañar. Por esto, los comandantes en jefe resolvieron que las unidades no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubieran en cada zona” . Sin embargo, el mayor ®, Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen de Tucapel Jiménez, afirmó en entrevista el 18 de enero de 2009 a LND “el desentierro de los cuerpos se hizo bajo el mando de Odlanier Mena”.
El Cuerpo de Generales, cuando se encontraron tantos lugares de remociones de cadáveres, emitió una declaración dejando claramente de manifiesto que el Ejército y Pinochet eran una sola entidad. Expresó este comunicado, demostrativo de obcecación y de cuestionable racionalidad: “(…) Es sabido que cuando se quiere desprestigiar a los vencedores se les culpa de crueldad, de excesos criminales y, sobretodo, de ejercer un castigo desproporcionado a la capacidad ofensiva de las fuerzas derrotadas (…) En nuestro caso, estamos seguros de que la victoria de la libertad no se hubiera obtenido sin el empleo de acciones severas y disuasivas que ejecutaron las Fuerzas Armadas y Carabineros”
Testimonios de participantes en la operación de exhumaciones masivas.
El secreto de la exhumación masiva fue guardado durante años, acatando los uniformados el pacto de silencio. Influyó en esta rígida observancia la permanencia de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército. Pero, después de la Mesa de Diálogo, suboficiales sometidos a interrogación judicial, revelaron la existencia de la orden de exhumación y de su cumplimiento por parte de Inteligencia del Ejército.
El sargento en retiro, Juan Carlos Balboa Ortega atestiguó ante el juez Juan Guzmán: “A fines de 1978 se recibió en la sección de Inteligencia un criptograma secreto proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, en ese entonces el Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades. En resumen, ese documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual se ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar”
El oficial Pedro Rodríguez Bustos dio una versión concordante con la de Balboa, al testificar: “El año 1978 se recibió una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso; dicha orden tenía como referencia la orden de la comandancia en jefe del Ejército, la que fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país. Debo agregar que, en lo puntual, la orden disponía que los comandantes de regimientos debían reunirse con el personal de oficiales y especialmente con el personal de suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974”.
En enero del 2003, el suboficial Jaime Müller Avilés, disgustado por las expresiones de Pinochet a un canal de televisión de Miami, envió una carta al general Cheyre, con copia al Auditor General del Ejército y a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta misiva, que se incorporó al expediente del juez Guzmán, expresaba:
“Con mucho dolor he tenido conocimiento a través de los años de entrevistas concedidas por superiores de la institución, pero, lo que me ha hecho reaccionar con indignación y sorpresa ha sido la última dada a conocer por los medios de comunicación oral y escrita del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, donde, entre otras cosas, culpa a sus subalternos de lo acontecido durante su gobierno a partir de 1973, en lo que dice relación a las violaciones de los Derechos Humanos.
Señor Comandante en Jefe es inconcebible y doloroso, darse cuenta que la institución a la que se le entregó parte de la vida, lealtad, obediencia y respeto, nos considere la nada misma.
Señor Comandante en Jefe, como auxiliar de inteligencia, desde el año 1977 y hasta 1986, me tocó conocer un sinnúmero de situaciones como por ejemplo la que viví en 1978 al cumplir órdenes superiores con respecto al Plan “Retiro de Televisores”, que no fue otra cosa que sacar desde cementerios o fosas comunes a un número indeterminado de ejecutados políticos, cuyo destino final lo guardo en reserva.
Afortunadamente, y Dios es testigo de que ni mis manos ni mi conciencia están manchadas con sangre de algún ser humano, sólo haber cargado en mis espaldas cuerpos que por órdenes de quien hoy se auto cataloga como “Ángel” tuve que cumplir”
Corolario.- Los uniformados chilenos quebrantaron el honor militar al actuar como una pandilla de criminales para eliminar a partidarios del gobierno depuesto. Agravaron su deshonra al pretender hacer desaparecer definitivamente los cadáveres mediante su exhumación para lograr impunidad Obtuvieron una victoria militar contra un enemigo inerme, al cual declararon una guerra imaginaria, con lo cual se auto infringieron una inmensa derrota moral. Debido a su incondicional devoción a Pinochet, que se mantuvo hasta su muerte, deberán pasar varias generaciones para que el Ejército recupere el prestigio que tuvo antes del golpe de 1973. Los generales llegaron al extremo de culto a la personalidad al nombrarlo en marzo de 1990 “Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile”.
Artículo escrito en memoria de Enrique París Roa.
La exhumación se considera una profanación inaceptable en la mayoría de las culturas y solo se admite al ser dispuesta legalmente Se valora como un derecho básico dar una sepultura digna a los muertos. El caso chileno de remoción masiva de los restos de los detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos de la dictadura fue un acto brutal y despiadado. Constituyó una demostración máxima de ultraje a las víctimas y a sus familiares ejecutado por agentes del Estado, fríamente planificada. No parece existir en la historia un acontecimiento semejante, solo podría equipararse a la sistemática incineración de los cuerpos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Primó en la mente del dictador el asegurar la impunidad para él y sus subalternos, “mis hombres”, como él solía decir. Su racionamiento fue que no se podía configurar un delito si desaparecían definitivamente los cuerpos. Sus frustrados estudios de abogacía y su restringido criterio lo llevaron a proceder de esa forma. Al actuar en esta tenebrosa manera, acentuó su desprestigio internacional, lo cual influiría en su contra cuando fue detenido en Inglaterra en octubre de 1988. En cierto modo, Augusto Pinochet fue un “revolucionario” de la práctica de las exhumaciones, así como Heinrich Himmler en la “solución final” para exterminar a los judíos.. Esta carencia total de conmiseración hacia sus víctimas lo hizo adjudicarse un lugar privilegiado entre los más crueles dictadores, a la altura de Hitler, Stalin o Pol Pot, superando por lejos a sus similares latinoamericanos. Por ello su recuerdo continúa siendo traumático.Casos de exhumación masiva en la historia actual se han realizado para desvelar escenarios de masacres condenadas internacionalmente. En 1943, los alemanes efectuaron una exhumación masiva en el bosque de Katyn. Allí habían sido enterrados en fosas comunes más de 4.000 oficiales e intelectuales polacos masacrados por los soviéticos por orden de Stalin. Los germanos propiciaron un estudio internacional forense para demostrar la autoría de la URSS y producir un quiebre en los aliados en un momento en que Alemania veía perdida la guerra. La maniobra no resultó al considerar Inglaterra y Estados Unidos que era mejor ignorar el repudiable crimen masivo realizado por su aliado. En 1944, los soviéticos volvieron a exhumar los restos para intentar demostrar que estos polacos habían sido asesinados por los alemanes. Sólo al desaparecer la URSS, las nuevas autoridades rusas dieron a conocer la realidad de lo sucedido.
Otro caso de exhumación masiva se ha hecho en Bosnia-Herzegovina durante 2004 y 2005, producto de la masacre de bosnios musulmanes de Srebrenica en 1995. Allí han sido removidos miles de cadáveres enterrados por los serbios en múltiples fosas. Más de 2500 víctimas han sido identificadas y enterradas formalmente. El penoso trabajo de identificación continúa aún en la actualidad y se estima que demorará varios años.
Barbarie en Lonquén.
A escasos días después del golpe militar se desató una oleada de violencia y muerte sobre los campesinos a lo largo del país. Los afectados por la reforma agraria vieron en la caída del gobierno de la Unidad Popular la ocasión propicia de venganza al constatar el estado de indefensión absoluta de los campesinos. Las nuevas autoridades, en vez de cautelar su integridad, instaba a su asesinato y participaban en ello. Mayor confianza aún les daba la abstención de los tribunales de justicia para impedir su criminal acción. Entró a regir el terrorismo de Estado violando el derecho fundamental a la vida de los partidarios del gobierno depuesto. Las fuerzas armadas y carabineros, en vez de cumplir su rol de garantes de la seguridad pública, ejercieron el papel de sádicos verdugos. La vida humana fue depreciada a un grado inverosímil La extrema derecha quiso dar una lección para que “nunca más” los campesinos pretendieran arrebatarles las tierras a los hacendados. Un ejemplo de este desamparo ocurrió en Osorno, el 18 de septiembre de 1973, cuando trece personas, durante el toque de queda, fueron aprehendidas por carabineros quienes las entregaron a un grupo de civiles que ocultaban su identidad utilizando gorros pasamontañas. Éstos las trasportaron en un camión hasta el río Pilmaiquén, en donde se les obligó a formarse contra la barrera del puente y se procedió a ultimarlas fríamente, disparándoles a quemarropa. Como cada verdugo se encargaba de una de las víctimas, al que le correspondía la alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Ester Valderas, le falló el arma, circunstancia que ella aprovechó para lanzarse al río y tuvo la fortuna de no recibir ningún impacto de la lluvia de balas disparada por los victimarios cuando se encontraba en el agua. La bienaventurada Blanca se escondería prudentemente por largo tiempo, entregando después irrefutable testimonio como testigo presencial del múltiple asesinato. Otro representativo ejemplo de conducta criminal de carabineros fue la actuación del capitán Adrián Fernández y del sargento Eliseo Águila, de la Comisaría de Rahue, que ejecutaron sin miramiento alguno a varios campesinos y a dirigentes de la Unidad Popular en las semanas siguientes al golpe militar.
En este nefasto contexto, el 7 de octubre de 1973, once obreros agrícolas fueron arrestados por una patrulla de carabineros de la tenencia de Isla de Maipo, a cargo del teniente Lautaro Castro Mendoza, y transportados en una camioneta perteneciente al dueño del fundo donde se encontraban las casas de los detenidos. Inicialmente se detuvo a cinco miembros de la familia de Sergio Maureira Muñoz (el padre y sus cuatro hijos), después a Enrique Astudillo Rojas y sus dos hijos y, ya en la noche, a Oscar Hernández Flores y sus dos hermanos. En la detención, los carabineros actuaron con inusitada brutalidad, registrando las habitaciones y aterrando a las familias. Además, en la plaza del pueblo, fueron detenidos cuatro jóvenes, Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Los detenidos fueron paseados por las calles del pueblo amarrados y tendidos sobre el piso de la camioneta y parados sobre ellos los carabineros, con el evidente propósito de amedrentar a la población. A la una de la mañana del día 8, fueron conducidos a Lonquén, al predio de la Cooperativa Agrícola El Triunfador, a 14 kilómetros de Talagante, en donde se hallaban dos hornos de unas minas de cal abandonadas. Allí se les hizo bajar del vehículo y, en un frenesí desbocado de odio y salvajismo, golpeados hasta morir, según se confirmaría en un análisis de los restos hechos varios años después en Estados Unidos, que aseguraría que la muerte había sido producto de “lesiones traumáticas contundentes”. Posteriormente sus cuerpos fueron introducidos en uno de los hornos, procediendo luego a tapiar su entrada. Se presume que algunas de las víctimas aún se encontraban con vida. Tenían entre 17 y 51 años. Al día siguiente los familiares fueron informados en la tenencia que los aprehendidos habían sido llevados al Estadio Nacional para ser interrogados. Concurrieron a ese recinto deportivo, pero allí se les dijo que no existía registro de su ingreso. En el SENDET les comunicaron que la entidad “no tenía ni había tenido nunca información sobre ellos” Desde ese día pasaron a la condición de detenidos-desaparecidos. La brutal actuación de estos carabineros aparece tan insensata e inútil dado que aquellos modestos campesinos no eran una amenaza para nadie. El gobierno militar había controlado la situación en muy pocos días y esta abominable matanza ocurrió casi un mes después del golpe de estado
Pasaron cinco años sin tener datos sobre estos infortunados trabajadores agrícolas, pese a los denodados esfuerzos de sus familiares para encontrarlos. El ministro del Interior, Sergio Fernández, en mayo de 1978 había declarado deshonestamente sobre las denuncias de los familiares de los detenidos desaparecidos, incluidos los de Isla de Maipo “Es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización”. Seis meses después su cínica posición quedaría implacablemente desvirtuada por la realidad. A mediados de noviembre de 1978, un anciano cuyo hijo había desaparecido después de ser capturado por agentes no identificados, lo buscaba incesantemente en la zona de Talagante. Acogiendo rumores que circulaban entre la gente del lugar, encontró los cuerpos en descomposición de varias personas en los hornos abandonados de la antigua mina de cal en Lonquén. Después de meditarlo mucho, valerosamente llevó la espeluznante información de su hallazgo a la Vicaría de la Solidaridad. El sacerdote Cristián Precht y el abogado Javier Luis Egaña comprobaron en el terreno el aterrador descubrimiento, pero postergaron la denuncia hasta después de terminado el Simposio Internacional sobre Derechos Humanos que se desarrollaba esos días en Santiago. No se atrevieron a hacerlo durante el curso reunión internacional, por temor a que el gobierno calificara la revelación como una traidora maquinación en contra del gobierno militar. Consecuentemente, el 30 de noviembre, cinco días después de finalizado el Simposio, la plana mayor de la Vicaría, encabezada por el obispo Enrique Alvear, acompañada del abogado Máximo Pacheco y de los periodistas Jaime Martínez y Abraham Santibáñez de las revistas Qué Pasa y Hoy visitaron el lugar de la masacre. Encontraron los restos de los 15 detenidos en Isla de Maipo en uno de los hornos abandonados, cuya chimenea se encontraba se encontraba bloqueada por una masa de hierros y enrejados que ocultaban una mezcla de osamentas humanas, ropa, cal y piedras La cal no había alcanzado a ejercer la acción destructora que esperaban los verdugos.
El 1° de diciembre de 1978 se efectuó la denuncia formal ante el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, quien nombró a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, quien, el 6 de ese mes, por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema sería reemplazada por el juez en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra,
La versión del entonces capitán Castro ante el juez Bañados fue de caracteres tan absurdos e inconsistentes que el magistrado la declaró “intrínsicamente inverosímil”. Relató Castro al juez: “Carabineros el 8 de octubre de 1973, alrededor de las 01.00 horas, trasladaban a los detenidos al Estadio Nacional. Deteniéndose en Lonquén, porque uno de los detenidos habría comunicado que en esa mina abandonada del área existía armamento oculto. En ese lugar bajaron los detenidos y mientras caminaban en dirección a los hornos, se produjo un ataque con armas de fuego desde los cerros cercanos contra la totalidad del grupo. Como resultado de dicha acción habían resultado muertos la totalidad de los detenidos, sin producirse bajas en los uniformados. Ante el temor de represalias por parte de los familiares de las víctimas, el oficial a cargo decidió ocultar los cadáveres en los hornos abandonados”. El juez Bañados fue lapidario en desvirtuar lo dicho por el capitán Castro, expresando en su dictamen: “La versión para tratar de explicar la muerte de los prisioneros no sólo se contrapone al mérito de los autos en múltiples aspectos y detalles, en particular, al número, desde luego, al número de víctimas, sino que resulta intrínsicamente inverosímil (…) en ninguno de los restos se comprobó señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de armas de fuego impactando en un organismo vivo, por lo que la causa de muerte de las quince personas hay que atribuirla a otra causas” “En ninguno de los quince restos esqueléticos estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirlas a otras causas”. Bañados, luego de precisado lo ocurrido, el 4 de abril, se declaró incompetente, pasando el caso a la Justicia Militar.
El fiscal militar, Gonzalo Salazar, encargó reos a los funcionarios de carabineros en calidad de “autores de delito de violencia innecesaria, causando la muerte”. El proceso fue inusualmente breve sobreseyéndose el 16 de agosto de 1979 mediante la aplicación de la ley de amnistía 2.191 de 1978 a la cual habían recurrido los reos. La Corte Marcial confirmó la resolución absolutoria el 22 de octubre de 1979
El director del Instituto Médico Legal, Claudio Molina Fraga, hizo todo lo posible para minimizar lo ocurrido a los campesinos de Isla de Maipo cuando fueron llevados al IML. Este psiquiatra, enfrentado a la disyuntiva de cumplir cabalmente con las obligaciones de su cargo o encubrir la acción genocida de la dictadura, optó por esto último. No precisó que las víctimas habían fallecido a causa de lesiones traumáticas contundentes, lo que sería demostrado en nuevas autopsias realizadas en Texas. Además, contravino la orden del fiscal militar, en orden a entregar los restos a los familiares que los esperaban en la iglesia Recoleta Franciscana el 12 de septiembre de 1979. En horas de la madrugada, personal del IML, obedeciendo sus instrucciones, los llevó al cementerio de la Isla de Maipo para ser sepultados en una fosa común.
En 1980, el nuevo propietario del fundo Lonquén, partidario de la dictadura, hizo dinamitar los hornos para evitar que el lugar continuara siendo lugar de peregrinaje de parientes y amigos de los 15 asesinados
En el 2006, los restos fueron exhumados y enviados al Health Science Center de la Universidad de Texas. Este laboratorio, en febrero de 2010, entregó la identificación de 13 de los 15 detenidos a los abogados de los familiares de los asesinados en Lonquén. El 28 de marzo del 2010 se celebró el funeral solemne en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo Así se cerró este horrendo episodio de la dictadura.
Exhumación masiva. Operación retiro de televisores.
El descubrimiento de cadáveres en los hornos de Lonquén produjo espanto mundial, pero fue bastante acallada por los medios en Chile. Ante la indesmentible ocurrencia de la masacre, Pinochet tuvo la opción de dar a conocer dónde se encontraban los cuerpos de los asesinados en otros sitios del país, como lo pedía la Iglesia, o persistir en su negación de los crímenes y que, con el inexorable paso del tiempo, todo fuese olvidado. Aún cuando confiaba en permanecer en el poder hasta su muerte, como Francisco Franco, quiso tomar precauciones para garantizar su impunidad. Si algo salía mal, podría atribuir la responsabilidad a los diferentes comandantes jurisdiccionales como lo había hecho en el caso de la “caravana de la muerte”. Consiguientemente, optó por hacer desaparecer definitivamente todos los restos de las víctimas de su régimen. Según su creencia, sin existencia de cuerpos no podría acreditarse delito alguno y los eventuales procesos deberían ser sobreseídos. A fines de 1975, había ya ordenado la exhumación masiva de los 26 ejecutados en Calama de la comitiva de Arellano Stark ante la eventualidad que sus familiares los encontraran. Esto era altamente probable dado que los buscaban incansablemente en el desierto debido a la información de un minero de haberlos casualmente ubicado. Mediante un criptograma había mandado desenterrarlos y, envueltos en sacos, ser lanzados al océano desde un C 47 de la FACH Esta exhumación fue como un modelo previo de lo que iba a ocurrir a lo largo del país con los restos de los desaparecidos. Pinochet, en las postrimerías de 1978 se encontraba ensoberbecido debido a que durante ese año había logrado imponer su criterio en varios importantes conflictos. Pese a la oposición de Leigh, Merino, Alessandri, el contralor Humeres, González Videla y la mayoría de la Conferencia Episcopal, había impuesto la realización de la consulta de enero para descalificar la condena de la ONU por violación a los derechos humanos y darse cierta legitimidad en el poder en un seudo acto eleccionario En abril había promulgado la ley de amnistía que aseguraba impunidad a los crímenes cometidos desde 1973. El otro éxito fue el desembarazarse del general Gustavo Leigh, destituyéndolo de la Junta de Gobierno. No le temía a la posibilidad de guerra con Argentina dada su gran afinidad con el general Videla y su acción conjunta en la operación Cóndor. Su megalomanía, aflorada en 1973, iba en creciente aumento Así, un endiosado Pinochet, considerándose omnipotente (te crees Dios le increpaba Leigh), a finales de 1978, envió a todas las unidades militares del país el criptograma categoría A-1 – máxima urgencia- bajo su nombre, ordenando desenterrar los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento respectivo y hacerlos desaparecer. La disposición amenazaba con “pasar a retiro” a cualquier comandante de regimiento si, después de la orden de limpieza, en su jurisdicción, se descubrían cuerpos de desaparecidos. Se denominó “operación de retiro de televisores” Con esta despiadada acción, Pinochet desaprovechó la oportunidad de atenuar el pesar de los familiares al permitir darle sepultura a sus deudos. Si hubiese actuado con humanidad habría facilitado la reconciliación, pero primó el intento quedar como inocente de los crímenes que eran de su directa responsabilidad. Se insistió en la versión que habían muerto en enfrentamientos y retirados por sus compañeros para sepultarlos o bien que habían abandonado clandestinamente el país. Inverosímil subterfugio que ahondaba el sufrimiento y resentimiento de los familiares. Pinochet y sus asesores creían que, si se encontraban algunos pequeños restos dispersos y mezclados, iba a ser imposible la identificación debido al paso de los años y la consiguiente degradación. Sin embargo, el rápido avance tecnológico mediante el ADN mitocondrial, nuclear y del cromosoma sexual masculino (Y) en dientes y huesos haría posible tal identificación en laboratorios internacionales altamente especializados.
Pese a que todos los antecedentes acreditaban sin lugar a dudas la autoría de las fuerzas armadas y carabineros de la acción genocida agravada por la exhumación masiva, éstos negaron recalcitrantemente su participación. El pacto de silencio no se quebrantó hasta la celebración de la Mesa de Diálogo en 1999. Paradojalmente, quien precipitó este reconocimiento fue el propio Pinochet. Los uniformados se vieron forzados a participar en dicha Mesa para apoyar su retorno desde Londres. Era preciso demostrar al mundo que los uniformados chilenos estaban llanos a colaborar para que en Chile hubiese verdad y justicia. Lo difícil e ingrato para los militares fue el reconocer su conducta criminal que habían calificado como calumnias de los marxistas y que cientos de veces habían rotundamente negado El general ® Jorge Ballerino, estrecho asesor de Pinochet, graficaría la situación diciendo “caímos en una trampa” . Es evidente que esto nunca hubiera ocurrido si Pinochet no hubiese sido detenido en Londres. Esto explica las descalificaciones y manifestaciones de odio hacia el juez Garzón por parte de los generales® Garín, Villarroel, Cortéz-Villa y del coronel ® Labbé y las acusaciones que el gobierno de Frei Ruiz-Tagle no defendió apropiadamente el honor de la patria tan gravemente agraviado.
Ejemplos emblemáticos de exhumaciones ilegales.
Los mártires de La Moneda.
El 11 de septiembre acudieron al palacio presidencial los asesores, funcionarios, varios médicos y algunos miembros del GAP que lograron arribar a la Moneda El grupo estaba conformado por miembros del GAP y por destacados profesionales, asesores del presidente Allende, cuyo anhelo era proporcionar a los más desvalidos una vida digna en un mundo más igualitario, solidario y justo. Ese fatídico 11 de septiembre, los sobrevivientes de La Moneda abandonaron el palacio embargados de desgarrador dolor por la muerte del presidente Allende, pero con admiración acrecentada por su heroica conducta Al salir a la calle Morandé, se vieron enfrentados a la amenaza de un oficial que pretendía pasar su tanque sobre sus cuerpos, lo cual fue evitado por el general Javier Palacios. Por orden de este oficial fueron liberados varios médicos. En la tarde fueron llevados al regimiento Tacna los GAP y los asesores Jaime Barrios, gerente del Banco Central, Eduardo Paredes, Enrique París, Sergio Contreras, Enrique Huerta, Daniel Escobar, Claudio Jimeno, Georges Klein, Héctor Pincheira y Arsenio Pupin . Allí serían víctimas del trato más vil y degradante posible de imaginar por parte de miembros del Ejército, cuyo comportamiento mancillaría a la Institución Fueron cruelmente torturados, pisoteados, permanentemente golpeados y reiteradamente avisados que iban a ser ejecutados. Incluso un sacerdote les ofrecía la extremaunción, que consta fue categóricamente rechazada por el doctor Enrique París, destacado miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile Los responsables fueron el comandante del Tacna, coronel Joaquín Ramírez Pineda y su superior el general Herman Brady. Al mediodía del 13, 21 de ellos, amarrados con alambres fueron conducidos en un camión militar al fuerte Arteaga en Colina. Allí colocados al borde de un profundo pozo fueron ejecutados mediante disparos de ametralladora que los hacía caer en el socavón. Al momento de ser ajusticiados, ante la ira de sus verdugos, valientemente, profirieron vivas a Allende y a la revolución socialista. Terminada la brutal matanza, los militares lanzaron granadas para destruir sus cuerpos y comenzar a tapar el foso. Esta horrenda matanza se hizo violando flagrantemente los Convenios de Ginebra que los militares debían respetar, especialmente al declarar el día anterior “Estado o tiempo de guerra”, mediante el DL N°5.
Las gestiones de los familiares para conocer el destino de los detenidos en La Moneda, no dieron resultado alguno. El regimiento Tacna negó reiteradamente que hubiesen estado en ese lugar, pese a muchos testimonios que atestiguaban lo contrario. El Mercurio aportó a la desinformación publicando la falsa noticia que Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, había muerto en un enfrentamiento el 16 de septiembre de |973.
Mediante una retroexcavadora, los cuerpos fueron exhumados el 23 de diciembre de 1978. Según un subteniente que ayudó a localizar el sitio de la matanza, la orden fue dada por el general Enrique Morel Donoso y la operación comandada por el coronel Hernán Canales. Luego, de extraídos los cadáveres, el personal de inteligencia a cargo del capitán Luis Fuenzalida los introdujo en sacos. Posteriormente fueron subidos a un helicóptero que los lanzó al mar a la altura del balneario de Quintero
La ministra en visita, Amanda Valdovinos, a cargo de la verificación de la información obtenida de la Mesa de Diálogo, ubicó el sitio de ejecución a fines de 2001. En enero de 2002 se encontraron en el lugar más de 400 fragmentos de cráneos, mandíbulas, vértebras y dientes. En 1995. los restos de los médicos Eduardo Paredes y Enrique París fueron erróneamente identificados entre los sepultados como NN en el patio 29 del Cementerio General. Se les realizó la correspondiente ceremonia fúnebre. Después se supo que habían sido mal determinados. Solamente en octubre del 2010, los restos de Enrique París y Héctor Pincheira fueron identificados en Innsbruck, Austria, entre los encontrados en Peldehue y por fin pudieron ser sepultados acertadamente.
Las acciones legales para castigar a los culpables de las exhumaciones llegaron a un punto muerto en 2007, al declarar los jueces “La acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo, debiéndose aplicar el beneficio de la prescripción. El delito de inhumación y exhumación ilegal de los cuerpos de estos prisioneros, sólo constituyó una violación del Código Sanitario, según el Código Penal y está lejos de configurar un delito de lesa humanidad”
La masacre del 16 de octubre de 1973.-
La localidad de Paine posee el trágico privilegio de contar con el mayor número de detenidos desaparecidos en el país, en relación a su población. Se contabilizan alrededor de 100 casos. Una de las matanzas ocurrió el 16 de octubre de 1973. Ese día fueron detenidos 22 personas por una patrulla militar con caras pintadas o rostros cubiertos con pasamontañas, comandada por el teniente Andrés Magaña Bau. Este oficial atestigua que recibió la orden de ejecutarlos del coronel director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Leonel König Altermann, quien le entregó una lista de las víctimas. -este oficial se suicidaría en su oficina en junio de 1979, al ser citado a declarar-. La mayoría eran campesinos, pero entre ellos se encontraba el industrial Andrés Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira Los condujeron a la quebrada de Los Arrayanes, localizada en Litueche, sector del lago Rapel Allí fueron fusilados y enterrados . A fines de 1978, Magaña, a petición de inteligencia militar, entregó un plano del lugar de ejecución para la exhumación de los cuerpos. Este mismo oficial, en octubre del 2005, confesó que los restos habían sido arrojados al mar.
En octubre 2007 se encontró el lugar de la masacre, después de un intento frustrado por información incorrecta de Magaña, gracias a que otro integrante de la patrulla proporcionó el sitio exacto. Allí, en el fundo Cerro Alto, durante 3 meses trabajaron 25 peritos del SML, Carabineros e Investigaciones Se hallaron 2 cráneos, 295 fragmentos óseos, incluidas 76 piezas dentales, pedazos de vidrios ópticos, un trozo de un marco de lentes, zapatos, ropa, 3 anillos, 100 vainas de fusil y revólver y 150 proyectiles percutados.
En junio 2009, el juez Héctor Solís, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, exhibió los restos culturales a los familiares y les comunicó que los restos óseos habían sido enviados a un laboratorio especializado de Innsbruck, Austria, para su identificación. El 11 de junio 2010, este magistrado dio a conocer la identificación de 9 de los ejecutados, entre ellos, Andrés Pereira. Se encuentran enjuiciados actualmente por la masacre Andrés Magaña, José Vásquez y el civil Juan Quintanilla.
Matanza en Chihuío.
El 9 de octubre de 1973, una caravana de 7 vehículos militares del regimiento de Caballería Cazadores de Valdivia y del Maturana de La Unión, se dirigió al complejo maderero Panguipulli. El grupo, que se componía de alrededor de 90 efectivos, iba a cargo del comandante de escuadrón capitán Luis Osorio. En los pueblos de Curriñe, Chabranco, Llifén y Futrono fue deteniendo a obreros forestales, dirigentes sindicales y a campesinos, completando 17 individuos, según una lista que portaban. La mayoría eran miembros del sindicato “Esperanza del Obrero”. Uno de los detenidos, Fernando Mora, era menor de edad. Todos eran gente humilde que se encontraba en su lugar de trabajo, confiando en las promesas del régimen militar que sus vidas y sus derechos iban a ser respetados. Américo González Torres, dueño del fundo Chihuío, quien había formulado denuncias sobre estos trabajadores, calificándolos de “agitadores”, asesoró las detenciones Esa misma noche, la comitiva los condujo al sector Termas de Chihuío, cercano a Neltume, en donde se procedió a masacrarlos con corvos en sector próximo a la Hostería de las termas. Al día siguiente, un habitante del lugar, que conocía a muchas de las víctimas, encontró un macabro escenario de inconcebible ensañamiento. Había grandes charcos de sangre, la mayoría presentaba cortes en las manos y abdomen con exposición de vísceras, algunos habían sido degollados, a otros se les había cercenado sus testículos, no observó heridas de bala, pese a que esa noche se habían escuchado disparos. Permanecieron cubiertos solo por algunos troncos y ramas durante varios días y finalmente sepultados en varias fosas cavadas por efectivos del Ejército. Esta demora fue una forma de intimidación a la población de la zona. Por orden de un juzgado militar de Valdivia se emitieron certificados de defunción, acreditándose el fallecimiento mediante el testimonio de dos soldados con domicilio en el Regimiento Cazadores, forzados a servir de testigos. En todos estos documentos figuran muertos a las 22.30 del 9 de octubre de 1973 en Liquiñe, consignándose por causa no precisada. Las asistentes sociales del Ejército les hicieron ver a las cónyuges que en esta forma se les ayudaba para que cobraran pensiones de viudez. Consultado el general Héctor Bravo por un hermana de uno de los fallecidos, respondió que “se habían enfrentado con los militares, por lo cual resultaron muertos”. Este general hizo investigar lo acontecido por un fiscal militar, quien llegó a la conclusión que la patrulla había sido atacada con disparos de fusil, ataque que repelieron, resultando muertos todos los detenidos, sin que se produjeran heridos ni muertos dentro de la comitiva militar. Destaca la similitud con la inverosímil versión dada en el caso Lonquén, apareciendo como una copia de ella. Por su parte, el entonces coronel Sinclair, jefe del regimiento Cazadores, recordó que ese día de octubre recibió una llamada telefónica de Santiago para enviar camiones a Lanco para una operación reservada, que no supo en que consistió.
A fines de 1978, personal de inteligencia del Ejército, vestido de civil, requirió la colaboración del terrateniente Américo González para ubicar el sitio de las tumbas. Localizado el lugar, se procedió a la remoción de los cadáveres, sin que los autores hayan revelado adonde fueron llevados. El ministro en visita, Nibaldo Segura, el 17 de junio de 1990 encontró 3 fosas de donde hizo exhumar los restos que quedaron después de su remoción por los militares. Eran tan escasos que se consideró inútil ser sometidos a proceso de identificación. Así, el 26 de agosto de 1990 fueron velados en un solo féretro y luego sepultados en el cementerio de Valdivia. Ese mismo año 1990, se encontraron en dicho camposanto varios esqueletos que presuntamente correspondían a las víctimas, que fueron enviados al IML
En marzo del 2003, el juez Alejandro Solís procesó por secuestro en el caso Chihuío al capitán Luis Osorio, al teniente de Carabineros Luis Osses, al general /R) Jerónimo Pantoja, ex comandante del regimiento Maturana y al general ® Héctor Bravo, jefe de la IV División del Ejército, con sede en Valdivia, a la fecha de los hechos . Ofició al SML en mayo del 2005 para que informara sobre los peritajes realizados. Al no tener respuesta, emitió su sentencia en 2006 condenando a los dos primeros a 10 años de prisión. En junio de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó el fallo por la inexistencia de informe del IML que avalara la identidad de las víctimas, entregando el caso al juez Jorge Zepeda. El 15 de noviembre de 2007 informó el IML “no es posible establecer la identificación personal a los restos óseos en los exámenes médico legales hasta ahora realizados” A mediados del 2008, el IML, remitió muestras de Chihuío, Paine y Calama a laboratorios internacionales especializados en identificación en base a remanentes óseos, dada la imposibilidad de hacerla en el país.. El magistrado Zepeda falló en julio del 2009, sin aplicar la amnistía ni la prescripción que invocaban los acusados, al considerarlos delitos de lesa humanidad reconocidos por el Derecho Internacional. Sin embargo, rebajó la condena de Osorio a 7 años y a Osses a 3 años con el beneficio de libertad vigilada.
Remoción incompleta en Pisagua.
Existen antecedentes que indican que en Pisagua fue asesinado un elevado número de prisioneros, se calcula alrededor de 150.. En diciembre de 1978 se hizo la remoción de cadáveres ordenada por Pinochet. Sin embargo, es obvio que se pasó por alto una de las fosas. El hallazgo de ella provocaría uno de los mayores episodios de furia de Pinochet. Su perentoria orden de exhumación no había sido cumplida. Ocurría este descubrimiento cuando él estaba cuestionando la formación de la comisión Rettig al considerarla una afrenta a su gobierno, una maniobra marxista contraria al olvido y a la reconciliación. No había quedado satisfecho con la inclusión en ella de dos de sus fervorosos partidarios, Gonzalo Vial y Ricardo Martín. La indignación de Pinochet tenía fundamentos, pues los casos del hallazgo de esta fosa intacta mostrarían fehacientemente que los militares habían violado el derecho humano fundamental: la vida de los occisos, ante lo cual la Comisión no podía callar. Con nombres y apellidos se demostrarían aberraciones inimaginables. Casos de personas fríamente ejecutadas, aduciendo después aplicación de ley de la fuga. Consejos de guerra hechos con posterioridad a la ejecución. Individuos juzgados sin su comparecencia en lugares distintos adonde estaban prisioneros. Abogados defensores a los cuales se les negó el acceso a la acusación. Prácticamente, en ningún caso hubo un debido proceso.
El 31 de mayo de 1990, la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión de Derechos Humanos presentaron en el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal. Se basaba en el testimonio entregado por Alberto Neumann, quien guardaba indeleblemente en su memoria las ejecuciones y la inhumación allí realizadas, pese al paso de los años. Este médico de Valparaíso había sido obligado por el teniente coronel Ramón Larraín a presenciar al salvaje episodio y comprobar si los fusilados se encontraban aún con vida, para darles el tiro de gracia. Recordaba con detalle el sitio del suceso y lo comunicó en 1989 a la Vicaría que decidió esperar hasta el término del gobierno militar. Después de marzo de 1990, debió retardarse la comunicación un tiempo más, porque el acceso se encontraba obstaculizado por una barrera militar Finalmente, el 2 de junio, en el lugar cercano al cementerio de Pisagua indicado por Neumann, fueron encontrados 19 cadáveres. Pese a haber estado cubiertos solo por arpillera, la sal había permitido que los cuerpos se conservaran intactos junto con sus vestimentas, amarras, vendas, las marcas de impactos de bala e incluso sus expresiones de sufrimiento. Se procedió a la correspondiente investigación judicial por el ministro en visita Hernán Sánchez Marré de la Corte de Apelaciones de Arica, quien citó a declarar a testigos y familiares e identificó a los exhumados. Según la autoridad militar, algunos habían sido dejados en libertad, a otros se les había aplicado la ley de la fuga y la mayoría condenados en consejos de guerra. Destacaba entre los ajusticiados el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas, sometido a juicio por el siniestro fiscal militar Mario Acuña Riquelme, quien anteriormente había sido sometido a proceso por el CDE por tráfico de estupefacientes. Se encontraba entre los muertos Manuel Sanhueza sobre el cual se había informado a su familia que, en su traslado desde Valparaíso, se había fugado y ahogado al lanzarse al mar La investigación fue interrumpida por petición de incompetencia hecha por la Justicia Militar y la causa pasó al Séptimo Juzgado Militar de Arica, que aplicó la ley de amnistía en 1992. Este fallo fue apelado por los abogados de la Vicaría, pero la Corte Suprema confirmó la amnistía, pese a que era evidente la vulneración de los Convenios de Ginebra que hacía improcedente su aplicación. Esta ratificación fue reflejo de la composición del Tribunal Supremo, integrado por magistrados nombrados por el ministro de Justicia, Hugo Rosende, quien tuvo la precaución que solo ascendieran a ella jueces probadamente obsecuentes con la dictadura.
Exhumaciones en la colonia Dignidad
Cuando se realizó la exhumación masiva, la resolución de Pinochet también llegó a la colonia Dignidad que había sido centro de torturas y exterminio. Existió allí un subterráneo de pequeñas celdas, herméticamente cerradas y a prueba de ruidos para obtener información de los prisioneros, sin que los residentes tomaran conocimiento de esta actividad. En la práctica, villa Baviera fue una dependencia de la DINA, acogiendo detenidos de toda la zona central del país. Los alemanes demostraron su eficiencia en hacer desaparecer los restos de los detenidos-desaparecidos en el enclave germano que, conservadoramente, se estima que fueron alrededor de 100. Paul Schäffer, al enterarse de la orden de remoción de los cadáveres dada por Pinochet, dispuso: “Hay que limpiar el fundo. ¡Sáquenlos y desháganse de ellos! Luego, bajo su directa supervisión, Rudi Collen y Willy Malessa, los mismos colonos que habían efectuado las inhumaciones, realizaron el desentierro de los cuerpos. Utilizaron un método más científico y efectivo que el empleado por los militares chilenos. Con la misma retroexcavadora con que habían sido cavadas las fosas y sepultados los asesinados, desenterraron sus cadáveres ya putrefactos, cuidando que no quedara ningún resto de ellos. Enseguida, introdujeron cada cuerpo en un saco bien atado y luego lo insertaron dentro de otro que contenía fósforo, elemento que actúa sobre la materia orgánica, destruyéndola hasta reducirla a cenizas. Una vez que la sustancia química desintegró íntegramente los restos humanos, las cenizas fueron llevadas al río Perquilauquén, que cruza el predio, en donde se arrojaron para hacer desaparecer definitivamente todo vestigio. Varios intentos posteriores de excavaciones para ubicar restos dentro del recinto de la colonia han resultado infructuosos.
Patética justificación de las exhumaciones.
Sólo a lo largo de los años se fueron conociendo datos acerca de esta masiva y tenebrosa maniobra de remoción de cadáveres que tuvo el cobarde propósito el borrar las huellas de los crímenes de la dictadura, para garantizar impunidad. Los partidarios incondicionales de Pinochet, en un intento por justificar tan abominable acción del dictador, aducen que fue necesaria para fortalecer el espíritu patriótico de la ciudadanía ante la amenaza de guerra con Argentina. Así, en el 2000 el general ® Odlanier Mena, ex director de la CNI, declaró “El hallazgo de los cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía razón para ir a la guerra y que apoyara a sus fuerzas armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos “lonquenes”, el frente interno se iba a dañar. Por esto, los comandantes en jefe resolvieron que las unidades no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubieran en cada zona” . Sin embargo, el mayor ®, Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen de Tucapel Jiménez, afirmó en entrevista el 18 de enero de 2009 a LND “el desentierro de los cuerpos se hizo bajo el mando de Odlanier Mena”.
El Cuerpo de Generales, cuando se encontraron tantos lugares de remociones de cadáveres, emitió una declaración dejando claramente de manifiesto que el Ejército y Pinochet eran una sola entidad. Expresó este comunicado, demostrativo de obcecación y de cuestionable racionalidad: “(…) Es sabido que cuando se quiere desprestigiar a los vencedores se les culpa de crueldad, de excesos criminales y, sobretodo, de ejercer un castigo desproporcionado a la capacidad ofensiva de las fuerzas derrotadas (…) En nuestro caso, estamos seguros de que la victoria de la libertad no se hubiera obtenido sin el empleo de acciones severas y disuasivas que ejecutaron las Fuerzas Armadas y Carabineros”
Testimonios de participantes en la operación de exhumaciones masivas.
El secreto de la exhumación masiva fue guardado durante años, acatando los uniformados el pacto de silencio. Influyó en esta rígida observancia la permanencia de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército. Pero, después de la Mesa de Diálogo, suboficiales sometidos a interrogación judicial, revelaron la existencia de la orden de exhumación y de su cumplimiento por parte de Inteligencia del Ejército.
El sargento en retiro, Juan Carlos Balboa Ortega atestiguó ante el juez Juan Guzmán: “A fines de 1978 se recibió en la sección de Inteligencia un criptograma secreto proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, en ese entonces el Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades. En resumen, ese documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual se ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar”
El oficial Pedro Rodríguez Bustos dio una versión concordante con la de Balboa, al testificar: “El año 1978 se recibió una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso; dicha orden tenía como referencia la orden de la comandancia en jefe del Ejército, la que fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país. Debo agregar que, en lo puntual, la orden disponía que los comandantes de regimientos debían reunirse con el personal de oficiales y especialmente con el personal de suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974”.
En enero del 2003, el suboficial Jaime Müller Avilés, disgustado por las expresiones de Pinochet a un canal de televisión de Miami, envió una carta al general Cheyre, con copia al Auditor General del Ejército y a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta misiva, que se incorporó al expediente del juez Guzmán, expresaba:
“Con mucho dolor he tenido conocimiento a través de los años de entrevistas concedidas por superiores de la institución, pero, lo que me ha hecho reaccionar con indignación y sorpresa ha sido la última dada a conocer por los medios de comunicación oral y escrita del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, donde, entre otras cosas, culpa a sus subalternos de lo acontecido durante su gobierno a partir de 1973, en lo que dice relación a las violaciones de los Derechos Humanos.
Señor Comandante en Jefe es inconcebible y doloroso, darse cuenta que la institución a la que se le entregó parte de la vida, lealtad, obediencia y respeto, nos considere la nada misma.
Señor Comandante en Jefe, como auxiliar de inteligencia, desde el año 1977 y hasta 1986, me tocó conocer un sinnúmero de situaciones como por ejemplo la que viví en 1978 al cumplir órdenes superiores con respecto al Plan “Retiro de Televisores”, que no fue otra cosa que sacar desde cementerios o fosas comunes a un número indeterminado de ejecutados políticos, cuyo destino final lo guardo en reserva.
Afortunadamente, y Dios es testigo de que ni mis manos ni mi conciencia están manchadas con sangre de algún ser humano, sólo haber cargado en mis espaldas cuerpos que por órdenes de quien hoy se auto cataloga como “Ángel” tuve que cumplir”
Corolario.- Los uniformados chilenos quebrantaron el honor militar al actuar como una pandilla de criminales para eliminar a partidarios del gobierno depuesto. Agravaron su deshonra al pretender hacer desaparecer definitivamente los cadáveres mediante su exhumación para lograr impunidad Obtuvieron una victoria militar contra un enemigo inerme, al cual declararon una guerra imaginaria, con lo cual se auto infringieron una inmensa derrota moral. Debido a su incondicional devoción a Pinochet, que se mantuvo hasta su muerte, deberán pasar varias generaciones para que el Ejército recupere el prestigio que tuvo antes del golpe de 1973. Los generales llegaron al extremo de culto a la personalidad al nombrarlo en marzo de 1990 “Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile”.
Artículo escrito en memoria de Enrique París Roa.
