| escrito por Juan Carlos Pinto Quintanilla* | ||
| sábado, 30 de octubre de 2010 | ||
Popper propone borrar la distinción entre informar y educar, argumento con el que alguna prensa pretende avalar su neutralidad en la información, siendo que toda transmisión de información es también un proceso educativo. La forma en la que se organiza la información son expresión ideológica de quienes tienen el privilegio de hacer uso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación ejercen un poder cotidiano, disfrazado de información. Lo hacen, usualmente, en función del mercado, donde lo importante es generar audiencia, aún a costa de escenificar un show de violencia, escarnio y atropello a la dignidad humana. Los medios de comunicación y sus comentaristas no han inventado la violencia y la discriminación existente en la sociedad, sin embargo, las amplifican y recrean para presentarlas como algo natural. El insulto y la diatriba, que han hecho de la discriminación algo natural, son expresión histórica y afectiva de la forma en la que hemos convivido desde la colonia. Se asume que existen inferiores a los que se puede atropellar porque no tienen ninguna defensa. En una mirada muy liberal, Popper dice que la civilización es la lucha contra la violencia, pues sólo existe progreso civil cuando se combate contra la violencia para instaurar la paz entre las naciones, dentro las naciones y especialmente en cada casa. De esta manera, se debe poner freno a la violencia que nos destruye como sociedad y realizar el más importante de los ideales liberales que es el de que todo poder debe estar limitado por otros poderes. Es falso, nos dice, que el liberalismo haya defendido la libertad incontrolada de hacer lo que se quiera, pues si hago algo pone en peligro a los demás, entonces debo ser privado del derecho de hacerlo. De esta manera por ejemplo, no puedo conducir un auto a la velocidad que quiera por el lado que prefiera pues esa actitud representa un peligro para los otros y para mí mismo. Por ello es necesaria una ley precisa que estipule que se debe conducir por la izquierda, como en algunos países, o por la derecha, como en otros. Toda libertad debe ser limitada. No existe libertad que no tenga necesidad de ser limitada, dice este liberal defensor de la libertad de expresión como principio de la democracia. Aún más, se pregunta ¿cuál es la diferencia entre la forma en que el ciudadano común puede expresar su libertad y la que tienen los artistas o profesionales de los medios de comunicación? ¿Existe diferencia? Es necesario ver si con su modo de expresarse ponen o no, a otros en peligro. Se trata siempre del mismo principio: nuestra libertad, cualquiera que sea, está limitada por la nariz de nuestro vecino. Es el principio más simple que podamos imaginar y es hipócrita invocar la libertad, la independencia o el liberalismo para decir que no se pueden introducir limitaciones frente a poderes peligrosos como los medios de comunicación. La ley contra el racismo y la discriminación boliviana nos interpela como memoria y como reto de transformación, para reflexionar precisamente sobre los grandes temas que nos han construido hasta ahora como sociedad enfrentada, racista y discriminadora. Hoy, la reacción rechaza la ley y enarbola la libertad de expresión como terreno de lucha política, silenciando que sólo algunos de ellos han sido dueños de la palabra y la escritura, para hacer una justificación de las diferencias y una denigración de la mayoría plurinacional de este país. No existe en la legislación la pretensión de acallar a los medios y sus periodistas, sino de poner en ejecución lo que la propia Constitución estipula: entrar en un proceso de autorregulación. En este tema, Popper va mucho más allá de lo que propone el proyecto de ley, cuando escribe que en el caso de la autorregulación, debería crearse un instituto donde estén registrados todos los periodistas, que serían partícipes de una serie de cursos de sensibilización sobre el poder que tienen y el peligro que pueden representar. De esta manera algunos de ellos descubrirían aspectos ignorados de su profesión y podrían empezar a considerar de manera distinta la sociedad y su rol. Añadiría que en un momento posterior, deberían pasar un examen para ver si son conscientes de las ideas fundamentales. Superado el examen deberían prestar juramento y prometer tener siempre presente estos peligros y actuar en consecuencia de modo responsable. En definitiva, con Popper concluimos que en Bolivia debemos ir adelante contra las trabas señoriales que no sólo se han inscrito institucionalmente en la forma de ser Estado del país, sino también en los hábitos e ideologías de los ciudadanos, y que ejercen el poder de la discriminación cotidianamente, haciendo que la posibilidad de ser una sociedad más de encuentro que de enfrentamiento sea una tarea más difícil. Quienes piensan que una ley como ésta nos enfrenta, ignoran que en Bolivia se ha escondido y hecho natural la discriminación y el racismo por demasiado tiempo, y que es hora de enfrentarlo como un mal social. *Coordinador general de la Enciclopedia Memoria Constituyente de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. | ||
lunes, 1 de noviembre de 2010
Bolivia: Karl Popper, los periodistas y el racismo
martes, 26 de octubre de 2010
Cómo Golborne intervino el proyecto de ley sobre relaves mineros
26 de Octubre de 2010
El ministerio intenta evitar que se haga público el catastro de desechos peligrosos Una larga investigación periodística de CNN Chile reveló el peligro inminente que representan los residuos de la industria más importante del país, desplegados por todo el territorio sin que la población esté debidamente informada. Un proyecto de ley que se discute en el Congreso, y fue aprobado en primera instancia, incluía la obligación de entregar estos datos. Pero el Gobierno presentó un texto alternativo sin esta exigencia, una semana antes del derrumbe en la mina San José.
Este es el caso más dramático que presentó el reportaje “Minas de oro, Desechos de Muerte” exhibido anoche por la pantalla de CNN Chile. Durante 18 meses la periodista Carola Fuentes investigó lo que ocurre con los desechos de las faenas mineras que cumplen su vida útil, o son abandonadas. La mayor parte de ellos constituye material altamente venenoso, cuyos daños, sin embargo, no son cuantificables a corto plazo.
El reportaje consignó que hay unas doscientas localidades potencialmente peligrosas a lo largo del país, a causa de los desechos mineros.
La verdad oculta
Pero lo más grave es que, en la gran mayoría de los casos, la población que habita cerca de los desechos o de piques mineros mal cerrados no está advertida del peligro. Aún cuando el equipo de CNN logró obtener el catastro de los lugares peligrosos a lo largo del país elaborado por el Sernageomin con ayuda de fondos extranjeros, el mapa está actualizado hasta 2007 y no se encuentra al alcance los ciudadanos potencialmente afectados.“Si sólo dice en los papeles de ellos que esta es un área de peligro, eso no le sirve a nadie, la gente se va a seguir muriendo y las comunas como ésta comuna se van a seguir pudriendo”, dijo Henry Junguens a CNN. En 2000, a causa de las lluvias, el tranque de relave de la minera Las Palmas, contaminó el estero que pasa por sus terrenos, pero aunque un informe interno lo consignaba, nadie le advirtió.
En 2003 el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania ofreció al Sernageomin la elaboración de un manual para evaluar el riesgo de los pasivos mineros, que sirviera de base para redactar un proyecto de ley que resolviera el vacío legal. El fundo Llanos de Rungue, 54 kilómetros al norte de Santiago, fue el lugar elegido como piloto de los trabajos que comenzaron a comienzos del año siguiente.
Según esta investigación, la empresa Refimet, de Alejandro Noemi, ex vicepresidente ejecutivo de Codelco en la época de Patricio Aylwin y Alfonso Dulanto, ex ministro de Minería de Ricardo Lagos, vertió en piscinas “oficiales”, autorizadas por Sernageomin 13.000 toneladas de desechos en un 40% compuestos de arsénico.
Llenando el vacío legal
Cerca de allí descubrieron otro depósito de arsénico no informado vertido directamente a la tierra. Luego de diversos procesos científicos, descubrieron que la cantidad de arsénico en el agua y tierra del sector arrojaba cantidades inadmisibles según el estándar internacional. Las conclusiones fueron demoledoras.“Aseguraban que era necesario hacer nuevos estudios para determinar el origen exacto de la contaminación y su grado de avance, pues por las pendientes era posible que en los siguientes 30 años la contaminación pudiera llegar al estero de Rungue, y de ahí afectara a Til-Til, Polpaico, Lampa, la Laguna Carén, el Río Mapocho y el río Maipo” dice Carola Fuentes en el reportaje exhibido la noche del lunes. Hasta ahora, estos resultados no habían sido conocidos públicamente. Ni siquiera lo sabía Pedro García, quien vive cerca de los terrenos donde se ubicaban los deshechos de Refimet. García toma agua de una noria que tiene cinco veces más arsénico del que se recomienda para el consumo humano.
El proyecto original propone que sea “información de utilidad pública: los antecedentes históricos generados durante la vida útil de una faena o instalación minera cuyas operaciones han cesado conforme a un plan de cierre, los cuales deberán ser custodiados en razón de ser de interés nacional, y que serán calificados por el Servicio previamente”. La propuesta del gobierno suprime completamente esta proposición.
Justo antes de los 33
El 28 de julio de este año, sólo una semana antes del derrumbe en la mina San José, que cambiaría para siempre la imagen de Laurence Golborne y dejaría en pausa cualquier otro tema relativo a la minería, el ministro y el subsecretario Pablo Wagner se reunieron con la comisión de Minería del Senado para discutir el proyecto. Golborne, en representación del gobierno, ya había presentado indicaciones. El ministro “llegó hasta la comisión para pedirle a los senadores que rebajaran las exigencias a las mineras” dice el reportaje de CNN, apuntando a las garantías financieras que el Estado exigiría a las empresas para cerrar una mina.Al interior de la cartera de Minería admiten que el gobierno presentó una “indicación sustitutiva” del proyecto original, pero que en ella “no existe ninguna reducción de las garantías al momento de cierre. Lo que se propone es mantener dentro de los activos el 100% del monto de la inversión de cierre de manera líquida. Sólo varía la forma de constitución en el tiempo, que no tiene nada que ver con los recursos disponibles para el cierre. Incluso para prevenir la quiebra se estipulan varios mecanismos de cobro anticipado de la garantía, lo que el proyecto anterior no estipulaba”, aseguran en el Departamento de Comunicaciones.
Días antes del derrumbe en la mina San José el gobierno, a través de Golborne y del subsecretario Wagner, habían expuesto la “indicación sustitutiva”, es decir, la propuesta del gobierno sobre este asunto. Testigos de este encuentro aseguran que alcanzaron a exponer hasta el artículo 3. Ya en el artículo 1 hay una diferencia importante con el proyecto original. Se excluyen expresamente de lo que se define como faena minera las actividades de “exploración” minera, lo cual es contraproducente porque este proceso igualmente genera contaminación, aunque en menor medida que la actividad “extractiva” de la que derivan deshechos como el arsénico.
Fuentes ligadas a la comisión, aseguran que al menos tres de los cinco senadores estarían por rechazar esta indicación.
Pero más grave es la propuesta del gobierno que suprime una de las conclusiones más graves a las que llegó el reportaje de CNN Chile: que el catastro de las zonas de peligro no es de carácter público.
El proyecto original propone que sea “información de utilidad pública: los antecedentes históricos generados durante la vida útil de una faena o instalación minera cuyas operaciones han cesado conforme a un plan de cierre, los cuales deberán ser custodiados en razón de ser de interés nacional, y que serán calificados por el Servicio previamente”. La propuesta del gobierno suprime completamente esta proposición. La comisión de Minería volverá a reunirse este miércoles.
jueves, 21 de octubre de 2010
Memoria Histórica. Detenidos desaparecidos III. Exhumación masiva.
Publicado el Oct 21, 2010 | 1 Comentario
Escrito por Raúl Auth Caviedes.*/
La exhumación se considera una profanación inaceptable en la mayoría de las culturas y solo se admite al ser dispuesta legalmente Se valora como un derecho básico dar una sepultura digna a los muertos. El caso chileno de remoción masiva de los restos de los detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos de la dictadura fue un acto brutal y despiadado. Constituyó una demostración máxima de ultraje a las víctimas y a sus familiares ejecutado por agentes del Estado, fríamente planificada. No parece existir en la historia un acontecimiento semejante, solo podría equipararse a la sistemática incineración de los cuerpos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Primó en la mente del dictador el asegurar la impunidad para él y sus subalternos, “mis hombres”, como él solía decir. Su racionamiento fue que no se podía configurar un delito si desaparecían definitivamente los cuerpos. Sus frustrados estudios de abogacía y su restringido criterio lo llevaron a proceder de esa forma. Al actuar en esta tenebrosa manera, acentuó su desprestigio internacional, lo cual influiría en su contra cuando fue detenido en Inglaterra en octubre de 1988. En cierto modo, Augusto Pinochet fue un “revolucionario” de la práctica de las exhumaciones, así como Heinrich Himmler en la “solución final” para exterminar a los judíos.. Esta carencia total de conmiseración hacia sus víctimas lo hizo adjudicarse un lugar privilegiado entre los más crueles dictadores, a la altura de Hitler, Stalin o Pol Pot, superando por lejos a sus similares latinoamericanos. Por ello su recuerdo continúa siendo traumático.
Casos de exhumación masiva en la historia actual se han realizado para desvelar escenarios de masacres condenadas internacionalmente. En 1943, los alemanes efectuaron una exhumación masiva en el bosque de Katyn. Allí habían sido enterrados en fosas comunes más de 4.000 oficiales e intelectuales polacos masacrados por los soviéticos por orden de Stalin. Los germanos propiciaron un estudio internacional forense para demostrar la autoría de la URSS y producir un quiebre en los aliados en un momento en que Alemania veía perdida la guerra. La maniobra no resultó al considerar Inglaterra y Estados Unidos que era mejor ignorar el repudiable crimen masivo realizado por su aliado. En 1944, los soviéticos volvieron a exhumar los restos para intentar demostrar que estos polacos habían sido asesinados por los alemanes. Sólo al desaparecer la URSS, las nuevas autoridades rusas dieron a conocer la realidad de lo sucedido.
Otro caso de exhumación masiva se ha hecho en Bosnia-Herzegovina durante 2004 y 2005, producto de la masacre de bosnios musulmanes de Srebrenica en 1995. Allí han sido removidos miles de cadáveres enterrados por los serbios en múltiples fosas. Más de 2500 víctimas han sido identificadas y enterradas formalmente. El penoso trabajo de identificación continúa aún en la actualidad y se estima que demorará varios años.
Barbarie en Lonquén.
A escasos días después del golpe militar se desató una oleada de violencia y muerte sobre los campesinos a lo largo del país. Los afectados por la reforma agraria vieron en la caída del gobierno de la Unidad Popular la ocasión propicia de venganza al constatar el estado de indefensión absoluta de los campesinos. Las nuevas autoridades, en vez de cautelar su integridad, instaba a su asesinato y participaban en ello. Mayor confianza aún les daba la abstención de los tribunales de justicia para impedir su criminal acción. Entró a regir el terrorismo de Estado violando el derecho fundamental a la vida de los partidarios del gobierno depuesto. Las fuerzas armadas y carabineros, en vez de cumplir su rol de garantes de la seguridad pública, ejercieron el papel de sádicos verdugos. La vida humana fue depreciada a un grado inverosímil La extrema derecha quiso dar una lección para que “nunca más” los campesinos pretendieran arrebatarles las tierras a los hacendados. Un ejemplo de este desamparo ocurrió en Osorno, el 18 de septiembre de 1973, cuando trece personas, durante el toque de queda, fueron aprehendidas por carabineros quienes las entregaron a un grupo de civiles que ocultaban su identidad utilizando gorros pasamontañas. Éstos las trasportaron en un camión hasta el río Pilmaiquén, en donde se les obligó a formarse contra la barrera del puente y se procedió a ultimarlas fríamente, disparándoles a quemarropa. Como cada verdugo se encargaba de una de las víctimas, al que le correspondía la alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Ester Valderas, le falló el arma, circunstancia que ella aprovechó para lanzarse al río y tuvo la fortuna de no recibir ningún impacto de la lluvia de balas disparada por los victimarios cuando se encontraba en el agua. La bienaventurada Blanca se escondería prudentemente por largo tiempo, entregando después irrefutable testimonio como testigo presencial del múltiple asesinato. Otro representativo ejemplo de conducta criminal de carabineros fue la actuación del capitán Adrián Fernández y del sargento Eliseo Águila, de la Comisaría de Rahue, que ejecutaron sin miramiento alguno a varios campesinos y a dirigentes de la Unidad Popular en las semanas siguientes al golpe militar.
En este nefasto contexto, el 7 de octubre de 1973, once obreros agrícolas fueron arrestados por una patrulla de carabineros de la tenencia de Isla de Maipo, a cargo del teniente Lautaro Castro Mendoza, y transportados en una camioneta perteneciente al dueño del fundo donde se encontraban las casas de los detenidos. Inicialmente se detuvo a cinco miembros de la familia de Sergio Maureira Muñoz (el padre y sus cuatro hijos), después a Enrique Astudillo Rojas y sus dos hijos y, ya en la noche, a Oscar Hernández Flores y sus dos hermanos. En la detención, los carabineros actuaron con inusitada brutalidad, registrando las habitaciones y aterrando a las familias. Además, en la plaza del pueblo, fueron detenidos cuatro jóvenes, Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Los detenidos fueron paseados por las calles del pueblo amarrados y tendidos sobre el piso de la camioneta y parados sobre ellos los carabineros, con el evidente propósito de amedrentar a la población. A la una de la mañana del día 8, fueron conducidos a Lonquén, al predio de la Cooperativa Agrícola El Triunfador, a 14 kilómetros de Talagante, en donde se hallaban dos hornos de unas minas de cal abandonadas. Allí se les hizo bajar del vehículo y, en un frenesí desbocado de odio y salvajismo, golpeados hasta morir, según se confirmaría en un análisis de los restos hechos varios años después en Estados Unidos, que aseguraría que la muerte había sido producto de “lesiones traumáticas contundentes”. Posteriormente sus cuerpos fueron introducidos en uno de los hornos, procediendo luego a tapiar su entrada. Se presume que algunas de las víctimas aún se encontraban con vida. Tenían entre 17 y 51 años. Al día siguiente los familiares fueron informados en la tenencia que los aprehendidos habían sido llevados al Estadio Nacional para ser interrogados. Concurrieron a ese recinto deportivo, pero allí se les dijo que no existía registro de su ingreso. En el SENDET les comunicaron que la entidad “no tenía ni había tenido nunca información sobre ellos” Desde ese día pasaron a la condición de detenidos-desaparecidos. La brutal actuación de estos carabineros aparece tan insensata e inútil dado que aquellos modestos campesinos no eran una amenaza para nadie. El gobierno militar había controlado la situación en muy pocos días y esta abominable matanza ocurrió casi un mes después del golpe de estado
Pasaron cinco años sin tener datos sobre estos infortunados trabajadores agrícolas, pese a los denodados esfuerzos de sus familiares para encontrarlos. El ministro del Interior, Sergio Fernández, en mayo de 1978 había declarado deshonestamente sobre las denuncias de los familiares de los detenidos desaparecidos, incluidos los de Isla de Maipo “Es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización”. Seis meses después su cínica posición quedaría implacablemente desvirtuada por la realidad. A mediados de noviembre de 1978, un anciano cuyo hijo había desaparecido después de ser capturado por agentes no identificados, lo buscaba incesantemente en la zona de Talagante. Acogiendo rumores que circulaban entre la gente del lugar, encontró los cuerpos en descomposición de varias personas en los hornos abandonados de la antigua mina de cal en Lonquén. Después de meditarlo mucho, valerosamente llevó la espeluznante información de su hallazgo a la Vicaría de la Solidaridad. El sacerdote Cristián Precht y el abogado Javier Luis Egaña comprobaron en el terreno el aterrador descubrimiento, pero postergaron la denuncia hasta después de terminado el Simposio Internacional sobre Derechos Humanos que se desarrollaba esos días en Santiago. No se atrevieron a hacerlo durante el curso reunión internacional, por temor a que el gobierno calificara la revelación como una traidora maquinación en contra del gobierno militar. Consecuentemente, el 30 de noviembre, cinco días después de finalizado el Simposio, la plana mayor de la Vicaría, encabezada por el obispo Enrique Alvear, acompañada del abogado Máximo Pacheco y de los periodistas Jaime Martínez y Abraham Santibáñez de las revistas Qué Pasa y Hoy visitaron el lugar de la masacre. Encontraron los restos de los 15 detenidos en Isla de Maipo en uno de los hornos abandonados, cuya chimenea se encontraba se encontraba bloqueada por una masa de hierros y enrejados que ocultaban una mezcla de osamentas humanas, ropa, cal y piedras La cal no había alcanzado a ejercer la acción destructora que esperaban los verdugos.
El 1° de diciembre de 1978 se efectuó la denuncia formal ante el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, quien nombró a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, quien, el 6 de ese mes, por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema sería reemplazada por el juez en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra,
La versión del entonces capitán Castro ante el juez Bañados fue de caracteres tan absurdos e inconsistentes que el magistrado la declaró “intrínsicamente inverosímil”. Relató Castro al juez: “Carabineros el 8 de octubre de 1973, alrededor de las 01.00 horas, trasladaban a los detenidos al Estadio Nacional. Deteniéndose en Lonquén, porque uno de los detenidos habría comunicado que en esa mina abandonada del área existía armamento oculto. En ese lugar bajaron los detenidos y mientras caminaban en dirección a los hornos, se produjo un ataque con armas de fuego desde los cerros cercanos contra la totalidad del grupo. Como resultado de dicha acción habían resultado muertos la totalidad de los detenidos, sin producirse bajas en los uniformados. Ante el temor de represalias por parte de los familiares de las víctimas, el oficial a cargo decidió ocultar los cadáveres en los hornos abandonados”. El juez Bañados fue lapidario en desvirtuar lo dicho por el capitán Castro, expresando en su dictamen: “La versión para tratar de explicar la muerte de los prisioneros no sólo se contrapone al mérito de los autos en múltiples aspectos y detalles, en particular, al número, desde luego, al número de víctimas, sino que resulta intrínsicamente inverosímil (…) en ninguno de los restos se comprobó señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de armas de fuego impactando en un organismo vivo, por lo que la causa de muerte de las quince personas hay que atribuirla a otra causas” “En ninguno de los quince restos esqueléticos estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirlas a otras causas”. Bañados, luego de precisado lo ocurrido, el 4 de abril, se declaró incompetente, pasando el caso a la Justicia Militar.
El fiscal militar, Gonzalo Salazar, encargó reos a los funcionarios de carabineros en calidad de “autores de delito de violencia innecesaria, causando la muerte”. El proceso fue inusualmente breve sobreseyéndose el 16 de agosto de 1979 mediante la aplicación de la ley de amnistía 2.191 de 1978 a la cual habían recurrido los reos. La Corte Marcial confirmó la resolución absolutoria el 22 de octubre de 1979
El director del Instituto Médico Legal, Claudio Molina Fraga, hizo todo lo posible para minimizar lo ocurrido a los campesinos de Isla de Maipo cuando fueron llevados al IML. Este psiquiatra, enfrentado a la disyuntiva de cumplir cabalmente con las obligaciones de su cargo o encubrir la acción genocida de la dictadura, optó por esto último. No precisó que las víctimas habían fallecido a causa de lesiones traumáticas contundentes, lo que sería demostrado en nuevas autopsias realizadas en Texas. Además, contravino la orden del fiscal militar, en orden a entregar los restos a los familiares que los esperaban en la iglesia Recoleta Franciscana el 12 de septiembre de 1979. En horas de la madrugada, personal del IML, obedeciendo sus instrucciones, los llevó al cementerio de la Isla de Maipo para ser sepultados en una fosa común.
En 1980, el nuevo propietario del fundo Lonquén, partidario de la dictadura, hizo dinamitar los hornos para evitar que el lugar continuara siendo lugar de peregrinaje de parientes y amigos de los 15 asesinados
En el 2006, los restos fueron exhumados y enviados al Health Science Center de la Universidad de Texas. Este laboratorio, en febrero de 2010, entregó la identificación de 13 de los 15 detenidos a los abogados de los familiares de los asesinados en Lonquén. El 28 de marzo del 2010 se celebró el funeral solemne en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo Así se cerró este horrendo episodio de la dictadura.
Exhumación masiva. Operación retiro de televisores.
El descubrimiento de cadáveres en los hornos de Lonquén produjo espanto mundial, pero fue bastante acallada por los medios en Chile. Ante la indesmentible ocurrencia de la masacre, Pinochet tuvo la opción de dar a conocer dónde se encontraban los cuerpos de los asesinados en otros sitios del país, como lo pedía la Iglesia, o persistir en su negación de los crímenes y que, con el inexorable paso del tiempo, todo fuese olvidado. Aún cuando confiaba en permanecer en el poder hasta su muerte, como Francisco Franco, quiso tomar precauciones para garantizar su impunidad. Si algo salía mal, podría atribuir la responsabilidad a los diferentes comandantes jurisdiccionales como lo había hecho en el caso de la “caravana de la muerte”. Consiguientemente, optó por hacer desaparecer definitivamente todos los restos de las víctimas de su régimen. Según su creencia, sin existencia de cuerpos no podría acreditarse delito alguno y los eventuales procesos deberían ser sobreseídos. A fines de 1975, había ya ordenado la exhumación masiva de los 26 ejecutados en Calama de la comitiva de Arellano Stark ante la eventualidad que sus familiares los encontraran. Esto era altamente probable dado que los buscaban incansablemente en el desierto debido a la información de un minero de haberlos casualmente ubicado. Mediante un criptograma había mandado desenterrarlos y, envueltos en sacos, ser lanzados al océano desde un C 47 de la FACH Esta exhumación fue como un modelo previo de lo que iba a ocurrir a lo largo del país con los restos de los desaparecidos. Pinochet, en las postrimerías de 1978 se encontraba ensoberbecido debido a que durante ese año había logrado imponer su criterio en varios importantes conflictos. Pese a la oposición de Leigh, Merino, Alessandri, el contralor Humeres, González Videla y la mayoría de la Conferencia Episcopal, había impuesto la realización de la consulta de enero para descalificar la condena de la ONU por violación a los derechos humanos y darse cierta legitimidad en el poder en un seudo acto eleccionario En abril había promulgado la ley de amnistía que aseguraba impunidad a los crímenes cometidos desde 1973. El otro éxito fue el desembarazarse del general Gustavo Leigh, destituyéndolo de la Junta de Gobierno. No le temía a la posibilidad de guerra con Argentina dada su gran afinidad con el general Videla y su acción conjunta en la operación Cóndor. Su megalomanía, aflorada en 1973, iba en creciente aumento Así, un endiosado Pinochet, considerándose omnipotente (te crees Dios le increpaba Leigh), a finales de 1978, envió a todas las unidades militares del país el criptograma categoría A-1 – máxima urgencia- bajo su nombre, ordenando desenterrar los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento respectivo y hacerlos desaparecer. La disposición amenazaba con “pasar a retiro” a cualquier comandante de regimiento si, después de la orden de limpieza, en su jurisdicción, se descubrían cuerpos de desaparecidos. Se denominó “operación de retiro de televisores” Con esta despiadada acción, Pinochet desaprovechó la oportunidad de atenuar el pesar de los familiares al permitir darle sepultura a sus deudos. Si hubiese actuado con humanidad habría facilitado la reconciliación, pero primó el intento quedar como inocente de los crímenes que eran de su directa responsabilidad. Se insistió en la versión que habían muerto en enfrentamientos y retirados por sus compañeros para sepultarlos o bien que habían abandonado clandestinamente el país. Inverosímil subterfugio que ahondaba el sufrimiento y resentimiento de los familiares. Pinochet y sus asesores creían que, si se encontraban algunos pequeños restos dispersos y mezclados, iba a ser imposible la identificación debido al paso de los años y la consiguiente degradación. Sin embargo, el rápido avance tecnológico mediante el ADN mitocondrial, nuclear y del cromosoma sexual masculino (Y) en dientes y huesos haría posible tal identificación en laboratorios internacionales altamente especializados.
Pese a que todos los antecedentes acreditaban sin lugar a dudas la autoría de las fuerzas armadas y carabineros de la acción genocida agravada por la exhumación masiva, éstos negaron recalcitrantemente su participación. El pacto de silencio no se quebrantó hasta la celebración de la Mesa de Diálogo en 1999. Paradojalmente, quien precipitó este reconocimiento fue el propio Pinochet. Los uniformados se vieron forzados a participar en dicha Mesa para apoyar su retorno desde Londres. Era preciso demostrar al mundo que los uniformados chilenos estaban llanos a colaborar para que en Chile hubiese verdad y justicia. Lo difícil e ingrato para los militares fue el reconocer su conducta criminal que habían calificado como calumnias de los marxistas y que cientos de veces habían rotundamente negado El general ® Jorge Ballerino, estrecho asesor de Pinochet, graficaría la situación diciendo “caímos en una trampa” . Es evidente que esto nunca hubiera ocurrido si Pinochet no hubiese sido detenido en Londres. Esto explica las descalificaciones y manifestaciones de odio hacia el juez Garzón por parte de los generales® Garín, Villarroel, Cortéz-Villa y del coronel ® Labbé y las acusaciones que el gobierno de Frei Ruiz-Tagle no defendió apropiadamente el honor de la patria tan gravemente agraviado.
Ejemplos emblemáticos de exhumaciones ilegales.
Los mártires de La Moneda.
El 11 de septiembre acudieron al palacio presidencial los asesores, funcionarios, varios médicos y algunos miembros del GAP que lograron arribar a la Moneda El grupo estaba conformado por miembros del GAP y por destacados profesionales, asesores del presidente Allende, cuyo anhelo era proporcionar a los más desvalidos una vida digna en un mundo más igualitario, solidario y justo. Ese fatídico 11 de septiembre, los sobrevivientes de La Moneda abandonaron el palacio embargados de desgarrador dolor por la muerte del presidente Allende, pero con admiración acrecentada por su heroica conducta Al salir a la calle Morandé, se vieron enfrentados a la amenaza de un oficial que pretendía pasar su tanque sobre sus cuerpos, lo cual fue evitado por el general Javier Palacios. Por orden de este oficial fueron liberados varios médicos. En la tarde fueron llevados al regimiento Tacna los GAP y los asesores Jaime Barrios, gerente del Banco Central, Eduardo Paredes, Enrique París, Sergio Contreras, Enrique Huerta, Daniel Escobar, Claudio Jimeno, Georges Klein, Héctor Pincheira y Arsenio Pupin . Allí serían víctimas del trato más vil y degradante posible de imaginar por parte de miembros del Ejército, cuyo comportamiento mancillaría a la Institución Fueron cruelmente torturados, pisoteados, permanentemente golpeados y reiteradamente avisados que iban a ser ejecutados. Incluso un sacerdote les ofrecía la extremaunción, que consta fue categóricamente rechazada por el doctor Enrique París, destacado miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile Los responsables fueron el comandante del Tacna, coronel Joaquín Ramírez Pineda y su superior el general Herman Brady. Al mediodía del 13, 21 de ellos, amarrados con alambres fueron conducidos en un camión militar al fuerte Arteaga en Colina. Allí colocados al borde de un profundo pozo fueron ejecutados mediante disparos de ametralladora que los hacía caer en el socavón. Al momento de ser ajusticiados, ante la ira de sus verdugos, valientemente, profirieron vivas a Allende y a la revolución socialista. Terminada la brutal matanza, los militares lanzaron granadas para destruir sus cuerpos y comenzar a tapar el foso. Esta horrenda matanza se hizo violando flagrantemente los Convenios de Ginebra que los militares debían respetar, especialmente al declarar el día anterior “Estado o tiempo de guerra”, mediante el DL N°5.
Las gestiones de los familiares para conocer el destino de los detenidos en La Moneda, no dieron resultado alguno. El regimiento Tacna negó reiteradamente que hubiesen estado en ese lugar, pese a muchos testimonios que atestiguaban lo contrario. El Mercurio aportó a la desinformación publicando la falsa noticia que Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, había muerto en un enfrentamiento el 16 de septiembre de |973.
Mediante una retroexcavadora, los cuerpos fueron exhumados el 23 de diciembre de 1978. Según un subteniente que ayudó a localizar el sitio de la matanza, la orden fue dada por el general Enrique Morel Donoso y la operación comandada por el coronel Hernán Canales. Luego, de extraídos los cadáveres, el personal de inteligencia a cargo del capitán Luis Fuenzalida los introdujo en sacos. Posteriormente fueron subidos a un helicóptero que los lanzó al mar a la altura del balneario de Quintero
La ministra en visita, Amanda Valdovinos, a cargo de la verificación de la información obtenida de la Mesa de Diálogo, ubicó el sitio de ejecución a fines de 2001. En enero de 2002 se encontraron en el lugar más de 400 fragmentos de cráneos, mandíbulas, vértebras y dientes. En 1995. los restos de los médicos Eduardo Paredes y Enrique París fueron erróneamente identificados entre los sepultados como NN en el patio 29 del Cementerio General. Se les realizó la correspondiente ceremonia fúnebre. Después se supo que habían sido mal determinados. Solamente en octubre del 2010, los restos de Enrique París y Héctor Pincheira fueron identificados en Innsbruck, Austria, entre los encontrados en Peldehue y por fin pudieron ser sepultados acertadamente.
Las acciones legales para castigar a los culpables de las exhumaciones llegaron a un punto muerto en 2007, al declarar los jueces “La acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo, debiéndose aplicar el beneficio de la prescripción. El delito de inhumación y exhumación ilegal de los cuerpos de estos prisioneros, sólo constituyó una violación del Código Sanitario, según el Código Penal y está lejos de configurar un delito de lesa humanidad”
La masacre del 16 de octubre de 1973.-
La localidad de Paine posee el trágico privilegio de contar con el mayor número de detenidos desaparecidos en el país, en relación a su población. Se contabilizan alrededor de 100 casos. Una de las matanzas ocurrió el 16 de octubre de 1973. Ese día fueron detenidos 22 personas por una patrulla militar con caras pintadas o rostros cubiertos con pasamontañas, comandada por el teniente Andrés Magaña Bau. Este oficial atestigua que recibió la orden de ejecutarlos del coronel director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Leonel König Altermann, quien le entregó una lista de las víctimas. -este oficial se suicidaría en su oficina en junio de 1979, al ser citado a declarar-. La mayoría eran campesinos, pero entre ellos se encontraba el industrial Andrés Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira Los condujeron a la quebrada de Los Arrayanes, localizada en Litueche, sector del lago Rapel Allí fueron fusilados y enterrados . A fines de 1978, Magaña, a petición de inteligencia militar, entregó un plano del lugar de ejecución para la exhumación de los cuerpos. Este mismo oficial, en octubre del 2005, confesó que los restos habían sido arrojados al mar.
En octubre 2007 se encontró el lugar de la masacre, después de un intento frustrado por información incorrecta de Magaña, gracias a que otro integrante de la patrulla proporcionó el sitio exacto. Allí, en el fundo Cerro Alto, durante 3 meses trabajaron 25 peritos del SML, Carabineros e Investigaciones Se hallaron 2 cráneos, 295 fragmentos óseos, incluidas 76 piezas dentales, pedazos de vidrios ópticos, un trozo de un marco de lentes, zapatos, ropa, 3 anillos, 100 vainas de fusil y revólver y 150 proyectiles percutados.
En junio 2009, el juez Héctor Solís, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, exhibió los restos culturales a los familiares y les comunicó que los restos óseos habían sido enviados a un laboratorio especializado de Innsbruck, Austria, para su identificación. El 11 de junio 2010, este magistrado dio a conocer la identificación de 9 de los ejecutados, entre ellos, Andrés Pereira. Se encuentran enjuiciados actualmente por la masacre Andrés Magaña, José Vásquez y el civil Juan Quintanilla.
Matanza en Chihuío.
El 9 de octubre de 1973, una caravana de 7 vehículos militares del regimiento de Caballería Cazadores de Valdivia y del Maturana de La Unión, se dirigió al complejo maderero Panguipulli. El grupo, que se componía de alrededor de 90 efectivos, iba a cargo del comandante de escuadrón capitán Luis Osorio. En los pueblos de Curriñe, Chabranco, Llifén y Futrono fue deteniendo a obreros forestales, dirigentes sindicales y a campesinos, completando 17 individuos, según una lista que portaban. La mayoría eran miembros del sindicato “Esperanza del Obrero”. Uno de los detenidos, Fernando Mora, era menor de edad. Todos eran gente humilde que se encontraba en su lugar de trabajo, confiando en las promesas del régimen militar que sus vidas y sus derechos iban a ser respetados. Américo González Torres, dueño del fundo Chihuío, quien había formulado denuncias sobre estos trabajadores, calificándolos de “agitadores”, asesoró las detenciones Esa misma noche, la comitiva los condujo al sector Termas de Chihuío, cercano a Neltume, en donde se procedió a masacrarlos con corvos en sector próximo a la Hostería de las termas. Al día siguiente, un habitante del lugar, que conocía a muchas de las víctimas, encontró un macabro escenario de inconcebible ensañamiento. Había grandes charcos de sangre, la mayoría presentaba cortes en las manos y abdomen con exposición de vísceras, algunos habían sido degollados, a otros se les había cercenado sus testículos, no observó heridas de bala, pese a que esa noche se habían escuchado disparos. Permanecieron cubiertos solo por algunos troncos y ramas durante varios días y finalmente sepultados en varias fosas cavadas por efectivos del Ejército. Esta demora fue una forma de intimidación a la población de la zona. Por orden de un juzgado militar de Valdivia se emitieron certificados de defunción, acreditándose el fallecimiento mediante el testimonio de dos soldados con domicilio en el Regimiento Cazadores, forzados a servir de testigos. En todos estos documentos figuran muertos a las 22.30 del 9 de octubre de 1973 en Liquiñe, consignándose por causa no precisada. Las asistentes sociales del Ejército les hicieron ver a las cónyuges que en esta forma se les ayudaba para que cobraran pensiones de viudez. Consultado el general Héctor Bravo por un hermana de uno de los fallecidos, respondió que “se habían enfrentado con los militares, por lo cual resultaron muertos”. Este general hizo investigar lo acontecido por un fiscal militar, quien llegó a la conclusión que la patrulla había sido atacada con disparos de fusil, ataque que repelieron, resultando muertos todos los detenidos, sin que se produjeran heridos ni muertos dentro de la comitiva militar. Destaca la similitud con la inverosímil versión dada en el caso Lonquén, apareciendo como una copia de ella. Por su parte, el entonces coronel Sinclair, jefe del regimiento Cazadores, recordó que ese día de octubre recibió una llamada telefónica de Santiago para enviar camiones a Lanco para una operación reservada, que no supo en que consistió.
A fines de 1978, personal de inteligencia del Ejército, vestido de civil, requirió la colaboración del terrateniente Américo González para ubicar el sitio de las tumbas. Localizado el lugar, se procedió a la remoción de los cadáveres, sin que los autores hayan revelado adonde fueron llevados. El ministro en visita, Nibaldo Segura, el 17 de junio de 1990 encontró 3 fosas de donde hizo exhumar los restos que quedaron después de su remoción por los militares. Eran tan escasos que se consideró inútil ser sometidos a proceso de identificación. Así, el 26 de agosto de 1990 fueron velados en un solo féretro y luego sepultados en el cementerio de Valdivia. Ese mismo año 1990, se encontraron en dicho camposanto varios esqueletos que presuntamente correspondían a las víctimas, que fueron enviados al IML
En marzo del 2003, el juez Alejandro Solís procesó por secuestro en el caso Chihuío al capitán Luis Osorio, al teniente de Carabineros Luis Osses, al general /R) Jerónimo Pantoja, ex comandante del regimiento Maturana y al general ® Héctor Bravo, jefe de la IV División del Ejército, con sede en Valdivia, a la fecha de los hechos . Ofició al SML en mayo del 2005 para que informara sobre los peritajes realizados. Al no tener respuesta, emitió su sentencia en 2006 condenando a los dos primeros a 10 años de prisión. En junio de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó el fallo por la inexistencia de informe del IML que avalara la identidad de las víctimas, entregando el caso al juez Jorge Zepeda. El 15 de noviembre de 2007 informó el IML “no es posible establecer la identificación personal a los restos óseos en los exámenes médico legales hasta ahora realizados” A mediados del 2008, el IML, remitió muestras de Chihuío, Paine y Calama a laboratorios internacionales especializados en identificación en base a remanentes óseos, dada la imposibilidad de hacerla en el país.. El magistrado Zepeda falló en julio del 2009, sin aplicar la amnistía ni la prescripción que invocaban los acusados, al considerarlos delitos de lesa humanidad reconocidos por el Derecho Internacional. Sin embargo, rebajó la condena de Osorio a 7 años y a Osses a 3 años con el beneficio de libertad vigilada.
Remoción incompleta en Pisagua.
Existen antecedentes que indican que en Pisagua fue asesinado un elevado número de prisioneros, se calcula alrededor de 150.. En diciembre de 1978 se hizo la remoción de cadáveres ordenada por Pinochet. Sin embargo, es obvio que se pasó por alto una de las fosas. El hallazgo de ella provocaría uno de los mayores episodios de furia de Pinochet. Su perentoria orden de exhumación no había sido cumplida. Ocurría este descubrimiento cuando él estaba cuestionando la formación de la comisión Rettig al considerarla una afrenta a su gobierno, una maniobra marxista contraria al olvido y a la reconciliación. No había quedado satisfecho con la inclusión en ella de dos de sus fervorosos partidarios, Gonzalo Vial y Ricardo Martín. La indignación de Pinochet tenía fundamentos, pues los casos del hallazgo de esta fosa intacta mostrarían fehacientemente que los militares habían violado el derecho humano fundamental: la vida de los occisos, ante lo cual la Comisión no podía callar. Con nombres y apellidos se demostrarían aberraciones inimaginables. Casos de personas fríamente ejecutadas, aduciendo después aplicación de ley de la fuga. Consejos de guerra hechos con posterioridad a la ejecución. Individuos juzgados sin su comparecencia en lugares distintos adonde estaban prisioneros. Abogados defensores a los cuales se les negó el acceso a la acusación. Prácticamente, en ningún caso hubo un debido proceso.
El 31 de mayo de 1990, la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión de Derechos Humanos presentaron en el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal. Se basaba en el testimonio entregado por Alberto Neumann, quien guardaba indeleblemente en su memoria las ejecuciones y la inhumación allí realizadas, pese al paso de los años. Este médico de Valparaíso había sido obligado por el teniente coronel Ramón Larraín a presenciar al salvaje episodio y comprobar si los fusilados se encontraban aún con vida, para darles el tiro de gracia. Recordaba con detalle el sitio del suceso y lo comunicó en 1989 a la Vicaría que decidió esperar hasta el término del gobierno militar. Después de marzo de 1990, debió retardarse la comunicación un tiempo más, porque el acceso se encontraba obstaculizado por una barrera militar Finalmente, el 2 de junio, en el lugar cercano al cementerio de Pisagua indicado por Neumann, fueron encontrados 19 cadáveres. Pese a haber estado cubiertos solo por arpillera, la sal había permitido que los cuerpos se conservaran intactos junto con sus vestimentas, amarras, vendas, las marcas de impactos de bala e incluso sus expresiones de sufrimiento. Se procedió a la correspondiente investigación judicial por el ministro en visita Hernán Sánchez Marré de la Corte de Apelaciones de Arica, quien citó a declarar a testigos y familiares e identificó a los exhumados. Según la autoridad militar, algunos habían sido dejados en libertad, a otros se les había aplicado la ley de la fuga y la mayoría condenados en consejos de guerra. Destacaba entre los ajusticiados el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas, sometido a juicio por el siniestro fiscal militar Mario Acuña Riquelme, quien anteriormente había sido sometido a proceso por el CDE por tráfico de estupefacientes. Se encontraba entre los muertos Manuel Sanhueza sobre el cual se había informado a su familia que, en su traslado desde Valparaíso, se había fugado y ahogado al lanzarse al mar La investigación fue interrumpida por petición de incompetencia hecha por la Justicia Militar y la causa pasó al Séptimo Juzgado Militar de Arica, que aplicó la ley de amnistía en 1992. Este fallo fue apelado por los abogados de la Vicaría, pero la Corte Suprema confirmó la amnistía, pese a que era evidente la vulneración de los Convenios de Ginebra que hacía improcedente su aplicación. Esta ratificación fue reflejo de la composición del Tribunal Supremo, integrado por magistrados nombrados por el ministro de Justicia, Hugo Rosende, quien tuvo la precaución que solo ascendieran a ella jueces probadamente obsecuentes con la dictadura.
Exhumaciones en la colonia Dignidad
Cuando se realizó la exhumación masiva, la resolución de Pinochet también llegó a la colonia Dignidad que había sido centro de torturas y exterminio. Existió allí un subterráneo de pequeñas celdas, herméticamente cerradas y a prueba de ruidos para obtener información de los prisioneros, sin que los residentes tomaran conocimiento de esta actividad. En la práctica, villa Baviera fue una dependencia de la DINA, acogiendo detenidos de toda la zona central del país. Los alemanes demostraron su eficiencia en hacer desaparecer los restos de los detenidos-desaparecidos en el enclave germano que, conservadoramente, se estima que fueron alrededor de 100. Paul Schäffer, al enterarse de la orden de remoción de los cadáveres dada por Pinochet, dispuso: “Hay que limpiar el fundo. ¡Sáquenlos y desháganse de ellos! Luego, bajo su directa supervisión, Rudi Collen y Willy Malessa, los mismos colonos que habían efectuado las inhumaciones, realizaron el desentierro de los cuerpos. Utilizaron un método más científico y efectivo que el empleado por los militares chilenos. Con la misma retroexcavadora con que habían sido cavadas las fosas y sepultados los asesinados, desenterraron sus cadáveres ya putrefactos, cuidando que no quedara ningún resto de ellos. Enseguida, introdujeron cada cuerpo en un saco bien atado y luego lo insertaron dentro de otro que contenía fósforo, elemento que actúa sobre la materia orgánica, destruyéndola hasta reducirla a cenizas. Una vez que la sustancia química desintegró íntegramente los restos humanos, las cenizas fueron llevadas al río Perquilauquén, que cruza el predio, en donde se arrojaron para hacer desaparecer definitivamente todo vestigio. Varios intentos posteriores de excavaciones para ubicar restos dentro del recinto de la colonia han resultado infructuosos.
Patética justificación de las exhumaciones.
Sólo a lo largo de los años se fueron conociendo datos acerca de esta masiva y tenebrosa maniobra de remoción de cadáveres que tuvo el cobarde propósito el borrar las huellas de los crímenes de la dictadura, para garantizar impunidad. Los partidarios incondicionales de Pinochet, en un intento por justificar tan abominable acción del dictador, aducen que fue necesaria para fortalecer el espíritu patriótico de la ciudadanía ante la amenaza de guerra con Argentina. Así, en el 2000 el general ® Odlanier Mena, ex director de la CNI, declaró “El hallazgo de los cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía razón para ir a la guerra y que apoyara a sus fuerzas armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos “lonquenes”, el frente interno se iba a dañar. Por esto, los comandantes en jefe resolvieron que las unidades no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubieran en cada zona” . Sin embargo, el mayor ®, Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen de Tucapel Jiménez, afirmó en entrevista el 18 de enero de 2009 a LND “el desentierro de los cuerpos se hizo bajo el mando de Odlanier Mena”.
El Cuerpo de Generales, cuando se encontraron tantos lugares de remociones de cadáveres, emitió una declaración dejando claramente de manifiesto que el Ejército y Pinochet eran una sola entidad. Expresó este comunicado, demostrativo de obcecación y de cuestionable racionalidad: “(…) Es sabido que cuando se quiere desprestigiar a los vencedores se les culpa de crueldad, de excesos criminales y, sobretodo, de ejercer un castigo desproporcionado a la capacidad ofensiva de las fuerzas derrotadas (…) En nuestro caso, estamos seguros de que la victoria de la libertad no se hubiera obtenido sin el empleo de acciones severas y disuasivas que ejecutaron las Fuerzas Armadas y Carabineros”
Testimonios de participantes en la operación de exhumaciones masivas.
El secreto de la exhumación masiva fue guardado durante años, acatando los uniformados el pacto de silencio. Influyó en esta rígida observancia la permanencia de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército. Pero, después de la Mesa de Diálogo, suboficiales sometidos a interrogación judicial, revelaron la existencia de la orden de exhumación y de su cumplimiento por parte de Inteligencia del Ejército.
El sargento en retiro, Juan Carlos Balboa Ortega atestiguó ante el juez Juan Guzmán: “A fines de 1978 se recibió en la sección de Inteligencia un criptograma secreto proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, en ese entonces el Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades. En resumen, ese documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual se ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar”
El oficial Pedro Rodríguez Bustos dio una versión concordante con la de Balboa, al testificar: “El año 1978 se recibió una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso; dicha orden tenía como referencia la orden de la comandancia en jefe del Ejército, la que fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país. Debo agregar que, en lo puntual, la orden disponía que los comandantes de regimientos debían reunirse con el personal de oficiales y especialmente con el personal de suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974”.
En enero del 2003, el suboficial Jaime Müller Avilés, disgustado por las expresiones de Pinochet a un canal de televisión de Miami, envió una carta al general Cheyre, con copia al Auditor General del Ejército y a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta misiva, que se incorporó al expediente del juez Guzmán, expresaba:
“Con mucho dolor he tenido conocimiento a través de los años de entrevistas concedidas por superiores de la institución, pero, lo que me ha hecho reaccionar con indignación y sorpresa ha sido la última dada a conocer por los medios de comunicación oral y escrita del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, donde, entre otras cosas, culpa a sus subalternos de lo acontecido durante su gobierno a partir de 1973, en lo que dice relación a las violaciones de los Derechos Humanos.
Señor Comandante en Jefe es inconcebible y doloroso, darse cuenta que la institución a la que se le entregó parte de la vida, lealtad, obediencia y respeto, nos considere la nada misma.
Señor Comandante en Jefe, como auxiliar de inteligencia, desde el año 1977 y hasta 1986, me tocó conocer un sinnúmero de situaciones como por ejemplo la que viví en 1978 al cumplir órdenes superiores con respecto al Plan “Retiro de Televisores”, que no fue otra cosa que sacar desde cementerios o fosas comunes a un número indeterminado de ejecutados políticos, cuyo destino final lo guardo en reserva.
Afortunadamente, y Dios es testigo de que ni mis manos ni mi conciencia están manchadas con sangre de algún ser humano, sólo haber cargado en mis espaldas cuerpos que por órdenes de quien hoy se auto cataloga como “Ángel” tuve que cumplir”
Corolario.- Los uniformados chilenos quebrantaron el honor militar al actuar como una pandilla de criminales para eliminar a partidarios del gobierno depuesto. Agravaron su deshonra al pretender hacer desaparecer definitivamente los cadáveres mediante su exhumación para lograr impunidad Obtuvieron una victoria militar contra un enemigo inerme, al cual declararon una guerra imaginaria, con lo cual se auto infringieron una inmensa derrota moral. Debido a su incondicional devoción a Pinochet, que se mantuvo hasta su muerte, deberán pasar varias generaciones para que el Ejército recupere el prestigio que tuvo antes del golpe de 1973. Los generales llegaron al extremo de culto a la personalidad al nombrarlo en marzo de 1990 “Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile”.
Artículo escrito en memoria de Enrique París Roa.
La exhumación se considera una profanación inaceptable en la mayoría de las culturas y solo se admite al ser dispuesta legalmente Se valora como un derecho básico dar una sepultura digna a los muertos. El caso chileno de remoción masiva de los restos de los detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos de la dictadura fue un acto brutal y despiadado. Constituyó una demostración máxima de ultraje a las víctimas y a sus familiares ejecutado por agentes del Estado, fríamente planificada. No parece existir en la historia un acontecimiento semejante, solo podría equipararse a la sistemática incineración de los cuerpos en los campos de concentración de la Alemania nazi. Primó en la mente del dictador el asegurar la impunidad para él y sus subalternos, “mis hombres”, como él solía decir. Su racionamiento fue que no se podía configurar un delito si desaparecían definitivamente los cuerpos. Sus frustrados estudios de abogacía y su restringido criterio lo llevaron a proceder de esa forma. Al actuar en esta tenebrosa manera, acentuó su desprestigio internacional, lo cual influiría en su contra cuando fue detenido en Inglaterra en octubre de 1988. En cierto modo, Augusto Pinochet fue un “revolucionario” de la práctica de las exhumaciones, así como Heinrich Himmler en la “solución final” para exterminar a los judíos.. Esta carencia total de conmiseración hacia sus víctimas lo hizo adjudicarse un lugar privilegiado entre los más crueles dictadores, a la altura de Hitler, Stalin o Pol Pot, superando por lejos a sus similares latinoamericanos. Por ello su recuerdo continúa siendo traumático.Casos de exhumación masiva en la historia actual se han realizado para desvelar escenarios de masacres condenadas internacionalmente. En 1943, los alemanes efectuaron una exhumación masiva en el bosque de Katyn. Allí habían sido enterrados en fosas comunes más de 4.000 oficiales e intelectuales polacos masacrados por los soviéticos por orden de Stalin. Los germanos propiciaron un estudio internacional forense para demostrar la autoría de la URSS y producir un quiebre en los aliados en un momento en que Alemania veía perdida la guerra. La maniobra no resultó al considerar Inglaterra y Estados Unidos que era mejor ignorar el repudiable crimen masivo realizado por su aliado. En 1944, los soviéticos volvieron a exhumar los restos para intentar demostrar que estos polacos habían sido asesinados por los alemanes. Sólo al desaparecer la URSS, las nuevas autoridades rusas dieron a conocer la realidad de lo sucedido.
Otro caso de exhumación masiva se ha hecho en Bosnia-Herzegovina durante 2004 y 2005, producto de la masacre de bosnios musulmanes de Srebrenica en 1995. Allí han sido removidos miles de cadáveres enterrados por los serbios en múltiples fosas. Más de 2500 víctimas han sido identificadas y enterradas formalmente. El penoso trabajo de identificación continúa aún en la actualidad y se estima que demorará varios años.
Barbarie en Lonquén.
A escasos días después del golpe militar se desató una oleada de violencia y muerte sobre los campesinos a lo largo del país. Los afectados por la reforma agraria vieron en la caída del gobierno de la Unidad Popular la ocasión propicia de venganza al constatar el estado de indefensión absoluta de los campesinos. Las nuevas autoridades, en vez de cautelar su integridad, instaba a su asesinato y participaban en ello. Mayor confianza aún les daba la abstención de los tribunales de justicia para impedir su criminal acción. Entró a regir el terrorismo de Estado violando el derecho fundamental a la vida de los partidarios del gobierno depuesto. Las fuerzas armadas y carabineros, en vez de cumplir su rol de garantes de la seguridad pública, ejercieron el papel de sádicos verdugos. La vida humana fue depreciada a un grado inverosímil La extrema derecha quiso dar una lección para que “nunca más” los campesinos pretendieran arrebatarles las tierras a los hacendados. Un ejemplo de este desamparo ocurrió en Osorno, el 18 de septiembre de 1973, cuando trece personas, durante el toque de queda, fueron aprehendidas por carabineros quienes las entregaron a un grupo de civiles que ocultaban su identidad utilizando gorros pasamontañas. Éstos las trasportaron en un camión hasta el río Pilmaiquén, en donde se les obligó a formarse contra la barrera del puente y se procedió a ultimarlas fríamente, disparándoles a quemarropa. Como cada verdugo se encargaba de una de las víctimas, al que le correspondía la alcaldesa de Entre Lagos, Blanca Ester Valderas, le falló el arma, circunstancia que ella aprovechó para lanzarse al río y tuvo la fortuna de no recibir ningún impacto de la lluvia de balas disparada por los victimarios cuando se encontraba en el agua. La bienaventurada Blanca se escondería prudentemente por largo tiempo, entregando después irrefutable testimonio como testigo presencial del múltiple asesinato. Otro representativo ejemplo de conducta criminal de carabineros fue la actuación del capitán Adrián Fernández y del sargento Eliseo Águila, de la Comisaría de Rahue, que ejecutaron sin miramiento alguno a varios campesinos y a dirigentes de la Unidad Popular en las semanas siguientes al golpe militar.
En este nefasto contexto, el 7 de octubre de 1973, once obreros agrícolas fueron arrestados por una patrulla de carabineros de la tenencia de Isla de Maipo, a cargo del teniente Lautaro Castro Mendoza, y transportados en una camioneta perteneciente al dueño del fundo donde se encontraban las casas de los detenidos. Inicialmente se detuvo a cinco miembros de la familia de Sergio Maureira Muñoz (el padre y sus cuatro hijos), después a Enrique Astudillo Rojas y sus dos hijos y, ya en la noche, a Oscar Hernández Flores y sus dos hermanos. En la detención, los carabineros actuaron con inusitada brutalidad, registrando las habitaciones y aterrando a las familias. Además, en la plaza del pueblo, fueron detenidos cuatro jóvenes, Miguel Brant, Iván Ordóñez, José Herrera y Manuel Navarro. Los detenidos fueron paseados por las calles del pueblo amarrados y tendidos sobre el piso de la camioneta y parados sobre ellos los carabineros, con el evidente propósito de amedrentar a la población. A la una de la mañana del día 8, fueron conducidos a Lonquén, al predio de la Cooperativa Agrícola El Triunfador, a 14 kilómetros de Talagante, en donde se hallaban dos hornos de unas minas de cal abandonadas. Allí se les hizo bajar del vehículo y, en un frenesí desbocado de odio y salvajismo, golpeados hasta morir, según se confirmaría en un análisis de los restos hechos varios años después en Estados Unidos, que aseguraría que la muerte había sido producto de “lesiones traumáticas contundentes”. Posteriormente sus cuerpos fueron introducidos en uno de los hornos, procediendo luego a tapiar su entrada. Se presume que algunas de las víctimas aún se encontraban con vida. Tenían entre 17 y 51 años. Al día siguiente los familiares fueron informados en la tenencia que los aprehendidos habían sido llevados al Estadio Nacional para ser interrogados. Concurrieron a ese recinto deportivo, pero allí se les dijo que no existía registro de su ingreso. En el SENDET les comunicaron que la entidad “no tenía ni había tenido nunca información sobre ellos” Desde ese día pasaron a la condición de detenidos-desaparecidos. La brutal actuación de estos carabineros aparece tan insensata e inútil dado que aquellos modestos campesinos no eran una amenaza para nadie. El gobierno militar había controlado la situación en muy pocos días y esta abominable matanza ocurrió casi un mes después del golpe de estado
Pasaron cinco años sin tener datos sobre estos infortunados trabajadores agrícolas, pese a los denodados esfuerzos de sus familiares para encontrarlos. El ministro del Interior, Sergio Fernández, en mayo de 1978 había declarado deshonestamente sobre las denuncias de los familiares de los detenidos desaparecidos, incluidos los de Isla de Maipo “Es muy factible que la gran mayoría de los presuntos desaparecidos haya pasado a la clandestinidad o hayan caído en enfrentamientos bajo las identidades falsas que portaban, impidiendo su individualización”. Seis meses después su cínica posición quedaría implacablemente desvirtuada por la realidad. A mediados de noviembre de 1978, un anciano cuyo hijo había desaparecido después de ser capturado por agentes no identificados, lo buscaba incesantemente en la zona de Talagante. Acogiendo rumores que circulaban entre la gente del lugar, encontró los cuerpos en descomposición de varias personas en los hornos abandonados de la antigua mina de cal en Lonquén. Después de meditarlo mucho, valerosamente llevó la espeluznante información de su hallazgo a la Vicaría de la Solidaridad. El sacerdote Cristián Precht y el abogado Javier Luis Egaña comprobaron en el terreno el aterrador descubrimiento, pero postergaron la denuncia hasta después de terminado el Simposio Internacional sobre Derechos Humanos que se desarrollaba esos días en Santiago. No se atrevieron a hacerlo durante el curso reunión internacional, por temor a que el gobierno calificara la revelación como una traidora maquinación en contra del gobierno militar. Consecuentemente, el 30 de noviembre, cinco días después de finalizado el Simposio, la plana mayor de la Vicaría, encabezada por el obispo Enrique Alvear, acompañada del abogado Máximo Pacheco y de los periodistas Jaime Martínez y Abraham Santibáñez de las revistas Qué Pasa y Hoy visitaron el lugar de la masacre. Encontraron los restos de los 15 detenidos en Isla de Maipo en uno de los hornos abandonados, cuya chimenea se encontraba se encontraba bloqueada por una masa de hierros y enrejados que ocultaban una mezcla de osamentas humanas, ropa, cal y piedras La cal no había alcanzado a ejercer la acción destructora que esperaban los verdugos.
El 1° de diciembre de 1978 se efectuó la denuncia formal ante el presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, quien nombró a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, quien, el 6 de ese mes, por acuerdo del Pleno de la Corte Suprema sería reemplazada por el juez en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra,
La versión del entonces capitán Castro ante el juez Bañados fue de caracteres tan absurdos e inconsistentes que el magistrado la declaró “intrínsicamente inverosímil”. Relató Castro al juez: “Carabineros el 8 de octubre de 1973, alrededor de las 01.00 horas, trasladaban a los detenidos al Estadio Nacional. Deteniéndose en Lonquén, porque uno de los detenidos habría comunicado que en esa mina abandonada del área existía armamento oculto. En ese lugar bajaron los detenidos y mientras caminaban en dirección a los hornos, se produjo un ataque con armas de fuego desde los cerros cercanos contra la totalidad del grupo. Como resultado de dicha acción habían resultado muertos la totalidad de los detenidos, sin producirse bajas en los uniformados. Ante el temor de represalias por parte de los familiares de las víctimas, el oficial a cargo decidió ocultar los cadáveres en los hornos abandonados”. El juez Bañados fue lapidario en desvirtuar lo dicho por el capitán Castro, expresando en su dictamen: “La versión para tratar de explicar la muerte de los prisioneros no sólo se contrapone al mérito de los autos en múltiples aspectos y detalles, en particular, al número, desde luego, al número de víctimas, sino que resulta intrínsicamente inverosímil (…) en ninguno de los restos se comprobó señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de armas de fuego impactando en un organismo vivo, por lo que la causa de muerte de las quince personas hay que atribuirla a otra causas” “En ninguno de los quince restos esqueléticos estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirlas a otras causas”. Bañados, luego de precisado lo ocurrido, el 4 de abril, se declaró incompetente, pasando el caso a la Justicia Militar.
El fiscal militar, Gonzalo Salazar, encargó reos a los funcionarios de carabineros en calidad de “autores de delito de violencia innecesaria, causando la muerte”. El proceso fue inusualmente breve sobreseyéndose el 16 de agosto de 1979 mediante la aplicación de la ley de amnistía 2.191 de 1978 a la cual habían recurrido los reos. La Corte Marcial confirmó la resolución absolutoria el 22 de octubre de 1979
El director del Instituto Médico Legal, Claudio Molina Fraga, hizo todo lo posible para minimizar lo ocurrido a los campesinos de Isla de Maipo cuando fueron llevados al IML. Este psiquiatra, enfrentado a la disyuntiva de cumplir cabalmente con las obligaciones de su cargo o encubrir la acción genocida de la dictadura, optó por esto último. No precisó que las víctimas habían fallecido a causa de lesiones traumáticas contundentes, lo que sería demostrado en nuevas autopsias realizadas en Texas. Además, contravino la orden del fiscal militar, en orden a entregar los restos a los familiares que los esperaban en la iglesia Recoleta Franciscana el 12 de septiembre de 1979. En horas de la madrugada, personal del IML, obedeciendo sus instrucciones, los llevó al cementerio de la Isla de Maipo para ser sepultados en una fosa común.
En 1980, el nuevo propietario del fundo Lonquén, partidario de la dictadura, hizo dinamitar los hornos para evitar que el lugar continuara siendo lugar de peregrinaje de parientes y amigos de los 15 asesinados
En el 2006, los restos fueron exhumados y enviados al Health Science Center de la Universidad de Texas. Este laboratorio, en febrero de 2010, entregó la identificación de 13 de los 15 detenidos a los abogados de los familiares de los asesinados en Lonquén. El 28 de marzo del 2010 se celebró el funeral solemne en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo Así se cerró este horrendo episodio de la dictadura.
Exhumación masiva. Operación retiro de televisores.
El descubrimiento de cadáveres en los hornos de Lonquén produjo espanto mundial, pero fue bastante acallada por los medios en Chile. Ante la indesmentible ocurrencia de la masacre, Pinochet tuvo la opción de dar a conocer dónde se encontraban los cuerpos de los asesinados en otros sitios del país, como lo pedía la Iglesia, o persistir en su negación de los crímenes y que, con el inexorable paso del tiempo, todo fuese olvidado. Aún cuando confiaba en permanecer en el poder hasta su muerte, como Francisco Franco, quiso tomar precauciones para garantizar su impunidad. Si algo salía mal, podría atribuir la responsabilidad a los diferentes comandantes jurisdiccionales como lo había hecho en el caso de la “caravana de la muerte”. Consiguientemente, optó por hacer desaparecer definitivamente todos los restos de las víctimas de su régimen. Según su creencia, sin existencia de cuerpos no podría acreditarse delito alguno y los eventuales procesos deberían ser sobreseídos. A fines de 1975, había ya ordenado la exhumación masiva de los 26 ejecutados en Calama de la comitiva de Arellano Stark ante la eventualidad que sus familiares los encontraran. Esto era altamente probable dado que los buscaban incansablemente en el desierto debido a la información de un minero de haberlos casualmente ubicado. Mediante un criptograma había mandado desenterrarlos y, envueltos en sacos, ser lanzados al océano desde un C 47 de la FACH Esta exhumación fue como un modelo previo de lo que iba a ocurrir a lo largo del país con los restos de los desaparecidos. Pinochet, en las postrimerías de 1978 se encontraba ensoberbecido debido a que durante ese año había logrado imponer su criterio en varios importantes conflictos. Pese a la oposición de Leigh, Merino, Alessandri, el contralor Humeres, González Videla y la mayoría de la Conferencia Episcopal, había impuesto la realización de la consulta de enero para descalificar la condena de la ONU por violación a los derechos humanos y darse cierta legitimidad en el poder en un seudo acto eleccionario En abril había promulgado la ley de amnistía que aseguraba impunidad a los crímenes cometidos desde 1973. El otro éxito fue el desembarazarse del general Gustavo Leigh, destituyéndolo de la Junta de Gobierno. No le temía a la posibilidad de guerra con Argentina dada su gran afinidad con el general Videla y su acción conjunta en la operación Cóndor. Su megalomanía, aflorada en 1973, iba en creciente aumento Así, un endiosado Pinochet, considerándose omnipotente (te crees Dios le increpaba Leigh), a finales de 1978, envió a todas las unidades militares del país el criptograma categoría A-1 – máxima urgencia- bajo su nombre, ordenando desenterrar los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento respectivo y hacerlos desaparecer. La disposición amenazaba con “pasar a retiro” a cualquier comandante de regimiento si, después de la orden de limpieza, en su jurisdicción, se descubrían cuerpos de desaparecidos. Se denominó “operación de retiro de televisores” Con esta despiadada acción, Pinochet desaprovechó la oportunidad de atenuar el pesar de los familiares al permitir darle sepultura a sus deudos. Si hubiese actuado con humanidad habría facilitado la reconciliación, pero primó el intento quedar como inocente de los crímenes que eran de su directa responsabilidad. Se insistió en la versión que habían muerto en enfrentamientos y retirados por sus compañeros para sepultarlos o bien que habían abandonado clandestinamente el país. Inverosímil subterfugio que ahondaba el sufrimiento y resentimiento de los familiares. Pinochet y sus asesores creían que, si se encontraban algunos pequeños restos dispersos y mezclados, iba a ser imposible la identificación debido al paso de los años y la consiguiente degradación. Sin embargo, el rápido avance tecnológico mediante el ADN mitocondrial, nuclear y del cromosoma sexual masculino (Y) en dientes y huesos haría posible tal identificación en laboratorios internacionales altamente especializados.
Pese a que todos los antecedentes acreditaban sin lugar a dudas la autoría de las fuerzas armadas y carabineros de la acción genocida agravada por la exhumación masiva, éstos negaron recalcitrantemente su participación. El pacto de silencio no se quebrantó hasta la celebración de la Mesa de Diálogo en 1999. Paradojalmente, quien precipitó este reconocimiento fue el propio Pinochet. Los uniformados se vieron forzados a participar en dicha Mesa para apoyar su retorno desde Londres. Era preciso demostrar al mundo que los uniformados chilenos estaban llanos a colaborar para que en Chile hubiese verdad y justicia. Lo difícil e ingrato para los militares fue el reconocer su conducta criminal que habían calificado como calumnias de los marxistas y que cientos de veces habían rotundamente negado El general ® Jorge Ballerino, estrecho asesor de Pinochet, graficaría la situación diciendo “caímos en una trampa” . Es evidente que esto nunca hubiera ocurrido si Pinochet no hubiese sido detenido en Londres. Esto explica las descalificaciones y manifestaciones de odio hacia el juez Garzón por parte de los generales® Garín, Villarroel, Cortéz-Villa y del coronel ® Labbé y las acusaciones que el gobierno de Frei Ruiz-Tagle no defendió apropiadamente el honor de la patria tan gravemente agraviado.
Ejemplos emblemáticos de exhumaciones ilegales.
Los mártires de La Moneda.
El 11 de septiembre acudieron al palacio presidencial los asesores, funcionarios, varios médicos y algunos miembros del GAP que lograron arribar a la Moneda El grupo estaba conformado por miembros del GAP y por destacados profesionales, asesores del presidente Allende, cuyo anhelo era proporcionar a los más desvalidos una vida digna en un mundo más igualitario, solidario y justo. Ese fatídico 11 de septiembre, los sobrevivientes de La Moneda abandonaron el palacio embargados de desgarrador dolor por la muerte del presidente Allende, pero con admiración acrecentada por su heroica conducta Al salir a la calle Morandé, se vieron enfrentados a la amenaza de un oficial que pretendía pasar su tanque sobre sus cuerpos, lo cual fue evitado por el general Javier Palacios. Por orden de este oficial fueron liberados varios médicos. En la tarde fueron llevados al regimiento Tacna los GAP y los asesores Jaime Barrios, gerente del Banco Central, Eduardo Paredes, Enrique París, Sergio Contreras, Enrique Huerta, Daniel Escobar, Claudio Jimeno, Georges Klein, Héctor Pincheira y Arsenio Pupin . Allí serían víctimas del trato más vil y degradante posible de imaginar por parte de miembros del Ejército, cuyo comportamiento mancillaría a la Institución Fueron cruelmente torturados, pisoteados, permanentemente golpeados y reiteradamente avisados que iban a ser ejecutados. Incluso un sacerdote les ofrecía la extremaunción, que consta fue categóricamente rechazada por el doctor Enrique París, destacado miembro del Consejo Superior de la Universidad de Chile Los responsables fueron el comandante del Tacna, coronel Joaquín Ramírez Pineda y su superior el general Herman Brady. Al mediodía del 13, 21 de ellos, amarrados con alambres fueron conducidos en un camión militar al fuerte Arteaga en Colina. Allí colocados al borde de un profundo pozo fueron ejecutados mediante disparos de ametralladora que los hacía caer en el socavón. Al momento de ser ajusticiados, ante la ira de sus verdugos, valientemente, profirieron vivas a Allende y a la revolución socialista. Terminada la brutal matanza, los militares lanzaron granadas para destruir sus cuerpos y comenzar a tapar el foso. Esta horrenda matanza se hizo violando flagrantemente los Convenios de Ginebra que los militares debían respetar, especialmente al declarar el día anterior “Estado o tiempo de guerra”, mediante el DL N°5.
Las gestiones de los familiares para conocer el destino de los detenidos en La Moneda, no dieron resultado alguno. El regimiento Tacna negó reiteradamente que hubiesen estado en ese lugar, pese a muchos testimonios que atestiguaban lo contrario. El Mercurio aportó a la desinformación publicando la falsa noticia que Eduardo Paredes, ex director de Investigaciones, había muerto en un enfrentamiento el 16 de septiembre de |973.
Mediante una retroexcavadora, los cuerpos fueron exhumados el 23 de diciembre de 1978. Según un subteniente que ayudó a localizar el sitio de la matanza, la orden fue dada por el general Enrique Morel Donoso y la operación comandada por el coronel Hernán Canales. Luego, de extraídos los cadáveres, el personal de inteligencia a cargo del capitán Luis Fuenzalida los introdujo en sacos. Posteriormente fueron subidos a un helicóptero que los lanzó al mar a la altura del balneario de Quintero
La ministra en visita, Amanda Valdovinos, a cargo de la verificación de la información obtenida de la Mesa de Diálogo, ubicó el sitio de ejecución a fines de 2001. En enero de 2002 se encontraron en el lugar más de 400 fragmentos de cráneos, mandíbulas, vértebras y dientes. En 1995. los restos de los médicos Eduardo Paredes y Enrique París fueron erróneamente identificados entre los sepultados como NN en el patio 29 del Cementerio General. Se les realizó la correspondiente ceremonia fúnebre. Después se supo que habían sido mal determinados. Solamente en octubre del 2010, los restos de Enrique París y Héctor Pincheira fueron identificados en Innsbruck, Austria, entre los encontrados en Peldehue y por fin pudieron ser sepultados acertadamente.
Las acciones legales para castigar a los culpables de las exhumaciones llegaron a un punto muerto en 2007, al declarar los jueces “La acción penal se encuentra extinguida por el paso del tiempo, debiéndose aplicar el beneficio de la prescripción. El delito de inhumación y exhumación ilegal de los cuerpos de estos prisioneros, sólo constituyó una violación del Código Sanitario, según el Código Penal y está lejos de configurar un delito de lesa humanidad”
La masacre del 16 de octubre de 1973.-
La localidad de Paine posee el trágico privilegio de contar con el mayor número de detenidos desaparecidos en el país, en relación a su población. Se contabilizan alrededor de 100 casos. Una de las matanzas ocurrió el 16 de octubre de 1973. Ese día fueron detenidos 22 personas por una patrulla militar con caras pintadas o rostros cubiertos con pasamontañas, comandada por el teniente Andrés Magaña Bau. Este oficial atestigua que recibió la orden de ejecutarlos del coronel director de la Escuela de Infantería de San Bernardo, Leonel König Altermann, quien le entregó una lista de las víctimas. -este oficial se suicidaría en su oficina en junio de 1979, al ser citado a declarar-. La mayoría eran campesinos, pero entre ellos se encontraba el industrial Andrés Pereira, padre de la abogada Pamela Pereira Los condujeron a la quebrada de Los Arrayanes, localizada en Litueche, sector del lago Rapel Allí fueron fusilados y enterrados . A fines de 1978, Magaña, a petición de inteligencia militar, entregó un plano del lugar de ejecución para la exhumación de los cuerpos. Este mismo oficial, en octubre del 2005, confesó que los restos habían sido arrojados al mar.
En octubre 2007 se encontró el lugar de la masacre, después de un intento frustrado por información incorrecta de Magaña, gracias a que otro integrante de la patrulla proporcionó el sitio exacto. Allí, en el fundo Cerro Alto, durante 3 meses trabajaron 25 peritos del SML, Carabineros e Investigaciones Se hallaron 2 cráneos, 295 fragmentos óseos, incluidas 76 piezas dentales, pedazos de vidrios ópticos, un trozo de un marco de lentes, zapatos, ropa, 3 anillos, 100 vainas de fusil y revólver y 150 proyectiles percutados.
En junio 2009, el juez Héctor Solís, de la Corte de Apelaciones de San Miguel, exhibió los restos culturales a los familiares y les comunicó que los restos óseos habían sido enviados a un laboratorio especializado de Innsbruck, Austria, para su identificación. El 11 de junio 2010, este magistrado dio a conocer la identificación de 9 de los ejecutados, entre ellos, Andrés Pereira. Se encuentran enjuiciados actualmente por la masacre Andrés Magaña, José Vásquez y el civil Juan Quintanilla.
Matanza en Chihuío.
El 9 de octubre de 1973, una caravana de 7 vehículos militares del regimiento de Caballería Cazadores de Valdivia y del Maturana de La Unión, se dirigió al complejo maderero Panguipulli. El grupo, que se componía de alrededor de 90 efectivos, iba a cargo del comandante de escuadrón capitán Luis Osorio. En los pueblos de Curriñe, Chabranco, Llifén y Futrono fue deteniendo a obreros forestales, dirigentes sindicales y a campesinos, completando 17 individuos, según una lista que portaban. La mayoría eran miembros del sindicato “Esperanza del Obrero”. Uno de los detenidos, Fernando Mora, era menor de edad. Todos eran gente humilde que se encontraba en su lugar de trabajo, confiando en las promesas del régimen militar que sus vidas y sus derechos iban a ser respetados. Américo González Torres, dueño del fundo Chihuío, quien había formulado denuncias sobre estos trabajadores, calificándolos de “agitadores”, asesoró las detenciones Esa misma noche, la comitiva los condujo al sector Termas de Chihuío, cercano a Neltume, en donde se procedió a masacrarlos con corvos en sector próximo a la Hostería de las termas. Al día siguiente, un habitante del lugar, que conocía a muchas de las víctimas, encontró un macabro escenario de inconcebible ensañamiento. Había grandes charcos de sangre, la mayoría presentaba cortes en las manos y abdomen con exposición de vísceras, algunos habían sido degollados, a otros se les había cercenado sus testículos, no observó heridas de bala, pese a que esa noche se habían escuchado disparos. Permanecieron cubiertos solo por algunos troncos y ramas durante varios días y finalmente sepultados en varias fosas cavadas por efectivos del Ejército. Esta demora fue una forma de intimidación a la población de la zona. Por orden de un juzgado militar de Valdivia se emitieron certificados de defunción, acreditándose el fallecimiento mediante el testimonio de dos soldados con domicilio en el Regimiento Cazadores, forzados a servir de testigos. En todos estos documentos figuran muertos a las 22.30 del 9 de octubre de 1973 en Liquiñe, consignándose por causa no precisada. Las asistentes sociales del Ejército les hicieron ver a las cónyuges que en esta forma se les ayudaba para que cobraran pensiones de viudez. Consultado el general Héctor Bravo por un hermana de uno de los fallecidos, respondió que “se habían enfrentado con los militares, por lo cual resultaron muertos”. Este general hizo investigar lo acontecido por un fiscal militar, quien llegó a la conclusión que la patrulla había sido atacada con disparos de fusil, ataque que repelieron, resultando muertos todos los detenidos, sin que se produjeran heridos ni muertos dentro de la comitiva militar. Destaca la similitud con la inverosímil versión dada en el caso Lonquén, apareciendo como una copia de ella. Por su parte, el entonces coronel Sinclair, jefe del regimiento Cazadores, recordó que ese día de octubre recibió una llamada telefónica de Santiago para enviar camiones a Lanco para una operación reservada, que no supo en que consistió.
A fines de 1978, personal de inteligencia del Ejército, vestido de civil, requirió la colaboración del terrateniente Américo González para ubicar el sitio de las tumbas. Localizado el lugar, se procedió a la remoción de los cadáveres, sin que los autores hayan revelado adonde fueron llevados. El ministro en visita, Nibaldo Segura, el 17 de junio de 1990 encontró 3 fosas de donde hizo exhumar los restos que quedaron después de su remoción por los militares. Eran tan escasos que se consideró inútil ser sometidos a proceso de identificación. Así, el 26 de agosto de 1990 fueron velados en un solo féretro y luego sepultados en el cementerio de Valdivia. Ese mismo año 1990, se encontraron en dicho camposanto varios esqueletos que presuntamente correspondían a las víctimas, que fueron enviados al IML
En marzo del 2003, el juez Alejandro Solís procesó por secuestro en el caso Chihuío al capitán Luis Osorio, al teniente de Carabineros Luis Osses, al general /R) Jerónimo Pantoja, ex comandante del regimiento Maturana y al general ® Héctor Bravo, jefe de la IV División del Ejército, con sede en Valdivia, a la fecha de los hechos . Ofició al SML en mayo del 2005 para que informara sobre los peritajes realizados. Al no tener respuesta, emitió su sentencia en 2006 condenando a los dos primeros a 10 años de prisión. En junio de ese año, la Corte de Apelaciones de Santiago, revocó el fallo por la inexistencia de informe del IML que avalara la identidad de las víctimas, entregando el caso al juez Jorge Zepeda. El 15 de noviembre de 2007 informó el IML “no es posible establecer la identificación personal a los restos óseos en los exámenes médico legales hasta ahora realizados” A mediados del 2008, el IML, remitió muestras de Chihuío, Paine y Calama a laboratorios internacionales especializados en identificación en base a remanentes óseos, dada la imposibilidad de hacerla en el país.. El magistrado Zepeda falló en julio del 2009, sin aplicar la amnistía ni la prescripción que invocaban los acusados, al considerarlos delitos de lesa humanidad reconocidos por el Derecho Internacional. Sin embargo, rebajó la condena de Osorio a 7 años y a Osses a 3 años con el beneficio de libertad vigilada.
Remoción incompleta en Pisagua.
Existen antecedentes que indican que en Pisagua fue asesinado un elevado número de prisioneros, se calcula alrededor de 150.. En diciembre de 1978 se hizo la remoción de cadáveres ordenada por Pinochet. Sin embargo, es obvio que se pasó por alto una de las fosas. El hallazgo de ella provocaría uno de los mayores episodios de furia de Pinochet. Su perentoria orden de exhumación no había sido cumplida. Ocurría este descubrimiento cuando él estaba cuestionando la formación de la comisión Rettig al considerarla una afrenta a su gobierno, una maniobra marxista contraria al olvido y a la reconciliación. No había quedado satisfecho con la inclusión en ella de dos de sus fervorosos partidarios, Gonzalo Vial y Ricardo Martín. La indignación de Pinochet tenía fundamentos, pues los casos del hallazgo de esta fosa intacta mostrarían fehacientemente que los militares habían violado el derecho humano fundamental: la vida de los occisos, ante lo cual la Comisión no podía callar. Con nombres y apellidos se demostrarían aberraciones inimaginables. Casos de personas fríamente ejecutadas, aduciendo después aplicación de ley de la fuga. Consejos de guerra hechos con posterioridad a la ejecución. Individuos juzgados sin su comparecencia en lugares distintos adonde estaban prisioneros. Abogados defensores a los cuales se les negó el acceso a la acusación. Prácticamente, en ningún caso hubo un debido proceso.
El 31 de mayo de 1990, la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión de Derechos Humanos presentaron en el Juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal. Se basaba en el testimonio entregado por Alberto Neumann, quien guardaba indeleblemente en su memoria las ejecuciones y la inhumación allí realizadas, pese al paso de los años. Este médico de Valparaíso había sido obligado por el teniente coronel Ramón Larraín a presenciar al salvaje episodio y comprobar si los fusilados se encontraban aún con vida, para darles el tiro de gracia. Recordaba con detalle el sitio del suceso y lo comunicó en 1989 a la Vicaría que decidió esperar hasta el término del gobierno militar. Después de marzo de 1990, debió retardarse la comunicación un tiempo más, porque el acceso se encontraba obstaculizado por una barrera militar Finalmente, el 2 de junio, en el lugar cercano al cementerio de Pisagua indicado por Neumann, fueron encontrados 19 cadáveres. Pese a haber estado cubiertos solo por arpillera, la sal había permitido que los cuerpos se conservaran intactos junto con sus vestimentas, amarras, vendas, las marcas de impactos de bala e incluso sus expresiones de sufrimiento. Se procedió a la correspondiente investigación judicial por el ministro en visita Hernán Sánchez Marré de la Corte de Apelaciones de Arica, quien citó a declarar a testigos y familiares e identificó a los exhumados. Según la autoridad militar, algunos habían sido dejados en libertad, a otros se les había aplicado la ley de la fuga y la mayoría condenados en consejos de guerra. Destacaba entre los ajusticiados el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas, sometido a juicio por el siniestro fiscal militar Mario Acuña Riquelme, quien anteriormente había sido sometido a proceso por el CDE por tráfico de estupefacientes. Se encontraba entre los muertos Manuel Sanhueza sobre el cual se había informado a su familia que, en su traslado desde Valparaíso, se había fugado y ahogado al lanzarse al mar La investigación fue interrumpida por petición de incompetencia hecha por la Justicia Militar y la causa pasó al Séptimo Juzgado Militar de Arica, que aplicó la ley de amnistía en 1992. Este fallo fue apelado por los abogados de la Vicaría, pero la Corte Suprema confirmó la amnistía, pese a que era evidente la vulneración de los Convenios de Ginebra que hacía improcedente su aplicación. Esta ratificación fue reflejo de la composición del Tribunal Supremo, integrado por magistrados nombrados por el ministro de Justicia, Hugo Rosende, quien tuvo la precaución que solo ascendieran a ella jueces probadamente obsecuentes con la dictadura.
Exhumaciones en la colonia Dignidad
Cuando se realizó la exhumación masiva, la resolución de Pinochet también llegó a la colonia Dignidad que había sido centro de torturas y exterminio. Existió allí un subterráneo de pequeñas celdas, herméticamente cerradas y a prueba de ruidos para obtener información de los prisioneros, sin que los residentes tomaran conocimiento de esta actividad. En la práctica, villa Baviera fue una dependencia de la DINA, acogiendo detenidos de toda la zona central del país. Los alemanes demostraron su eficiencia en hacer desaparecer los restos de los detenidos-desaparecidos en el enclave germano que, conservadoramente, se estima que fueron alrededor de 100. Paul Schäffer, al enterarse de la orden de remoción de los cadáveres dada por Pinochet, dispuso: “Hay que limpiar el fundo. ¡Sáquenlos y desháganse de ellos! Luego, bajo su directa supervisión, Rudi Collen y Willy Malessa, los mismos colonos que habían efectuado las inhumaciones, realizaron el desentierro de los cuerpos. Utilizaron un método más científico y efectivo que el empleado por los militares chilenos. Con la misma retroexcavadora con que habían sido cavadas las fosas y sepultados los asesinados, desenterraron sus cadáveres ya putrefactos, cuidando que no quedara ningún resto de ellos. Enseguida, introdujeron cada cuerpo en un saco bien atado y luego lo insertaron dentro de otro que contenía fósforo, elemento que actúa sobre la materia orgánica, destruyéndola hasta reducirla a cenizas. Una vez que la sustancia química desintegró íntegramente los restos humanos, las cenizas fueron llevadas al río Perquilauquén, que cruza el predio, en donde se arrojaron para hacer desaparecer definitivamente todo vestigio. Varios intentos posteriores de excavaciones para ubicar restos dentro del recinto de la colonia han resultado infructuosos.
Patética justificación de las exhumaciones.
Sólo a lo largo de los años se fueron conociendo datos acerca de esta masiva y tenebrosa maniobra de remoción de cadáveres que tuvo el cobarde propósito el borrar las huellas de los crímenes de la dictadura, para garantizar impunidad. Los partidarios incondicionales de Pinochet, en un intento por justificar tan abominable acción del dictador, aducen que fue necesaria para fortalecer el espíritu patriótico de la ciudadanía ante la amenaza de guerra con Argentina. Así, en el 2000 el general ® Odlanier Mena, ex director de la CNI, declaró “El hallazgo de los cuerpos en Lonquén produjo una grave conmoción interna. El país estaba en los preliminares de la casi guerra con Argentina. Uno de los elementos fundamentales era la cohesión del frente interno, es decir, que la gente estuviera convencida de que el país tenía razón para ir a la guerra y que apoyara a sus fuerzas armadas. Se podía inferir que si aparecían nuevos “lonquenes”, el frente interno se iba a dañar. Por esto, los comandantes en jefe resolvieron que las unidades no CNI, hicieran un catastro de los posibles cementerios ilegales que hubieran en cada zona” . Sin embargo, el mayor ®, Carlos Herrera Jiménez, autor material del crimen de Tucapel Jiménez, afirmó en entrevista el 18 de enero de 2009 a LND “el desentierro de los cuerpos se hizo bajo el mando de Odlanier Mena”.
El Cuerpo de Generales, cuando se encontraron tantos lugares de remociones de cadáveres, emitió una declaración dejando claramente de manifiesto que el Ejército y Pinochet eran una sola entidad. Expresó este comunicado, demostrativo de obcecación y de cuestionable racionalidad: “(…) Es sabido que cuando se quiere desprestigiar a los vencedores se les culpa de crueldad, de excesos criminales y, sobretodo, de ejercer un castigo desproporcionado a la capacidad ofensiva de las fuerzas derrotadas (…) En nuestro caso, estamos seguros de que la victoria de la libertad no se hubiera obtenido sin el empleo de acciones severas y disuasivas que ejecutaron las Fuerzas Armadas y Carabineros”
Testimonios de participantes en la operación de exhumaciones masivas.
El secreto de la exhumación masiva fue guardado durante años, acatando los uniformados el pacto de silencio. Influyó en esta rígida observancia la permanencia de Pinochet en la comandancia en jefe del Ejército. Pero, después de la Mesa de Diálogo, suboficiales sometidos a interrogación judicial, revelaron la existencia de la orden de exhumación y de su cumplimiento por parte de Inteligencia del Ejército.
El sargento en retiro, Juan Carlos Balboa Ortega atestiguó ante el juez Juan Guzmán: “A fines de 1978 se recibió en la sección de Inteligencia un criptograma secreto proveniente del Comandante en Jefe del Ejército, en ese entonces el Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, dirigido a todas las unidades. En resumen, ese documento informaba que todos los comandantes de unidades serían responsables administrativamente de la aparición de ejecutados políticos en su jurisdicción, por lo cual se ordenaba realizar todas las diligencias correspondientes para evitar que terceros encontraran los lugares de inhumación de cada jurisdicción militar”
El oficial Pedro Rodríguez Bustos dio una versión concordante con la de Balboa, al testificar: “El año 1978 se recibió una orden de comando emitida por la Segunda División de Ejército, cuyo comandante a esa fecha era el general Enrique Morel Donoso; dicha orden tenía como referencia la orden de la comandancia en jefe del Ejército, la que fue remitida a todas las guarniciones y divisiones del país. Debo agregar que, en lo puntual, la orden disponía que los comandantes de regimientos debían reunirse con el personal de oficiales y especialmente con el personal de suboficiales que hubiesen estado sirviendo en esas unidades entre los años 1973 y 1974”.
En enero del 2003, el suboficial Jaime Müller Avilés, disgustado por las expresiones de Pinochet a un canal de televisión de Miami, envió una carta al general Cheyre, con copia al Auditor General del Ejército y a la presidencia de la Corte de Apelaciones de Santiago. Esta misiva, que se incorporó al expediente del juez Guzmán, expresaba:
“Con mucho dolor he tenido conocimiento a través de los años de entrevistas concedidas por superiores de la institución, pero, lo que me ha hecho reaccionar con indignación y sorpresa ha sido la última dada a conocer por los medios de comunicación oral y escrita del capitán general Augusto Pinochet Ugarte, donde, entre otras cosas, culpa a sus subalternos de lo acontecido durante su gobierno a partir de 1973, en lo que dice relación a las violaciones de los Derechos Humanos.
Señor Comandante en Jefe es inconcebible y doloroso, darse cuenta que la institución a la que se le entregó parte de la vida, lealtad, obediencia y respeto, nos considere la nada misma.
Señor Comandante en Jefe, como auxiliar de inteligencia, desde el año 1977 y hasta 1986, me tocó conocer un sinnúmero de situaciones como por ejemplo la que viví en 1978 al cumplir órdenes superiores con respecto al Plan “Retiro de Televisores”, que no fue otra cosa que sacar desde cementerios o fosas comunes a un número indeterminado de ejecutados políticos, cuyo destino final lo guardo en reserva.
Afortunadamente, y Dios es testigo de que ni mis manos ni mi conciencia están manchadas con sangre de algún ser humano, sólo haber cargado en mis espaldas cuerpos que por órdenes de quien hoy se auto cataloga como “Ángel” tuve que cumplir”
Corolario.- Los uniformados chilenos quebrantaron el honor militar al actuar como una pandilla de criminales para eliminar a partidarios del gobierno depuesto. Agravaron su deshonra al pretender hacer desaparecer definitivamente los cadáveres mediante su exhumación para lograr impunidad Obtuvieron una victoria militar contra un enemigo inerme, al cual declararon una guerra imaginaria, con lo cual se auto infringieron una inmensa derrota moral. Debido a su incondicional devoción a Pinochet, que se mantuvo hasta su muerte, deberán pasar varias generaciones para que el Ejército recupere el prestigio que tuvo antes del golpe de 1973. Los generales llegaron al extremo de culto a la personalidad al nombrarlo en marzo de 1990 “Comandante en Jefe Benemérito del Ejército de Chile”.
Artículo escrito en memoria de Enrique París Roa.
miércoles, 29 de septiembre de 2010
Una sola víctima nos conmueve más que miles
El drama de los mineros de Chile genera una empatía ausente en tragedias como las lluvias de Pakistán o una bomba en Irak - Lo individual gana frente a lo colectivo
VICENTE VERDÚ 29/09/2010
¿Cuántos héroes caben en un guión de cine? No muchos, acaso uno o dos. Pero también, ¿cuántos casos personales altamente desdichados o campeones caben en el corazón de los lectores? Acaso dos o tres. Cinco ya sería demasiado.
Los 33 mineros chilenos que se encuentran sepultados a 700 metros de profundidad son, en consecuencia, una multitud inabarcable. Podría morir la mitad, las dos terceras partes de ellos y todavía serían muchos para la producción de una noticia con punta. El sensacionalismo requiere concentración, récord, primicia, contundencia y simplificación. Un espectador, un lector, un radioyente no tiene tiempo para estar recibiendo día a día noticias y más noticias del mismo suceso. Llegados a un punto se aburren o se desinteresan. Se trata del "punto muerto" y es lo que ocurre con las decenas de cadáveres que provocan a diario los terroristas suicidas en Irak o Afganistán o, el pasado agosto, las lluvias en Pakistán. La sensibilidad se embota. Y todo medio que aspire a comunicar lo sabe.
El medio sabe: a) que la noticia ha de ser "bomba", b) que la noticia no debe hacerse larga, c) que la noticia debe impactar.
Los impactos, tan asociados a la publicidad, son inseparables de cualquier media que pretenda ser eficaz. Es decir, que intente explotar la materia prima de la información y obtener el beneficio más sustancioso al publicarla.
Un campeón, un héroe o una heroína, un asesino en serie o una madre de quintillizos se convierten en oro informativo si con el scoop, el medio se corona y no sigue insistiendo en la ceremonia una y otra vez. Este recurso a lo despacioso y repetitivo, característico de los programas del corazón, es la antítesis del periodismo y, en efecto, ni su género ni sus participantes son aceptados como colegas en el mundo profesional. El antiperiodismo no es lo contrario a la Historia pero sí, en buena medida, al proceso.
Los hechos de la prensa saltan y mueren sin necesidad de continuidad. No siempre es así pero para que la información circule es oportuno que una noticia reemplace a otra, un héroe sustituya al anterior, un nuevo campeón o un cataclismo deje arrumbado al que ya se conocía.
Poco a poco, de las tres funciones que en las escuelas atribuían al oficio del periodismo (informar, formar y entretener) la segunda ha caído en el abismo, la primera flota entre ahogos o escollos y la tercera -siguiendo el aire de los tiempos- ha subido hasta el primer lugar. ¿Cómo actuar por tanto para lograr entretener al receptor? No repetir, primero, innovar, siempre y focalizar, después.
El terremoto del Índico en 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamás, formó parte de este fenómeno tanto por su magnitud extraordinaria como por los casi 300.000 muertos y 50.000 desaparecidos con el tsunami. El desastre fue denominado en algunos medios internacionales -en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda y en el Reino Unido, entre otros- como el boxing Tsunami porque ocurrió el mismo día del boxing day, un 26 de diciembre, festivo en estos países a la manera del segundo día de Navidad español.
El día del tsunami asiático ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003 que devastó la ciudad iraní de Bam y dos años antes del terremoto de Hengchun, en 2006. De estos dos seísmos, anterior y posterior, apenas queda ningún recuerdo. Sería de un lado pedir demasiado a la memoria entretenida pero, además, solo uno, como en los guiones de cine merece el galardón de ser calificado como histórico, glorioso, dantesco o devastador.
Esta regla de la información sensacionalista -toda la información hoy- es la misma que operó muy bien con el Katrina, tanto por su magnitud como por el insólito lugar del desastre. Y casi lo mismo puede decirse de la fuga del pozo petrolífero en el golfo de México donde se implican tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, dos grandes figuras protagonistas que solo acepta el cine cuando son efectivamente extraordinarias a la manera de Paul Newman y Robert Redford en El Golpe.
Fuera de estos dos excepcionales componentes con golpe, la información referida a muchos seres humanos tiene grandes probabilidades de zozobrar una vez que ha consternado. Grandes probabilidades de marchitarse si el protagonista es solo la masa. La enorme destrucción que causó el terremoto en Haití, por ejemplo, el país más pobre del continente americano y donde perdieron la vida 200.000 personas y quedó sin hogar a más de la quinta parte de su población, se ha olvidado relativamente pronto. "Y no te olvides de Haití", escribe Forges todos los días ante la evidencia de que esa noticia ya se encuentre amortizada. Amortizada en las redacciones y amortizada en el corazón del público.
Ante una desgracia o una proeza particular, se trate de la lapidación de una mujer iraní o el cambio de cara de un quemado, la emoción personal se dispara enseguida y se alarga en los comentarios de meses después. Frente a la tragedia colectiva, las decenas o centenares de muertos, la compasión dura menos. En el primer supuesto el caso individual crea empatía entre los individuos y su asunción cala pero frente al siniestro colectivo, numeroso hasta ser incontable, inmenso pero inmensurable, la capacidad de solidaridad se apaga en días. Una gran afluencia de ayudas llega al principio y de pronto la caridad decae y se agota.
Esta es la paradoja de la información. Más protagonistas del suceso no aumentan la escala de la noticia. Es el grado de intensidad la que multiplica su escala. De ahí que si unos cuantos en torno a Terry Jones prepararon la quema del Corán su grado de intensa provocación diera la vuelta al mundo.
El lector, el espectador, el público en general ama la gran tragedia pero entre las víctimas de cualquier adversidad importante solo tiene dispuesto el corazón para recrearse con uno o dos damnificados. O con cada uno entre 10 si se presentan uno a uno, tal como se hace en los reportajes sobre los miles de jóvenes parados o con los mineros chilenos contando su situación, cuento a cuento.
La muerte de la muchedumbre debía sobrecoger duraderamente pero sobrecoge efímeramente. En La muerte en occidente, Philipe Ariès expone cómo, debido a la frecuencia de guerras y epidemias fatales, la muerte se hallaba colectivizada hasta el siglo XII. Se moría como un acto comunal. Desde entonces, sin embargo, la muerte ha venido a privatizarse cada vez más y a privatizarse tanto que si, por ejemplo, en el siglo XIX era el sexo y no la muerte el tabú, ahora el tabú es la muerte y el sexo es un explícito recreo.
En el XIX se moría rodeado de familiares y amigos, el pueblo entero participaba en los llantos y responsos del funeral. Por el contrario, el sexo que durante los siglos XVII y XVIII fue descarado y gozoso, en el XIX se sometió a disciplina y vigilancia estrictas. El sexo se encerraba oscuramente en la alcoba y la alcoba se abría de par en par en la agonía.
Actualmente y siguiendo la evolución del siglo XX el sexo ha ido perdiendo celajes mientras la muerte fue ocultándose tras las mamparas del habla y los hospitales.
Publicar la muerte de una figura, contar su existencia extraordinaria atrae poderosamente la atención. Poco importa que ese sujeto ejemplar y representativo deba su fama a la política o al arte. O que, en el caso de las grandes sevicias, sea el representante de una colectividad que muere de hambre, de enfermedad o de frío. Ese representante queda investido de la historia colectiva que en él se condensa como una apretada traducción que entiende la gente, el sensacionalismo y nosotros los consumidores de su sabor.
De esta manera, ya sea la erupción del Nevado del Ruiz, ya sea el hundimiento del Titanic, ya sea el desembarco de Normandía, el periodismo o el cine lo resumen en la estampa de una niña agonizante, una pareja de jóvenes amantes o una patrulla que busca al soldado Ryan.
Lo individual gana a lo colectivo no ya en señal de que el podrido individualismo gana al colectivismo y cosas así sino que la Historia desde siempre y hasta hace poco se valía de Atila, Carlos V, Lenin o Franco para explicar todo lo que había que entender.
Otras escuelas de historia aparecidas en el último medio siglo cambiaron este punto de vista tradicionalmente concentrado en los líderes pero al periodismo no le caben los discursos de la historiografía y lo que le encaja mejor es la cara y la peripecia de uno o pocos más. Esta es la razón, la crítica de la razón práctica, que hace a la noticia ser lo que es. Esta es la práctica que con el tiempo, en plena era de la información, nos vuelve a todos tan emocionales como olvidadizos, tan prêt-à-porter como intelectuales y amantes efímeros.
Los 33 mineros chilenos que se encuentran sepultados a 700 metros de profundidad son, en consecuencia, una multitud inabarcable. Podría morir la mitad, las dos terceras partes de ellos y todavía serían muchos para la producción de una noticia con punta. El sensacionalismo requiere concentración, récord, primicia, contundencia y simplificación. Un espectador, un lector, un radioyente no tiene tiempo para estar recibiendo día a día noticias y más noticias del mismo suceso. Llegados a un punto se aburren o se desinteresan. Se trata del "punto muerto" y es lo que ocurre con las decenas de cadáveres que provocan a diario los terroristas suicidas en Irak o Afganistán o, el pasado agosto, las lluvias en Pakistán. La sensibilidad se embota. Y todo medio que aspire a comunicar lo sabe.
El medio sabe: a) que la noticia ha de ser "bomba", b) que la noticia no debe hacerse larga, c) que la noticia debe impactar.
Los impactos, tan asociados a la publicidad, son inseparables de cualquier media que pretenda ser eficaz. Es decir, que intente explotar la materia prima de la información y obtener el beneficio más sustancioso al publicarla.
Un campeón, un héroe o una heroína, un asesino en serie o una madre de quintillizos se convierten en oro informativo si con el scoop, el medio se corona y no sigue insistiendo en la ceremonia una y otra vez. Este recurso a lo despacioso y repetitivo, característico de los programas del corazón, es la antítesis del periodismo y, en efecto, ni su género ni sus participantes son aceptados como colegas en el mundo profesional. El antiperiodismo no es lo contrario a la Historia pero sí, en buena medida, al proceso.
Los hechos de la prensa saltan y mueren sin necesidad de continuidad. No siempre es así pero para que la información circule es oportuno que una noticia reemplace a otra, un héroe sustituya al anterior, un nuevo campeón o un cataclismo deje arrumbado al que ya se conocía.
Poco a poco, de las tres funciones que en las escuelas atribuían al oficio del periodismo (informar, formar y entretener) la segunda ha caído en el abismo, la primera flota entre ahogos o escollos y la tercera -siguiendo el aire de los tiempos- ha subido hasta el primer lugar. ¿Cómo actuar por tanto para lograr entretener al receptor? No repetir, primero, innovar, siempre y focalizar, después.
El terremoto del Índico en 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamás, formó parte de este fenómeno tanto por su magnitud extraordinaria como por los casi 300.000 muertos y 50.000 desaparecidos con el tsunami. El desastre fue denominado en algunos medios internacionales -en Australia, en Canadá, en Nueva Zelanda y en el Reino Unido, entre otros- como el boxing Tsunami porque ocurrió el mismo día del boxing day, un 26 de diciembre, festivo en estos países a la manera del segundo día de Navidad español.
El día del tsunami asiático ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003 que devastó la ciudad iraní de Bam y dos años antes del terremoto de Hengchun, en 2006. De estos dos seísmos, anterior y posterior, apenas queda ningún recuerdo. Sería de un lado pedir demasiado a la memoria entretenida pero, además, solo uno, como en los guiones de cine merece el galardón de ser calificado como histórico, glorioso, dantesco o devastador.
Esta regla de la información sensacionalista -toda la información hoy- es la misma que operó muy bien con el Katrina, tanto por su magnitud como por el insólito lugar del desastre. Y casi lo mismo puede decirse de la fuga del pozo petrolífero en el golfo de México donde se implican tanto Gran Bretaña como Estados Unidos, dos grandes figuras protagonistas que solo acepta el cine cuando son efectivamente extraordinarias a la manera de Paul Newman y Robert Redford en El Golpe.
Fuera de estos dos excepcionales componentes con golpe, la información referida a muchos seres humanos tiene grandes probabilidades de zozobrar una vez que ha consternado. Grandes probabilidades de marchitarse si el protagonista es solo la masa. La enorme destrucción que causó el terremoto en Haití, por ejemplo, el país más pobre del continente americano y donde perdieron la vida 200.000 personas y quedó sin hogar a más de la quinta parte de su población, se ha olvidado relativamente pronto. "Y no te olvides de Haití", escribe Forges todos los días ante la evidencia de que esa noticia ya se encuentre amortizada. Amortizada en las redacciones y amortizada en el corazón del público.
Ante una desgracia o una proeza particular, se trate de la lapidación de una mujer iraní o el cambio de cara de un quemado, la emoción personal se dispara enseguida y se alarga en los comentarios de meses después. Frente a la tragedia colectiva, las decenas o centenares de muertos, la compasión dura menos. En el primer supuesto el caso individual crea empatía entre los individuos y su asunción cala pero frente al siniestro colectivo, numeroso hasta ser incontable, inmenso pero inmensurable, la capacidad de solidaridad se apaga en días. Una gran afluencia de ayudas llega al principio y de pronto la caridad decae y se agota.
Esta es la paradoja de la información. Más protagonistas del suceso no aumentan la escala de la noticia. Es el grado de intensidad la que multiplica su escala. De ahí que si unos cuantos en torno a Terry Jones prepararon la quema del Corán su grado de intensa provocación diera la vuelta al mundo.
El lector, el espectador, el público en general ama la gran tragedia pero entre las víctimas de cualquier adversidad importante solo tiene dispuesto el corazón para recrearse con uno o dos damnificados. O con cada uno entre 10 si se presentan uno a uno, tal como se hace en los reportajes sobre los miles de jóvenes parados o con los mineros chilenos contando su situación, cuento a cuento.
La muerte de la muchedumbre debía sobrecoger duraderamente pero sobrecoge efímeramente. En La muerte en occidente, Philipe Ariès expone cómo, debido a la frecuencia de guerras y epidemias fatales, la muerte se hallaba colectivizada hasta el siglo XII. Se moría como un acto comunal. Desde entonces, sin embargo, la muerte ha venido a privatizarse cada vez más y a privatizarse tanto que si, por ejemplo, en el siglo XIX era el sexo y no la muerte el tabú, ahora el tabú es la muerte y el sexo es un explícito recreo.
En el XIX se moría rodeado de familiares y amigos, el pueblo entero participaba en los llantos y responsos del funeral. Por el contrario, el sexo que durante los siglos XVII y XVIII fue descarado y gozoso, en el XIX se sometió a disciplina y vigilancia estrictas. El sexo se encerraba oscuramente en la alcoba y la alcoba se abría de par en par en la agonía.
Actualmente y siguiendo la evolución del siglo XX el sexo ha ido perdiendo celajes mientras la muerte fue ocultándose tras las mamparas del habla y los hospitales.
Publicar la muerte de una figura, contar su existencia extraordinaria atrae poderosamente la atención. Poco importa que ese sujeto ejemplar y representativo deba su fama a la política o al arte. O que, en el caso de las grandes sevicias, sea el representante de una colectividad que muere de hambre, de enfermedad o de frío. Ese representante queda investido de la historia colectiva que en él se condensa como una apretada traducción que entiende la gente, el sensacionalismo y nosotros los consumidores de su sabor.
De esta manera, ya sea la erupción del Nevado del Ruiz, ya sea el hundimiento del Titanic, ya sea el desembarco de Normandía, el periodismo o el cine lo resumen en la estampa de una niña agonizante, una pareja de jóvenes amantes o una patrulla que busca al soldado Ryan.
Lo individual gana a lo colectivo no ya en señal de que el podrido individualismo gana al colectivismo y cosas así sino que la Historia desde siempre y hasta hace poco se valía de Atila, Carlos V, Lenin o Franco para explicar todo lo que había que entender.
Otras escuelas de historia aparecidas en el último medio siglo cambiaron este punto de vista tradicionalmente concentrado en los líderes pero al periodismo no le caben los discursos de la historiografía y lo que le encaja mejor es la cara y la peripecia de uno o pocos más. Esta es la razón, la crítica de la razón práctica, que hace a la noticia ser lo que es. Esta es la práctica que con el tiempo, en plena era de la información, nos vuelve a todos tan emocionales como olvidadizos, tan prêt-à-porter como intelectuales y amantes efímeros.
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viernes, 24 de septiembre de 2010
Diez estrategias de manipulación mediática, por Noam Chomsky
El lingüista Noam Chomsky elaboró esta lista de “Diez Estrategias de Manipulación” a través de los medios de comunicación.
1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética.
“Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a la granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez.
4. La estrategia de diferir
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas’)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.
9. Reforzar la autoculpabilidad
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, ¡no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.
Diario Uno
sábado, 11 de septiembre de 2010
MANUEL RIVAS Justicia
MANUEL RIVAS
Justicia
MANUEL RIVAS 11/09/2010
Hace muy poco, en el 2001, Argentina era un país desahuciado. Si en Europa hoy hablamos de crisis, lo que vivió ese país fue una joda total. Millones de familias perdieron los ahorros. Los viejos que entregaron sus pensiones a fondos privados, animados por los loros del neoliberalismo mágico, se encontraron de repente en la indigencia. La pasta de los más ricos, avisados, emigró como las golondrinas. Los barrios del Gran Buenos Aires se autoorganizaron para dar de comer en ollas populares. Hoy Argentina levanta algo más que la cabeza, pese al mangoneo de una oligarquía prepotente, bendecida por una curia pendiente de exorcismo. Trazos cavernícolas que se prestan, sí, a un paralelismo con la España del Último Día. Sería recomendable que unos y otros viesen Tatuaje, donde se lleva a la escena la vida de Miguel de Molina, el cantor torturado por esbirros de Franco y que encontró refugio en América, con la ayuda de Evita. Por cierto, pocos países en el mundo tienen el pulso cultural que hoy tiene Argentina, donde también se está escribiendo el mejor periodismo literario. Agarren, si pueden, Frutos extraños, de Leila Guerriero, y Si me querés, quereme transa, el último de Cristian Alarcón. En el renacer después de la ruina, algo habrá tenido que ver la presidenta Cristina Fernández, denostada por la derecha como una bruja. Pocos países en el mundo de hoy han avanzado tanto en el campo de los derechos humanos. No he llegado a esta conclusión por birlibirloque. Lo pienso al salir de un juzgado en Comodoro Py, donde he podido asistir, como un ciudadano cualquiera, al juicio a la plana mayor de la ESMA, el centro de la Armada que la dictadura convirtió en un matadero. Y me ratifico al leer la resolución de la Cámara Federal, que se dispone a investigar el genocidio franquista si no lo hace la Justicia española. Gracias, Argentina.
La escasa credibilidad de Davos
VICENÇ NAVARRO
Un mensaje que se está promoviendo ampliamente en medios liberales es que la economía española es escasamente eficiente y muy poco competitiva, y ello como resultado de las supuestas rigideces de su mercado de trabajo y del excesivo gasto público. Uno de los centros que han promovido más este mensaje es el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, citado frecuentemente como el Vaticano del pensamiento liberal. Uno de sus informes, Global Competitiveness Report 2009-2010 (en el que analiza la competitividad de los países del mundo), sitúa a España en términos muy desfavorables, por debajo de países del tercer e incluso del cuarto mundo. Y como era de esperar, el coordinador del estudio, Xavier Sala i Martín, ha sido ampliamente entrevistado por los medios de información de mayor difusión del país
(la mayoría de los cuales son de persuasión liberal), proveyendo las cajas de resonancia a tal mensaje.
Un análisis riguroso de tal informe cuestiona, sin embargo, la validez del estudio, así como sus conclusiones. En primer lugar, el estudio no se basa, en su mayoría, en un análisis que utilice datos objetivos sobre los cuales construir el informe y alcanzar sus conclusiones. El estudio es primordialmente una encuesta de opinión en la que, en cada país, se pregunta a una institución próxima al mundo empresarial (con orientación liberal, en la mayoría de países) su opinión sobre una serie de preguntas que incluyen: “¿Cómo valora la percepción popular sobre el comportamiento ético de los políticos en su país?”, “¿cómo valora la contratación y el despido de trabajadores en su país?” o “¿cómo valora la disponibilidad de nuevas tecnologías?”, entre muchas otras. La institución que responde a aquella pregunta pone un número en una escala, sin que exista, sin embargo, una homologación en el criterio que guíe las respuestas. De esta manera, se abre el estudio a toda una serie de subjetividades. En algunos países, la institución que responde a las preguntas es muy crítica sobre la situación en su propio país, mientras que en otros lo es muy poco. Esta subjetividad, sin intento de homologación de criterios, es lo que caracteriza el estudio.
Esto lleva a resultados que son, como mínimo, sorprendentes (para expresarlo de una manera amable). Así, en la pregunta que se hace sobre corrupción en un país (“¿es práctica generalizada que se den fondos públicos a compañías o individuos como consecuencia de la corrupción?”), una dictadura como Qatar (que se ha convertido en el paraíso del mundo empresarial) aparece como uno de los países menos corruptos del mundo (en aquel país, la distribución de los recursos petrolíferos la hace el Gobierno entre miembros de la familia real), muy por encima de España. No hay duda de que hay corrupción en España. Pero poner una dictadura medieval como modelo de honestidad es poco creíble.
Otra valoración sorprendente es que Omán, otra dictadura feudal del Medio Oriente, sueño del mundo empresarial por la enorme riqueza petrolífera y por tener una fuerza de trabajo (la mayoría inmigrante) sin ningún derecho laboral, aparece como uno de los países que (según el contestador del cuestionario en aquel país) goza de mayor confianza popular respecto al comportamiento ético de sus políticos, muy por encima de un país democrático como España. Por lo visto, confianza popular quiere decir, para el que contesta la pregunta, confianza empresarial. En cuanto a “cómo considera usted la contratación y despido de los trabajadores”, España aparece a la cola, muy por debajo de Senegal. España, por cierto, se encuentra al mismo nivel que Senegal en el capítulo de “disponibilidad de nuevas tecnologías”.
En todos estos casos, lo único que muestra el informe es que la institución española (IESE, el centro de estudios empresariales que ha respondido por parte de España) es más crítica hacia su propio país que la institución de Senegal (Centre de Recherches Economiques Appliquées, Universidad de Dakar) o que la de Omán (The International Research Foundation) o que la de Qatar (Qatari Businessmen Association). Pero en ningún caso aportan datos que puedan compararse y que permitan llegar a conclusiones.
Me parece muy bien que las instituciones a las cuales se les pida su opinión sobre la situación en su país la den. Nada censurable en ello. IESE contestó acentuando el aspecto crítico y me parece muy bien. Pero me parece muy mal, y refleja una enorme falta de rigor (que da pie a todo tipo de manipulación), que el equipo coordinador ponga todas estas respuestas juntas, se amalgamen en un indicador y se produzca entonces una lista de países según su nivel de competitividad. En realidad, lo único que puede deducirse del informe Davos es que la agencia de Senegal que llena el cuestionario es menos crítica hacia su país de lo que es IESE hacia España. El informe mide distintos niveles de subjetividad. Pero nada más. Construir toda una serie de conclusiones sobre ello es no sólo frívolo, sino profundamente erróneo. Lo cual es fácilmente demostrable cuando se contrasta con datos objetivos. En el capítulo dedicado a la educación, cuando el informe Davos analiza la calidad educativa (en materias como matemáticas o ciencias), España aparece de nuevo a la cola (nº 99) junto con Kirguizistán. Pero el informe PISA, mucho más imparcial que el informe Davos, al basarse en datos objetivos, muestra que Kirguizistán tiene el conocimiento en matemáticas y ciencias más bajo de la lista de países analizados, mientras que España está ligeramente por debajo del promedio de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Es en base a este tipo de estudios que la cultura liberal de Davos está presentando una visión de España deliberadamente negativa a fin de presionar al Gobierno español para que haga los cambios que ella desea.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
Público
Un mensaje que se está promoviendo ampliamente en medios liberales es que la economía española es escasamente eficiente y muy poco competitiva, y ello como resultado de las supuestas rigideces de su mercado de trabajo y del excesivo gasto público. Uno de los centros que han promovido más este mensaje es el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, citado frecuentemente como el Vaticano del pensamiento liberal. Uno de sus informes, Global Competitiveness Report 2009-2010 (en el que analiza la competitividad de los países del mundo), sitúa a España en términos muy desfavorables, por debajo de países del tercer e incluso del cuarto mundo. Y como era de esperar, el coordinador del estudio, Xavier Sala i Martín, ha sido ampliamente entrevistado por los medios de información de mayor difusión del país(la mayoría de los cuales son de persuasión liberal), proveyendo las cajas de resonancia a tal mensaje.
Un análisis riguroso de tal informe cuestiona, sin embargo, la validez del estudio, así como sus conclusiones. En primer lugar, el estudio no se basa, en su mayoría, en un análisis que utilice datos objetivos sobre los cuales construir el informe y alcanzar sus conclusiones. El estudio es primordialmente una encuesta de opinión en la que, en cada país, se pregunta a una institución próxima al mundo empresarial (con orientación liberal, en la mayoría de países) su opinión sobre una serie de preguntas que incluyen: “¿Cómo valora la percepción popular sobre el comportamiento ético de los políticos en su país?”, “¿cómo valora la contratación y el despido de trabajadores en su país?” o “¿cómo valora la disponibilidad de nuevas tecnologías?”, entre muchas otras. La institución que responde a aquella pregunta pone un número en una escala, sin que exista, sin embargo, una homologación en el criterio que guíe las respuestas. De esta manera, se abre el estudio a toda una serie de subjetividades. En algunos países, la institución que responde a las preguntas es muy crítica sobre la situación en su propio país, mientras que en otros lo es muy poco. Esta subjetividad, sin intento de homologación de criterios, es lo que caracteriza el estudio.
Esto lleva a resultados que son, como mínimo, sorprendentes (para expresarlo de una manera amable). Así, en la pregunta que se hace sobre corrupción en un país (“¿es práctica generalizada que se den fondos públicos a compañías o individuos como consecuencia de la corrupción?”), una dictadura como Qatar (que se ha convertido en el paraíso del mundo empresarial) aparece como uno de los países menos corruptos del mundo (en aquel país, la distribución de los recursos petrolíferos la hace el Gobierno entre miembros de la familia real), muy por encima de España. No hay duda de que hay corrupción en España. Pero poner una dictadura medieval como modelo de honestidad es poco creíble.
Otra valoración sorprendente es que Omán, otra dictadura feudal del Medio Oriente, sueño del mundo empresarial por la enorme riqueza petrolífera y por tener una fuerza de trabajo (la mayoría inmigrante) sin ningún derecho laboral, aparece como uno de los países que (según el contestador del cuestionario en aquel país) goza de mayor confianza popular respecto al comportamiento ético de sus políticos, muy por encima de un país democrático como España. Por lo visto, confianza popular quiere decir, para el que contesta la pregunta, confianza empresarial. En cuanto a “cómo considera usted la contratación y despido de los trabajadores”, España aparece a la cola, muy por debajo de Senegal. España, por cierto, se encuentra al mismo nivel que Senegal en el capítulo de “disponibilidad de nuevas tecnologías”.
En todos estos casos, lo único que muestra el informe es que la institución española (IESE, el centro de estudios empresariales que ha respondido por parte de España) es más crítica hacia su propio país que la institución de Senegal (Centre de Recherches Economiques Appliquées, Universidad de Dakar) o que la de Omán (The International Research Foundation) o que la de Qatar (Qatari Businessmen Association). Pero en ningún caso aportan datos que puedan compararse y que permitan llegar a conclusiones.
Me parece muy bien que las instituciones a las cuales se les pida su opinión sobre la situación en su país la den. Nada censurable en ello. IESE contestó acentuando el aspecto crítico y me parece muy bien. Pero me parece muy mal, y refleja una enorme falta de rigor (que da pie a todo tipo de manipulación), que el equipo coordinador ponga todas estas respuestas juntas, se amalgamen en un indicador y se produzca entonces una lista de países según su nivel de competitividad. En realidad, lo único que puede deducirse del informe Davos es que la agencia de Senegal que llena el cuestionario es menos crítica hacia su país de lo que es IESE hacia España. El informe mide distintos niveles de subjetividad. Pero nada más. Construir toda una serie de conclusiones sobre ello es no sólo frívolo, sino profundamente erróneo. Lo cual es fácilmente demostrable cuando se contrasta con datos objetivos. En el capítulo dedicado a la educación, cuando el informe Davos analiza la calidad educativa (en materias como matemáticas o ciencias), España aparece de nuevo a la cola (nº 99) junto con Kirguizistán. Pero el informe PISA, mucho más imparcial que el informe Davos, al basarse en datos objetivos, muestra que Kirguizistán tiene el conocimiento en matemáticas y ciencias más bajo de la lista de países analizados, mientras que España está ligeramente por debajo del promedio de los países de la OCDE, el grupo de países más ricos del mundo. Es en base a este tipo de estudios que la cultura liberal de Davos está presentando una visión de España deliberadamente negativa a fin de presionar al Gobierno español para que haga los cambios que ella desea.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University
Ilustración de Mikel Jaso
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