Chile acaba de experimentar un viraje histórico tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo 17 de enero. La derecha ha conquistado el gobierno a través de las urnas por primera vez desde hace más de cincuenta años: el último presidente de la derecha elegido fue Jorge Alessandri en… 1958. En referencia a la transición democrática que puso fin a la dictadura del general Pinochet (1973-1989), algunos analistas no dudan en hablar de una «segunda transición». Según ellos, esta primera alternancia desde el fin de la dictadura incluso daría prueba de una buena salud democrática. Después de 17 años de un terrorismo de Estado que acabó con la experiencia de la Unidad Popular de Salvador Allende y dos decenios de una democracia bajo tutela nacida de una «transición pactada», conducida por la «Concertación de los Partidos para la Democracia» (coalición de circunstancias entre el centro izquierda socialista y la democracia cristiana), ahora el pueblo chileno conocerá las alegrías de la alternancia… Un nuevo ciclo político
«Después de 20 años de gobierno de la Concertación, esta noche nos brinda la maravillosa responsabilidad de conducir los destinos de la patria»: de esta forma el empresario multimillonario Sebastián Piñera saboreó su victoria ante los miles de simpatizantes reunidos en Santiago, la capital. En su primer discurso, ha llamado a «la unidad nacional» y ha reiterado sus temas de campaña favoritos, de corte populista, entre ellos la lucha contra «la delincuencia y el narcotráfico», la gestión de un «Estado eficaz» con «mucho músculo y poca grasa», a la vez que se declaraba preocupado «por los más débiles y la clase media» (después de prometer durante la campaña que crearía un millón de puestos de trabajo…).
De los casi siete millones de votos emitidos, el candidato electo ganó la segunda vuelta con el 51,6% de los sufragios en nombre de la «Coalición por el cambio» que agrupa a la derecha liberal (Renovación Nacional, de donde procede) y los sectores católicos y conservadores de la UDI (Unión Democrática Independiente), herederos directos de la dictadura. Frente a él, el ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei, obtuvo el 48,4%. Frei defendía los colores de la Concertación, la cual ha estado al frente del gobierno desde 1990, y de la que Michelle Bachelet (socialista) pasará el relevo el próximo mes de marzo. Así, esta alternancia acaba con un ciclo de cuatro gobiernos consecutivos de la Concertación: un personal político instalado de forma duradera en el aparato del Estado que se adaptó ampliamente al modelo económico heredado de la dictadura, así como a la Constitución autoritaria de 1980, enmendada varias veces pero nunca cuestionada. Además de la falta de carisma de Frei y la ausencia de renovación generacional, la Concertación, en la actualidad, aparece agotada. Incluso a pesar de la gran popularidad de Michelle Bachelet (80% de apoyo según las encuestas) y un balance defendido por la mayoría de las élites del país, donde la apertura económica a las multinacionales y la mercantilización de los servicios públicos se ha combinado, desde el año 2000, con una política social dirigida a los más pobres (1). Por otra parte, Piñera se apresuró a anunciar que no hará «tabla rasa» del período anterior y que permanecerá abierto a la «democracia de los acuerdos», como se ha hecho hasta ahora. Las elecciones del 17 de enero, ciertamente, marcan el fin de la Concertación tal como ha conseguido existir y acelerarán sus tensiones internas entre el polo demócrata cristiano y el Partido Socialista (PS) ¿Crisis terminal de la Concertación?
La dicotomía democracia/autoritarismo, que estructuraba el sistema político de la «transición pactada» y permitía a la Concertación apelar al «mal menor» en caso de balotaje o justificar las reformas «en la medida de lo posible», ya no funciona. La coalición nació en 1988 con la función esencial de negociar una salida de la dictadura con los militares y las clases dominantes. Así lo pudo demostrar el sociólogo Felipe Portales, ese pacto significó la aceptación del modelo neoliberal de los «Chicago boys», de numerosos acuerdos parlamentarios con la derecha, el mantenimiento de una buena parte de la herencia institucional autoritaria (Constitución, sistema electoral binomial, código laboral, ley de amnistía) y la garantía de una amplia impunidad para los responsables de violaciones de los derechos humanos (2).
Esta elección es la primera desde la muerte del general Pinochet en 2006 y se inscribe en un terreno político cuya fluidez creciente, acentuada por la renovación de las luchas sociales, se ha acelerado en el curso de los últimos meses. La crisis de los partidos gubernamentales se concretó en la primera vuelta, especialmente con la candidatura disidente de Marco Enríquez Ominami (MEO) (3), también procedente de la Concertación y que desestabilizó las fuerzas políticas tradicionales con un discurso crítico en el que alternaba algunas medidas progresistas con un programa económico liberal de fondo. MEO supo atraer los votos de una parte de la juventud escolarizada y de las clases medias urbanas y recogió no menos del 20% de los votos en la primera vuelta para, finalmente, –poco antes de la segunda vuelta- apoyar públicamente a Eduardo Frei. Aprisionados en el oleaje de un inmenso show político televisado, el Partido Comunista y sus aliados (dentro de «Juntos Podemos») intentaron defender la candidatura de Jorge Arrate (también procedente del PS y ex ministro) con un programa que proponía reformas sociales, la recuperación de los servicios públicos y un cambio de la Constitución combinado con una alianza «instrumental» con la Concertación, en el ámbito de las elecciones legislativas, destinada a romper la «exclusión institucional» de este sector de la izquierda extraparlamentaria (4). Dentro de la izquierda radical sigue dominando la fragmentación, pero existen experiencias interesantes, como el Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores (MPT) que intenta reagrupar a varias pequeñas organizaciones anticapitalistas, y que hicieron campaña para «anular la votación» (al lado de otros sectores como Clase contra Clase – trotskista), denunciando la ausencia de candidatos «independientes del sistema», del Estado, y por lo tanto, una ausencia de alternativa popular, de clase, en estas elecciones (5). A pesar de todo, una parte importante del movimiento sindical, como la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT), se adhirió a la candidatura centrista frente a una derecha considerada «peligrosa» para los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la campaña de Frei no propuso ningunas perspectivas reales frente a la inmensidad de las desigualdades sociales en las que Chile es uno de los campeones de América Latina… Todo lo contrario. A diferencia de una derecha que ha modernizado su imagen con gran refuerzo de la comunicación, Eduardo Frei recordaba a numerosos electores la continuidad de un gobierno (1994-2000) caracterizado por nuevas privatizaciones, el cierre de la mayoría de los medios de comunicación independientes e, incluso, la negativa frente a la extradición de Pinochet a España por el juez Garzón.
En cuanto a los jóvenes, más de dos millones no están inscritos en los censos electorales porque no se reconocen en una representación nacional nacida de la transición pactada y a la que ven alejada de sus preocupaciones cotidianas. En total, cada vez son menos ciudadanos los que participan en las elecciones desde 1998, y el 31% de los chilenos en edad de votar, es decir, 3,8 millones de personas, ni siquiera están inscritas en los censos electorales (el voto es obligatorio en Chile). Este hastío es también el de ciertos intelectuales de renombre, como el historiador Sergio Grez, que afirmaba: «Cualquiera que sea el resultado de las elecciones presidenciales, los habitantes del país seguirán padeciendo el modelo neoliberal que los dos aspirantes a la presidencia de la República –con matices- pretenden consolidar». El «Berlusconi»de Sudamérica
Algunos días antes de la segunda vuelta, uno de los escasos periódicos todavía independientes, El Ciudadano, efectuó una encuesta callejera para conocer la opinión de los ciudadanos sobre las elecciones presidenciales. Uno de ellos declaraba en resumen: «Actualmente, Chile es como una gran empresa, entonces tendrá al frente a un empresario de éxito…». En este país que ha conocido en el curso de los últimos treinta años una auténtica «revolución capitalista», retomando la expresión del sociólogo Tomás Moulian, la ciudadanía, en efecto, a menudo se posiciona en una fuerte despolitización. La constatación del periodista Mauricio Becerra es amarga: «El fin del guión era obvio: de tanto dar poder al gran capital, el empresariado terminó por tomar el Estado. (…) Muy pocas empresas públicas quedan por privatizar, la subjetividad neoliberal individualista arrecia en los prototipos identitarios y la concentración del temor social en los delitos contra la propiedad antes que en la desprotección social o en la falta de participación están instalados en el imaginario colectivo» (5). A partir de marzo, será uno de los de la burguesía financiera quien dirija el país.
Sebastián Piñera, a veces apodado «El Berlusconi chileno», es uno de los hombres más ricos de la nación, con una fortuna valorada en 1.200 millones de dólares (en el puesto 701 del mundo según la clasificación Forbes 2009). Se enriqueció durante la dictadura –en gran parte de forma fraudulenta según las revelaciones de los diarios La Nacióny El Siglo- y controla una de las principales cadenas de televisión (Chilevisión), la compañía de aviación Lan Chile y un importante club de fútbol (Colo Colo). Los inversores no se equivocaron: al día siguiente de las elecciones, las acciones de sus empresas experimentaron una subida del 13,8% en la bolsa... Por otra parte se benefició del apoyo directo de los medios de comunicación dominantes, lo que le permitió llevar a cabo una campaña mediática ofensiva y alejarse de la sombra de la dictadura que sigue planeando sobre el conjunto de la derecha chilena.
Por otra parte Piñera, que siempre que tiene ocasión recuerda que votó «no» en el referéndum de 1989 contra el general Pinochet, no ha dudado en afirmar que contará con la colaboración de ex miembros del régimen militar si sus cualidades pudieran servir al país... Los parlamentarios ultraconservadores y reaccionarios de la UDI también esperan su parte en el nuevo ejecutivo: mientras que la derecha controla la mitad de las dos Cámaras, la UDI posee, ella sola, 40 diputados (un tercio de los escaños) y 8 senadores (igual que Renovación Nacional). Sobre esta base, sin duda esperan cuatro años difíciles a las familias de detenidos desaparecidos de la dictadura, al pueblo Mapuche movilizado en el sur del país, a los ciudadanos que reclaman una asamblea constituyente y, más ampliamente, al movimiento social, sindical y anticapitalista, verdaderas bestias negras de Piñera (7).
Pero este giro político también incidirá en el ámbito regional. Será detrás de la estrategia imperialista de Estados Unidos, junto a Perú, Honduras, Panamá y Colombia (el presidente Uribe es un ejemplo a seguir según Piñera) y frente al eje «bolivariano» (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Cuba) donde se situará Chile, en el plano geopolítico, a partir de marzo. Esta llegada de una derecha sin complejos a la Moneda, el palacio presidencial que vio la muerte del presidente Allende el 11 de septiembre de 1973, tendrá pues un impacto mucho más allá de la cordillera de los Andes en el momento en que los pueblos de América Latina intentan afirmar su independencia frente a los gigantes del norte.
(1) Libio Pérez «Una Bachelet no hace verano» Le Monde diplomatique, diciembre 2009.
(2) Felipe Portales, Chile, una democracia tutelada, Editorial Sudamericana, 2000.
(3) Enríquez-Ominami es hijo del revolucionario Miguel Enríquez, asesinado por los militares en 1974.
(4) El PC y su coalición «Juntos podemos», que obtuvieron el 6,2% de los votos en la primera vuelta y 3 diputados, pidieron el voto para Eduardo Frei a cambio de «12 puntos de compromiso» del candidato de la Concertación. El PC ya deja entrever una alianza a largo plazo con el PS y ciertos sectores progresistas de la Concertación en el Parlamento.
(5) Ver: MPT, “El triunfó de la Alianza por Chile es sólo un cambio de rostro de la desigualdad”, Rebelión.org, www.rebelion.org/noticia.php?id=98913
(6) www.elciudadano.cl/2010/01/18/se-van-los-capataces-y-vuelve-el-patron/
(7) Mario Amorós, «La derecha reconquista La Moneda con Sebastián Piñera», Rebelión.org, www.rebelion.org/noticia.php?id=98891 Franck Gaudichaud es profesor de Civilización Hispanoamericana en la Universidad Grenoble 3 (Francia) y miembro del colectivo editorial de Rebelión ( www.rebelion.org/autores.php?tipo=5&id=59&inicio=0). Dirigió la edición del libro : Le Volcan latino-américain. Gauches, mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique latine, Textuel, 2008 (versión en español por publicar). Fuente: www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-01-19-Chili
Pese a las iniciativas sociales, subsiste la inequidad
Libio Pérez*
La actual mandataria chilena, la socialista Michelle Bachelet, goza de gran popularidad y ha realizado una gestión con no pocos aciertos. Sin embargo, las elecciones presidenciales que se celebran el domingo 13 de este mes se presentan muy reñidas, y en ellas la derecha, encarnada en el candidato Sebastián Piñera, puede easumir un papel protagónico. “Soy mujer, socialista, separada y agnóstica. Reúno en mí cuatro pecados capitales. Pero vamos a trabajar bien”. Así fue como Michelle Bachelet saludó a los jefes militares cuando a comienzos de 2002 asumió sus funciones de ministra de Defensa, nombrada por el presidente chileno Ricardo Lagos. Un puesto que nunca hasta entonces había sido confiado a una mujer y que ningún socialista había ocupado desde el gobierno de Salvador Allende. En marzo de 2006 llegó al poder presidencial con el mismo espíritu, de la mano de la Concertación de Partidos por la Democracia (la “Concertación”). Esta coalición –que reunía a demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas y socialistas– gobierna el país desde la transición democrática en 1989. Los presidentes anteriores Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos también pertenecían a la Concertación.
Durante su mandato, “la Michelle”, como la llaman muchos en Chile, implementó una serie de programas y de reformas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, atenuando los efectos del modelo económico neoliberal introducido bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1989): ampliación de la cobertura de salud; “pensión solidaria” otorgada a más de un millón de personas; creación de una red nacional de jardines maternales (3.500 programados para 2010), lo que tuvo el efecto de estimular la participación de las mujeres en el mercado de trabajo…
Sin embargo, cuando se celebre el Bicentenario de la Independencia en septiembre de 2010, Chile no será el país “desarrollado” que había prometido el entonces presidente Lagos. Esa profecía se apoyaba en los indicadores económicos de los años 80, y particularmente en el crecimiento promedio del Producto Bruto Interno (PBI), que era entonces del 7,6%. Pero la crisis asiática frenó bruscamente esta expansión económica y, durante los seis años del mandato de Lagos, el PBI sólo creció a un promedio del 4,3% (1).
Así es la situación que heredó Bachelet a su llegada al Palacio de La Moneda. Durante los tres primeros años de su presidencia el PBI cayó el 4,2%; y la tendencia se mantiene a la baja, ya que la crisis económica mundial repercutió sobre la demanda y los precios del cobre, principal producto chileno en los mercados internacionales, que cubre alrededor del 50% de sus exportaciones.
Por suerte, el gobierno había tomado medidas preventivas. Cuando los precios de exportación del cobre llegaron a valores máximos inéditos –principalmente como consecuencia de la demanda china–, destinó esos ingresos al ahorro y acumuló más de 25.500 millones de dólares. A comienzos de 2008, cuando se hicieron sentir los primeros síntomas de debilidad económica, la Presidenta abrió la caja de los ahorros fiscales. Es una de las razones de su gran popularidad.
Una vez instalada la crisis global, a comienzos de 2009 Bachelet anunció un plan de estímulo al empleo (el desempleo supera el 10%), un paquete de nuevos subsidios, un programa reforzado de inversiones destinadas a infraestructuras, así como una capitalización de la empresa nacional del cobre –la Corporación Nacional del Cobre (Codelco)– de hasta 4.000 millones de dólares. A lo largo de los meses se fueron sucediendo las medidas tomadas para “limitar los daños”: aprobación de nuevos subsidios, planes de estímulo a la construcción y programas focalizados en el empleo de los jóvenes.
El paquete de medidas comprometió apenas el 20% de las reservas acumuladas durante la época de los altos precios del cobre. Así, Bachelet pudo llevar adelante los proyectos de “protección social” –destinados al 40% de la población más vulnerable– y de reducción de la pobreza (que bajó del 38,6% en 1989 a menos del 13% hoy en día) (2). Estos esfuerzos también se realizaron en el ámbito de la educación preescolar, con lo cual la tasa de escolarización pasó del 16% al 36%.
Como Presidenta, “la Michelle” goza de una popularidad excepcional entre la población, al menos en los sectores urbanos (3). Al observar ese apoyo, que no es posible desmentir, “la Michelle” señala aquello que, en su opinión, constituye el rasgo distintivo de su administración: “Ser progresista quiere decir garantizar derechos sociales permanentes, con el fin de que la corrección de las desigualdades sea efectiva en el tiempo. No se trata de dar asistencia hoy para quitarla mañana” (4).
Carrera esforzada
Nada ha sido fácil para esta mujer que se incorporó al Partido Socialista a inicios de los años 70 y que acompañó con entusiasmo a la Unidad Popular de Salvador Allende. Sus estudios de Medicina se interrumpieron con el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Su padre, el general de Aviación Alberto Bachelet, fue encarcelado y murió algunos meses después a consecuencia de las torturas sufridas (5). Ella misma –en compañía de su madre Ángela Jeria– fue secuestrada por los servicios de seguridad y conducida a una prisión clandestina donde sufrió violencia física. Después de haber participado activamente en la resistencia clandestina, tuvo que exilarse en la República Democrática Alemana (RDA).
A su regreso a Chile, en los años 80, se unió a la lucha en favor de la restauración de la democracia y se relacionó con los organismos de defensa de los derechos humanos. Pero el “fenómeno Bachelet” nació en el invierno de 2002, cuando era ministra de Defensa. Cuando fuertes lluvias inundaron los barrios de la capital, puso militares al servicio de los siniestrados y supervisó personalmente los trabajos, encaramada sobre un carro blindado. Esa imagen resultó impresionante.
Como candidata a la Presidencia por la Concertación, en las elecciones de diciembre de 2005 enfrentó a dos candidatos de derecha –el hombre de negocios conservador Sebastián Piñera y el pinochetista Joaquín Lavín– así como al representante de la izquierda extra parlamentaria Tomás Hirsch, apoyado por los miembros del Partido Humanista y los comunistas. Ganó en segunda vuelta con el 53,5% de los votos, mientras Piñera obtuvo el 46,5%.
Sin embargo, Bachelet nunca fue favorita de las elites políticas de la Concertación: su candidatura se basó en el apoyo popular. Consciente de este hecho, propuso gobernar otorgando un lugar importante a la participación y a las consultas en materia de políticas públicas; implementó un equipo ministerial respetuoso de la paridad hombres-mujeres y promovió “nuevas caras” en sus equipos, en un esfuerzo por renovar los cuadros dirigentes.
Este enfoque generó escepticismo y resistencias. Incluso dentro de la Concertación se expresaron dudas en cuanto a su capacidad para gobernar, dudas reiteradas a diario por la oposición de derecha. Varios factores contribuyeron a esta percepción.
Al comienzo de su mandato, y según los criterios de la clase política chilena, la designación de su gobierno tomó demasiado tiempo. Dos meses más tarde estalló un conflicto violento: más de un millón de estudiantes secundarios se lanzaron a las calles para protestar contra el bajo nivel de la educación pública. Estudiantes universitarios, profesores y padres de alumnos se unieron a la protesta. Durante un mes mantuvieron al gobierno al borde del fracaso. Bachelet aceptó la parte principal de las reivindicaciones de un conflicto que no formaba parte de su agenda y que provocó los primeros cambios ministeriales. Los titulares del Ministerio del Interior y de Educación fueron reemplazados.
Aún más problemático resultó el plan del transporte público de la capital. Concebido por el gobierno de Lagos y bautizado Transantiago, entró en vigencia el 9 de febrero de 2007. Este nuevo sistema modificó el recorrido de los ómnibus, su frecuencia, las empresas encargadas del servicio e impuso el boleto electrónico (6). Durante meses miles de personas debieron esperar largas horas antes de poder subirse a ómnibus abarrotados, ya que la cantidad era muy limitada considerando el flujo de pasajeros. En los barrios periféricos, y en particular en las villas miseria, dejaron de pasar, obligando a los habitantes a largos trayectos a pie para llegar a la parada más próxima. Más allá del descontento general, de manifestaciones y enfrentamientos a veces violentos con la policía, las inversiones (en infraestructura, máquinas, nuevo personal y subsidios) necesarias para superar ese caos constituyeron para el Estado chileno un gasto extra de más de 1.000 millones de dólares.
Problemas estructurales
Las reivindicaciones territoriales de los indios mapuches, en la Araucanía, en el sur del país, tampoco habían sido tomadas en consideración. En esta región empobrecida, el auge de los proyectos pesqueros y de explotación forestal transformó a los autóctonos, pequeños propietarios agrícolas, en obreros asalariados precarios, con lo que aumentó la conflictividad social. Además de numerosos arrestos arbitrarios, dos jóvenes militantes indígenas (comuneros) fueron muertos en movilizaciones llevadas a cabo bajo el actual gobierno, que no dudó en utilizar la legislación antiterrorista de la época de Pinochet.
Finalmente, y a pesar de los progresos logrados, Chile sigue registrando récords en materia de desigualdades. Un informe de 2005 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (7), donde se incluía el coeficiente de Gini –que mide el grado de disparidad en la distribución de los ingresos– colocaba a Chile en el lugar 110 entre 124 países. El mismo informe indica que los ingresos del decil chileno más rico son 31,1 veces superiores a los ingresos del decil más pobre. La encuesta sobre presupuestos de los hogares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) realizada entre octubre de 2006 y noviembre de 2007 reveló que en el 80% de los hogares de Santiago y sus alrededores los ingresos no eran suficientes para cubrir los gastos, lo que explica que deban recurrir al crédito formal o informal. En los sectores más desfavorecidos, el ingreso per cápita es apenas superior a 3 dólares diarios, la mitad de los cuales se destina a transporte.
Los problemas sociales que Bachelet debió enfrentar no eran una simple herencia de las administraciones anteriores. Se trata de problemas estructurales, que tienen su origen en la Constitución heredada de la dictadura, que consagró a la ganancia como motor del sistema. Así, la reforma de la educación exigida por los estudiantes chocaba con una administración de las escuelas en manos del mercado y con un sector público precario y desprovisto de fondos.
Sin embargo, la popularidad personal de la Presidenta, niña mimada de los medios extranjeros –al igual que el jefe de Estado brasileño Luiz Inacio Lula da Silva– cuando se trata de evaluar a la izquierda latinoamericana, no necesariamente habrá de salvar a la Concertación. Ésta sufrió su primera derrota electoral en las elecciones municipales del 26 de octubre de 2008. Eduardo Frei Ruiz-Tagle –ex jefe de Estado (1994-2000) y demócrata cristiano–, su candidato para la elección presidencial del 13 de diciembre, parece incapaz de capitalizar el apoyo que le brindan Bachelet y el Partido Socialista (PS). Está cuestionado desde la izquierda por Jorge Arrate (Juntos Podemos Más) y por Marco Enríquez Ominami (independiente) (8), quienes se fueron del PS.
Es posible que el conservador Piñera obtenga la mayor cantidad de votos el 13 de diciembre, sin por eso alcanzar la mayoría. Y Frei, aunque durante mucho tiempo considerado como su más seguro adversario, podría verse desplazado de la segunda vuelta del 13 de enero por Ominami quien, en nombre de un “centro izquierda independiente” ha experimentado un avance espectacular en los últimos meses. Pero el resultado final sigue siendo muy incierto. ♦
REFERENCIAS
(1) Véase Fundación para la Superación de la Pobreza: www.fundacionpobreza.cl
(2) En valores promedios, según el Banco Central de Chile.
(3) Véase la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), de agosto de 2009: “Evolución de aprobación de gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet”.
(4) Informes del Ministerio de Planificación: www.mideplan.cl
(5) Véase Carlos Gutiérrez, Militares contra Pinochet, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2009.
(6) Los centenares de microempresas de transporte que garantizaban el servicio público, cubriendo toda la periferia, fueron reemplazados por diez concesiones.
(7) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Human Development Report 2005”, Nueva York, 2005.
(8) Hijo de Miguel Enríquez, fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), asesinado en 1974 por los militares. *Periodista.
Pintura
ROBERTO MATTA, (1911-2002, Chile). Flash de carne, óleo sobre lienzo, 134.62 cm x 124.46 cm (1971)
Foto
MICHELLE BACHELET, presidenta de Chile y su escolta militar.
Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen.
Crueles represores figuran entre los más de 150 ex agentes de la DINA, todos en situación de retiro, que fueron procesados el martes pasado por el ministro Víctor Montiglio en los casos Operación Colombo, Cóndor y Calle Conferencia 1587.
Entre ellos figura la oficial de Ejército Gladys Calderón Carreño, quien inyectaba cianuro para matar a los detenidos en el cuartel de avenida Simón Bolívar, en la comuna de La Reina, donde operó la Brigada Lautaro. También aparece el suboficial de Infantería de Marina Sergio Escalona Acuña, quien con un alicate extraía a los cuerpos de los prisioneros ya muertos, las piezas dentales que contenían oro.
Esta operación la realizaba antes de que los cadáveres fueran ensacados para ser arrojados al mar.
De la misma manera, otros de los procesados son los suboficiales de Carabineros Jorge Pichunmán Curiqueo y Claudio Pacheco Fernández, quienes se encargaban en ese cuartel clandestino de desfigurar los rostros de los detenidos y quemar sus huellas dactilares, utilizando un soplete.
OFICIALES Entre los 150 ex agentes encausados por los casos Colombo y Conferencia, existe un total de 21 oficiales. (Ver lista).
A ello hay que sumar los cerca de 50 procesados por víctimas de la Operación Cóndor, lo que podría hacer crecer la cifra total de encausados por sobre los 165, dado que la mayoría de estos cerca de 50 nombres se repiten en las resoluciones dictadas por Colombo y Conferencia. La mayoría de los procesados pertenecen al Ejército, pero también hay integrantes de la Fuerza Aérea, Armada, Carabineros, Investigaciones y Gendarmería.
Hoy viernes debe terminar la maratónica operación para que todos los procesados queden arrestados e ingresados a los distintos lugares de reclusión preventiva, según la institución a la que pertenecen. En el caso del Ejército, todos deberán quedar detenidos en el Batallón de Policía Militar en la Avenida José Arrieta, en la comuna de Peñalolén.
El primer presidente de la Concertación entró haciendo un rayado de la cancha que ha permanecido: "Se hará justicia en la medida de lo posible"... El Presidente Frei: nada, salvo que se negó a recibir a los familiares de los detenidos desparecidos y gobernó sin preocuparse por los DDHH’s ni por la Constitución actual, la de Pinochet. De Lagos quedó una pretendida reforma constitucional que le aplaudió la derecha. Él armó, detalladamente, la militarización de la Araucanía y criminalizó las demandas del pueblo Mapuche, dejando la herencia adicional de una guerra que ya se esbozaba como a largo plazo.
De Michelle Bachelet tenemos: un muy bien orquestado sistema de "beneficencia" pero que no altera para nada la inequidad del país ni las condiciones de tener una de las peores legislaciones contra los trabajadores y sus derechos fundamentales. Se ha inaugurado tanta cosa antes de estas elecciones... Incluso está la entrada apurada, antes de la elección, de Chile a la OCDE. En esa pretensión "tan chilena" de siempre ponernos entre los poderosos de las grandes economías y para la que no tenemos la ropa que se necesitaría. También ha sido tremendamente servicial para el sector privado que domina la minería y en la que el Cobre sigue controlado por extranjeros y privados y de lo que el pueblo chileno no saca casi nada. Dado que la repartición de la torta presupuestaria se hace en el barrio alto y se discute con la Alianza y su gente, harto poco pasa para que los chilenos tengan sus derechos fundamentales realmente respetados. "Los chilenos siguen teniendo la economía con la mayor flexibilidad laboral del mundo", nos dicen... pero es esa "flexibilidad" la que permite que los trabajadores chilenos hayan perdido todos su derechos laborales. Además, queda una bien instalada Guerra Sucia contra el pueblo Mapuche. Ésta sirve a las grandes fortunas de la madera, hidroeléctricas, celulosa, bancos. Apoya la destrucción del medio ambiente. Luego, nos deja un Instituto de Derechos Humanos, hecho entre cuatro paredes, con presupuesto controlado políticamente y sin independencia y, además, con un Director designado que es el Subsecretario del Interior... de un ministerio que en Chile ha sido históricamente más parte del problema de los DDHH’s y no de su solución. Lo mismo sucede con un Ministerio de Asuntos Indígenas gestado sin respetar el Convenio 169 de la OIT que ella misma firmó. Su organización no respetó a los pueblos originarios, especialmente al Mapuche, a quienes han caracterizado como enemigo y no como hermano. Con el estilo y soberbia tradicional se olvidaron de son una fuerte base cultural y humana de todo Chile y de cada uno de nosotros. El gobierno actual, como los anteriores, ha sido consistente en haber mantenido a los Mapuche confinados a la exclusión y a seguir siendo el sector más pobre del país.
Y, si miramos en estos mismos temas al presidenciable Piñera, recordemos que cuando Pinochet estaba preso en Londres, él lloraba lágrimas de cocodrilo –como lo han mostrado los vídeos de sus discursos de la época- para que se lo soltaran. Fue el gobierno de su contrincante de la elección del domingo 17 de enero, el que se lo trajo a casa. Piñera no muestra nada para tranquilizar a nadie en lo que a DDHH’s se refiere. Él mismo "candidato del cambio", para recordar, es quien se escondía de la ley, -bajo una dictadura que lo protegió-, por sus fraudes financieros que lo llevaron a ser una de las mayores fortunas del país. Nada allí, tampoco, para predecir una verdadera corrección de la inequidad... este producto tan "chileno" de estas últimas décadas.
El caso de este escritor, periodista y cineasta vasco, Asel Luzarraga, detenido con montajes que tienen la marca dictatorial ya tan conocida en estas tierras, vuelve a reflejar como en Chile el Estado (nuevamente, Poder Judicial, Gobierno, Ministerio del Interior, Fuerzas policiales) habla con la boca chueca: Hoy ponen al Subsecretario del Interior, Patricio Rosende, (y cualquier subsecretario del Interior que venga) como Director del Instituto de Derechos Humanos. Es decir, en Chile, el estado, que es un claro infractor de los DDHH's es, al mismo tiempo, el que determina lo que ese Instituto haré, pese a haber sido hecho a puertas cerradas y sin que participen los más interesados. Incomprensible y un contrasentido.
El actual subsecretario del interior, ha sido la punta de lanza en la guerra sucia contra el pueblo Mapuche y en perseguir a quien solidarice con él y sus justas luchas. Luchas que, además de ser respetadas por Naciones Unidas, nunca han podido configurarse como terroristas salvo en la cabeza de Rosende, de su jefe Edmundo Yoma o de otros frenéticos del gobierno, o de voceros de las "justicias" de marras que la Constitución ilegítima actual protege.
Curiosamente, justo antes de la elección del 17 de enero próximo, a Rosende lo hacen aparecer mostrando cara de cordero bueno... Habla de 24 casos de presos políticos que fueron asesinados en la dictadura y por los que la dicta-blanda nada hizo en 20 años!... Casos reales y que hay que verlos como un sentir legítimo para los DDHH’s. Pero, ¿por qué justo antes de la elección? Apurado el hombre y el gobierno para presentar una nueva cara... Hmmm, suena como llamado a la centro derecha para que voten por la Concertación... Sin embargo, nada se hace sobre crímenes que incumben a este gobierno por haber ocurrido bajo su autoridad. Me refiero a la desaparición de José Huenante en el 2005, ese niño que Carabineros detiene, golpea en público y luego hace desaparecer: caso cuyos autores son conocidos. Tampoco sobre Alex Lemún, joven que recibió un balín disparado a quemarropa por un oficial que está feliz y sigue haciendo carrera en carabineros. Tampoco el de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO cuyo asesinato por la espalda es conocido o el de Jaime Mendoza Collío. Todos ellos con asesinos identificados. Y el estado, con un aparato de Justicia Civil inmoral, se permite pasar todos los casos, -aunque sus autores sean ya conocidos- nada menos que a la Justicia Militar, verdadera e infalible agencia para la impunidad de los crímenes perpetrados por los cuerpos represivos del país. Esta colusión del ESTADO, dirigido por el gobierno, es algo que un legítimo Instituto de DDHH's debería poder impedir. Pero, ¿con un jefe como el subsecretario del interior –Rosende hoy o el que venga de turno- cómo vamos a asegurar imparcialidad alguna? Los que no han respetado los DDHH’s no van a cambiar aunque se pongan ropaje de inocentes. ¿COMO?
La libertad para Asel Luzarraga (1) es importante y debe permitir quebrar el brazo ya rutinario del Estado chileno que a extranjero que se preocupa por el pueblo Mapuche se le monta una acusación, se le roba, humilla y luego, "como favor, aceptan expulsarlo" del país. Junto a su liberación debemos exigir que no sea expulsado. Sería bueno saber que dirían al respecto hoy y luego pasada la elección, ambos candidatos... ¡Bravo, Clarín! por saber y expresar que la solidaridad es fundamental!
Recién nombrado nuevo presidente de la Corte Suprema admitió que tiene un juicio crítico sobre la actuación de magistrados durante el régimen de Augusto Pinochet.
Viernes 18 de diciembre de 2009 | Actualizada 12:50 | País
Milton Juica elegido nuevo presidente de la Suprema
Bajo la premisa de que la “justicia no estuvo a la altura” de las circunstancias durante la dictadura, el recién electo presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, admitió las debilidades en ese período del Poder Judicial.
Tras ser aclamado por unanimidad por los integrantes del máximo tribunal, Juica no dudo en afirmar que “en la época de la dictadura el Poder Judicial no se comportó a la altura, especialmente la Corte Suprema” al tiempo en que añadió que esta frase corresponde a su visión personal de los hechos.
El magistrado que reemplazará a Urbano Marín, quien deja el puesto el próximo 6 de enero, detalló los magistrados de ese período “han tenido sus razones para haber actuado como lo hicieron y yo tengo, por supuesto y siempre lo he dicho, un juicio crítico respecto de la gestión que se hizo en ese momento respecto del tema de los derechos humanos”. Juica tuvo en sus manos investigaciones como la Operación Albania en que logró confesiones claves para develar este crimen.
El magistrado que se desempeña en la actualidad como ministro en la Tercera Sala, que ve temas civiles, se refirió superficialmente al caso del magistrado Alejandro Madrid suspendido momentáneamente del proceso por la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva. Al respecto dijo “no quisiera entrar en hacer una apreciación respecto de un juicio que incluso se encuentra bajo el conocimiento de la Corte Suprema y nosotros somos muy respetuosos de no anticipar ningún juicio respecto de un proceso pendiente”. El ex vocero del máximo tribunal analizó también la independencia económica que ansía el Poder Judicial, panorama que dijo conversará con los representantes del Ejecutivo y Legislativo para analizar proyectos "emblemáticos" que otorgarán este beneficio y ayudarán al proceso de modernización de la justicia.
Guía temática de política
ASAMBLEAS CONSTITUYENTES
En la historia de Colombia, a lo largo de los últimos dos siglos, se han llevado a cabo varias Asambleas Constituyentes, sin embargo, las que dieron origen tanto a la Constitución de 1886 como a la que nos rige en la actualidad son las que reciben mayor atención en la historia reciente de Colombia.
La Constitución nacida de la Asamblea Constituyente de 1886 se mantuvo vigente por más de 100 años, hasta 1991, año en el que se aprobó la nueva Constitución (debemos entender por Constitución las normas y leyes que regirán a una nación a lo largo de un período de tiempo indefinido).
Para elaborar y consagrar la Constitución actual, se debió seguir un proceso, el cual se resumirá en las siguientes líneas.
La idea de realizar una Asamblea para reformar la Constitución de 1886 surgió de una propuesta que el ex presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) hizo en el año 1988, la cual consistía en convocar a un plebiscito para derogar el articulo 218 de la Constitución Política.
El cambio que se buscaba era el de lograr una transformación total de las leyes y normas que regían en el país, ello debido, en especial, a la preocupante situación de orden público y al sentimiento generalizado de los ciudadanos de que las instituciones estaban un paso atrás respecto de otros países para poder afrontar el futuro inmediato que les esperaba.
En el año de 1990 se les preguntó a los colombianos sí deseaban implantar una nueva Constitución (aquella pregunta se formuló por medio de una consulta popular ). La respuesta fue resueltamente afirmativa, de tal suerte que, de inmediato, se empezó a trabajar con miras a redactar una nueva Constitución Política para Colombia.
Es así como, en marzo de 1991, se llevaron a cabo las elecciones para elegir a los delegados de los partidos políticos y de los movimientos y sectores independientes que habrían de participar en la nueva Asamblea Constitucional.
Vale la pena aclarar que, dentro de los constituyentes, (nombre que se les da a los delegados encargados de reformar la Constitución), había una gran diversidad de personas (representantes de las negritudes, políticos de partidos tradicionales, ex guerrilleros recientemente incorporados a la vida civil, representantes indígenas y representantes de movimientos y sectores independientes) reunidas todas para lograr el fin último y fundamental de hacer que las instituciones y normas fuesen más efectivas y dignas de credibilidad.
Entre abril y junio de 1991 se dio inicio a las sesiones de la Asamblea Constitucional, periodo en el cual se redactó y aprobó el primer borrador de la reforma, el cual se le entregó al Presidente en el mes de julio para que éste, en un plazo de cinco meses, presentara sus observaciones y críticas al texto.
Ya en diciembre, el texto fue revisado por última vez por los Constituyentes, ello para poder hacer las reformas necesarias que habían sido recomendadas tanto por el Ejecutivo como por la opinión pública.
Es así como, finalmente, y después de las revisiones pertinentes, fue aprobada la Constitución de 1991, que es la que rige actualmente al Estado colombiano.
En la Biblioteca virtual puede obtener más información sobre este tema en:
Acto Legislativo número 3 de 1954, reformatorio de la Constitución Nacional, por el cual se otorga a la mujer el derecho activo y pasivo del sufragio La Asamblea Nacional Constituyente le concedió a la mujer el derecho a elegir y ser elegida.
¿Una Constitución de largo andar y lejano horizonte? Texto de Luis Carlos Sáchica sobre los factores políticos y económicos que determinaron la larga duración de la constitución del 86.
La constitución de 1886: un acuerdo sobre lo fundamental Texto de Gabriel Melo Guevara que trata acerca de la unidad entre el Estado y la Nación en torno a la constitución del 86.
Acto adicional a la Constitución creando el Estado de Panamá, 27 de febrero de 1855 El primer territorio federal, luego de la constitución de 1853, fue Panamá, al cual le seguirían Antioquia y, posteriormente, el resto de regiones.
La administración de justicia en Colombia, siglo XX Texto de Carlos Ariel Sánchez, en el habla sobre la administración de justicia en Colombia durante el periodo comprendido entre la implantación de la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991.
Constitución y modelo económico Texto de Salomón Kalmanovitz Krauter, miembro de la Junta directiva del Banco de la república, en el que analiza cómo la Constitución de 1991 cambió la orientación económica esencial en Colombia.
¿Que tal manejamos? El caso de la Constitución de 1991 Documento de Sergio Clavijo Vergara, miembro de la Junta directiva del Banco de la República, en el que analiza las consecuencias económicas de la Constitución de 1991.
La Nueva Lira y su época Texto de Santiago Londoño sobre la relación existente entre la Constitución del 86 y la edición de la revista |Nueva Lira.
Las condiciones de la centralización política: a propósito de la Constitución del 86 Texto de Marco Palacios sobre el fortalecimiento estatal dado entre 1903 y 1930 a partir de la constitución del 86.
La Constitución de 1886 Reseña publicada en el |Boletín cultural y bibliográfico, del Banco de la República, sobre la Constitución de 1986.
La verdad de la Constitución Reseña de Hernando Valencia Villa sobre el libro |Filosofía de la Constitución colombiana de 1886, de Ligia Galvis Ortiz.
Mujer y familia durante el Olimpo radical Artículo de Suzy Bermúdez Q. sobre los conceptos de familia y mujer en el momento en que se estableció la constitución de 1886, publicado en: |Anuario colombiano de historia social y de la cultura, núm. 15, 1987.
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política de Colombia (1991).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Reformas a la Constitución Política de la República de Colombia de 1886 (1910), (1918), (1936), (1954), (1968) y (1975).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política de la República de Colombia (1886).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia (1863).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política para la Confederación Granadina (1858).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política de la República de la Nueva Granada (1843).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política del Estado de la Nueva Granada (1832).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política de la República de Colombia (1830).
Los derechos fundamentales a través de las Constituciones colombianas y sus reformas Constitución Política de la República de Colombia (1821).
La constitución de 1991 y los indígenas. Nuevos espacios de participación política Texto de Beatriz Londoño Toro, publicado en: |Credencial historia, núm. 146.
La constitución como frontera de la legalidad Reseña de Luis Villar Borda sobre el libro |Justicia constitucional, de Juan Manuel Charry Urueña.
Investigaciones sobre la Constitución entregan diecinueve universidades al Banco de la República Texto de Consuelo Gaitán sobre los informes.
Consolidación del Estado Nacional en Colombia: 1886-1900 Esta reseña estudia las consecuencias de la aplicación de la Constitución de 1886 por Gustavo Bell Lemus.
Una transición Reseña de Luis Aristizábal sobre el libro |Estado y economía en la Constitución de 1886, compilado por Oscar Rodríguez Salazar.
¿Qué tan profundo es el tema? Reseña de Germán Colmenares sobre el libro |Poderes y regiones: problemas en la constitución de la nación colombiana. 1810-1850, escrito por María Teresa Uribe de Hincapié y Jesús María Álvarez.
Un capítulo de nuestra historia económica Reseña de Medófilo Medina sobre el libro |Estado y economía en la Constitución de 1886, compilado por Oscar Rodríguez Salazar.
Testimonios de un activista culto Reseña de Hernando Valencia Villa sobre el libro |Mi encuentro con la Constitución, de Jaime Angulo Bossa.
Algo más sobre la Constitución Reseña de Martha Cecilia Herrera sobre el libro |Estado y economía. Cincuenta años de la reforma del 36, de Álvaro Tirado Mejía (compilador).
Sobre los principios generales de la organización social que conviene adoptar en la nueva Constitución Documento redactado por José Eusebio Caro.
La constitución de 1991 y los indígenas. Nuevos espacios de participación política Artículo escrito por Beatriz Londoño Toro, el cual versa sobre la actual legislación que protege a los indígenas. Publicado en la revista |Credencial historia.
Desarrollo constitucional. Cinco grandes reformas y una nueva Constitución Texto de Álvaro Tirado Mejía sobre las reformas constitucionales del siglo XX en Colombia.
En los orígenes del nacionalismo colombiano Texto de Frederic Martínez, sobre la influencia del esquema nacional de Europa Occidental sobre la constitución del Estado-nación colombiano.
|
Bibliografía
|Constitución política de Colombia, 1991.
Botero Zea, Fernando, |La operatividad de la Asamblea Nacional Constitucional, programa Presidentes de empresa, mayo, 1990.
A pesar de que la crisis del régimen político colombiano es de carácter estructural, en tanto ella está atada al surgimiento, desarrollo y a la crisis misma del bipartidismo[2], las características dramáticas con las que se expresó al finalizar la década de los años setenta y durante toda la década de los años ochenta, tienen su antecedente motor y causal en el pacto bipartidista que dio origen al Frente Nacional.
Los acuerdos políticos que dieron lugar al Frente Nacional, adquirieron naturaleza constitucional por medio del plebiscito realizado el Primero de Diciembre de1957 y que debía entrar a operar a partir de 1958, por medio del cual se garantizaba la rotación bipartidista en el poder y la repartición por partes iguales de los cargos de la administración pública fundamentalmente.
Los acuerdos pretenden básicamente el logro de dos objetivos: La creación de un clima jurídico-político que permitiera la modernización del Estado y la superación de la confrontación armada entre liberales y conservadores conocida en la historiografía colombiana con el nombre de La Violencia. Es necesario recordar que para la época ya había aparecido, en el contexto de la confrontación bipolar a nivel mundial, el concepto de enemigo interno y el Estado debía prepararse para hacer frente a lo que en materia de amenaza para el bloque occidental representaba el comunismo, como realmente ocurrió más adelante.
Los dos objetivos se cumplieron parcialmente. El segundo durante las dos primeras administraciones (Lleras Camargo, 1958-1962; Valencia 1962-1966). El primero, durante las dos últimas (Lleras Restrepo, 1966-1970; Pastrana Borrero, 1970-1974).
Sin embargo, el aspecto fundamental del Frente Nacional tiene que ver con el cerramiento del sistema, su "enconchamiento" y el carácter excluyente como se practicó la política en nuestro país.
El sistema se expresó y se agotó al mismo tiempo en el bipartidismo y encontró en el clientelismo su espacio natural de movilidad y reproducción, y aunque la génesis del clientelismo se inscribe en la historia política misma del país y particularmente desde el inicio institucional, a mediados del siglo pasado, del partido liberal y del partido conservador, es a partir del Frente Nacional, cuando éste se redefine y recompone hasta convertirse en el principal soporte del sistema.
Pero lo que hace importante la relación bipartidismo-clientelismo es que a partir del Frente Nacional "comanda al conjunto de relaciones sociales que definen la forma real como opera la política (sistema), a partir de las normas establecidas para el efecto por el Estado (régimen)"[3].
El carácter excluyente le cerró el paso a expresiones políticas diferentes al bipartidismo e incluso a manifestaciones disidentes al oficialismo de ambos partidos, lo que explica la importancia que obtuvieron en el panorama político del país el surgimiento y desarrollo del movimiento insurgente de un lado y de los movimientos sociales y cívicos de otro, especialmente, estos últimos, a partir de la segunda mitad de la década del 70.
En este contexto el Frente Nacional explica que la crisis del régimen político colombiano, es una crisis de legitimidad y de gobernabilidad.
Legitimidad, en el sentido señalado por Max Weber, implica respaldo por parte de la ciudadanía, un mínimo de obediencia y un reconocimiento de validez, bajo algún título, a las diferentes instituciones y a los titulares del poder del Estado.
En nuestro caso, la desideologización de los partidos Liberal y Conservador, el alto grado de abstencionismo que representa una crisis de representatividad, la excesiva y casi permanente utilización del ‘Estado de Sitio’ y consecuentemente el tratamiento de orden público a las más elementales demandas ciudadanas, lo mismo que el desconocimiento reiterado de los derechos civiles y políticos y un reducidísimo control civil sobre las Fuerzas Armadas, son algunas de las circunstancias que explican y alimentan la crisis de legitimidad del sistema colombiano.
Ahora bien, la crisis de gobernabilidad se refiere a la incapacidad del sistema político y del conjunto de la sociedad para darle respuesta a las demandas sociales y políticas, en la perspectiva de construir soluciones coyunturales y estratégicas que le den salida viable a los conflictos. Ello significa "poner efectivamente en juego las energías del cuerpo social para lograr ciertas metas, sin contravenir, al tiempo, ciertas reglas consensuales del juego político (que, en el caso de la democracia, significa no recortarla, condicionarla o suprimirla sustituyéndola por formas autoritarias): establecer reglas de juego que permitan a las oposiciones actuar con lealtad a un conjunto de agreements on fundamentals, que son la esencia del mantenimiento de ese juego"[4].
Entendida de esta manera, la gobernabilidad tiene, entre otros elementos, los siguientes:
üLa capacidad de los gobernantes, de las instituciones y de la sociedad civil para definir objetivos y adoptar decisiones oportunas, lo que dice del funcionamiento y desempeño del sistema político.
üSu relación estrecha con la legitimidad, por cuanto implica el logro de unos consensos mínimos y la representatividad de los diversos actores políticos.
üLa capacidad del gobierno para controlar y procesar situaciones conflictivas, de aceptar el disenso y de ser obedecido.
üOtro elemento tiene que ver con los mecanismos, los grados, la extensión y la cobertura de la participación ciudadana en las decisiones y en la gestión gubernamental[5].
La gobernabilidad es pues un fenómeno complejo que abarca tanto lo político, como lo social, lo económico y cultural.
En Colombia, la desinstitucionalización del Estado, su pérdida del monopolio legítimo de la fuerza, la crisis de los partidos y del Congreso, el estado caótico de la justicia, expresada en los altísimos índices de impunidad y en la aparición de múltiples formas de justicia privada, el centralismo, el régimen presidencialista; la tensión entre los procesos de modernización sin modernidad, entre otros factores, se han constituido en ejes estructurantes de la ingobernabilidad vivida en las últimas décadas.
LAS PROPUESTAS INSTITUCIONALES PARA LA SUPERACION DE LA CRISIS
Frente al panorama anterior, podemos identificar cuatro momentos históricos importantes, que trataron de hacerle frente a los problemas de legitimidad y gobernabilidad por el sendero de las reformas constitucionales.
El primero se refiere a la propuesta de reforma constitucional hecha durante la administración de Alfonso López Michelsen (1974-1978). La propuesta pretendía convocar a una Asamblea Constituyente, llamada Pequeña Constituyente, para reformar dos áreas fundamentales del sistema político colombiano: el régimen departamental y municipal y la administración de justicia. Con lo primero se pretendía cerrarle el paso al grave estado del centralismo tanto administrativo como político para garantizar una adecuada prestación de los servicios a los niveles local y regional y abrirle espacios a los canales de participación; mediante lo segundo el objetivo era hacerle frente a la grave crisis de inmoralidad y de impunidad y a las nuevas formas de organización delictiva. Sin embargo, el Acto Legislativo No. 2 de 1977 fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por cuanto, se argumentó que el Congreso de la República no podía delegar su facultad constituyente a otro órgano, como lo sería la Asamblea Constituyente[6].
Posteriormente, durante la administración Turbay Ayala (1978-1982), a pesar de la marcada tendencia represiva, especialmente demostrada con la expedición del Estatuto de Seguridad, y más como parte de un discurso reformista, se presentó al Congreso un proyecto dirigido fundamentalmente a hacer algunas modificaciones en el aparato judicial, así como al funcionamiento del Congreso y a la formación de la llamada Comisión del Plan. Pero el Acto Legislativo No. 1 de I979 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El dramático estado de ingobernabilidad con que concluyó la administración anterior, entre otros factores, allanaron el camino para que la administración de Belisario Betancur (1982-1986) pudiese hacer unas propuestas más radicales en materia de legitimación del sistema por la vía de reformas constitucionales y legales y al mismo tiempo para que formulara importantes estrategias en vista de recambiar las relaciones con el movimiento insurgente.
Para tal efecto se hicieron propuestas que abarcaron diez puntos básicos: reforma del sistema electoral; la legalización de nuevas fuerzas políticas, un estatuto de oposición; la definición del derecho a la información; la reglamentación de la carrera administrativa; la vigilancia de las actuaciones del Estado y de la administración pública; la modernización y vigorización de la justicia; la descentralización administrativa; y el fortalecimiento de los poderes locales.
Lo ambicioso de la reforma unido al proceso de diálogo con los grupos guerrilleros, develó las inmensas contradicciones que se dan en el interior del llamado país político en oposición al país nacional. Los debates en el Congreso, las posiciones de los gremios y, en general, el desatamiento del proceso mismo, evidenció una ausencia de voluntad política para encontrar consensos, y dejó la propuesta de reforma sólo en la aprobación de algunas leyes sobre descentralización fiscal y administrativa y el Acto Legislativo No. 1 de 1986, sobre elección popular de alcaldes y consulta popular.
Vale la pena recordar que el proceso de conversaciones con la guerrilla, luego del desatamiento de la llamada guerra sucia y del incumplimiento por parte de los actores de los compromisos, inicialmente adquiridos terminó con el rearmamiento del EPL y el M19 y posteriormente con la trágica toma del Palacio de Justicia por parte de este último movimiento los días 6 y 7 de Noviembre de 1985.
Por último, fue la administración de Virgilio Barco (1986-1990) la que emprendió el desmonte real del Frente Nacional, mediante la instauración del llamado "esquema gobierno-oposición". Además pretendió ampliar los canales participativos mediante la reglamentación de la elección popular de alcaldes, la consulta popular y la creación de los Consejos de Rehabilitación.
En materia de reforma constitucional se propuso la realización de una consulta popular acerca de la derogatoria del artículo 218 de la Carta. Este plebiscito, sin embargo, no fue apoyado por el partido Social Conservador, pero alternativamente se firmó el Acuerdo de la Casa de Nariño en el cual se acordaba la convocatoria de un referéndum para el 9 de octubre de 1988 y la creación de una Comisión Preparatoria para el Proceso de Reajuste Institucional, que tendría como funciones la definición de las materias objeto de reformas y estudiar y aprobar la convocatoria del referéndum sobre el proyecto de reforma constitucional elaborado por dicha Comisión.
Sin embargo, en Abril, el Consejo de Estado suspendió el Acuerdo de la Casa de Nariño, lo que obligó al gobierno a presentar un proyecto de reforma constitucional que contenía sustanciales aspectos en materia de democracia participativa, derechos humanos, administración, régimen de estado de sitio, administración de justicia, entre otros. Este proyecto, luego de soportar un accidentado tránsito legislativo, tuvo que ser retirado por el propio gobierno en Diciembre de1989, debido al intento de incluir el tema de la extradición, absolutamente contradictorio con el estado de guerra en que se encontraba con el narcotráfico[7].
Este es, entonces, el último de los intentos institucionales para hacerle frente a la crisis de legitimidad y de gobernabilidad del sistema político colombiano.
EL PROCESO QUE DESATO EL CAMINO CONSTITUYENTE
La crisis de gobernabilidad es necesario comprenderla en su total dimensión. A los factores de orden institucional, brevemente señalados en los capítulos anteriores, es necesario anexarle la situación experimentada por los diversos actores de la vida socio-política del país.
Tres elementos se deben resaltar para tener una visión más completa del clima nacional. En primer lugar, el decurso de los acontecimientos en relación con el movimiento insurgente. La experiencia aportada por la administración Betancur, si bien no arroja un balance positivo en términos de la consecución de la paz, sí deja la enseñanza de la necesidad de seguir utilizando el recurso del diálogo y la concertación en esta materia. Así lo entienden las siguientes administraciones, aunque, en el seno del movimiento guerrillero no parece existir una voluntad política real para darle un tratamiento correspondiente al tema armado.
De otro lado, la presencia en la sociedad mayor del narcotráfico con su propuesta de No Estado, trajo como consecuencia la dramática experiencia de una confrontación terrorista que potenció la violencia a niveles insospechados y puso en evidencia la debilidad del Estado y su inoperancia para controlarlo. Los episodios ocurridos al finalizar la administración Barco, especialmente el asesinato de varios candidatos presidenciales, se convirtieron en dinamizadores e impulsores del proceso constituyente. El asesinato del aspirante Luis Carlos Galán, el 18 de Agosto de 1989, sirvió de motivo legítimo para la propuesta de la "séptima papeleta", impulsada por el movimiento estudiantil "Todavía podemos salvar a Colombia", quienes expidieron una declaración en la cual se destacan los siguientes puntos:
üEl rechazo a todo tipo de violencia, cualquiera que sean las ideologías o intereses que pretendan justificarla.
üLa exigencia al respeto de los derechos humanos en Colombia.
üEl apoyo a las instituciones democráticas en su lucha contra todas aquellas fuerzas que pretenden desestabilizarlas, llámense narcotráfico, guerrilla, grupos paramilitares u otros.
üEl rechazo para estos fines, y en virtud de la autodeterminación de los pueblos, de cualquier tipo de intervención armada por parte de estados extranjeros.
üLa solicitud de convocatoria al pueblo para que se reformen aquellas instituciones que impiden que se conjure la crisis actual.
üLa exigencia de la depuración exhaustiva de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Gobierno y de los Partidos Políticos.
La anterior propuesta no hubiese sido posible, sin la existencia previa de un cada vez más amplio aunque inorgánico proceso de construcción de los movimientos sociales. Este tercer elemento se constituye, a nuestro entender, en el más importante al momento de evaluar los prolegómenos del proceso constituyente. Desde la década anterior, por la situación de desencanto tanto con el Estado como con las propuestas del movimiento armado, la sociedad civil ha venido dando cuenta de su capacidad de acción y reacción en la búsqueda de pedir o solucionar las necesidades básicas de tipo material y, además, en la búsqueda de espacios de participación, construyendo modelos de un nuevo quéhacer político. Los movimientos cívicos, los paros y marchas, los movimientos de pobladores citadinos, las nuevas dimensiones del movimiento indígena y, en general, de las minorías étnicas, los grupos religiosos, ecológicos, las organizaciones juveniles, son una muestra de la vigorización de la sociedad civil y de su polifacética expresividad.
Es en este terreno, en definitiva, donde se encuentran abonadas las reales posibilidades para poner en obra alguna propuesta tendiente a superar la crisis de gobernabilidad y de legitimidad del sistema.
Así las cosas, la propuesta de la séptima papeleta[8] se constituyó en una realidad, cuando el día 11 de Marzo se avaló la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente por parte de más de un millón de votos. Este hecho de carácter político, no tenía, sin embargo, respaldo legal, por lo que se recurrió al expediente del Estado de Sitio para dictar el Decreto 927 de 1990 que permitiría a la Registraduría Nacional del Estado Civil escrutar los votos a favor de una Asamblea Nacional Constitucional[9] en las elecciones presidenciales del 27 de Mayo. Ese día votaron más de cinco millones de colombianos (89% del total de electores) a favor de una gran reforma constitucional. Lo que le sirvió de fundamento jurídico y político a la administración para dictar el Decreto 1926 que fijaba la fecha del 9 de Diciembre para la convocatoria y elección de delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente. Este último Decreto fue declarado constitucional por la Corte Suprema de Justicia, en un histórico fallo en el que se otorgó total libertad para la definición del temario y se garantizó que el constituyente primario puede pronunciarse de un modo libre, de acuerdo con la intencionalidad de fortalecer al máximo la democracia participativa.
De esta manera quedó abierto el camino para una participación más directa y activa de la sociedad civil en el proceso de democratización y modernización institucional.
Como lo expresó Manuel José Cepeda: "Un pueblo que se autoconvoca y un estado de sitio que se puede utilizar para crear bases políticas e institucionales de la paz: en estas dos frases se resume la teoría constitucional construida para abrirle un camino a la Asamblea dentro del orden jurídico"[10].
ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONALCONSTITUYENTE
En este orden de ideas, y por virtud del acuerdo político suscrito por las cuatro principales fuerzas de las elecciones de Mayo (El sector oficialista del Partido Liberal, el Partido Social Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática M19), más el aval dado por la Corte Suprema de Justicia, se definió todo lo relativo a la puesta en marcha de la Asamblea que debía reunirse entre el 5 de Febrero y el 4 de Julio de I991.
La campaña para elegir los delegatarios, aunque corta (del lo de Octubre al 9 de Diciembre de 1990), fue supremamente rica y novedosa. Rica, por las posibilidades que, por primera vez en la historia política del país, tuvieron todos los sectores económicos, políticos, sociales y culturales, para hacer propuestas y debatir en torno a las llamadas "mesas de trabajo". Es decir, el proceso estuvo desligado de las reglas que el clientelismo ha impuesto a todo el debate electoral. Y novedoso tanto desde el punto de vista formal como real. Formalmente, por la aparición, por ejemplo, del tarjetón y, realmente, por la emergencia en el terreno político de fuerzas alternativas del bipartidismo, como los movimientos indígenas, religiosos, comunales y cívicos, de estudiantes, intelectuales, exguerrilleros, etc.
De los 70 delegatarios elegidos, 42 lo fueron por cociente y 24 por residuo. Adicionalmente, previo acuerdo político, cuatro exguerrilleros (dos con voz y voto) participaron en la Asamblea. La composición por grupos políticos, se detallará en el próximo cuadro.
Los debates fueron intensos y los delegatarios asumieron su trabajo con responsabilidad. Piénsese, por ejemplo, lo que significa recoger y sistematizar más de 150.000 propuestas provenientes de las mesas de trabajo, seminarios, foros, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Para su operatividad, se dividieron en cinco comisiones temáticas y cada una de ellas en subcomisiones para la discusión y acuerdo sobre temas como el Congreso, Justicia y Ministerio Público, Administración Pública, Derechos Humanos, Partidos Políticos y Oposición, Régimen departamental, municipal y distrital, Mecanismos de participación, Estado de Sitio, temas económicos, control fiscal y reforma constitucional.
PARTIDO
% DE VOTOS
PUESTOS EN LA ANC
Partido Liberal
26.75
25
AD M-19
15.48
19
MSN
6.38
11
PSC
4.99
5
Conservadores Independientes
3.11
4
Unión Cristiana
2.56
2
Unión Patriótica
1.46
2
Indígenas y otras listas
6.30
2
Al final, se aprobó una Carta Política compuesta por 380 artículos definitivos y 60 transitorios. Un "collage" ideológico, al sentir de algunos; una malla confusa, producto de transacciones, acuerdos, negociaciones, para otros. Sin embargo, es el nuevo contrato, la nueva Carta que nos dimos los colombianos para hacerle frente a la crisis de gobernabilidad y de legitimidad del régimen, tal como lo hemos expresado. Su puesta en obra dirá en definitiva de sus yerros o aciertos.
LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991
Nuestra Constitución, como todas las constituciones modernas, está compuesta de dos partes: LA DOGMATICA Y LA ORGANICA.
La dogmática constitucional está contenida en el Preámbulo, y los Títulos I y II, y hace referencia a la concepción filosófica, a los principios, características, finalidades y valores que contiene la propuesta de sistema político y que pretenden hacer compatible el orden constitucional, o sea, el sistema intemporal de normas jurídicas que constituyen el Derecho Constitucional, con el orden político, es decir, el modo real de existir y vivir políticamente una sociedad determinada.
El preámbulo expresa la concepción que inspira la propuesta constitucional, así como el conjunto de valores y principios que se desarrollaron posteriormente. En nuestra Constitución es del siguiente tenor: "EL PUEBLO DE COLOMBIA, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana..."
Lo planteado además en el título sobre los principios fundamentales, nos permite concluir que las características de la Constitución se refieren a su propuesta DEMOCRATICA, PARTICIPATIVA, PLURALISTA, NEOFEDERAL Y BOLIVARIANA.
Los valores que representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del ordenamiento jurídico, están expresados en términos de CONVIVENCIA, TRABAJO, JUSTICIA, IGUALDAD, CONOCIMIENTO, LIBERTAD, PAZ, SERVICIO A LA COMUNIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, PROSPERIDAD GENERAL, DEBERES Y DERECHOS.
Los principios constitucionales, a diferencia de los valores, que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida, son fundamentalmente los siguientes:
ESTADO SOCIAL DE DERECHO, LA FORMA DE ORGANIZACION POLITICA Y TERRITORIAL (DESCENTRALIZADA), LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PLURALISTA, EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA, EL TRABAJO, LA SOLIDARIDAD, LA PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL, LA SOBERANIA POPULAR YLA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION.
Pero el centro axiológico de la Nueva Constitución, en cuanto se constituye en el contenido ético de la Democracia, es su formulación sobre Derechos, Garantías y Deberes establecido en el título II, además de constituirse en el núcleo criteriológico para la interpretación y aplicación de todo el texto constitucional. " Así lo ponen de manifiesto el preámbulo y los artículos 1, 2, 5, 86 y 94. El preámbulo es el artículo cero o la norma fundamental de la norma fundamental, toda vez que recoge los postulados filosóficos que informan el régimen político y lo sujetan a derecho en una perspectiva democrática moderna. El artículo 1 define a Colombia como un Estado social de Derecho. El artículo 2 enuncia los siete fines del Estado y la doble misión de las autoridades. El artículo 5 establece la primacía de los derechos humanos. El artículo 86 crea la acción de tutela de los derechos fundamentales. Y el artículo 94 dispone la aplicación analógica o extensiva de las normas sobre derechos y garantías de las personas. El nudo normativo formado por estas seis reglas muestran cómo el estatuto de libertades no es sólo un listado de derechos sino también un conjunto de criterios para interpretar y aplicar el resto del articulado constitucional, si se admite, como parece obvio, que la racionalidad finalista de todo el instrumento es garantista o libertaria" (VALENCIA Villa,1992, p. 49).
Ahora, en cuanto al contenido temático del título II, bien vale la pena resaltar que, por fin, tenemos los colombianos las tres generaciones de derechos humanos en la Carta Constitucional: la primera generación de derechos individuales, civiles y políticos, se encuentra en el capítulo I, del artículo 11 al 41; la segunda generación, derechos sociales, económicos y culturales, está en el capítulo II, del artículo 42 al 77; y la tercera generación, derechos colectivos, aparece en el Capítulo III, del artículo 78 al 82.
Pero de nada valdría la exhaustiva enumeración y su misma promulgación, si no se hubiesen establecido los mecanismos de protección y de defensa de los derechos humanos. Los hay de carácter general, como su misma consagración constitucional, la prevalencia del derecho internacional de los derechos humanos, la aplicación absoluta del derecho internacional humanitario, los organismos de control con funciones en materia de derechos, el sistema de control constitucional y los mecanismos de participación popular, y de carácter específico, como las acciones de cumplimiento, las acciones populares y la acción de tutela. (Cfr. VALENCIA Villa, ob. cit.)
La Acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, es sin lugar a dudas, el instrumento técnico-jurídico más importante y renovador de toda la propuesta constitucional, en tanto pone al alcance de toda persona, sin ninguna distinción, los dispositivos jurisdiccionales y administrativos para que los derechos fundamentales no sean letra muerta, y su vigencia y vivencia, se conviertan en una práctica cotidiana. Su puesta en obra, aún con los naturales traumas, excesos y limitaciones, va dando cuenta del necesario cambio en la forma de conceptualizar y vivir el tema de los derechos humanos y, por consiguiente, va creando las condiciones para el surgimiento de una verdadera cultura de los derechos humanos en nuestro país, lo que facilitará el camino hacia la construcción de una nueva cultura política de corte verdaderamente ciudadana.
En cuanto a la PARTE ORGÁNICA, la Constitución de 1991, da cuenta de los tres elementos fundamentales componentes del concepto ESTADO: los habitantes, el territorio y el poder.
En el título III, se definen quiénes son los nacionales colombianos, tanto por nacimiento, como por adopción, incluyendo la figura de la doble nacionalidad, y se define la territorialidad de Colombia, la cual abarca, a más de los límites continentales, aprobados por tratados internacionales, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, con todas las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen, y el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa.
Por último, se define la organización y estructura del Estado, en el sentido de señalar que son Ramas del Poder público, la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial y que el Ministerio Público y la Controlaría General de la República son órganos de control; se indica, además, la composición y funciones de la organización electoral.
Para todas estas ramas y órganos, la Constitución dispuso de profundos cambios e introdujo instituciones nuevas como la Fiscalía General de la Nación, todo ello en la perspectiva de crear mecanismos que asegurasen de verdad, el proceso de modernización del Estado colombiano.
BIBLIOGRAFIA
- BARCO VARGAS. Virgilio. Informe del Presidente de la República, Virgilio Barco Vargas al Congreso Nacional. T. VIII, Vol. I, Julio 20 de 1990.
- BOVERO, Michelangelo. "Lugares Clásicos y Perspectivas Contemporáneas sobre Política y Poder". En: BOBBIO, Norberto y BOVERO, Michelangelo. Origen y Fundamento del Poder Político. México, Grijalbo, 1984.
- BUENAHORA FEBRES-CORDERO, Jaime. El Proceso Constituyente. De la Propuesta Estudiantil a la Crisis del Bipartidismo. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana,1991.
- MANRIQUE REYES, Alfredo. La Constitución de la Nueva Colombia. Medellín, PNUD- Alcaldía de Medellín, 1991.
- MURILLO CASTAÑO, Gabriel y UNGAR BLEIR, Elizabeth. “Hacia la construcción de una agenda de gobernabilidad: La reforma política y la superación de los obstáculos al fortalecimiento de la democracia”. En: UNGAR, Elizabeth (Editora). Gobernabilidad en Colombia. Retos y desafíos. Bogotá, Dpto. de Ciencia Política-Universidad de los Andes, 1993.
- SALAZAR, Diego Renato. El Final de la Constituyente. Bogotá, Librería Jurídica Wilches,1978.
- TIRADO MEJIA, Alvaro. "Derechos Humanos y sus Mecanismos de Protección en la Constitución". En: Revista Foro No.16. Bogotá, Diciembre de1991. p. 15-37.
- VALENCIA VILLA, Hernando. "Los Derechos Humanos en la Constitución del 91". En: Revista Estudios Políticos, No. 2. Medellín, Instituto de Estudios Políticos-Universidad de Antioquia, Julio-Diciembre,1992. p. 45-61.
[1] Magister en Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. Profesor Titular Universidad Pontificia Bolivariana.
[2] Los partidos liberal y conservador aparecen en la escena política del país, a mediados del siglo pasado, con evidentes diferencias ideológicas y programáticas. Mientras el partido conservador suscribió una estrecha colaboración entre la Iglesia y el Estado, una administración centralista y la adopción de medidas proteccionistas, el partido liberal defendía la separación entre la Iglesia y el Estado, el régimen federal y las políticas de economía libre.
La lucha por el poder durante el siglo XIX, por ejemplo, estuvo signada por los conflictos armados. Las guerras civiles fueron varias: en 1851, 1854,1863,1876-l877, 1885, 1895 y 1899-1902.
Esta situación promovió y consolidó el bipartidismo en la medida en que gestó el sectarismo como elemento nucleador de la actividad partidista. Pero, entrecruzada con la anterior descripción, aparecen también pactos bipartidistas, que se inscriben en la génesis de los del siglo XX, y que comienzan a gestar la crisis actual.
[3] LEAL BUITRAGO, Francisco y LADRON DE GUEVARA, Andrés. Clientelismo. El Sistema Político y su Expresión Regional. Bogotá, Tercer Mundo Editores-Universidad Nacional, 1990. P. 48.
[4] RIAL, citado por MURILLO CASTAÑO, Gabriel y UNGAR BLEIR, Elizabeth. "Hacía la Construcción de Una Agenda de Gobernabilidad: La Reforma Política y la Superación de los Obstáculos al Fortalecimiento de la Democracia". En: UNGAR, Elizabeth (Editora). Gobernabilidad en Colombia. Retos y Desafíos. Bogotá, Dpto. de Ciencia Política, Universidad de los Andes, 1993. P. 11.
[6] El artículo 218 de la anterior Constitución decía: "La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, sólo podrá ser reformada por un Acto Legislativo, discutido primeramente y aprobado por el Congreso en sus sesiones ordinarias..." Y el artículo 13 del Plebiscito de 1957: "En adelante las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso, en la forma establecida por el artículo 218 de la Constitución".
[7] BARCO VARGAS, Virgilio. Informe del Presidente de la República, Virgilio Barco Vargas al Congreso Nacional. T. VIII, Vol. I, Julio 20 de 1990. Pp. 5-40.
[8]El 11 de Marzo de 1990 se eligieron: Concejales municipales, Diputados a las Asambleas Departamentales, Representantes a la Cámara, Senadores y Candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal; lo que indicaba que otro tipo de elección, necesitaba de una séptima papeleta.
[9] El Gobierno Nacional cambió el sentido de la Asamblea Nacional Constituyente por una Asamblea Nacional Constitucional, restringiendo, así, su alcance y contenido, por cuanto la primera supone un total ejercicio de soberanía y la segunda limita la Asamblea a temas preacordados y prohíbe tratar otros. Sin embargo, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia le dio carácter de Asamblea Nacional Constituyente.
[10] Cepeda, citado por MURILLO CASTAÑO, Gabriel y UNGAR BLEIR, Elizabeth. Obra Citada. P. 42.
Las reivindicaciones territoriales de los indios mapuches, en la Araucanía, en el sur del país, tampoco habían sido tomadas en consideración. En esta región empobrecida, el auge de los proyectos pesqueros y de explotación forestal transformó a los autóctonos, pequeños propietarios agrícolas, en obreros asalariados precarios, con lo que aumentó la conflictividad social. Además de numerosos arrestos arbitrarios, dos jóvenes militantes indígenas (comuneros) fueron muertos en movilizaciones llevadas a cabo bajo el actual gobierno, que no dudó en utilizar la legislación antiterrorista de la época de Pinochet.
