por Claudia Urquieta Ch.
Sobre las cuotas de pesca “no hay nada que debatir”, señaló el lunes pasado el empresario Roberto Angelini, quien a través de Corpesca, una de las compañías del holding que lidera, es uno de los actores más relevantes de la industria pesquera nacional.
La entrevista publicada por Estrategia va en la línea de la fuerte campaña impulsada por menos de una decena de empresas que controla el sector y que aboga por mantener las actuales condiciones de la Ley de Límites Máximos de Captura, que caduca en 2012.
La pelea es feroz. Si se concretara el sistema de subastas propuesto por la empresa de capitales noruegos Lota Protein, el exclusivo club de los industriales pesqueros tendría que abrir la puerta a “aparecidos”, como el gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, calificó a las empresas que promueven las licitaciones.
Esto implicaría compartir los recursos que mueve el sector, que según datos entregados por la Subsecretaría de Pesca, ascendieron a 2.337 millones de dólares el año pasado. Algo que Lota Protein planteó en su consulta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre las barreras de entrada al rubro que finalmente fue rechazada por el Tribunal.
“Dar estabilidad a la industria”
Entre las empresas más importantes de los grandes industriales pesqueros, además de Corpesca, se encuentran Pesquera Itata, del también líder de la Asociación de Industriales Pesqueros (ASIPES), Rodrigo Sarquis; Alimar, ligada a Roberto Izquierdo y también San José, perteneciente a Coloso, socio de Corpesca.La postura adoptada por este sector que, amparándose en el terremoto de febrero pasado, señaló que es necesario mantener las cuotas actuales al menos por diez años para dar garantías al sector, y rechaza una reforma, no es visto con buenos ojos por algunos actores. El economista Juan Manuel Cruzat es uno de ellos. Hijo de Manuel Cruzat, quien fuera el hombre más rico de Chile a fines de los años 70 y principios de los 80, considera que la argumentación va en dirección contraria al modelo económico del país.
Esta semana, la postura de los grandes del rubro recibió un fuerte espaldarazo del subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, cuya repartición está estudiando un proyecto de ley para definir si se harán licitaciones o se mantendrá el actual sistema, entre otros puntos.
Galilea señaló que estudian incluir en el proyecto de ley sobre la industria, que enviarán a fin de año, perpetuar las cuotas de pesca o asignarlas a largo plazo. Esto para “dar estabilidad a la industria en el tiempo”.
Un ejemplo paradigmático es el de María Alicia Baltierra, encargada de asesorar a Galilea en el estudio, preparación y tramitación de los proyectos de ley referidos a la pesca artesanal e industrial.
Asesores influyentes
Un cargo clave en estas decisiones es el de María Alicia Baltierra, encargada de asesorar al subsecretario Pablo Galilea en el estudio, preparación y tramitación de los proyectos de ley referidos a la pesca artesanal e industrial, así como en materias de regulación internacional pesquera y procesos de negociación de acuerdos multilaterales del área.
Antes de aterrizar en el cargo, en abril de este año, trabajó como abogada de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), poderoso gremio que coordina la labor de los empresarios pesqueros y defiende el actual sistema que regula a la industria. Baltierra dejó dicha función en Sonapesca al iniciar sus actividades en la subsecretaría en marzo pasado.
Un caso similar es el del jefe de la División de Administración Pesquera de la Subsecretaría de Pesca, Maximiliano Alarma. La División es la que reparte las cuotas pesqueras y debido a su cargo, todas las decisiones pasan por el escritorio de Alarma, quien antes trabajó como encargado de estudios de la pesquera San José.
Al respecto, Galilea señala a El Mostrador tener “plena confianza en ambos profesionales”, recalcando que poseen una “vasta experiencia en la administración pública”. (Ver entrevista).
“Así como a ellos, también tengo asesores relacionados con la pesca artesanal, como Reinaldo Ortiz, hijo y nieto de pescadores artesanales, y que cumple una función relevante como asesor”, agrega.
“Hay mucha gente que se ha trasladado del mundo privado al público, lo que no implica que las decisiones y posturas que impulsen estén sujetas a conflicto de interés”, dice Galilea.
Entre pesca y medioambiente
En el ministerio de Economía (Minecon), se desempeña la ingeniero comercial Mónica Ríos, encargada de asesorar al ministro Juan Andrés Fontaine, entre otros puntos, en la definición e implementación de políticas ministeriales relativas a temas de pesca, acuicultura y medio ambiente; elaborar minutas con elementos de diagnóstico y recomendaciones de políticas públicas en temas de pesca acuicultura y medio ambiente.La profesional es esposa de Jorge Quiroz, dueño de Jorque Quiroz Consultores Asociados, que actualmente asesora a la Asociación de Industriales Pesqueros de la Región del Bío Bío (ASIPES) en el tema de las cuotas pesqueras. Mónica Ríos, también trabajó en la consultora.
Al respecto, desde el ministerio señalaron que las tareas principales de Ríos abarcaban una serie de otros temas, como “asuntos indígenas y uso del borde costero; pescadores artesanales y medio ambiente. En años anteriores ha trabajado en proyectos sobre acuicultura con el Cluster Acuícola y asesorías sobre medio ambiente”.
Por otra parte, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín fue miembro del directorio de Antarchile, la principal sociedad del Grupo de Empresas Angelini, que incluye entre sus empresas a Corpesca.
Las acciones de los Zaldívar
No es la primera vez que los grandes industriales pesqueros están en pie de guerra en torno a las regulaciones del sector. En 1990, liderados por Anacleto Angelini, rechazaron la iniciativa de Patricio Aylwin de impulsar una nueva ley de pesca que reemplazara la norma vigente.Para el empresario, según un reportaje de la época publicado en La Tercera, los cambios en las reglas del juego del sector significaban un “golpe mortal” a la extracción de recursos en el norte del país.
Luego los hermanos Zaldívar Larraín apoyaron el lobby de Angelini. Desde el Senado, Andrés y Adolfo iniciaron una fuerte campaña comunicacional pro industria. Sin revelar que ambos poseían títulos de la principal pesquera de Angelini y del holding que controla sus compañías, Antarchile. El vínculo bursátil de los Zaldívar fue revelado por la prensa y debieron reconocerlo públicamente. Mientras, el proyecto estuvo durmiendo en el Congreso diez años.
En 2002 se discutió la actual ley de pesca que prorrogó una ley temporal que duraría dos años. Esta ley buscaba enfrentar la situación de emergencia provocada por la fuerte depredación de las pesquerías que no tenían límites de explotación. Esa vez se cuestionó si el presidente del Senado, Andrés Zaldívar y su hermano, debían participar en la discusión de esta norma. A pesar de ello, ni el actual embajador en Argentina ni Andrés se inhabilitaron.
La ley fue aprobada argumentando que era imprescindible para evitar un retroceso en la administración de la pesquería nacional. De esta forma, se extendieron los permisos de pesca por 10 años, hasta 2012, y dejó condicionada la realización de las subastas a la dictación de un Reglamento, mecanismo de acceso que hasta el día de hoy no ha podido ser implementado.
El Mostrador
El informe 2010 de la Comisión Etica Contra la Tortura “a Chile en sus 200 años”, entregado el 23 de junio en la oficina de partes de La Moneda, sostiene que la represión – tortura incluida – se está utilizando en el país contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche que se activan contra un sistema sociopolítico que “excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población y se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal”. 
Es una característica de los nacionalismos conservadores y liberales existentes en España (tanto los centrales jacobinos como los periféricos) asumir que todas las clases sociales quedan homogeneizadas bajo la categoría de nación, identificando los intereses de tal nación con los de quienes lideran tales movimientos. De ahí que los nacionalismos sean hostiles al concepto de clase social que –según ellos– diluye el impacto de su propuesta soberanista.
Fiel a su inveterada lógica smittiana amigo/enemigo, la Iglesia católica no ha podido ni siquiera dejar pasar unos días para atacar furibundamente al premio Nobel José Saramago, uno de los intelectuales más lúcidos, honestos y consecuentes de las últimas décadas. En su enfermiza inquina contra los que no comparten sus creencias, la Iglesia carga contra cualquiera que cuestione sus postulados, y más aún si recurre al humor para ello. El alucinante caso de la fianza de 192.000 euros impuesta al cantante Javier Krahe a partir de una querella fundamentada en el artículo 525 del Código Penal (CP), que castiga a quienes ofendan “los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa”, colma el vaso de la paciencia de los que no compartimos los sentimientos católicos. Dicho artículo dice literalmente: