Por Flavia Liberona, directora ejecutiva Fundación Terram
Restringir o controlar el acceso al agua es controlar o restringir el derecho a la vida. Bajo este entendimiento, el agua no debe ser utilizada como una mercancía, no puede constituir un bien transable.
http://www.lanacion.cl/agua-regulaciones-y-medio-ambiente/noticias/2010-06-03/192846.html
Viernes 4 de junio de 2010 | | Blog Columnistas
No es necesario ser especialista para darse cuenta que el agua es esencial para la vida. Sin agua no hay vida y los seres humanos, al igual que muchas otras especies, dependemos de ella. Para funcionar, nuestro organismo requiere una cantidad de agua que no se puede sustituir por ningún otro elemento. Junto con ello, el agua se requiere en muchos procesos productivos que generan bienes, servicios, beneficios sociales y económicos.
Pero el agua surge como problema debido a su creciente demanda a nivel planetario; las personas requieren un suministro cada vez mayor de este vital elemento. También los procesos productivos que requieren agua han aumentado, pues cada vez usamos más productos elaborados; pero lamentablemente es en estos mismos procesos productivos donde muchas veces se contamina el agua, lo que incide en que disminuya su disponibilidad.
En esta menor disponibilidad de agua limpia inciden varios factores: crecimiento de la población humana y por ende mayores requerimientos de agua potable, incremento de procesos productivos que utilizan agua, mayor número de procesos productivos contaminantes, a lo que se suma un conjunto de acciones humanas de otro tipo, como el cambio de uso de suelo, la deforestación, el uso de agroquímicos, las plantaciones silvoagropecuarias a gran escala, la alteración de cursos de agua por megarrepresas, etcétera. Todos estos factores han contribuido a modificar la superficie del planeta alterando los ciclos hidrológicos, lo que se suma a las modificaciones que hemos comenzado a vivir y que se intensificarán en los próximos años producto de la variabilidad climática por efecto del calentamiento global.
Esto ha impulsado que, tanto a nivel mundial como en cada país, crecientemente se agudice la tensión por la utilización y control del agua. Si consensuamos que ésta es esencial para la vida, entonces debe ser considerada un bien común, que pertenece a todos y al cual todas las personas deben tener acceso garantizado. Restringir o controlar el acceso al agua es controlar o restringir el derecho a la vida. Bajo este entendimiento, el agua no debe ser utilizada como una mercancía, no puede constituir un bien transable al mejor postor.
Es imprescindible que tanto a nivel planetario como dentro de cada nación, se abra un debate sobre la importancia del agua y en especial respecto de las maneras de garantizar su acceso como un derecho humano más. Debemos, en primer término, garantizar el acceso al agua para todas las personas, a continuación asegurar el agua para el mantenimiento de los ecosistemas y los ciclos hidrológicos y, finalmente, dejar una parte para la mercantilización o usos comerciales. Lamentablemente, en el mundo, y aún más en nuestro país, ocurre todo lo contrario: la tendencia es hacia la mercantilización del agua sin consideraciones humanitarias o ambientales.
En Chile existe una regulación ambigua en la letra, pero muy clara en la práctica, que define el agua como un bien nacional de uso público que pertenece a todos, pero a la vez lo pone en la categoría de un bien que se entrega a privados para su uso y goce, transformándola en un bien transable en el mercado. Esta situación genera crecientes tensiones: de las empresas con las personas, por el daño a los ecosistemas y a las economías locales, y además tensión entre actividades productivas de distinta escala (por ejemplo, entre la minería y la agricultura).
Cuando nos aprontamos a celebrar en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente, parece el momento propicio para insistir en la urgencia de iniciar un análisis serio y con altura de miras sobre la situación de las aguas. Debemos asumir que, tal como está en la actualidad, nuestra regulación privilegia a los más poderosos en desmedro de otros usuarios. Por ello, es necesario buscar caminos de salida a esta situación, los que inevitablemente deben incluir cambios en el marco regulatorio. Y para iniciar este debate, es necesario transparentar cuáles son los intereses que cada uno representa, e insistir en que es deber del Estado representar a todos los habitantes, en especial a los más desposeídos y con menores recursos, de manera de no favorecer en este análisis a aquéllos que usan el agua para generar ganancias a través de sus actividades económicas productivas a gran escala.
Es imprescindible que tanto a nivel planetario como dentro de cada nación, se abra un debate sobre la importancia del agua y en especial respecto de las maneras de garantizar su acceso como un derecho humano más. Debemos, en primer término, garantizar el acceso al agua para todas las personas, a continuación asegurar el agua para el mantenimiento de los ecosistemas y los ciclos hidrológicos y, finalmente, dejar una parte para la mercantilización o usos comerciales. Lamentablemente, en el mundo, y aún más en nuestro país, ocurre todo lo contrario: la tendencia es hacia la mercantilización del agua sin consideraciones humanitarias o ambientales.
En Chile existe una regulación ambigua en la letra, pero muy clara en la práctica, que define el agua como un bien nacional de uso público que pertenece a todos, pero a la vez lo pone en la categoría de un bien que se entrega a privados para su uso y goce, transformándola en un bien transable en el mercado. Esta situación genera crecientes tensiones: de las empresas con las personas, por el daño a los ecosistemas y a las economías locales, y además tensión entre actividades productivas de distinta escala (por ejemplo, entre la minería y la agricultura).
Cuando nos aprontamos a celebrar en todo el planeta el Día Mundial del Medio Ambiente, parece el momento propicio para insistir en la urgencia de iniciar un análisis serio y con altura de miras sobre la situación de las aguas. Debemos asumir que, tal como está en la actualidad, nuestra regulación privilegia a los más poderosos en desmedro de otros usuarios. Por ello, es necesario buscar caminos de salida a esta situación, los que inevitablemente deben incluir cambios en el marco regulatorio. Y para iniciar este debate, es necesario transparentar cuáles son los intereses que cada uno representa, e insistir en que es deber del Estado representar a todos los habitantes, en especial a los más desposeídos y con menores recursos, de manera de no favorecer en este análisis a aquéllos que usan el agua para generar ganancias a través de sus actividades económicas productivas a gran escala.
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