La reforma constitucional, el déficit y la sorprendente historia de Guy Abeille

Publicado el 25 agosto, 2011 por nosinmibici

Hace dos días se produjo en el parlamento el anuncio de lo que puede ser un verdadero atentado contra la soberanía económica de España: el Presidente, sin ni siquiera haberlo discutido con su propio partido, propone una reforma por vía de urgencia de la constitución para fijar un límite al déficit y al gasto público, un hecho de especial trascendencia para la vida económica del país que no se someterá a referéndum, aceptando una propuesta de la oposición que tiempo antes se había menospreciado y a poco más de dos meses vista de las elecciones generales. Con la sospecha, más que fundada, de que se actúa bajo mandato directo del Banco Central Europeo y las presiones de Alemania.


Después de 30 años sin atender a justas y necesarias demandas de reforma constitucional (ley electoral, posibilidad de referéndum vinculante, elección de cargos del poder judicial, reforma del senado, etc) resulta que un Presidente al que le quedan dos telediarios quiere reformar la constitución por presiones de poderes económicos exteriores.

La reforma consiste en limitar de forma estricta mediante mandato constitucional el déficit y el gasto público. Esto de limitar el déficit, en principio, está muy bien, y si nunca fuera necesario pues mucho mejor. Pero el déficit no es más que una diferencia negativa de los ingresos respecto a los gastos. Resulta que en todos estos años de crisis no sólo no hemos visto ni una sola medida seria para reducirlo aumentando los ingresos (fiscalizar las grandes fortunas -como se hará en Francia, hasta algunos grandes empresarios lo han pedido voluntariamente-, luchar a fondo contra el fraude fiscal y la sangrante evasión de divisas a los paraísos fiscales, plantear un debate acuciante sobre la tasación de las transacciones financieras…) y ahora nos salen con que van imponer constitucionalmente un límite estricto y sin precedentes al gasto público.

Esto, como cualquiera puede imaginar, supone un aval constitucional a decisiones que impliquen disminución de la inversión pública, recortes del gasto social, recortes salariales de los funcionarios, políticas de privatización de bienes y servicios públicos y limitación de políticas de reactivación económica mediante el gasto público que aumenten de forma razonable el déficit.
Por otra parte, no hace falta ser catedrático de economía para saber que esta magnitud es una medida que por si sola no dice gran cosa, y que incurrir en él (al igual que cuando nos endeudamos al pedir un crédito) no tiene por que ser siempre negativo. Sin embargo, si puede ser necesario y fundamental para la política económica de un país en determinadas coyunturas. Por otro lado, es particularmente curioso y grave que esta decisión se tome en un país que no tiene una excesiva deuda pública, sino una gran deuda privada que puede aumentar si perdemos servicios y bienes públicos en el futuro a causa de este cerrojazo.

Observa la ministra Salgado que es una medida acertada porque genera confianza en los mercados… pero ¿qué coño les importará a los buitres que especulan día a día una reforma que entrará en vigor entre 2018 y 2020?

En fin, así es el Presidente del talante, que será talante de cualquier cosa menos democrático. Porque cuando se toma una decisión unilateral que afecta directa y sustancialmente a nuestra soberanía económica, nada menos que reformando la constitución, sin consultar al pueblo y cediendo ante las presiones de la Europa más conservadora, entonces se puede afirmar que, como siempre digo, lo que tenemos no es una democracia, sino una plutocracia de libro. Y todavía recuerdo aquél «no os decepcionaré» gritado desde Ferraz el día que ganó las primeras elecciones…

Hasta aquí la opinión. Ahora la parte más interesante de este artículo, en la que os contaré una historia que muy pocos conocen (supongo que Zapatero tampoco) y que todo el mundo debería saber, para ser conscientes de hasta que punto las grandes decisiones económicas (como la que se va a tomar en nuestro país) se apoyan a veces en dogmas sin ningún fundamento ni sentido. Os presento la historia del amigo Guy Abeille y el origen del ratio déficit/PIB como criterio sagrado de la estabilidad presupuestaria.

La sorprendente historia de Guy Abeille
Como sabéis, uno de los criterios de convergencia del Tratado de Maastrich, y quizás el más cacareado, es el de que los estados miembros no deben sobrepasar un déficit del 3% en relación al PIB. Uno podría pensar que es un criterio económico elaborado por sesudos expertos y fundamentado en sólidas teorías económicas. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Fue una invención oportunista, una operación de imagen sin ningún sentido económico para contener las ansias inversoras de los ministros del primer gobierno de Mitterrand en la Francia de 1981 y poder tranquilizar a la opinión pública sobre el aumento constante del déficit. Sin más, os dejo con la aleccionadora historia de Guy Abeille, revelada en La Tribune de 01/10/2010 (este es el enlace para los que puedan leer en francés), contada en primera persona por su protagonista y resumida por mí. Pásalo, porque en este criterio sin criterio puede apoyarse el despropósito que Zapatero y Rajoy están cocinando.

“Soy un antiguo funcionario del Ministerio de Economía, destinado entre octubre de 1977 y junio de 1982 a la Dirección de Presupuesto. Me encargué de seguir y analizar mes a mes la ejecución de los presupuestos generales y de proporcionar a lo largo de todo el año la previsión de su saldo, y, en consecuencia, del déficit. Esta información la comunicaba redactando una nota mensual revisada y firmada por mis superiores que llegaba al ministro y, finalmente, al Eliseo.

Al final del ejercicio recibíamos la orden, en función de la proximidad de las elecciones y del clima electoral, de jugar sobre determinadas partidas poco claras de la contabilidad para arreglar el resultado que terminaría siendo publicado, traspasando de un ejercicio a otro determinadas facturas o gastos que se habían vuelto milagrosamente migratorios. Era yo y sólo yo quién entre diciembre y febrero estaba encargado, haciendo gala de inventiva y sagacidad, de establecer la lista cifrada y manuscrita (no se imprimiría nada) de lo que fuera posible hacer para el arreglo. Todo sin otro apoyo que la aprobación oral dada por mis superiores.

La llegada del déficit
En 1973 llegó la crisis del petróleo que cuadruplicó los precios y trastornó la economía mundial. A partir de 1975, con el plan de reactivación de Chirac (un modelo keynesiano de libro) las finanzas públicas se ponen al rojo, un déficit del que ya nunca se saldrá. A continuación, en 1979, llega la segunda crisis del petróleo. El presidente Giscard d’Estaing tiene una fijación: no dejar que el déficit supere la linea de los 30 mil millones de francos. Los dos presupuestos antes de la llegada de la izquierda aguantan en ese nivel (31 mil millones en los años 79 y 80), mediante el arte de los manejos contables que después de tres años de práctica en la Dirección del Presupuesto ya dominaba bastante.

Llega 1981
Con la llegada de Mitterrand, la cifra del déficit se actualiza a 55 mil millones de francos, cifra que el ministro del Presupuesto Laurent Fabius hace pública.
A finales de junio, urge preparar los presupuestos generales del año 1982, que serán los primero con la izquierda en el poder. Pero los nuevos ministros multiplican sus ruegos al Presidente para obtener más créditos para satisfacer sus necesidades. Entonces nos damos cuenta de que vamos a sobrepasar el límite de los 100 mil millones de francos, cifra que ni los más osados jamás se hubieran atrevido a murmurar.

Un encargo de última hora
En estas circunstancias recibimos una llamada del reciente número 2 de la Dirección del Presupuesto, para convocarnos a una reunión a mí y a Roland de Villepin, jefe del despacho. Eramos considerados entre la fauna local como esa especie, rara en la Dirección, de los economistas manipuladores de cifras (somo de alguna forma ingenieros de la economía). Nos hacen saber que el Presidente ha pedido personal y urgentemente disponer de una regla simple y práctica, pero con la marca del experto y por lo tanto sin apelación, que pueda blandir ante los más coriáceos visitantes «presupuestívoros».

Es necesario actuar rápido. Villepin (primo de Dominique de Villepin) y yo, no tenemos ni idea de qué hacer y a decir verdad ninguna teoría económica nos puede orientar. Pero la petición viene de lo más alto. Ponemos pues al animal presupuestario sobre la mesa de disección. Miramos del lado de los gastos, de su volumen, su estructura, con deuda y sin ella, reagrupando por aquí y por allá. Podemos establecer diversos índices, pero ninguno contundente como arma arrojadiza. Damos la vuelta a la bestia del lado de los ingresos: miramos por el lado de los impuestos, pero estos fluctúan con la coyuntura, varios tienen un desfase de un año… Todo es confuso y difícil de argumentar, y nos han pedido algo para la ostentación pública. El camino de los ingresos no tiene salida. Sólo nos queda una vía: el déficit.

El déficit le suena a todo el mundo: tener déficit es estar mal de dinero; o, si se prefiere, tirar de cheques que habrá que pagar mañana. Además el déficit ha adquirido después de Keynes su título de nobleza económica: es una de las variables más visibles de los modelos económicos. Por si sólo, tiene la envergadura y la claridad para salir del paso. ¡El déficit! Pero, ¿que hacemos con él? ¿A qué compromiso hay que someterle para extraer una norma?

La cosa está clara: el salvavidas todo-terreno de los macro-economistas con falta de referencias es el PIB: todo empieza y acaba en el PIB. Todo lo que es un poco grande parece dirigirse razonablemente a él. Así pues, será el ratio del déficit sobre el PIB. Simple; elemental incluso. Con el déficit sobre el PIB, parece que enseguida vemos algo claro.

Un criterio dudoso
Llegados a este punto se impone un poco de reflexión. Comiéncese por notar que el déficit es un saldo, no una magnitud económica de primer orden, sino el resultado de una operación entre dos magnitudes. Este simple hecho, trivial, comporta dos observaciones. La primera es que un mismo déficit puede obtenerse por la diferencia entre dos cantidades de magnitud muy desigual: 20 mil millones son tanto la diferencia entre 50 y 70 mil millones como entre 150 y 170 mil millones. Ahora bien, y esta es la segunda observación, no puede ser en absoluto indiferente a la economía el hecho de que la masa de gastos e ingresos públicos sea de una cierta amplitud (menos del 35% del PIB como en EEUU o Japón) o que lo sea de otra mucho más grande (más del 50% como en Francia o los países escandinavos); sin ni tan siquiera hablar del contenido de cada una de las masas: no es lo mismo un cierto volumen de ingresos con un IVA al 10% y un impuesto sobre la renta que llegue hasta el 80%, que con un IVA al 20% y un impuesto sobre la renta del 30% como máximo. O alinear un mismo volumen de gastos, pero con un 5% de subvenciones en inversión en un caso o del 20% en el otro. Por lo tanto, vemos que el valor del déficit por si mismo sólo tiene un sentido relativo.
La segunda observación afecta a la pertinencia del índice mismo: ¿dividimos coliflores entre zanahorias? Un déficit no es más que una deuda: es la cifra exacta de lo que hace falta pedir prestado a otros, y, por lo tanto, de lo que habrá que ahorrar durante los próximos años para devolver ese préstamo. Dicho de otro modo, mostrar un déficit en relación al PIB, es relacionar el flujo particionado, escalonado, de los vencimientos a pagar en los años venideros con la única riqueza producida en el año de origen. Hay un desfase temporal. De donde se deduce que el único criterio pertinente es el de la capacidad de reembolso en un horizonte dado (que es el del préstamo), la cual está en función, no tanto del déficit consentido en un año dado, como de la deuda global acumulada (ese año, pero también los precedentes y quizás los venideros) y de la previsión que se puede hacer de los recursos futuros, es decir, de la pareja crecimiento/rendimiento fiscal. El resto no es más que imagen.

Ultima observación, más general: un déficit no tiene el mismo sentido económico según sea algo puramente puntual en una serie de años de equilibrio, el cual será reabsorvido en unos años por la reactivación misma de la economía que ese choque habrá provocado (keynesianismo puro), o según sea un jalón más de un largo período de déficits instalados de forma crónica en la marcha de la economía.
Se comprende entonces que fijarse en el déficit de un año dado no tiene sentido. Y que llevarlo al PIB de ese mismo año menos aún. El ratio déficit sobre el PIB puede como mucho servir de indicador. Sopesa una magnitud y proporciona una idea, inmediata, intuitiva, de la deriva, pero nada más. En ningún caso puede servir de brújula de una política económica. No mide nada: no es un criterio. Sólo tiene el valor de un análisis razonado de la capacidad de reembolso, es decir, de un análisis de la solvencia.

Sin embargo, la cuestión política, no económica, permanece: ¿cómo trasmutar el plomo de un análisis razonado de la solvencia en el oro aparente de una regla sonora, impactante, que pueda ser una llave maestra? Es la cuestión que a última hora de la tarde, en junio del 81, se nos plantea.

Fabricar una norma
Presionados fabricamos la idea del déficit sobre el PIB, una redonda y bonita quimera. Ese será el ratio. Queda ponerle una tasa. Es cuestión de segundos. Miramos cual es la previsión del PIB más reciente proyectada por el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) para el 82. Por otro lado tenemos 100 mil millones de euros de déficit para nuestros presupuestos en preparación. Metemos calculadora: la relación entre los dos no está lejos de dar el 3%.
Efectivamente, el 3%. No tiene otro fundamento que el de las circunstancias, pero está bien. 1% sería poco, 2% inaceptablemente comprometido en estos momentos y con pinta de ser demasiado redondo, prefabricado. Mientras que el 3 es una cifra sólida. Y además, en camino de los 100 mil millones de francos de déficit, marca la última frontera que somos capaces de concebir.
Volvemos a la Dirección del Presupuesto con nuestro 3% del PIB, del cual estamos contentos sin llegar a estar orgullosos, y les decimos que en vista de la hora que es y palabra de economista, es lo más serio y fundado que tenemos en ese momento en la trastienda.

Como se dispara el 3%
Francia se hunde. Mitterrand rebaja el déficit real de 120 mil millones de francos hasta los 95 mil millones que son anunciados, menos que el umbral simbólico de los 100 (nuestro 3% del PIB). Es la primera vez en la historia que Laurent Fabius refiere el déficit al PIB, para volverlo más leve, ya que, al fin y al cabo, el 2,6% del PIB que cita a los periodistas no es más que un pellizquito de este.
En el eterno combate económico con Alemania, el Ministro de Economía, Jacques Delors, es el primero en hacer saber que el déficit no debe sobrepasar el 3% del PIB. Aquí nacen las nociones de «déficits aceptables» y de «cifras razonables». A partir de entonces, en las declaraciones de Fabius, Delors y del Primer Ministro Mauroy, el 3% del PIB es la luz que alumbra el camino. Se convierte en el martilleo de una «política controlada de las finanzas públicas». El proceso de aculturación está terminado: lo que es razonable, no es ver en el déficit un accidente, quizás necesario, pero que es necesario corregir; no, lo que se decreta como razonable es añadir cada año a la deuda solamente una centena de miles de millones de francos.

Extensión del alcance del ratio
Y un buen dia aparece el Tratado de Maastricht. Teniamos el 3% en la manga. ¡En Francia lo usamos, es una cifra de expertos! Así pues, pasa a Europa. Y de ahí se extiendería a todo el mundo. Sin ningún contenido, y fruto de las circustancias, de un cálculo por encargo a falta de algo mejor, un buen dia, ¡voilà el paradigma!

A veces, cuando oigo como un mantra repetir el 3% del PIB, me divierto con ese 3 que escogimos y me viene a la memoria el proverbio «numero deus impare gaudet»: Dios ama los números impares.”

Fuente No sin mi bici